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No dejar a nuestros militares y policías abandonados a su suerte

OPINIÓN| Por: Marta Lucía Ramírez| Publicado: febrero 16, 2017



Mientras la amnistía de los guerrilleros ya se tramitó a las carreras por el Congreso, la legislación y condiciones que permitan solucionar la situación jurídica de nuestros militares y policías investigados y de quienes estén condenados por la justicia se encuentran congeladas.

El capítulo de justicia contenido en el acuerdo de La Habana y la celeridad con la que los temas derivados del mismo para favorecer a las Farc hacen tránsito en el Congreso de Colombia...

y las facultades que habilitaron al presidente Santos para legislar sobre un sinnúmero de materias, demuestran que tanto la letra menuda del acuerdo como su desarrollo normativo a punta de afanes y pupitrazos, con la complacencia de la bancada de parlamentarios gobiernistas, están dirigidos a lavar la cara y el prontuario a los integrantes de ese grupo para pavimentarles su entrada a la toma del poder a través de la política, mucho más que a reducir los riesgos de la impunidad por sus responsabilidades en crímenes de lesa humanidad.

El tema se presentó inicialmente al país dentro del eslogan de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, pero el punto de justicia se cerró sin modificación alguna, ni espacio para ajustarlo cuando quienes integramos el NO, con posterioridad al plebiscito, quisimos contribuir a un acuerdo bien hecho, que fortaleciera instituciones y no doblegara al Estado ni a la sociedad frente a los intereses de ese grupo.

Hoy todo está consumado, o casi todo. Sin embargo, aún hay un margen de seguimiento por la sociedad civil, la academia y los empresarios para evitar que a través del fast track se consoliden las asimetrías de la negociación.

Mientras la amnistía de los guerrilleros ya se tramitó a las carreras por el Congreso, la legislación y condiciones que permitan solucionar la situación jurídica de nuestros militares y policías investigados y de quienes estén condenados por la justicia se encuentran congeladas. Si a los guerrilleros no se les va a aplicar ninguna pena de reclusión, lo obvio sería que ya se hubiera tramitado la libertad de los miembros de la fuerza pública que llevan detenidos más de 5 años, tal como les prometieron, para obtener el apoyo de la jerarquía castrense durante la negociación.

Cuántos soldados y policías, oficiales y suboficiales se encuentran detenidos con procesos que han avanzado a paso de tortuga en la justicia ordinaria durante 4 y 5 años, dizque porque la negociación traería la solución integral a su situación. Cuántos condenados sin pruebas suficientes tienen condenas de 40 años cuando los miembros de las Farc no han pasado, ni pasarán un solo día detenidos.

Ante la asimetría que viven nuestros militares frente a la guerrillerada que pronto saldrá a las calles a reclamar sus derechos y a apoyar la protesta social que el acuerdo abre como forma de acción política de las Farc y sus amigos, debemos alzar voces de apoyo para que la fuerza pública no quede abandonada a su suerte en este momento de incertidumbre para la nación.

La fuerza pública está integrada por hombres y mujeres que deben ver con desconcierto cómo más de 6.000 hombres investigados por operaciones para proteger a todos los ciudadanos y evitar acciones de terrorismo, han sido abandonados a su suerte.

Twitter: @mluciaramirez


Este es un espacio de opinión destinado a columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a este fin  y no siempre reflejan la opinión o posición de LA OTRA MITAD DE LAS VERDADES A MEDIAS.

La punta del iceberg

OPINIÓN| Por: Medardo Arias Satizabal| Publicado: febrero 16, 2017 – 00:15 

Es bueno que esté pasando lo de Odebrecht, porque lo que hemos visto hasta hoy es solo la punta del iceberg…
Colombia debe ser reconstruida y un movimiento de transformación moral debe sacudir sus cimientos. Nos acostumbramos a la desidia, al robo, al engaño, a las carreteras que nunca terminan, las mismas en las que se invierten millones de dólares y luengos años.
Lo que viene es comparado a cinco procesos ocho mil juntos, pues Eleuberto Antonio Martorelli, el funcionario de esta compañía brasileña que se declaró Daniel Santos, va a empezar a cantar ahora sí con robateo de bolero, merengue, bachata, conga y Te Deum también, pues los congresistas, alcaldes, concejales, gobernadores, que aparecerán envueltos en esta maraña, quedarán sepultados para siempre bajo la losa de la corrupción.

