COLUMNA| Por: EDUARDO MACKENZIE | Publicado: marzo. 19, 2013
Lo que preconiza ese documento es completamente demencial. Requiere, en primer lugar, la “reducción de las Fuerzas Militares una vez termine el conflicto”, reclama “el deslinde de la Policía del Ministerio de Defensa” y exige la apertura de los “archivos de inteligencia y del Ejército”.
La movida en torno
de ese texto es obviamente un ejercicio de ventriloquia. El Movice utiliza esa
técnica para lanzar sus propuestas pero que deben aparecer ante los
medios y las gentes crédulas como si hubieran emanado de la “sociedad civil”.
Hace tres días, durante una
reunión en Bogotá con industriales y empresarios del país, el presidente Juan
Manuel Santos soltó una perla asombrosa: que el “proceso de paz” con las Farc
avanzaba “muy positivamente” y que la cosa iba tan bien que “se han
suscrito algunos acuerdos” con esa gente en La Habana.
Lamentablemente, como siempre,
Santos omitió toda precisión o ampliación acerca de los supuestos
“acuerdos suscritos” con las Farc y dejó a todo el mundo en ascuas tras
lanzar esa escueta y enigmática frase.
Los voceros del terrorismo no
confirmaron la noticia y rehicieron su juego de decir todo lo contrario, como
hacen desde el comienzo de los contactos en Cuba. Pues cuando alias Iván
Márquez dice algo, alias Andrés París lo corrige, o lo soslaya, con el objetivo
evidente de mantener la tensión y las expectativas pero sin que la opinión
pública pueda orientarse realmente acerca de lo que esas “partes” le están
preparando al país, ante el ojo vigilante de los servicios secretos cubanos. Lo
único que sabe Colombia es que los negociadores, tras seis o siete reuniones en
Cuba, no ha terminado siquiera de abordar el tema de la tierra, el primer punto
de la agenda.
Sin embargo, queda una remota
posibilidad de conocer los arcanos de las Farc, es decir los puntos que ellas
esperan sacar adelante al final de las “negociaciones” en La Habana, o que
podrían estar ya pactados y firmados si le damos crédito a lo dicho por JM
Santos. Esa posibilidad es leer lo que las Farc están deslizando en documentos
que por debajo de la mesa, y violando los acuerdos sobre la “privacidad” de
esos diálogos, están poniendo a circular entre la gente de su periferia
política.
A comienzos de marzo de 2013,
Alfredo Molano Jimeno escribió en un matutino bogotano que el autodenominado
“Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)”, dirigido por el
representante comunista Iván Cepeda Castro y por el sacerdote jesuita
Javier Giraldo, estaba difundiendo un texto intitulado “Propuestas
mínimas sobre la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
Cepeda y Giraldo pretenden,
según Molano, entregar ese texto a las “partes negociadoras en La Habana” y
confían que los embajadores de los “países garantes del proceso de paz”
—Noruega y Cuba— y un organismo (no mencionado) de Naciones Unidas
ofrecerán su “respaldo” a ese plan. Si el resumen que hace Molano es exacto, el
texto del Movice contiene los puntos principales que el presidente Santos
debería firmar “a la hora de materializar los acuerdos de paz”.
La movida en torno de ese texto es
obviamente un ejercicio de ventriloquia. El Movice utiliza esa técnica para
lanzar sus propuestas pero que deben aparecer ante los medios y las
gentes crédulas como si hubieran emanado de la “sociedad civil”.
Lo que preconiza ese documento
es completamente demencial. Requiere, en primer lugar, la “reducción de las
Fuerzas Militares una vez termine el conflicto”, reclama “el deslinde de la
Policía del Ministerio de Defensa” y exige la apertura de los “archivos de
inteligencia y del Ejército”. Este último punto parece esencial para ellos pues
el texto insiste en que será necesario abrir “la totalidad de los documentos
reservados del Estado, en especial aquellos de inteligencia”. El documento
subraya que Colombia, para firmar la paz con las Farc, tendrá que renunciar a
toda “doctrina de seguridad del Estado”.
Llama la atención el silencio
que guardan ante semejantes propuestas la presidencia de la República, el
Parlamento, el ministerio de Defensa, la Procuraduría, la Fiscalía y la gran
prensa. ¿Ese silencio indica que sobre esos puntos ya hay consenso en La
Habana, o que están dentro de los firmados por el presidente colombiano?
El Movice exige, por otra parte,
revisar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y, lo que es más curioso,
“depurar” las tres ramas del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial),
para “excluir a aquellos funcionarios que hayan participado o permitido
crímenes (sic) contra civiles o impunidad en las investigaciones por éstos”. Es
decir, que el nuevo poder que saldría del pacto “de paz”, en lugar de sacar del
aparato estatal los elementos corruptos e infiltrados del PC3 que sabotean la
democracia y la economía liberal, deberá echar a la calle y a las cárceles a
los empleados públicos honestos, a los parlamentarios y a los magistrados
que se oponen al proyecto totalitario que se perfila detrás de semejante
“acuerdo de paz”.
Esas personas, desde el más alto
personaje del Estado, hasta el más humilde empleado público, podrán ser
destituidas y echadas a la cárcel, durante meses y años, mediante
acusaciones fabricadas y sin fundamento, si se apruebas esos temas
alucinantes, gracias a la labor de los agentes de las Farc dentro del aparato
judicial.
Leal a su visión apocalíptica
del país, el Movice pide mucho más: retirar el Ejército y la Policía del
territorio nacional, bajo el pretexto de “desmilitarizar aquellas
regiones que sufrieron la violencia cometida por miembros de la Fuerza
Pública”.
Eso quiere decir una cosa:
abolir las fuerzas militares de Colombia pues, según el Movice, la acción de la
fuerza pública es sinónimo de violación de los derechos humanos y de
“violencia”. El buen padre Giraldo y el representante Iván Cepeda, quieren
que no haya un palmo de tierra donde las fuerzas armadas puedan
existir. Una vez lograda esa desmilitarización total, el Estado que
sobreviva a ese cataclismo deberá someterse a un acto adicional de auto
flagelación público. En la jerigonza del Movice ello es formulado así:
hacer un “reconocimiento público de las graves violaciones a los derechos
humanos en que —por acción u omisión— se vieron involucrados funcionarios o
entidades del Estado.”
El Movice propone al final, a
manera de anzuelo, la creación de una “comisión de la verdad” que “podría
suministrar información que contribuya a aclarar casos que han quedado en la
impunidad” y que ayude a “conocer el paradero de aquellas personas víctimas de
desaparición forzada.” ¿Por qué el Movice no exige a las Farc dar desde
ya esas informaciones susceptibles de rescatar las personas desaparecidas y hallar
los cadáveres de sus otras víctimas?
Ante esa negativa, el Movice
deja ver que la “comisión de la verdad” que él propone no sería sino una burla,
una comisión de la mentira, destinada a seguir ocultando los crímenes y
atrocidades cometidos por las Farc y por los otros aparatos criminales del
narco-comunismo y de las Bacrim.
París, marzo 18 de 2013.
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