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Farc: ya lo tienen todo

OPINIÓN| Por: Fernando Londoño Hoyos | Publicado: febrero 19, 2017

 Nos acusaban de exagerados cuando decíamos que el plan de Santos y De La Calle era entregarle el país a las FARC. Pues todo está consumado, amigos queridos.

Lo primero que quiere tener alguien cuando domina un país, es el poder de dictarle leyes. Valga decir, el de señalar la conducta de los servidores públicos y de los asociados. Pues ya lo tienen.

Hace rato funciona la llamada Comisión de Seguimiento, pactada en el Acuerdo Final que nos impusieron contra la voluntad del pueblo soberano. Pues recuerde, ciudadano amigo, o enemigo, que esa Comisión de Seguimiento es la que aprueba o rechaza cualquier Proyecto de Ley que vaya a presentarse ante el Congreso, e inclusive cualquier proyecto de Decreto Legislativo que se proponga dictar el Presidente en uso de los poderes dictatoriales que ya asumió. Ese examen de las Leyes y los Decretos será previo. Cuando la Comisión dicha, o CSIVI si la quieren más precisa, haya hecho el examen de rigor, el Gobierno puede llevar el Texto al Congreso, que se limitará a decir SI o NO, sin facultad para modificar una coma de lo dispuesto. Y para ese efecto funcionará el llamado FAST TRACK, que abrevia los términos de producción de las leyes, de modo que en un par de semanas ya estarán vigentes.

 Esa Comisión, lo decimos para los olvidadizos, quedó integrada por tres representantes del Gobierno, uno de los cuales es Sergio Jaramillo, otro miembro de la guerrilla, y tres de las FARC. Pero en caso de cualquier desacuerdo, contaremos con la ayuda y consejo de Noruega, Chile, Cuba y Venezuela. ¡Lo que son las paradojas! Maduro no puede legislar en Venezuela, pero legisla en Colombia. Gracias, doctor Santos.

Las FARC ya disponen del Poder Judicial, pues que la famosa JEP está lista. Solo falta el nombramiento de los magistrados, diez de ellos extranjeros, para colmo de escarnio, que se sabe vendrán presididos por el Juez García Sayán, ultra mamerto peruano con conocidas cercanías a Sendero Luminoso. Por Colombia está listo el famoso doctor Velásquez y la famosa ex Fiscal Buitrago para ponerse al mando del escuadrón de quienes mandarán al cadalso o procederán al “desmantelamiento de las organizaciones criminales entre ellas las sucesoras del para militarismo establecido en el numeral 74 del Acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz”. Si tienen tiempo revisen las páginas 199 a 201 del Acuerdo Final.

Los futuros condenados, en cuya lista bien podrá ir usted, querido lector, los seleccionará una Fiscalía propia de ellos, que también está pactada en el Acuerdo. No se les escapa nadie. Empezando, claro, por el Presidente Uribe, los colaboradores “directos o indirectos” de los paramilitares, los Oficiales de las Fuerzas Militares, periodistas, empresarios, académicos que hayan colaborado con ese paramilitarismo, que ellos definen, o que se opongan a la paz. Ya sabemos, los opositores a esta entrega, lo que nos espera.

Pero si tienen el Poder Legislativo y el Judicial, también les entregaron el Electoral, todo entero. Celebramos que, aunque sea tan tardíamente el Presidente del Consejo de Estado salió a quejarse del despojo a las facultades ya viejas en materia electoral de la augusta corporación que él preside. Como salió a la palestra, cuando ya para qué, el Procurador General, dolido porque en todo el procedimiento de estos mecanismos del nuevo terror, el Comité de Salud Pública al servicio de otro “incorruptible” Robespierre, quedó meticulosamente excluido. Y como dejó oír su voz la Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, al notar que esa Corte, para qué. Las FARC son dueñas de la de verdad.

Pues no paran las cosas. Porque si la prensa es un nuevo poder, también se la dieron Santos y De La Calle a las FARC, envuelta con moño rojo. Los poderes de réplica a lo que se escriba o se diga, liquidaron cualquier tipo de libertad de expresión. Y como si les faltara, recibieron de encima 20 emisoras de FM, que no hay partido político que sueñe con tener.

 Hablando de partidos, ya les aprobaron uno que no existe, pero que existirá, criatura que nacerá premiada con curules gratuitas, circunscripciones electorales para su manejo, y el presupuesto más holgado que tendrá ningún partido.