No es la primera vez, amables lectores, que una ordalía como la Odebrecht ocurre en el Tercer Mundo. De ello pueden estar seguros. Buena parte de la contratación de carreteras, megaobras como la que une a Brasil con el Perú, autorizada por el expresidente Toledo, hoy prófugo de la justicia, ha estado aceitada por los dineros del soborno.

Hasta el momento, se sabe que la firma brasileña repartió 788 millones de dólares en 12 países; toda una aplanadora para ganar a como diera lugar, con lo que Papini llamaba “estiércol del demonio”. El becerro de oro, los dólares por millones, despertaron la codicia, rindieron éticas, códigos morales. La corrupción avanzó pierna arriba de estas repúblicas fáciles, bananeras. El dinero del pueblo terminó así en gruesas cuentas bancarias en Andorra, en Suiza, en Panamá, en Islas Caimán.

En Colombia, particularmente, cada vez son más los nacionales que acuden con desgano a pagar impuestos –cuando los pagan- conscientes como son muchos del destino de la tributación. Estos impuestos no se ven en buenas escuelas públicas, universidades, parques, carreteras. Muchas obras de caminos, vías, se hacen intencionalmente con asfalto de tercera, el mismo que se deteriora al primer aguacero. Vías que están en buen estado, de pronto son picadas con taladro para hacer ahí algo peor; pero es que la contratación no se puede detener.

Cali, por ejemplo, está llena de puentes peatonales que nadie utiliza. ¿Alguien puede preguntar cuánto costaron, por qué se ordenó su construcción en zonas donde son absolutamente inservibles? De hecho, aquí como en Buenaventura, algunos de esos puentes se han caído. Siempre es menester inventar algo nuevo para robar.

Cuando uno ve nuestra pobre república sumida en estos descalabros, piensa que es necesario empezar de cero. Colombia debe ser reconstruida y un movimiento de transformación moral debe sacudir sus cimientos. Nos acostumbramos a la desidia, al robo, al engaño, a las carreteras que nunca terminan, las mismas en las que se invierten millones de dólares y luengos años. ¿Cuánto ha tardado la doble calzada a Buenaventura? ¿Cuántas veces se han robado el dinero del acueducto del puerto?

Como diría el maestro alemán Bertold Brecht, “hay que trastocar todo el Estado”; aquí no se salva nadie. El que no tiene dinga tiene mandinga. Cada vez que surge un líder capaz de revolcar las viejas estructuras, este cae asesinado. Recordemos a Gaitán, a Galán. Todo aquel que ose pisar el terreno de las grandes mafias políticas y económicas de Colombia es convertido en mártir. Quien desee morir por la patria grande que dé un paso adelante.

Decía al inicio de esta columna que es bueno que esté pasando lo de Odebrecht, porque un tocar fondo, una situación extrema de corrupción en todos los ámbitos, es la que puede dar al traste, de verdad, con las viejas castas políticas, y obligar al ciudadano de a pie a tomar partido por la verdad y la justicia.

Bienvenido Odebrecht para que con su fuerza de tifón arrase con todo lo malo y nos deje ver con claridad a esos que señalábamos desde los días de las grandes marchas estudiantiles: “Ahí están, ellos son, los que roban la nación”.

Twitter: @cabomarzo


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Si es víctima… sale a deber


OPINIÓN| Por: Yolanda Ruiz| Publicado: febrero 15, 2017 9:00 pm



En Colombia es ya tradición convertir a las víctimas en culpables de sus tragedias.
Esta vez nos indigna el argumento de un abogado al servicio de la iglesia que atribuye a los padres de unos niños violados parte de la responsabilidad del hecho porque dejaron a los menores ir a ver al cura criminal en un “exceso de confianza”. 

Según el texto citado por El Espectador (que en buena hora destapó el escándalo) el abogado sostiene que los padres “violaron el deber de cuidado, deber de custodia, salvaguarda, vigilancia y protección hacia los hijos”. Según esta tesis el problema no es el violador, el problema es que los niños y los padres confiaron en el sacerdote.

