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!ESCÁNDALO... APARECEN LOS DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA..!

6 de marzo del 2011 | INVESTIGACIÓN | Por: Ricardo Puentes Melo

LA FISCALÍA LOS HA TENIDO OCULTOS

Nunca fue éste el propósito de Gómez Méndez. Su objetivo, en cambio, era complacer a los guerrilleros del M-19 ya amnistiados y ocupando importantes cargos públicos, menospreciando el dolor de los familiares de las víctimas.
Desde un principio estábamos mal. Siempre pensamos que la exhumación de las víctimas y victimarios del Palacio de Justicia, evento ordenado por el Fiscal General Alfonso Gómez Méndez, tenía la intención de identificar los restos de los supuestos desaparecidos cuyas familias hoy siguen sufriendo por la angustia que les genera el no tener la certidumbre de su paradero.

Nunca fue éste el propósito de Gómez Méndez. Su objetivo, en cambio, era complacer a los guerrilleros del M-19 ya amnistiados y ocupando importantes cargos públicos, menospreciando el dolor de los familiares de las víctimas.

En una entrevista concedida a Periodismo Sin Fronteras y La Hora de la Verdad, que dirige el Dr. Fernando Londoño Hoyos, el antropólogo José Vicente Rodríguez Cuenca aseguró que en el año 2000 la Fiscalía de Gómez Méndez exhumó 91 cadáveres y le entregó a él 64 restos óseos con el encargo de identificar los cuerpos de los guerrilleros muertos en el macabro asalto al Palacio de Justicia. Y la Fiscalía se quedó con 27 restos correspondientes a los “desaparecidos” del Palacio de Justicia. 27 restos que aún guardan escondidos en algún rincón del CTI sin que tengan interés alguno en identificarlos.

Increíble, pero es así como lo leen: A José Vicente Rodríguez le entregan 64 cuerpos entre los cuales están los restos de los guerrilleros del M.19, y le encargan la labor “humanitaria” de ayudar a identificarlos, y por otro lado, ocultan 27 esqueletos a sabiendas de que allí están los 11 supuestos desaparecidos por los cuales el coronel Alfonso Plazas Vega está condenado a 30 años de cárcel, es decir, a cadena perpetua.

¿Cómo sabía la Fiscalía que esos 27 restos pertenecían a los desaparecidos del Palacio de Justicia..?

Sencillamente porque eran los restos que quedaron incinerados, y que pertenecen a quienes murieron en el cuarto piso del Palacio. Quedaron incinerados, así que como en esa época no existía la tecnología de ADN para identificarlos y entregarlos a los familiares, fueron envueltos en bolsas especiales y marcadas explícitamente como “NN Palacio de Justicia”. 

Luego, abrieron una fosa en el cementerio del Sur y los depositaron allí. Entre esos 27 restos están los siete empleados de la cafetería y tres visitantes que se encuentran “desaparecidos”; por supuesto, allí también deben estar restos de algunos guerrilleros, como los de Cristina Guarín Cortés, que siempre ha pasado por empleada de la cafetería.

Posteriormente, esa fosa fue reabierta para depositar los otros restos de quienes no fueron reclamados. Esto significa que esos 27 restos calcinados, guardados en bolsas y marcados de manera especial, quedaron en el primer nivel, en el fondo de la fosa. Estos otros cuerpos enterrados allí habían sido despojados de sus ropas (que conserva en su poder la Fiscalía). Ese proceso duró meses. Allí también se enterraron los fragmentos de restos provenientes de la tragedia de Armero.
"La Fiscalía siempre supo que tenían los restos de los posibles desaparecidos" afirma el antropólogo José Vicente Rodríguez Cuenca
Luego de los últimos sepultados en la fosa, los de Armero, el lugar fue sellado definitivamente para evitar la propagación de la temible enfermedad llamada “Gangrena Gaseosa”, hallada en los cuerpos provenientes de Armero. Y así quedó durante más de 10 años.

Diez años durante los cuales el coronel Plazas Vega sufrió la venganza del M-19 mediante los buenos oficios del Partido Liberal, las FARC y el Partido Comunista Colombiano.