En materia de tierra, tres millones de hectáreas que se arrebatarán a sus propietarios para los amigos y colaboradores farianos, no es mal comienzo; en materia de salud, se las garantizaron plena y completa sin el despreciable requisito de las cotizaciones; la educación comprende hasta la del SENA, por ahora; son beneficiarios de casas y albergues gratuitos y ya les anunció Santos tres mil quinientos millones de dólares, del último ahorro de las regalías, en “vías terciarias”. Y no hemos terminado. Lo que se nos terminó fue el espacio para describir completa esta soberbia canallada.


Este es un espacio de opinión destinado a columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a este fin y no siempre reflejan la opinión o posición de LA OTRA MITAD DE LAS VERDADES A MEDIAS.

El calvario de Santos

OPINIÓN| Por: Mauricio Vargas | Publicado: febrero 26, 2017 2:42 am

En su séptimo año, el retrovisor que tanto usó Santos para culpar a su antecesor, ya no le alcanza.

Si no es por el fiscal Néstor H. Martínez, y por congresistas que han resultado menos borregos de lo que muchos creían, la goleada a favor de los exguerrilleros y en contra de los militares habría sido muy abultada en el texto que avanza en el Congreso

Con cuentagotas, pero inclementes como tortura china, se suceden las revelaciones del caso Odebrecht, que ya golpeó al gobierno pasado y al excandidato presidencial del uribismo Óscar Iván Zuluaga y ahora acosa, a diario, al presidente Juan Manuel Santos. El primer mandatario ya no puede decir, como alegaba en diciembre, que su gobierno está limpio de esos dineros corruptos. De hecho, el gerente de sus dos campañas, su amigo personal y hombre influyente en su administración, Roberto Prieto, aparece en varias declaraciones en la Fiscalía como personaje clave para Odebrecht.

Liquidado desde hace mucho en las encuestas de popularidad interna, el Presidente se aferraba a su prestigio internacional, derivado de su batalla por un acuerdo de paz con las Farc y que obtuvo sello de aprobación con el premio Nobel que recibió en Oslo en diciembre. Pero ahora que la prensa internacional ha empaquetado su administración con las otras que en América Latina fueron untadas por los sobornos de Odebrecht, ese prestigio ha perdido brillo.

A seis meses de completar su séptimo año de gobierno, el retrovisor que tanto utilizó para culpar a su antecesor ya no le alcanza. Cuando mira por él, Santos no ve más que su propia imagen, lo mismo en la tragedia social de La Guajira, en la postración de una economía que hoy apenas crece al 2 por ciento, en la crisis irresoluta de los servicios de salud o en la corrupción que protagonizan, entre otros, sus principales aliados en el Congreso, como aquella poderosa mafia de Córdoba, muy mentada en estos días. Y el sector de infraestructura, donde Santos muestra excelentes resultados, ha terminado manchado por Odebrecht.

Incluso su gran éxito, la terminación del conflicto armado con las Farc, luce hoy afectado. Cuando se aproxima la fecha para el arranque del desarme de cerca de 7.000 guerrilleros, hecho histórico desde donde se lo mire, la torpeza del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y del exministro de Justicia Yesid Reyes, que pactaron en una mesa paralela a la de La Habana lo atinente a la Jurisdicción Especial de Paz, con tantos privilegios para los guerrilleros como trampas para los militares, ha opacado la extraordinaria noticia de la desmovilización de las Farc.

Si no es por el fiscal Néstor H. Martínez, y por congresistas que han resultado menos borregos de lo que muchos creían, la goleada a favor de los exguerrilleros y en contra de los militares habría sido muy abultada en el texto que avanza en el Congreso. El resto del panorama tampoco ayuda: el Eln está convencido de que el terrorismo es la respuesta a la enorme generosidad del Gobierno, y además hay demoras y hasta denuncias de corrupción en la instalación de los campamentos donde las Farc se están concentrando.

En el Gobierno reina el despelote. El ministro Cristo –que, por fortuna para Santos, ya se va– propone una reforma política sin consultarla con su jefe. El ministro de Minas, Germán Arce, les pega un totazo a las finanzas de los municipios y, ante las protestas de los alcaldes, se ve obligado a echar reversa.

