22 de junio
de 2012 |OPINIÓN| Por: NICOLÁS URIBE RUEDA
El país lamentará por muchos años la incapacidad institucional de los tres poderes públicos para ponerse de acuerdo y sacar adelante una modificación constitucional que signifique una mejora sustancial en la vida de los ciudadanos.
No hace sino
aumentar el escándalo por la aprobación de la reciente reforma a la justicia.
Lo que inició como una discusión necesaria para descongestionar despachos
judiciales y corregir profundas fracturas institucionales que rompían el
equilibrio entre los poderes públicos, terminó siendo un esperpento en edición
de lujo. No sólo se incorporaron de manera ilegal toda clase de temas en las
conciliaciones, sino que además, hay que reconocerlo, los asuntos que ya venían
aprobados en los debates anteriores tampoco establecían soluciones de fondo
para la compleja situación en la que se encuentra la justicia. Por ello, nada
pierde el país con que toda la reforma se hunda, y se entierre de una vez por
todas una modificación constitucional que cargaría con el lastre de la
ilegitimidad propia de haber sido votada a la carrera, sin que hubiese sido
analizada por los protagonistas que la sacaron adelante.
A pesar de lo anterior,
lo más grave de todo este incidente no es el debate puntual sobre la suerte de
la reforma y los responsables del desastre. Por supuesto que esperamos
identificar a los autores de los micos y entender cómo es posible que el
Gobierno impulsara la votación de un proyecto sobre el cual había perdido el
control, sin comprender los riesgos a los que se enfrentaba. Debe haber
responsabilidad política.
Pero lo más
preocupante son las consecuencias institucionales del fracaso. En primer lugar,
el Congreso profundiza las causas de su desprestigio. No es fácil recordar un
episodio reciente, tan deplorable como el que hemos presenciado. Los temas
incorporados y la vulgaridad en el procedimiento utilizado para garantizar su
aprobación no tienen precedentes. Las consecuencias de lo sucedido no
terminarán con la sepultura de la reforma a la justicia, sino que se extenderán
hasta el 2014, fecha en la cual termina el período constitucional de este
Congreso. ¿Se imaginan ustedes lo que podrá suceder en el trámite de la reforma
tributaria que el Gobierno ha anunciado que presentará en la próxima
legislatura?
En segundo lugar, se
ha perdido la oportunidad histórica de hacer una verdadera reforma a la
justicia. El país lamentará por muchos años la incapacidad institucional de los
tres poderes públicos para ponerse de acuerdo y sacar adelante una modificación
constitucional que signifique una mejora sustancial en la vida de los
ciudadanos. No habrá fácilmente, como los hubo hasta ahora, un escenario y un
ambiente más propicios para impulsar un asunto de semejante envergadura.
Seguramente de forma lenta pero firme, tomará fuerza la idea de una asamblea
constituyente con programa previo, para abordar exclusivamente este tema que,
parece ser un hecho, no es posible tramitar en el Congreso.
En tercer lugar, es
probable que se complique la gobernabilidad del presidente en el Congreso.
Ahora, con elecciones a la vista, todos quieren complacer a la opinión y hay
temas en la agenda legislativa que no propiamente son de agrado ciudadano.
Con lo que pasó,
perdimos todos, pues no es claro cómo y por dónde podremos ahora enmendar los
problemas que tiene la justicia.
Publicado: Junio 23, 2012
.png "English"){kind=small}