A los pocos días de la toma, exactamente el 12 de noviembre de 1985, el entonces presidente de la Cámara de Representantes y Director Alterno del Partido Liberal, César Gaviria Trujllo, convocó un debate en el Congreso acusando al gobierno de Betancur por la manera como se recuperó el Palacio de Justicia y por no haber dialogado con el M-19.

Casi un año después Carlos Hernán Motta, senador del Partido Comunista denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, al gobierno de Betancur por lo mismo: no haber dialogado con el M-19. Lo acompañaron en esto tres personajes oscuros, uno de ellos procesado por el asesinato del concejal Jorge Avella en Sogamoso.
Tan rápido como en 1987, César Gaviria Trujillo (ya ministro de gobierno de Virgilio Barco) anuncia el proceso de desmovilización del M-19.

En 1989 el cura jesuita Javier Giraldo, lleva ante la Procuraduría un denuncio contra Plazas Vega; denuncio formulado por un preso de nombre Ricardo Gámez Mazuera que luego se demostraría que era testigo falso ya que aseguró haber estado en la recuperación del Palacio porque pertenecía a un organismo del Estado para la fecha de la toma, cosa desvirtuada totalmente. Gámez es un mentiroso y eso está comprobado por la Procuraduría. Sin embargo, este falso testigo ayuda al cura Giraldo para que éste y su ONG proguerrillera acusen formalmente a los miembros del ejército que recuperaron el Palacio de Justicia, entre ellos al coronel Plazas Vega y al general Arias Cabrales; dicen que el ejército asesinó y desapareció personas. El curita publica la acusación en el periódico VOZ, órgano oficial del Partido Comunista y las FARC. 
César Gaviria siempre ha hecho evidente su proclividad hacia la guerrilla. Aquí, con López Michelsen, Tirofijo, Jacobo Arenas y varios más
En 1990, César Gaviria gana las elecciones y ordena la destitución de los generales Jesús Armando Arias Cabrales y Nelson Mejía Henao; esto, por orden del comandante del M-19  Antonio Navarro Wolf como requisito para continuar con el proceso de desmovilización.

El favor a la guerrilla lo inicia el tenebroso Alfonso Gómez Méndez, director del Partido Liberal, amigo íntimo de Ernesto Samper, la familia Santos y César Gaviria. Gómez Méndez, ya desde esa época era fuertemente cuestionado por sus vínculos con la mafia narcoguerrillera. Como Procurador General de la Nación en 1990, Gómez Méndez, de fuertes nexos con las guerrillas colombianas, había aprovechado su poder para empezar la persecución contra quienes derrotaron a sus amigos guerrilleros.

En 1990, según el viceprocurador General de la Nación, Manuel Salvador Betancur, su jefe el procurador Gómez Méndez lo presionó para que elevara pliego de cargos y sancionara al general Jesús Armando Arias Cabrales y al coronel Alfonso Plazas Vega, entre otros, por los sucesos del Palacio de Justicia. Dice Manuel Salvador Betancur que Gómez Méndez lo conminó en los siguientes términos:

Al General Arias Cabrales y a los mandos que tuvieron a cargo la operación del Palacio de Justicia, hay que sancionarlos… es imperdonable las muertes de ilustres magistrados, como la de mi maestro, amigo y protector, Alfonso Reyes Echandía, que persiguió tanto el delito...”

El viceprocurador Betancur le contestó a su jefe que había estudiado muy bien el voluminoso expediente del Palacio de Justicia y que no encajaban sanciones ningunas contra el general Arias (ni contra el coronel Plazas, obviamente). El corrupto Gómez Méndez le respondió entonces:

Elévate pliego de cargos (sic)… si después hay que absolverlo, se absuelve... hay que sentar precedente...”

Como el viceprocurador le replicó tratando de hacer entrar en razón a Gómez Méndez, éste, días después, lo destituyó.

Entonces, Betancur envió la denuncia a los senadores Alejandro González –luego asesinado por las FARC-, Hugo Escobar Sierra –luego puesto preso por Gómez Méndez-, y Armando Barona Meza –también atacado con furia por Gómez Méndez. Pero nada sucedió.