La cosa está tan grave que hace pocos días trajeron de urgencia a la exministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, a quien el Presidente había mandado al exilio en la embajada de Alemania, después de que ella se opusiera como gato patas arriba a que Santos incluyera en la terna para fiscal a Néstor H. Martínez, quien parece haber resultado tan independiente como María Lorena temía y por eso, desde el propio Palacio, tratan de desprestigiarlo. Vino ella a encabezar un comité de crisis. Apenas normal: el Gobierno está en crisis y a este paso, entre escándalos, economía débil y desorden en el equipo de gobierno, el año y medio que le queda a Santos le resultará un calvario.

MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.com

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No dejar a nuestros militares y policías abandonados a su suerte

OPINIÓN| Por: Marta Lucía Ramírez| Publicado: febrero 16, 2017



Mientras la amnistía de los guerrilleros ya se tramitó a las carreras por el Congreso, la legislación y condiciones que permitan solucionar la situación jurídica de nuestros militares y policías investigados y de quienes estén condenados por la justicia se encuentran congeladas.

El capítulo de justicia contenido en el acuerdo de La Habana y la celeridad con la que los temas derivados del mismo para favorecer a las Farc hacen tránsito en el Congreso de Colombia...

y las facultades que habilitaron al presidente Santos para legislar sobre un sinnúmero de materias, demuestran que tanto la letra menuda del acuerdo como su desarrollo normativo a punta de afanes y pupitrazos, con la complacencia de la bancada de parlamentarios gobiernistas, están dirigidos a lavar la cara y el prontuario a los integrantes de ese grupo para pavimentarles su entrada a la toma del poder a través de la política, mucho más que a reducir los riesgos de la impunidad por sus responsabilidades en crímenes de lesa humanidad.

El tema se presentó inicialmente al país dentro del eslogan de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, pero el punto de justicia se cerró sin modificación alguna, ni espacio para ajustarlo cuando quienes integramos el NO, con posterioridad al plebiscito, quisimos contribuir a un acuerdo bien hecho, que fortaleciera instituciones y no doblegara al Estado ni a la sociedad frente a los intereses de ese grupo.

Hoy todo está consumado, o casi todo. Sin embargo, aún hay un margen de seguimiento por la sociedad civil, la academia y los empresarios para evitar que a través del fast track se consoliden las asimetrías de la negociación.

Mientras la amnistía de los guerrilleros ya se tramitó a las carreras por el Congreso, la legislación y condiciones que permitan solucionar la situación jurídica de nuestros militares y policías investigados y de quienes estén condenados por la justicia se encuentran congeladas. Si a los guerrilleros no se les va a aplicar ninguna pena de reclusión, lo obvio sería que ya se hubiera tramitado la libertad de los miembros de la fuerza pública que llevan detenidos más de 5 años, tal como les prometieron, para obtener el apoyo de la jerarquía castrense durante la negociación.

Cuántos soldados y policías, oficiales y suboficiales se encuentran detenidos con procesos que han avanzado a paso de tortuga en la justicia ordinaria durante 4 y 5 años, dizque porque la negociación traería la solución integral a su situación. Cuántos condenados sin pruebas suficientes tienen condenas de 40 años cuando los miembros de las Farc no han pasado, ni pasarán un solo día detenidos.

Ante la asimetría que viven nuestros militares frente a la guerrillerada que pronto saldrá a las calles a reclamar sus derechos y a apoyar la protesta social que el acuerdo abre como forma de acción política de las Farc y sus amigos, debemos alzar voces de apoyo para que la fuerza pública no quede abandonada a su suerte en este momento de incertidumbre para la nación.

La fuerza pública está integrada por hombres y mujeres que deben ver con desconcierto cómo más de 6.000 hombres investigados por operaciones para proteger a todos los ciudadanos y evitar acciones de terrorismo, han sido abandonados a su suerte.

Twitter: @mluciaramirez


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La punta del iceberg

OPINIÓN| Por: Medardo Arias Satizabal| Publicado: febrero 16, 2017 – 00:15 

Es bueno que esté pasando lo de Odebrecht, porque lo que hemos visto hasta hoy es solo la punta del iceberg…
Colombia debe ser reconstruida y un movimiento de transformación moral debe sacudir sus cimientos. Nos acostumbramos a la desidia, al robo, al engaño, a las carreteras que nunca terminan, las mismas en las que se invierten millones de dólares y luengos años.
Lo que viene es comparado a cinco procesos ocho mil juntos, pues Eleuberto Antonio Martorelli, el funcionario de esta compañía brasileña que se declaró Daniel Santos, va a empezar a cantar ahora sí con robateo de bolero, merengue, bachata, conga y Te Deum también, pues los congresistas, alcaldes, concejales, gobernadores, que aparecerán envueltos en esta maraña, quedarán sepultados para siempre bajo la losa de la corrupción.