Impacta y aterra, pero en el fondo es la misma explicación usada una y otra vez: la Secretaría de Gobierno de Bogotá argumentó en su momento que Rosa Elvira Cely era responsable de su atroz asesinato por salir de noche con el asesino, así como el señor Andrés Jaramillo atribuyó a una joven víctima y a la minifalda que usaba la responsabilidad por haber sido agredida en su restaurante. De hecho, la defensa más frecuente en los casos de asesinatos y violaciones de mujeres es justamente esa: que fue culpa de la víctima por haber provocado al agresor o por haberse puesto en riesgo. Por eso se habla de la doble victimización y muchas mujeres temen denunciar ante el miedo de ser agredidas de nuevo.

Ya lo decía también la insigne senadora Liliana Rendón cuando el Bolillo Gómez protagonizó un escándalo por golpear a una mujer. Según ella en ese caso “algo pasó, algo lo provocó y las mujeres somos necias… Si mi marido me pega fue porque yo me lo gané”.

La lista es bien larga y toca prácticamente todos los delitos. Para cada uno hay una respuesta que permite poner como por arte de magia la responsabilidad en cabeza de las víctimas porque no fueron prudentes, porque se dejaron y hasta por pecar de tontas o ingenuas.

Si le roban el celular es porque lo usó en la calle, si lo atracan es su culpa por salir de noche, si es víctima de fleteo es porque sale con plata en efectivo, si se le meten al apartamento es que no le puso buenas rejas a las ventanas, si lo secuestran es porque se metió en terreno peligroso como le han reclamado tanto a Ingrid Betancur.

Así, mientras se señala de culpables a las víctimas, los agresores, sean curas pederastas, ladrones, asesinos, hombres violentos o secuestradores, se mueren de la risa y viven tranquilos porque en muchos casos sus delitos terminan sin castigo y siempre encuentran abogados que con argucias puedan argumentar que el otro se lo buscó. No, la culpa no es de las víctimas en ningún caso, la culpa siempre es de los agresores.

Necesitamos un país en donde los niños puedan salir tranquilos a la calle y puedan confiar en los sacerdotes y en todos los adultos porque nuestra obligación con ellos es cuidarlos y no agredirlos. Necesitamos que las mujeres podamos vestir como nos dé la gana y caminar sin sentir una amenaza a cada paso. Necesitamos que el castigo de las leyes y de la sociedad sea para los delincuentes y no para los que sufren por sus agresiones. La seguridad es un derecho. No castiguemos a las víctimas, no se lo hagamos más fácil a los victimarios. Y una pregunta para la iglesia que predica el amor: ¿dónde está la caridad y la compasión con las víctimas? El debate sobre el monto de la reparación es otro y no me detengo ahí. La justicia dirá quién y cómo debe reparar en el caso de los menores violados, pero decir que es responsabilidad de sus padres es absurdo, aunque el argumento tristemente siga la tradición nacional: para muchos, la víctima es culpable hasta que demuestre lo contrario.


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Esto no es un chiste

OPINIÓN| Por: Los Irreverentes| Publicado: febrero 15, 2017 

Algunos insinúan que la confesión de Otto Bula es una anécdota, cuando seguramente estamos frente al mayor escándalo de la historia.

Si los grandes medios aun tuvieran el monopolio de la información como hasta hace algunos años, las gravísimas denuncias de la infiltración de dineros de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos habrían sido perfectamente silenciadas.
Pero el mundo de la información cambió y para bien. Ahora, los ciudadanos tienen acceso a ríos de noticias y participan activamente en el devenir nacional gracias al poder de las redes sociales, hecho que a muchos les incomoda, sobre todo a aquellos que están involucrados en hechos de corrupción.

La ciudadanía tiene el deber de impedir que el tapen-tapen y la campana neumática que muchos –no todos- medios convencionales de comunicación quieren ponerle a la confesión del agente corruptor de Odebrecht, Otto Nicolás Bula Bula que si bien ha dicho no tener pruebas de que Andrés Giraldo entregó el dinero a la campaña del presidente, lo cierto e incontrovertible es que Odebrecht dio esos recursos para favorecer dicha candidatura y no para enriquecer al corrupto mediador.
Esto no es un chisme, ni una infamia, ni un acto premeditado para buscar réditos políticos. Colombia puede estar metida y sin que lo sepamos en el más grande escándalo de corrupción de toda su historia. La primera gran vergüenza la vivimos cuando Ernesto Samper le empeñó la dignidad de la República a un cartel del narcotráfico.

