¿LA RETÓRICA DE LA PAZ POR ENCIMA DE LA VERDAD?

OPINIÓN | Por: RAFAEL GUARÍN | Publicado: nov.13, 2012 

En la Casa de Nariño pusieron a firmar una columna al exministro de Defensa Gabriel Silva para demostrar que el cambio de la Seguridad Democrática por el diálogo con los terroristas no ha deteriorado la seguridad.

Como exviceministro de defensa de la administración Santos y testigo, en primera fila, de lo ocurrido, debo corregir a Silva.

A muchos políticos les importa más la retórica de la paz que la verdad y la realidad de las víctimas. Prefieren ocultar o minimizar los atentados terroristas de las FARC o el secuestro de niños, antes que unir a la sociedad en su condena.

Le duele demasiado al gobierno que se critique su política frente a la criminalidad. Tal es la preocupación en la Casa de Nariño que pusieron a firmar una columna al exministro de Defensa Gabriel Silva para demostrar que el cambio de la Seguridad Democrática por el diálogo con los terroristas no ha deteriorado la seguridad.

Como exviceministro de defensa de la administración Santos y testigo, en primera fila, de lo ocurrido, debo corregir a Silva.

Si Silva le cree a las estadísticas del propio Ministerio de Defensa no puede decir que se ha “mantenido la cadena de éxitos que se inició con Uribe”. Según Mindefensa, lo que hay es un grave deterioro en seguridad. De 1 de enero a 31 de agosto de 2012, comparado con el mismo periodo de 2011, aumentaron los actos de terrorismo en 61%, la voladura de oleoductos en 457%, los ataques a instalaciones de la fuerza pública en 113%, los hostigamientos en 41%, las embocadas en 47%. En total, según el propio gobierno, en un año aumentaron las acciones de las guerrillas en 45%. Para no hablar del regreso del miedo a los ciudadanos, el aumento de la extorsión o del número de hectáreas de cultivos ilícitos. ¿Quién miente?

Como ministro de Defensa en el cierre del gobierno de Álvaro Uribe, sabe muy bien que la retaguardia estratégica de las FARC y el ELN no está en el Catatumbo sino en Venezuela. En nombre del diálogo el Gobierno admitió que las FARC empleen, con la anuencia y complicidad del gobierno Chávez, el territorio de Venezuela como retaguardia. La novedosa forma de acabar con esta fue aceptarla. ¡Eso es claudicar, dr Silva!

También como exministro le consta que las FARC en el gobierno Uribe, con el liderazgo del general Leonardo Barrero, llegó a estar replegada en las montañas del Cauca y no empeñada en atacar brutalmente a Popayán, los cascos urbanos y la carretera panamericana. Además que se concertó con organizaciones indígenas como la OPIC, mientras no se admitían las vías de hecho y la presión que las FARC pretenden ejercer sobre esos pueblos, ni el abuso y violación de los derechos humanos de nuestros soldados.

Las propias cifras del gobierno son las que desmienten a Silva. Según el expresidente Álvaro Uribe las Bacrim “en los últimos dos años han duplicado el número de integrantes”. Los registros del Ministerio de Defensa señalan que sólo desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de octubre de 2012 han sido “neutralizados” 7535 miembros de bacrim, a los cuales hay que adicionarles los que corresponden al primer semestre del actual gobierno y 4170 que hoy las conforman. Eso datos demuestran que se pasó de 3831 integrantes de esas bandas a 30 de junio de 2010 a cerca de 13.000 individuos que han estado en sus filas durante estos dos últimos años. ¡Uribe se quedó corto en el cálculo! ¡No se duplicaron, se triplicaron!

Lo que no dice Silva es que la decisión del presidente Santos de adelantar diálogos con las FARC amarró a las FFMM y a la Policía en el combate a las Bacrim. El propio presidente siendo ministro expidió una directiva que permitía bombardear a los Rastrojos o los Urabeños, pero, a partir de febrero de 2011, muy a pesar de nuestras advertencias, se prohibió esa posibilidad argumentando que utilizar la fuerza en el marco del derecho internacional humanitario elevaría a esos grupos a la condición de “partes del conflicto”, similar condición a las de las FARC. Masacres como las de Santa Rosa de Osos son posibles gracias a que las estructuras de Bacrim que delinquen en zonas rurales y selváticas, donde solo ese tipo de operaciones garantizan efectividad, saben que están blindadas.

En nombre de la paz también el gobierno retiró la reforma al fuero penal militar ante presiones de ONG, mientras se la jugó toda para dar impunidad a las FARC con el Marco Jurídico para la Paz. Ahora impulsa un nuevo proyecto que resultará inane, tal y como está, frente a los problemas de seguridad jurídica de los militares. No es cierto que el Acuerdo con la Fiscalía debilitara el fuero. Eliminarlo no resuelve nada porque la policía judicial depende directamente del Fiscal, no de la justicia penal militar. No han podido entenderlo.