No es la primera vez, amables lectores, que una ordalía como la Odebrecht ocurre en el Tercer Mundo. De ello pueden estar seguros. Buena parte de la contratación de carreteras, megaobras como la que une a Brasil con el Perú, autorizada por el expresidente Toledo, hoy prófugo de la justicia, ha estado aceitada por los dineros del soborno.

Hasta el momento, se sabe que la firma brasileña repartió 788 millones de dólares en 12 países; toda una aplanadora para ganar a como diera lugar, con lo que Papini llamaba “estiércol del demonio”. El becerro de oro, los dólares por millones, despertaron la codicia, rindieron éticas, códigos morales. La corrupción avanzó pierna arriba de estas repúblicas fáciles, bananeras. El dinero del pueblo terminó así en gruesas cuentas bancarias en Andorra, en Suiza, en Panamá, en Islas Caimán.

En Colombia, particularmente, cada vez son más los nacionales que acuden con desgano a pagar impuestos –cuando los pagan- conscientes como son muchos del destino de la tributación. Estos impuestos no se ven en buenas escuelas públicas, universidades, parques, carreteras. Muchas obras de caminos, vías, se hacen intencionalmente con asfalto de tercera, el mismo que se deteriora al primer aguacero. Vías que están en buen estado, de pronto son picadas con taladro para hacer ahí algo peor; pero es que la contratación no se puede detener.

Cali, por ejemplo, está llena de puentes peatonales que nadie utiliza. ¿Alguien puede preguntar cuánto costaron, por qué se ordenó su construcción en zonas donde son absolutamente inservibles? De hecho, aquí como en Buenaventura, algunos de esos puentes se han caído. Siempre es menester inventar algo nuevo para robar.

Cuando uno ve nuestra pobre república sumida en estos descalabros, piensa que es necesario empezar de cero. Colombia debe ser reconstruida y un movimiento de transformación moral debe sacudir sus cimientos. Nos acostumbramos a la desidia, al robo, al engaño, a las carreteras que nunca terminan, las mismas en las que se invierten millones de dólares y luengos años. ¿Cuánto ha tardado la doble calzada a Buenaventura? ¿Cuántas veces se han robado el dinero del acueducto del puerto?

Como diría el maestro alemán Bertold Brecht, “hay que trastocar todo el Estado”; aquí no se salva nadie. El que no tiene dinga tiene mandinga. Cada vez que surge un líder capaz de revolcar las viejas estructuras, este cae asesinado. Recordemos a Gaitán, a Galán. Todo aquel que ose pisar el terreno de las grandes mafias políticas y económicas de Colombia es convertido en mártir. Quien desee morir por la patria grande que dé un paso adelante.

Decía al inicio de esta columna que es bueno que esté pasando lo de Odebrecht, porque un tocar fondo, una situación extrema de corrupción en todos los ámbitos, es la que puede dar al traste, de verdad, con las viejas castas políticas, y obligar al ciudadano de a pie a tomar partido por la verdad y la justicia.

Bienvenido Odebrecht para que con su fuerza de tifón arrase con todo lo malo y nos deje ver con claridad a esos que señalábamos desde los días de las grandes marchas estudiantiles: “Ahí están, ellos son, los que roban la nación”.

Twitter: @cabomarzo


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Si es víctima… sale a deber


OPINIÓN| Por: Yolanda Ruiz| Publicado: febrero 15, 2017 9:00 pm



En Colombia es ya tradición convertir a las víctimas en culpables de sus tragedias.
Esta vez nos indigna el argumento de un abogado al servicio de la iglesia que atribuye a los padres de unos niños violados parte de la responsabilidad del hecho porque dejaron a los menores ir a ver al cura criminal en un “exceso de confianza”. 