Por otro lado, la acusación perseguida por Gómez Méndez sí se produjo, pero la misma Procuraduría, por fallo del Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, se abstuvo de abrir resolución de acusación contra el coronel Plazas Vega. Esto fue en mayo de 1990.
Antonio Navarro Wolf y Rafael Pardo
Simultáneamente, en 1990, el guerrillero Antonio Navarro es nombrado por César Gaviria como Ministro de Salud sin importarle que Navarro, como responsable ideólogo de la toma del Palacio había sido objeto de resolución acusatoria por parte del juez 31 de Instrucción Criminal.

Luego, César Gaviria sigue con el plan. Convoca a una Asamblea Nacional Constituyente e inventa una “circunscripción especial de paz” para permitir que los guerrilleros del M-19 puedan participar en la Asamblea. Básicamente la “circunscripción especial de paz” permite que los guerrilleros sean elegidos con un número ínfimo de votos. Así, gracias a un número ridículo de votos, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 es integrada mayoritariamente por guerrilleros del M-19; mayoría que elige a Antonio Navarro Wolf, uno de los cerebros criminales del asalto al Palacio de Justicia. Navarro Wolf es reemplazado en el ministerio por otro guerrillero del M-19: Camilo González Posso, y luego este cargo es ocupado por Carlos Vicente de Roux, también guerrillero del M-19, y hermano del cura jesuita Francisco de Roux, hoy enemigo del presidente Álvaro Uribe. Carlos Vicente de Roux es hoy concejal de Bogotá y candidato de Gustavo Petro, su compinche, para la Alcaldía de Bogotá.

En enero de 1992, el coronel Plazas Vega no tiene otra opción más que solicitar voluntariamente su retiro del servicio activo de las Fuerzas Militares. Sabe que con Gaviria en la presidencia, jamás podrá alcanzar el merecido grado de general. Ese mismo año, César Gaviria convoca de urgencia al Congreso de la República para amnistiar e indultar al M-19, debido a que jueces independientes y honestos condenan a estos terroristas, entre los cuales están los hermanitos Navarro Wolf, Gustavo Petro, Otty Patiño, Vera Grabe, Ever Bustamante y otros.

En 1994 se inicia una campaña propagandística a la que se vinculan los grandes medios de comunicación; se publica el famoso libro “Terrorismo de Estado en Colombia” editado en los talleres donde publican los medios de las FARC y escrito por Patricia Lara, esposa de Alfonso Gómez Méndez en esa época.

En 1995, ya terminado el periodo presidencial de Gaviria, el coronel Plazas Vega es nombrado en diferentes cargos pero las ONG dirigidas por el comunismo internacional (al cual está adscrito el Partido Liberal), lo impiden en todas las ocasiones.

Está de presidente Ernesto Samper Pizano, elegido con dineros de la mafia. Entonces, llega a la Fiscalía General de la Nación, el personaje que ha estado detrás, ayudando a los propósitos de la misma mafia narcoguerrillera que eligió a Samper, y que quiere vengarse de quienes los vencieron en el Palacio de Justicia: Alfonso Gómez Méndez entra de nuevo a escena.
Alfonso Gómez Méndez y Piedad Córdoba, a cual más relacionado con las FARC
Para esta fecha, el coronel Plazas Vega ha instaurado demandas por injuria y calumnia contra el cura Giraldo, contra Enrique Rodríguez, padre del supuesto desaparecido administrador de la cafetería, y contra los editores y autores del libro “Terrorismo de Estado en Colombia”. La Fiscalía, ya en manos de Gómez Méndez, profiere resolución inhibitoria para favorecer a estos pillos, amigos de la guerrilla.

En 1998, decidido a terminar su misión de encarcelar a los militares que salvaron al país de caer en manos de la dictadura comunista, Alfonso Gómez Méndez ordena abrir la fosa donde enterraron los cadáveres del Palacio de Justicia. Así que nombra un equipo para realizar la exhumación.