Es cierto que hubo disposición de contacto en el gobierno de Álvaro Uribe con las FARC para buscar su sometimiento a la justicia, no para negociar la agenda de Colombia. Disposición, pero sin reformar la constitución para dar impunidad a los crímenes atroces, nunca validando la violencia y, menos, sin que existiera la decisión de abandonarla y deponer las armas.

En cambio, el gobierno consiguió que el Congreso reformara la Constitución para garantizar a perpetradores de crímenes de lesa humanidad y de guerra la “renuncia a la persecución penal” en aquellos casos que no sean seleccionados para ser objeto de investigación judicial, que serán la mayoría, conforme a la exposición de motivos del acto legislativo.

Esa amnistía disfrazada, más la posibilidad que autores de crímenes de lesa humanidad no condenados y de guerra, aún condenados, puedan ser elegidos al Congreso y a la Presidencia de la República, significa que el gobierno legitimó la violencia como medio de acción política en una democracia.

La diferencia que no quiere ver entre ese Marco Jurídico para la Paz y la Ley de Justicia y Paz es que con esta se busca que se judicialicen efectivamente los crímenes, mientras con el Marco se reformó la Constitución para renunciar a la persecución penal. ¿Y si son lo mismo, dr Silva, por qué el gobierno no admite que se aplique a las FARC y al ELN esa ley, que no era solamente para los paramilitares?

Al igual que la opinión pública, Silva no sabe, que para no enviar señales inconvenientes a las FARC la propia Presidencia de la República ordenó hundir el delito de pertenencia a organización de crimen transnacional, que logramos aprobar en el Senado dentro del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana y que tenía asegurada la mayoría en la Cámara. Tipo penal que establecía penas entre 16 y 25 años con el fin de desarticular la farcpolítica y las milicias.

Tampoco se sabe que la Presidencia vetó la presentación por parte del Ministerio de Defensa al Congreso de una iniciativa que endurecía las penas para los crímenes de práctica cotidiana y permanente de las guerrillas, como el reclutamiento de niños, al igual que de otra que buscaba resolver problemas jurídicos que afectan la desmovilización, para evitar su reducción.

Si hubo un problema, que comenzó a solucionarse hasta 2010, fue la ineptitud en responder la adaptación de FARC a la estrategia militar y policial. Esa, ante todo, era responsabilidad de los ministros Santos y Silva, que nos correspondió comenzar a corregir. Lástima que lo que se hizo en el plano militar, la Presidencia lo afectara al desmontar una política de firmeza para apostar por una de debilidad.

Dr Silva, no le tocará aceptar que hay dos Uribes, en cambio, a nosotros sí nos tocó aceptar que hay dos Santos. Uno que engaño para elegirse en hombros de la Seguridad Democrática y otro que la repudió para dialogar con las FARC, a costa de la seguridad de los ciudadanos.

Fuente: SEMANA.COM  – Bogotá- Colombia 

Twitter: @RafaGuarin

Este es un espacio de opinión destinado a columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a este fin  y no reflejan la opinión o posición de LA OTRA MITAD DE LAS VERDADES A MEDIAS.

Leer Más

No prevalecerán

18 de mayo de 2012 |La Claridad| Por: PALOMA VALENCIA LASERNA

Son días trágicos para quienes creemos que el país puede tener otro destino, para quienes vislumbramos una Colombia donde el Estado esté del lado de los colombianos que acatan la ley.

Voté por Santos con esa convicción, muchos lo hicimos. Sin embargo, Santos desconoció el mandato de quienes lo elegimos.

Es un dolor indefinido. No podría ubicarlo en un lugar preciso, pero cruje cuando me entra el aire. Se parece a la frustración, a la rabia, a la impotencia, pero es mucho más triste. Lo reconozco, porque lo he sentido muchas veces, y eso me llena de angustia. Vienen a mi memoria todas las misas a las que asistí para pedir por los padres secuestrados de mis amigas, niñas de colegio. Recuerdo mis amigos que crecieron sin papá, los amigos que encontraron muertos con tiros en la cabeza y de sus papas llorándolos en los entierros. Me acuerdo del día en que vi volver a mi tío, que ha sido como otro papá, bañado en la sangre de los escoltas que lo acompañaban en el carro. Y a las familias de esos escoltas, de sus ojos, mirando un poco más allá de lo que existe. Mi tío me abrazó y no dijo nada. Yo nunca lo había visto llorar. Tenía los ojos perdidos, y puedo reconocerlo, pues ya lo he visto muchas veces, este mismo dolor que se ha vuelto como un sello que distingue a los colombianos tocados por la violencia.