Según el texto citado por El Espectador (que en buena hora destapó el escándalo) el abogado sostiene que los padres “violaron el deber de cuidado, deber de custodia, salvaguarda, vigilancia y protección hacia los hijos”. Según esta tesis el problema no es el violador, el problema es que los niños y los padres confiaron en el sacerdote.

Impacta y aterra, pero en el fondo es la misma explicación usada una y otra vez: la Secretaría de Gobierno de Bogotá argumentó en su momento que Rosa Elvira Cely era responsable de su atroz asesinato por salir de noche con el asesino, así como el señor Andrés Jaramillo atribuyó a una joven víctima y a la minifalda que usaba la responsabilidad por haber sido agredida en su restaurante. De hecho, la defensa más frecuente en los casos de asesinatos y violaciones de mujeres es justamente esa: que fue culpa de la víctima por haber provocado al agresor o por haberse puesto en riesgo. Por eso se habla de la doble victimización y muchas mujeres temen denunciar ante el miedo de ser agredidas de nuevo.

Ya lo decía también la insigne senadora Liliana Rendón cuando el Bolillo Gómez protagonizó un escándalo por golpear a una mujer. Según ella en ese caso “algo pasó, algo lo provocó y las mujeres somos necias… Si mi marido me pega fue porque yo me lo gané”.

La lista es bien larga y toca prácticamente todos los delitos. Para cada uno hay una respuesta que permite poner como por arte de magia la responsabilidad en cabeza de las víctimas porque no fueron prudentes, porque se dejaron y hasta por pecar de tontas o ingenuas.

Si le roban el celular es porque lo usó en la calle, si lo atracan es su culpa por salir de noche, si es víctima de fleteo es porque sale con plata en efectivo, si se le meten al apartamento es que no le puso buenas rejas a las ventanas, si lo secuestran es porque se metió en terreno peligroso como le han reclamado tanto a Ingrid Betancur.

Así, mientras se señala de culpables a las víctimas, los agresores, sean curas pederastas, ladrones, asesinos, hombres violentos o secuestradores, se mueren de la risa y viven tranquilos porque en muchos casos sus delitos terminan sin castigo y siempre encuentran abogados que con argucias puedan argumentar que el otro se lo buscó. No, la culpa no es de las víctimas en ningún caso, la culpa siempre es de los agresores.

Necesitamos un país en donde los niños puedan salir tranquilos a la calle y puedan confiar en los sacerdotes y en todos los adultos porque nuestra obligación con ellos es cuidarlos y no agredirlos. Necesitamos que las mujeres podamos vestir como nos dé la gana y caminar sin sentir una amenaza a cada paso. Necesitamos que el castigo de las leyes y de la sociedad sea para los delincuentes y no para los que sufren por sus agresiones. La seguridad es un derecho. No castiguemos a las víctimas, no se lo hagamos más fácil a los victimarios. Y una pregunta para la iglesia que predica el amor: ¿dónde está la caridad y la compasión con las víctimas? El debate sobre el monto de la reparación es otro y no me detengo ahí. La justicia dirá quién y cómo debe reparar en el caso de los menores violados, pero decir que es responsabilidad de sus padres es absurdo, aunque el argumento tristemente siga la tradición nacional: para muchos, la víctima es culpable hasta que demuestre lo contrario.


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Esto no es un chiste

OPINIÓN| Por: Los Irreverentes| Publicado: febrero 15, 2017 

Algunos insinúan que la confesión de Otto Bula es una anécdota, cuando seguramente estamos frente al mayor escándalo de la historia.

Si los grandes medios aun tuvieran el monopolio de la información como hasta hace algunos años, las gravísimas denuncias de la infiltración de dineros de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos habrían sido perfectamente silenciadas.
Pero el mundo de la información cambió y para bien. Ahora, los ciudadanos tienen acceso a ríos de noticias y participan activamente en el devenir nacional gracias al poder de las redes sociales, hecho que a muchos les incomoda, sobre todo a aquellos que están involucrados en hechos de corrupción.

La ciudadanía tiene el deber de impedir que el tapen-tapen y la campana neumática que muchos –no todos- medios convencionales de comunicación quieren ponerle a la confesión del agente corruptor de Odebrecht, Otto Nicolás Bula Bula que si bien ha dicho no tener pruebas de que Andrés Giraldo entregó el dinero a la campaña del presidente, lo cierto e incontrovertible es que Odebrecht dio esos recursos para favorecer dicha candidatura y no para enriquecer al corrupto mediador.
Esto no es un chisme, ni una infamia, ni un acto premeditado para buscar réditos políticos. Colombia puede estar metida y sin que lo sepamos en el más grande escándalo de corrupción de toda su historia. La primera gran vergüenza la vivimos cuando Ernesto Samper le empeñó la dignidad de la República a un cartel del narcotráfico.