El equipo está compuesto por:

Carlos Eduardo Valdés Moreno, Jefe de División Criminalística de la Fiscalía. Médico Cirujano de la Universidad Nacional, con especialización en Antropología Forense de la misma universidad, bajo la dirección del antropólogo José Vicente Rodríguez Cuenca. Hoy, el médico Valdés Moreno está coordinando la Unidad de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Investigaciones especiales de la Procuraduría Nacional de la Nación. Este médico se ha destacado como perseguidor de los militares en varios casos, como el de los sonados “Falsos Positivos de Soacha”

También están en el equipo designado por Gómez Méndez, la antropóloga María Inés Barreto, egresada de la Universidad Nacional y también alumna del profesor José Vicente Rodríguez Cuenca. A la postre, la antropóloga resultaría casándose con el también antropólogo forense peruano Carlos Bacigalupo Salinas, designado por la “Comisión de la Verdad” para evaluar las pruebas de los restos en el caso de los “desaparecidos” del Palacio de Justicia. Dudamos de que el peruano Bacigalupo haya efectuado su trabajo a conciencia ya que se dedicó a hacer entrevistas a José Vicente Rodríguez (A la fecha de este escrito, ni la antropóloga María Inés Barreto ni su esposo Carlos Bacigalupo han respondido un cuestionario enviado por nosotros para conocer su versión de los hechos. Prometieron responder en cuanto dispongan de tiempo. En eso confiamos).

James Troy Valencia formó también parte del equipo de Gómez Méndez. Troy Valencia es biólogo de la Javeriana con una maestría en Genética Humana. Posteriormente a los hechos, fue nombrado en reemplazo de Carlos Eduardo Valdés.

El cuarto y último miembro del equipo de Gómez Méndez designado para la exhumación es la odontóloga Piedad Malaver Calderón quien para la fecha recién estaba cursando una maestría en la Javeriana, donde había terminado su carrera de odontología en 1989. Vinculada a la Fiscalía desde 1996, no sabemos por qué la vincularon al equipo ya que sus conocimientos en la ciencia forense eran nulos.

Entonces, este equipo exhuma los cadáveres del Palacio de Justicia, junto con algunos fragmentos y restos de las víctimas de Armero. Y entre estos restos exhumados están los 27 cuerpos marcados de manera especial ya que allí se encuentran –como ya se dijo- los famosos 11 “desaparecidos” del Palacio de Justicia.
René Guarín Cortés, el guerrillero del M-19 que se hizo pasar como defensor de los Derechos Humanos
Con la entrevista realizada al profesor José Vicente Rodríguez, queda muy claro que la intención de la Fiscalía General de la Nación no es –de ninguna manera, contribuir a la identificación de los desaparecidos sino, según prueba documental, identificar a los guerrilleros muertos y entregarlos a sus familiares.

Algunos de los guerrilleros enterrados ya habían sido plenamente identificados pero, debido a que nadie los reclamó, fueron enterrados en esta fosa común. Sin embargo, ahora con el M-19 en el poder, ya no había razón para ocultar más la vergüenza de ser terroristas y asesinos financiados por el narcotráfico. Ser delincuente del M-19 se convirtió de la noche a la mañana, gracias a la campaña de medios pagados con millonarias sumas, en un rótulo de prestigio, un ejemplo que muchos jóvenes quisieron y quieren seguir.

Así que, con la intención de identificar solamente los restos de los guerrilleros, la Fiscalía le entrega a José Vicente Rodríguez 64 cuerpos y conserva los 27 con la seguridad meridiana de que allí están los desaparecidos del Palacio de Justicia. Y refunden estos 27 restos en quién sabe dónde.

Mi labor solamente sobre esos 64 esqueletos (correspondientes a los guerrilleros y otros NN), y no sobre la totalidad de exhumados, que fueron 91 esqueletos”, asegura el profesor José Vicente Rodríguez.

Por esa razón, a sabiendas de que en el laboratorio de Antropología Física de la Nacional reposaban los restos de los guerrilleros, fue que René Guarín Cortés, quien para la fecha fingía ser un defensor de los Derechos Humanos, se dirigió hasta allá para exigir la entrega del cadáver de su hermana, Cristina Guarín Cortés. Por ello, la guerrillera Vera Grabe también visitaba el laboratorio de antropología con cierta frecuencia. Fuentes consultadas por Periodismo Sin Fronteras fueron testigos del feroz ataque del guerrillero René Guarín contra el profesor José Vicente Rodríguez a quien acusaba de ocultar el cadáver de Cristina. Por esas mismas vías confirmamos que para la fecha de 1985 tanto René Guarín como su hermana Cristina Guarín eran guerrilleros activos del M-19. La rabia de René con sus camaradas es que a él nunca le informaron la fecha en que se tomarían el Palacio de Justicia. Al parecer, su hermana Cristina le ocultó este dato ya que era ella la designada por el M-19 para infiltrarse en el Palacio como una simple y sencilla empleada de la cafetería. 