El atentando al doctor Fernando Londoño me devolvió a esos tiempos. Los creía superados, tuve el sueño durante los años del gobierno del presidente Uribe de que los colombianos no volveríamos a estar solos, que el Estado se había comprometido para siempre a protegernos y estar a nuestro lado. Voté por Santos con esa convicción, muchos lo hicimos. Sin embargo, Santos desconoció el mandato de quienes lo elegimos. Abandonó los principios de seguridad y ahora modifica la Constitución para consagrar la impunidad para los violentos. No queda mucho más que decir.

Son días trágicos para quienes creemos que el país puede tener otro destino, para quienes vislumbramos una Colombia donde el Estado esté del lado de los colombianos que acatan la ley. No creo en las concesiones para los violentos, porque no creo que nos acerquen a la paz. Con cada negociación surgen otros grupos, con cada gramo de coca que exportamos se compran nuevas armas para asesinar más colombianos. La paz se construye con incentivos para quienes pueden vivir en la sociedad. La paz se construye tendiéndoles la mano a los campesinos, a los trabajadores, a los ciudadanos que todos los días, a pesar de las circunstancias, de las dificultades insisten y persisten en vivir dentro del marco social. Son ellos y no los otros quienes merecen la generosidad social.

El doctor Londoño no es de extrema derecha; sólo son extremistas quienes empuñan las armas para matar a quienes no piensan como ellos, a quienes son obstáculos en sus planes. El doctor Londoño es un hombre que ama su país, que se dedica a la crítica política con el ánimo de construir en el debate. Un hombre culto y valiente que, a pesar de conocer la intolerancia del país donde el solo uso de la palabra es causal para que los violentos te condenen a muerte, nunca deja de expresar todo cuanto piensa, con la convicción insuperable de que Colombia puede tener un mejor destino. Lo admiro, lo aprecio y me siento honrada de compartir los micrófonos con él. Es una demostración férrea de convicción, un faro siempre vigilante y una voz que sólo teme a Dios.

Qué su ejemplo nos inspire: colombianos, que el terror no nos silencie, que la violencia no nos venza. Somos un pueblo libre y no vamos a capitular por el miedo. Levantemos nuestras voces, para que sean voces infinitas, para que las oigan los terroristas en sus escondites: el terror no prevalecerá.

Twitter: @PalomaValenciaL

FUENTE: EL PAÍS – Cali- Colombia

Publicado: Mayo 19, 2012

Leer Más

Fuero Militar

15 de noviembre de 2011 | COLUMNA | Por: Álvaro Uribe Vélez*

Cuando nuestro Gobierno empezó a tener éxito frente a los grupos terroristas, varias ONG arreciaron su guerra política y jurídica

En buena hora el Congreso ha iniciado la aprobación de la norma que presume que la Jurisdicción Penal Militar debe ser la primera en conocer sobre hechos que correspondan a los soldados de la Patria.

Cuando nuestro Gobierno empezó a tener éxito frente a los grupos terroristas, varias ONG arreciaron su guerra política y jurídica y denunciaban cada baja como el asesinato de un campesino cuyo cadáver había sido vestido de guerrillero por los militares.

El entonces Ministro Camilo Ospina me propuso, y acepté, que para evitar falsas acusaciones, cada vez que se diera una baja, el reconocimiento correspondía a la justicia ordinaria, CTI de la Fiscalía.

El mecanismo ha demostrado fallas operacionales, como falta de presencia oportuna del CTI y erróneas interpretaciones que conducen a acusaciones infundadas.

El Ejército estima que de cada operativo surge un prontuario judicial, todo lo cual ha causado temor y desmotivación operativa.

En conversación con la Corte Interamericana, en Costa Rica, llegué a pensar que, dado el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas, bastaba con la Jurisdicción Ordinaria.

Pero cuán equivocado estaba: subsisten factores ideológicos en algunos sectores de la justicia sesgados en contra de nuestros soldados o indiferentes frente a la necesidad de consolidar la seguridad, además, las labores del soldado requieren del juzgador un conocimiento profundo de su naturaleza y no solo del marco legal.

Errores y preocupaciones en sentencias como la condena de los militares que dirigieron la recuperación del Palacio de Justicia, de los jóvenes de la Fuerza Aérea que bombardearon a las Farc en Santo Domingo y del General Jaime Humberto Uzcátegui por la masacre paramilitar de Mapiripán, dan argumentos para fortalecer el Fuero Militar.

Por supuesto, se requiere gran solvencia académica y moral de los fiscales militares, que estén al nivel de los sobresalientes de la jurisdicción ordinaria.

Entonces que sean los fiscales militares quienes estimen cuándo un caso por ser violatorio de derechos humanos, por constituir delito por fuera del servicio, por tipificar homicidio fuera de combate, etc., debe pasar a conocimiento de la Fiscalía General.

Está pendiente el fuero policivo.

* @AlvaroUribeVel - ExPresidente de la República. Columna especial para EL COLOMBIANO.

EL COLOMBIANO – Medellín - Colombia

Leer Más