La situación no se puede chulear por cuenta de una supuesta carta firmada por Bula cuya autenticidad está en duda y que de ser cierta debe evaluarse si la escribió como consecuencia de algún tipo de constreñimiento por parte del gobierno nacional, o si ésta fue motivada por la amenaza del presidente Santos de extraditarlo a los Estados Unidos.

Como si no se hubiera aprendido la lección, exactamente 20 años después de esa nauseabunda transacción, Juan Manuel Santos, para su reelección de 2014, permitió el ingreso de dineros fruto de la corrupción a las arcas de su campaña.
Y frente a semejante escándalo, el presidente de la República ha guardado un silencio sospechoso que raya en la cobardía. La fuerza de las evidencias deja muy poco espacio para las dudas. Es claro que el delgado por Roberto Prieto para recibir el dinero el señor Andrés Giraldo, está mintiendo.

Ha quedado confirmado que la persona que coordinó la reunión en la que Otto Bula entregó el maletín con el primer medio millón de dólares fue, precisamente, Eleuberto Martorelli quien era el presidente de Odebrecht en Colombia.

Claro. Roberto Prieto, que cree ser un intocable y que la justicia jamás podrá investigar las fechorías que ha cometido desde que Juan Manuel Santos asumió el poder, intenta manipular la situación al decir que una “mafia cordobesa” puede hacerle daño. No. Acá la única afectada ha sido la democracia colombiana que él, Roberto Prieto, le vendió a los corruptos de Odebrecht.

Mientras en el Perú, Brasil y Panamá las investigaciones avanzan sin miramientos ni consideraciones adicionales al esclarecimiento de la verdad, en Colombia se puso en marcha un plan para callar el escándalo, buscando convertir a la gravísima confesión de Otto Bula en un hecho más del anecdotario nacional.

Lo cierto es que la fuerza de los acontecimientos es imparable. La caja de Pandora ya se abrió y esto no tiene reversa. Para desgracia de nuestro país, nos veremos obligados a sortear una profunda crisis que claramente afectará a la plana mayor del santismo. Roberto Prieto no es el único miembro del primer anillo presidencial untado hasta la coronilla.

La investigación debe abarcar todos los rincones por los que pudieron entrar esos dineros e identificar a las personas involucradas. Además de las cuentas maquilladas de la campaña de Juan Manuel Santos, el inofensivo y anacrónico consejo nacional electoral debería ordenar una investigación pormenorizada de la contabilidad de la fundación Buen Gobierno, ente que sirvió como una fachada para hacer campaña a favor de Santos por fuera del calendario electoral. (Sobre el papel de la fundación Buen Gobierno,  puede leer “El Tejemaneje” del 10 de febrero)

Por su parte, la fiscalía está en mora de llamar a entrevista a los receptores del dinero. ¿Cómo entender que la confesión de Otto Bula fue hace más de dos semanas y los investigadores no hayan llamado a los implicados para que den su versión de los hechos?

Dicen los cándidos defensores de oficio de Santos que no hay pruebas de que el dinero haya entrado a las arcas de la campaña. ¿Acaso esperan que surja una consignación bancaria a un giro electrónico? Si Otto Bula, que no tiene nada más que perder, asegura haber entregado ese dinero es porque además de su decir debe tener en su poder elementos probatorios que respalden su versión.

Que los directores de algunos medios que han sido perfectamente sobornados por el gobierno dejen de creer que podrán convertir este monumental escándalo en un hecho jocoso. Se lee en las redes sociales a algunos periodistas tratando de desvirtuar a Otto Bula, al decir que es un criminal. Por supuesto que lo es. Odebrecht no iba a buscar en un monasterio Cartujo a la persona que encargarían la misión de sobornar funcionarios y comprar la campaña de Santos. Necesitaban a un granuja y Otto Bula lo es. Como también lo son todos aquellos que se beneficiaron con los billetes que había en los maletines de cuero que él les entregó a nombre de Odebrecht.