La pregunta que queda al respecto es ¿quién se encargó de contratar a la guerrillera Cristina Guarín para que fingiera ser cajera en la cafetería del Palacio...? Algún día lo averiguaremos... de eso que no quepa duda alguna.

En el 2002, habiendo ganado la presidencia el doctor Álvaro Uribe Vélez, nombra como ministro del Interior y de Justicia al doctor Fernando Londoño Hoyos. A su vez, Londoño llama al coronel Plazas Vega y lo nombra al frente de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

En la Dirección Nacional de Estupefacientes, Plazas Vega continúa su lucha frontal contra la mafia. Su gestión allí sigue sin precedentes. Hizo extinción de bienes a Pablo Escobar, mecenas del M-19; a Iván Urdinola, Leonidas Vargas, Rodríguez Gacha, “Rasguño”, “Martelo”, Jesús Amado Sarria y Elizabeth Montoya de Sarria, amigos de Ernesto Samper; Wilmer Varela, “Don Efra”, “Don Diego”, los hermanos Mejía Múnera, Helmer “pacho” Herrera, Víctor Patiño Fómeque, y Nelson Urrego, entre otros. La más grande incautación de bienes hecha jamás al narcotráfico.

Por supuesto, la mafia no se iba a quedar de brazos cruzados. Y en 2004 logran que se destituya e inhabilite a Fernando Londoño. También es destituido el coronel Plazas Vega.
En reemplazo de Fernando Londoño es nombrado Sabas Pretelt de la Vega, quien tuvo negocios con los Rodríguez Orejuela. Él llama como viceministro a Mario Iguarán quien permanece poco más de un año en el cargo y luego es elegido Fiscal General de la Nación, en agosto de 2005. Su nombramiento ha sido cuestionado y varios testigos aseguran que tal cargo le fue comprado por los narcotraficantes.

En el año 2005, los guerrilleros ideólogos de la masacre, Antonio Navarro Wolf y Gustavo Petro Urrego, el uno senador y el otro representante a la Cámara, envían sendas cartas al ministro Sabas Pretelt de la Vega solicitando que ordene a la Universidad Nacional la entrega los restos de los guerrilleros ya identificados a sus familias. Cosa que el profesor Rodríguez Cuenca obedece de inmediato.

Casi al mismo tiempo, Yamid Amat dice en su noticiero CM& que ha aparecido “un nuevo testigo” en el caso del Palacio y que acusa a Plazas Vega de hechos horrorosos de tortura y desaparición. Pero oculta malévolamente que ese “nuevo testigo” es Ricardo Gámez Mazuera ha sido desvirtuado ya quince años antes, en 1990, y la justicia ha comprobado en esa fecha la falsedad del testimonio de Gámez Mazuera. René Guarín Cortés, el terrorista guerrillero secuestrador y asaltante de bancos logra junto con el colectivo de abogados sacar del país a Gámez Mazuera para que, desde Europa, insista en sus delicadas injurias. Ambos delincuentes, Ricardo Gámez Mazuera y René Guarín Cortés se hacen grandes amigos.

Mario Iguarán, elegido Fiscal General –según testigos- con dineros de la mafia, reabre el caso del Palacio de Justicia y se lo entrega para su manejo a Ángela María Buitrago, la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de justicia quien, en enero de 2006 llama a Plazas Vega a declarar en el proceso que se ha abierto.
Ángela María Buitrago, la Fiscal encargada del montaje contra Plazas Vega
En diciembre de 2006 la fiscal Ángela María Buitrago allana el laboratorio de antropología física de la Universidad Nacional, y se lleva toda la documentación existente sobre el caso. Los esqueletos son terminados de trasladar a comienzos del 2007. El profesor José Vicente Rodríguez le recuerda a la Fiscal que los restos de los 27 marcados como desaparecidos del Palacio de Justicia, están en poder de la Fiscalía.