La situación no se puede chulear por cuenta de una supuesta carta firmada por Bula cuya autenticidad está en duda y que de ser cierta debe evaluarse si la escribió como consecuencia de algún tipo de constreñimiento por parte del gobierno nacional, o si ésta fue motivada por la amenaza del presidente Santos de extraditarlo a los Estados Unidos.

Como si no se hubiera aprendido la lección, exactamente 20 años después de esa nauseabunda transacción, Juan Manuel Santos, para su reelección de 2014, permitió el ingreso de dineros fruto de la corrupción a las arcas de su campaña.
Y frente a semejante escándalo, el presidente de la República ha guardado un silencio sospechoso que raya en la cobardía. La fuerza de las evidencias deja muy poco espacio para las dudas. Es claro que el delgado por Roberto Prieto para recibir el dinero el señor Andrés Giraldo, está mintiendo.

Ha quedado confirmado que la persona que coordinó la reunión en la que Otto Bula entregó el maletín con el primer medio millón de dólares fue, precisamente, Eleuberto Martorelli quien era el presidente de Odebrecht en Colombia.

Claro. Roberto Prieto, que cree ser un intocable y que la justicia jamás podrá investigar las fechorías que ha cometido desde que Juan Manuel Santos asumió el poder, intenta manipular la situación al decir que una “mafia cordobesa” puede hacerle daño. No. Acá la única afectada ha sido la democracia colombiana que él, Roberto Prieto, le vendió a los corruptos de Odebrecht.

Mientras en el Perú, Brasil y Panamá las investigaciones avanzan sin miramientos ni consideraciones adicionales al esclarecimiento de la verdad, en Colombia se puso en marcha un plan para callar el escándalo, buscando convertir a la gravísima confesión de Otto Bula en un hecho más del anecdotario nacional.

Lo cierto es que la fuerza de los acontecimientos es imparable. La caja de Pandora ya se abrió y esto no tiene reversa. Para desgracia de nuestro país, nos veremos obligados a sortear una profunda crisis que claramente afectará a la plana mayor del santismo. Roberto Prieto no es el único miembro del primer anillo presidencial untado hasta la coronilla.

La investigación debe abarcar todos los rincones por los que pudieron entrar esos dineros e identificar a las personas involucradas. Además de las cuentas maquilladas de la campaña de Juan Manuel Santos, el inofensivo y anacrónico consejo nacional electoral debería ordenar una investigación pormenorizada de la contabilidad de la fundación Buen Gobierno, ente que sirvió como una fachada para hacer campaña a favor de Santos por fuera del calendario electoral. (Sobre el papel de la fundación Buen Gobierno,  puede leer “El Tejemaneje” del 10 de febrero)

Por su parte, la fiscalía está en mora de llamar a entrevista a los receptores del dinero. ¿Cómo entender que la confesión de Otto Bula fue hace más de dos semanas y los investigadores no hayan llamado a los implicados para que den su versión de los hechos?

Dicen los cándidos defensores de oficio de Santos que no hay pruebas de que el dinero haya entrado a las arcas de la campaña. ¿Acaso esperan que surja una consignación bancaria a un giro electrónico? Si Otto Bula, que no tiene nada más que perder, asegura haber entregado ese dinero es porque además de su decir debe tener en su poder elementos probatorios que respalden su versión.

Que los directores de algunos medios que han sido perfectamente sobornados por el gobierno dejen de creer que podrán convertir este monumental escándalo en un hecho jocoso. Se lee en las redes sociales a algunos periodistas tratando de desvirtuar a Otto Bula, al decir que es un criminal. Por supuesto que lo es. Odebrecht no iba a buscar en un monasterio Cartujo a la persona que encargarían la misión de sobornar funcionarios y comprar la campaña de Santos. Necesitaban a un granuja y Otto Bula lo es. Como también lo son todos aquellos que se beneficiaron con los billetes que había en los maletines de cuero que él les entregó a nombre de Odebrecht.


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