Por Alfredo Rangel
OPINIÓN
En todos los países del mundo los organismos estatales de inteligencia tienden a actuar como ruedas sueltas y a evadir controles.Sábado 17 Abril 2010
Por supuesto que la interceptación ilegal de comunicaciones que ha realizado personal del DAS es delito grave. También lo son las que han hecho miembros de la Policía y de la Fiscalía. Y las que han ejecutado muchas agencias privadas de seguridad. Han vulnerado el derecho fundamental a la privacidad que tienen los ciudadanos. Pero de ahí a calificarlas como una "conspiración de Estado" y a compararlas con el caso Watergate, como ha hecho el presidente encargado de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, hay mucho trecho.
Creo que este magistrado exagera en sus comparaciones y podría estar prejuzgando. El caso Watergate fue una conspiración para espiar al partido opositor, ideada, dirigida y luego ocultada directamente por el presidente Richard Nixon. Arrubla exagera si utilizando la comparación de las 'chuzadas' del DAS con Watergate quiere insinuar que el presidente Uribe directamente ha ideado, dirigido y ocultado esas actividades ilegales.
Además, estaría prejuzgando, pasando por encima de la presunción de inocencia y apresurándose a sacar conclusiones y a emitir juicios en torno a una investigación que aún no ha terminado. Todo lo cual le queda mal, pero muy mal, a quien ostenta una de las más altas dignidades en la justicia colombiana.
Muy respetuosamente le sugeriría a la Honorable Corte Suprema de Justicia que se serene y espere el resultado final de las investigaciones y, sobre todo, el veredicto de los jueces, que ojalá determine las responsabilidades individuales, penales o disciplinarias, en los hechos. Es lo que corresponde a personas con tan alta dignidad.
Creo que a estas alturas la mayoría de los colombianos empezamos a sentir cierto hartazgo de la confrontación entre la Corte y el Presidente. Y aprovechar los pronunciamientos de la Fiscalía, sin que haya terminado el juicio, para revivir la disputa y seguir actuando con ánimo retaliatorio no es, definitivamente, el ejemplo más edificante de lo que debe ser el comportamiento de una alta corte de justicia.
También exagera la oposición cuando en medio de su desespero electoral sugiere que en Colombia no hay garantías, mientras disfruta de las mejores condiciones publicitarias, económicas, de seguridad, etcétera, para hacer política, que no se habían visto en muchas décadas.
Pero mientras los jueces con sus decisiones determinan el destino de los hombres, y por ello solo les está dado hablar a través de sus sentencias, el resto de los mortales, que padecemos las sentencias de los jueces, sí podemos darnos el lujo de aventurar hipótesis en público y hacer interpretaciones libres de los hechos.
El tema de las 'chuzadas' ilegales en Colombia es complejo y enredado. En todos los países del mundo los organismos estatales de inteligencia tienden a actuar como ruedas sueltas, a ganar excesiva autonomía y a evadir controles. Los escándalos de 'chuzadas' ilegales se repiten en España -el juez Garzón está involucrado-, Brasil, Estados Unidos o Francia. Pero aquí, en medio de la persistencia de grupos armados ilegales de todas las pelambres y de la extrema polarización política reciente, esos riesgos se multiplican.
Así, para realizar delitos como las interceptaciones ilegales de comunicaciones, a la infiltración y la corrupción orquestadas por grupos irregulares y mafias de todo tipo se suman los ánimos de venganza de ex funcionarios venales resentidos y hasta las ansias de reconocimiento a cualquier precio de funcionarios en ejercicio. Lagartos, conspiradores y mafiosos se pueden mezclar en un mismo incidente delincuencial. En el caso del DAS, esto ha sido facilitado por el gigantismo de la institución que favorece su descontrol. Y el ambiente de crispación política originado por los constantes insultos y descalificaciones entre el gobierno y la oposición empeoró la situación y creó condiciones propicias para que muchos pescaran en río revuelto.
Así por ejemplo, la pugna entre el Presidente y la Corte Suprema fue utilizada por conspiradores que pagaron a dos policías y un agente del CTI para 'chuzar' al magistrado auxiliar Iván Velásquez y luego inculpar al DAS y desacreditar al gobierno, como luego lo descubrió la Fiscalía. Y el legítimo interés de Uribe por averiguar sobre los públicos rumores que relacionaban a magistrados de la Corte Suprema con personas de dudosa conducta se convirtió, para algunos funcionarios inescrupulosos, en patente de corso para 'chuzar' a ciertos magistrados. Como diría Talleyrand, esto fue peor que un delito…fue una equivocación.
Es lamentable que todo esto haya ocurrido y es de esperar que la operación de alta cirugía a la que se está sometiendo el DAS para reducirlo, concentrarlo y controlarlo mejor, acabe definitivamente con estas fuentes de delitos. Pero culpar al presidente Uribe como instigador directo y encubridor del 'Watergate' de las 'chuzadas' es, sin duda, una exageración.
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