Todo pareciera indicar que la Fiscal Ángela María Buitrago, ya con órdenes expresas de lograr la condena de Plazas Vega, quería ocultar toda prueba que pudiera demostrar la inocencia del coronel. Ella sabía que en su poder estaban los desaparecidos del Palacio, y sabía que en la Universidad Nacional solamente estaban los restos de guerrilleros y algunos NN de Armero. Fue una hábil maniobra para confundir a la opinión pública dando a entender que todos los restos habían ido a parar al laboratorio de Antropología y que allí no habían encontrado a los desaparecidos. ¡Obvio…! Los desaparecidos no podían estar en la Nacional porque jamás estuvieron allí. Siempre estuvieron en poder de la Fiscalía.

Ya con todo cubierto, la misma Fiscalía Delegada  vincula al coronel Plazas Vega al proceso y lo llama a indagatoria en febrero de 2007. Cabe anotar que durante todo este proceso ella es permanentemente acompañada por René Guarín Cortés quien para la época seguía apareciendo como un valeroso defensor de Derechos Humanos que había perdido a su hermanita en los hechos del Palacio.

Un mes después, en abril de 2007, la revista Semana informa sobre un nuevo testigo de los hechos del Palacio de Justicia. Otra vez, ese “nuevo testigo” no es otro que Gámez Mazuera, cuyo testimonio hace muchos años que está probadamente falso. Plazas Vega demanda penalmente a la revista pero Humberto de la Calle Lombana, quien fuera ministro de gobierno de César Gaviria y coordinador de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, controlada por la guerrilla del M-19, movió todas su influencias para que la justicia protegiera a la revista Semana y le permitiera seguir calumniando.

Y aquí se agrava el viacrucis del coronel Plazas Vega. En julio de 2007 es puesto preso y no ha sido liberado desde entonces.

“Casualmente”, en agosto de 2007, cuando ya el coronel estaba preso, la Fiscal Ángela María Buitrago, junto a su fiscal auxiliar y a un delegado del ministerio público, se hicieron presentes en la Escuela de Caballería para buscar los cadáveres de los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia. Pero la Fiscal en realidad no busca los cadáveres de los desaparecidos porque sabe muy bien que estos están en las instalaciones de la Fiscalía. Las inspecciones en la Escuela de Caballería no son más que parte del show. Lo único que encuentran son esqueletos de caballos. Pero, también “casualmente”, ese Primero de agosto de 2007, estando en las caballerizas, se hace presente el “testigo estrella” de la Fiscalía, un tal Edgar Villamil (o Villamizar, o Villarreal, nadie sabe porque es obviamente un testigo falso- aparecido de la nada). Llena unas cuantas hojas con embustes y desaparece. Nadie lo ha vuelto a ver, nunca se presentó a juicio ni la defensa tuvo la oportunidad de contrainterrogarlo. El procurador delegado no preguntó tampoco nada, ni nadie llamó –como debería haberse hecho- al abogado de Plazas. 

Todo el proceso fue irregular, por no decir ilegal. Ese testigo y su testimonio son comprobadamente falsos. Y fue con base en ese testimonio que la juez María Stella Jara condenaría tres años después, en 2010, al coronel Plazas Vega a 30 años de prisión (Ver: http://www.periodismosinfronteras.com/el-testigo-estrella-contra-plazas-vega-un-chiste.html).

Desde que fue puesto en prisión, el coronel Plazas ha sufrido los peores vejámenes. Ha sido humillado, golpeado y escupido y convertido en el hazmerreir de los medios de comunicación que venden su pauta con la desgracia ajena publicando injurias como hechos ciertos y recibiendo por debajo de la mesa contratos publicitarios con organismos del Estado en pago a sus infamias.

Sabiendo que en cualquier momento Plazas Vega podría probar su inocencia, y descubrir que los cadáveres de los desaparecidos han estado escondidos en la Fiscalía, se ordena su traslado a la cárcel la Picota después de que miembros del INPEC le aplican a la fuerza extrañas inyecciones e insultan y golpean a doña Thania Vega, la esposa del coronel que se encontraba allí la noche en que lo sacaron del Hospital Militar violentamente.

