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Dic 10 de 1948
Peláez y Gardeazábal agosto 1 de 2018
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El Gobierno de EE.UU.señaló que los medios independientes en Colombia fueron "activos y expresaron un amplio abanico de puntos de vista sin restricciones"

El Gobierno de EE.UU. criticó en su informe anual sobre los derechos humanos las restricciones a las libertades de expresión, reunión y asociación que existen en Venezuela y en Cuba, y también en cierto grado en Colombia.
El departamento de Estado, que entregó el jueves el documento al Congreso de EE.UU., señala que las autoridades cubanas siguen aplicando "severas limitaciones" a la libertad de expresión y de reunión y asociación, mientras que el Gobierno de Venezuela acosó y hostigó "activamente" a los medios de comunicación privados y opositores y a periodistas durante el año pasado.
Washington presentó una larga lista de abusos en Venezuela, que incluye asesinatos, la ejecución sumaria de supuestos delincuentes, secuestros a cambio de rescate, revueltas en las prisiones por las pésimas condiciones carcelarias, detenciones arbitrarias y la corrupción de las fuerzas policiales que operan con impunidad.
Por lo que respecta a Cuba, EE.UU. señala que La Habana continuó, un año más, negando los derechos básicos a sus ciudadanos y siguió cometiendo "numerosos y serios abusos" contra ellos.
En concreto, cita los abusos físicos contra los prisioneros y detenidos, las pésimas condiciones carcelarias y el acoso a los disidentes por agentes del Estado o individuos contratados por éste.
En el caso de Colombia, EE.UU. señaló que los medios independientes fueron "activos y expresaron un amplio abanico de puntos de vista sin restricciones" y todas las radios y las televisiones operaron "libremente".

No obstante, destacó que grupos armados ilegales intimidaron, amenazaron, secuestraron o asesinaron a periodistas, lo que provocó que muchos practicaran la auto censura y 117 recibieran protección.

Washington recordó, además, el espionaje del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el servicio de inteligencia de Colombia, a periodistas, sindicalistas, opositores, activistas y defensores de derechos humanos, tanto físicamente como a través de la interceptación de comunicaciones telefónicas y de correos electrónicos, así como de datos personales y financieras.