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EL SAINETE DE LAS VÍCTIMAS

OPINIÓN| Por: RAFAEL NIETO LOAIZA| Publicado: agosto 24, 2014 


Las víctimas de un conflicto armado no tienen que ser civiles. También lo son quienes han dejado de participar en las hostilidades y sufren la violación de sus derechos.
Como se ha probado, el anuncio de un acuerdo en este punto con las Farc fue una mera táctica electoral que, unido al del inicio de conversaciones con el Eln, solo tenía por fin aumentar la sensación de que "la paz" estaba cerca e impulsar la desmirriada candidatura del Presidente.
A la luz del derecho internacional, las víctimas de un conflicto armado no tienen que ser civiles. También lo son quienes han dejado de participar en las hostilidades y sufren la violación de sus derechos. De manera que los militares y policías a quienes les han violado sus derechos y sus familiares también son víctimas. Y así deberían ser tratados tanto por el Gobierno como por quienes están a cargo de escoger los "representantes" para viajar a La Habana.

No creo que, sin embargo, la discusión sea meramente jurídica o académica. No reconocerles su condición de víctimas a militares, policías y sus familias es, para usar una palabra de moda, revictimizarlos. Los pone en condición de inferioridad y menoscaba su derecho de ser tratados igual que las otras víctimas.

Como estoy convencido de que la representación de la ONU en Colombia y la Universidad Nacional lo saben, dos de los tres encargados de escoger a los que van a Cuba, el motivo para marginar a las víctimas de la Fuerza Pública debe ser político. O no se quiere que puedan reivindicar su carácter de víctimas o no se desea incomodar a las Farc o se teme que puedan dañar su estrategia de manipulación en La Habana o las Farc tienen poder de veto. ¿O todas las anteriores?

No es este, sin embargo, el único punto criticable de todo este sainete en que se ha convertido la discusión sobre las víctimas. Veamos algunos otros, sin ánimo de agotarlos todos, por falta de espacio:

a. Como se ha probado, el anuncio de un acuerdo en este punto con las Farc fue una mera táctica electoral que, unido al del inicio de conversaciones con el Eln, solo tenía por fin aumentar la sensación de que "la paz" estaba cerca e impulsar la desmirriada candidatura del Presidente. Un ejemplo más de la manipulación de "la paz" al servicio de la campaña. ¿Cuál será la cuenta de cobro de las Farc a Santos?

b. No es claro, en absoluto, cuál es el propósito de llevar víctimas a Cuba. En cualquier caso es el Estado el que debe dar respuesta institucional a ellas. Además, las Farc han dicho que no son victimarios sino, el descaro no tiene límite, víctimas y que no pedirán perdón. Para rematar, el Gobierno hace silencio absoluto sobre el dinero ilícito de las Farc (es decir, todo su dinero) y de la obligación que tienen de entregarlo para la reparación material de sus víctimas. Como vamos, La Habana va camino de convertirse en el lavadero de la guerrilla.

c. En Cuba solo se debería estar discutiendo sobre las víctimas de las Farc. Nadie controvierte que todas las víctimas requieren ser reconocidas y reparadas. Pero juntarlas todas ahora tiene al menos tres efectos negativos: diluye la responsabilidad de los crímenes de la guerrilla; quita voz y peso al reclamo de sus víctimas (como ha quedado probado en este encuentro); y le da un estatus especial a las Farc, como si fuera igual al Estado, al ponerlas a opinar y decidir sobre las víctimas de los paras y de agentes estatales.

d. Si además el encuentro se hace con las Farc en armas y en su terreno (¿o alguien duda que Cuba lo sea?), el efecto es de amedrentamiento y coacción o, como mínimo, de manipulación de las víctimas por parte de sus victimarios.

e. Las declaraciones de algunas víctimas tras su viaje a La Habana lo prueban. Ya no hay afán de verdad ni de justicia en muchas de ellas. Y a varias parecen bastarles las "explicaciones" individuales que les dieran en esquinas y pasillos los guerrilleros.

Finalmente, no sobra recordar que perdonar es asunto individual y que debe respetarse a quien no quiera hacerlo; que en cualquier caso no podemos olvidar. Si olvidamos repetiremos en el futuro; que el perdón individual que hagan las víctimas no exime de responsabilidad penal a los agraciados; y que así haya perdón, la sociedad colombiana siempre debe recordar que estos fulanos son asesinos en serie, criminales organizados, que no han dudado ni un instante en acudir al terror de manera masiva y sistemática y cometer toda clase de vejámenes contra los civiles y contra quienes han dejado de combatir.

Este es un espacio de opinión destinado a columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a este fin  y no siempre reflejan la opinión o posición de LA OTRA MITAD DE LAS VERDADES A MEDIAS.