Por fortuna, en la cárcel había gente que sabía que el coronel Plazas Vega no merecía estar allí y que era inocente. Así que lo protegen advirtiéndole, eso sí, que tal protección no podrían brindársela para siempre ya que los enemigos que buscaban asesinarlo –y aún lo buscan- eran demasiado poderosos.

El coronel sufre un quebranto en su salud y es trasladado al Hospital Militar de Bogotá. De inmediato René Guarín Cortés sale en Caracol y en El Espectador a denunciar que esto no es nada más que una patraña de Plazas Vega para evitar estar en la Picota. Ya, en agosto de 2009, Iguarán ha dejado la Fiscalía en manos de su vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago. Y la Corte Suprema se niega a elegir un nuevo Fiscal General de la terna que envía el presidente Uribe.
La Corte necesita a su fiscal del bolsillo para sus menesteres.

María Stella Jara, la juez que condenó injustamente al coronel Plazas Vega
Estando Plazas Vega todavía en el Hospital Militar, el 9 de junio de 2010, la juez Jara lo condena a pagar 30 años de cárcel. El fallo fue sustentado en el testimonio falso de ese único testigo que no existe. Ese día, en las afueras de los juzgados especializados se encuentran y se comunican telefónicamente René Guarín, Telesur, Iván Cepeda y otros miembros de “Colombianos y colombianas por la paz”, y miembros del Colectivo Alvear Restrepo que celebran con aplausos y abrazos jubilosos la condena del coronel. ¿Por qué celebran..? Porque con esta condena entrarán a sus arcas millones de dólares; todo con el sacrificio de un inocente.

Dos meses después, en agosto 17 de 2010, Periodismo Sin Fronteras saca a la luz el fruto de una investigación de meses: Que René Guarín Cortés no es un defensor de Derechos Humanos, sino un secuestrador, un asaltabancos terrorista, perteneciente a la guerrilla del M-19, la misma guerrilla que se tomó el Palacio de Justicia.

Entonces, la juez María Stella Jara es enviada al exterior a estudiar alemán, aduciendo que ha sido amenazada de muerte. Sus estudios y sus viáticos y los de su familia son pagos con nuestros impuestos, y a nadie parece importarle que sea ilegal que paguemos para que ella viaje a estudiar alemán.

Como es inocultable el prevaricato de la Fiscal Ángela María Buitrago y de la juez María Stella Jara, como inocultable el contubernio con el guerrillero René Guarín Cortés, la Fiscal es obligada a renunciar. Esto sucede el 2 de septiembre de 2010, menos de un mes después de que se conoce en todo el mundo que René Guarín es un vil delincuente de la guerrilla amnistiado por todo, menos por un secuestro que aún no ha pagado.

Es así como Periodismo Sin Fronteras, convencido de la inocencia del coronel Plazas Vega, se da a la tarea de investigar el paradero de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

Conociendo al profesor José Vicente Rodríguez, me costaba mucho trabajo imaginarlo como parte del montaje comunista que buscó y consiguió la condena en primera instancia del coronel. Sabía, eso sí, que habiendo estudiado en Rusia y habiendo sido compañero de clase de varios revoltosos peligrosos, y siendo colega en la Nacional de guerrilleros activos del ELN y las FARC que aprovechaban su condición de profesores y alumnos del claustro para hacer proselitismo, me constaba- repito- que José Vicente Rodríguez podía tener ideas de izquierda pero jamás se atrevería a participar en una maldad como esa de condenar a un inocente.

José Vicente Rodríguez solamente tiene interés en una cosa. Y esa es la antropología forense; esa es su pasión y esa es su vida entera. No tiene tiempo para nada más.
Antes de acercarme a él, investigué por otros lados cercanos al Departamento de Antropología y fue allí que me comentaron sobre la visita de René Guarín al laboratorio donde reposaban los restos, y de sus insultos contra el profesor José Vicente. También me contaron que miembros de la Fiscalía relacionados con el proceso le habían advertido a Rodríguez Cuenca que evitara acercarse al coronel Plazas o a cualquier enviado del ejército porque –le dijeron- los militares querían asesinarlo. Una calumnia más para evitar que Plazas Vega descubriera la verdad.

Después de mucho trabajo, porque José Vicente Rodríguez sentía cierta desconfianza hacia mí y mi interés en el caso, logré que me concediera la entrevista donde, de manera sencilla, clara y diáfana, me cuenta que a él nunca lo comisionaron para ayudar a la identificación de los desaparecidos, y que explícitamente le solicitaron su apoyo para hacer lo propio con los guerrilleros del M-19 muertos en combate.

De la misma manera, confirmó que la Fiscalía conservó 27 restos a sabiendas de que entre ellos están los “desaparecidos” del holocausto del Palacio. Y aseguró que no ha habido interés de la Fiscalía General de la Nación para lograr la identificación de esos restos ya que, si bien en 1998 no había en el país la tecnología necesaria para hacerlo, hoy sí la tenemos.

Con esta entrevista quedó resuelta mi duda. Me preguntaba por qué razón José Vicente Rodríguez siempre mencionaba en sus declaraciones a la prensa que él no había encontrado desaparecidos del Palacio de Justicia entre los restos a su cargo. Era apenas natural.. ¿Cómo iba a encontrarlos si la Fiscalía no le entregó los restos de los “desaparecidos” y los ocultó evitando su identificación..?

La Fiscalía y los medios a su servicio difundieron mañosamente la idea de que TODOS los restos exhumados fueron a parar a la Universidad Nacional. Y ese era el error. Los esfuerzos de la defensa de Plazas se encaminaron a buscar en el lugar equivocado.

La Fiscalía general de la Nación siempre supo que en su poder estaban los restos de los desaparecidos. Tanto en 1998 como en 2006 cuando José Vicente Rodríguez se lo recordó a la fiscal Ángela María Buitrago.

Cuando le pregunté al profesor José Vicente Rodríguez por qué razón creía él que la Fiscalía no decía dónde estaban los restos, él aseguró que “porque se perdió la memoria documental. Los funcionarios encargados de la exhumación ya no trabajan allí..”

Personalmente, dudo que esa sea la razón. Si examinamos la trayectoria de Carlos Eduardo Valdés y James Troy Valencia, vemos que han dedicado mucho tiempo dictando conferencias sobre la “cadena de custodia” necesaria e imprescindible en el tratamiento de restos de desaparecidos.  En cuanto a la antropóloga María Inés Barreto, seguimos a la espera de sus luces para entender por qué se perdió “la memoria documental”. Igual con respecto a su esposo, el afamado antropólogo peruano Carlos Bacigalupo; sería interesante que nos dijera cómo él, también conocedor de la importancia de la “cadena de custodia”, no mencionara este hecho a la “Comisión de la Verdad”, ¿o sí lo hizo…?

No puedo imaginar qué otra excusa se inventará la “justicia” colombiana para mantener preso al coronel Plazas Vega. Si les queda algo de decencia y pudor, deben liberarlo de inmediato y enjuiciar a Ángela María Buitrago y María Stella Jara por prevaricato y fraude procesal. A René Guarín deben apresarlo por secuestrador, un crimen de lesa humanidad no sujeto a indulto.

Aunque sabemos que falta mucho para que personajes siniestros como Gómez Méndez, Iguarán, Sabas Pretelt, Javier Giraldo y los del Colectivo Alvear Restrepo paguen sus culpas en la cárcel, no hay que perder las esperanzas de que ocurra el milagro.

El país le debe al coronel Plazas Vega no solamente el habernos salvado de las garras de la dictadura narcoguerrillera de la dupla Pablo Escobar-M-19, sino el haber hecho manifiesta con su desgracia la podredumbre de los funcionarios de la justicia, su infiltración mafiosa y su desvergonzado abuso del poder pisoteando la majestad de la justicia.

La Fiscalía sabe todo. Quién sabe qué sucedió en el Palacio de Justicia es la Fiscalía (...) Ellos siempre sabían que los posibles desaparecidos los tenían ellos...” Puntualiza José Vicente Rodríguez.

Si… La Fiscalía siempre supo que en su poder estaban los desaparecidos del Palacio de Justicia, pero no le importó ocultar este hecho con tal de condenar a quien ha golpeado tanto a la mafia.

Febrero 27 de 2011

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