OPINIÓN | Por: RAFAEL GUARÍN | Publicado: nov.13,
2012
En la Casa de Nariño pusieron a firmar una
columna al exministro de Defensa Gabriel Silva para demostrar que el cambio de
la Seguridad Democrática por el diálogo con los terroristas no ha deteriorado
la seguridad.
Como exviceministro de defensa de la administración Santos y
testigo, en primera fila, de lo ocurrido, debo corregir a Silva.
A muchos políticos les importa más la retórica de la paz que la
verdad y la realidad de las víctimas. Prefieren ocultar o minimizar los
atentados terroristas de las FARC o el secuestro de niños, antes que unir a la
sociedad en su condena.
Le duele demasiado al gobierno que se critique su política frente a la
criminalidad. Tal es la preocupación en la Casa de Nariño que pusieron a firmar
una columna al exministro de Defensa Gabriel Silva para demostrar que el cambio
de la Seguridad Democrática por el diálogo con los terroristas no ha
deteriorado la seguridad.
Como exviceministro de defensa de la administración Santos y testigo, en primera
fila, de lo ocurrido, debo corregir a Silva.
Si Silva le cree a las estadísticas del propio Ministerio de Defensa no puede
decir que se ha “mantenido la cadena de éxitos que se inició con Uribe”. Según
Mindefensa, lo que hay es un grave deterioro en seguridad. De 1 de enero a 31
de agosto de 2012, comparado con el mismo periodo de 2011, aumentaron los actos
de terrorismo en 61%, la voladura de oleoductos en 457%, los ataques a
instalaciones de la fuerza pública en 113%, los hostigamientos en 41%, las
embocadas en 47%. En total, según el propio gobierno, en un año aumentaron las
acciones de las guerrillas en 45%. Para no hablar del regreso del miedo a los
ciudadanos, el aumento de la extorsión o del número de hectáreas de cultivos
ilícitos. ¿Quién miente?
Como ministro de Defensa en el cierre del gobierno de Álvaro Uribe, sabe muy
bien que la retaguardia estratégica de las FARC y el ELN no está en el
Catatumbo sino en Venezuela. En nombre del diálogo el Gobierno admitió que las
FARC empleen, con la anuencia y complicidad del gobierno Chávez, el territorio
de Venezuela como retaguardia. La novedosa forma de acabar con esta fue
aceptarla. ¡Eso es claudicar, dr Silva!
También como exministro le consta que las FARC en el gobierno Uribe, con el
liderazgo del general Leonardo Barrero, llegó a estar replegada en las montañas
del Cauca y no empeñada en atacar brutalmente a Popayán, los cascos urbanos y
la carretera panamericana. Además que se concertó con organizaciones indígenas
como la OPIC, mientras no se admitían las vías de hecho y la presión que las
FARC pretenden ejercer sobre esos pueblos, ni el abuso y violación de los
derechos humanos de nuestros soldados.
Las propias cifras del gobierno son las que desmienten a Silva. Según el
expresidente Álvaro Uribe las Bacrim “en los últimos dos años han duplicado el
número de integrantes”. Los registros del Ministerio de Defensa señalan que
sólo desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de octubre de 2012 han sido
“neutralizados” 7535 miembros de bacrim, a los cuales hay que adicionarles los
que corresponden al primer semestre del actual gobierno y 4170 que hoy las
conforman. Eso datos demuestran que se pasó de 3831 integrantes de esas bandas
a 30 de junio de 2010 a cerca de 13.000 individuos que han estado en sus filas
durante estos dos últimos años. ¡Uribe se quedó corto en el cálculo! ¡No se
duplicaron, se triplicaron!
Lo que no dice Silva es que la decisión del presidente Santos de adelantar
diálogos con las FARC amarró a las FFMM y a la Policía en el combate a las
Bacrim. El propio presidente siendo ministro expidió una directiva que permitía
bombardear a los Rastrojos o los Urabeños, pero, a partir de febrero de 2011,
muy a pesar de nuestras advertencias, se prohibió esa posibilidad argumentando
que utilizar la fuerza en el marco del derecho internacional humanitario
elevaría a esos grupos a la condición de “partes del conflicto”, similar
condición a las de las FARC. Masacres como las de Santa Rosa de Osos son
posibles gracias a que las estructuras de Bacrim que delinquen en zonas rurales
y selváticas, donde solo ese tipo de operaciones garantizan efectividad, saben
que están blindadas.
En nombre de la paz también el gobierno retiró la reforma al fuero penal
militar ante presiones de ONG, mientras se la jugó toda para dar impunidad a
las FARC con el Marco Jurídico para la Paz. Ahora impulsa un nuevo proyecto que
resultará inane, tal y como está, frente a los problemas de seguridad jurídica
de los militares. No es cierto que el Acuerdo con la Fiscalía debilitara el
fuero. Eliminarlo no resuelve nada porque la policía judicial depende
directamente del Fiscal, no de la justicia penal militar. No han podido
entenderlo.
Es cierto que hubo disposición de contacto en el gobierno de Álvaro Uribe con
las FARC para buscar su sometimiento a la justicia, no para negociar la agenda
de Colombia. Disposición, pero sin reformar la constitución para dar impunidad
a los crímenes atroces, nunca validando la violencia y, menos, sin que
existiera la decisión de abandonarla y deponer las armas.
En cambio, el gobierno consiguió que el Congreso reformara la Constitución para
garantizar a perpetradores de crímenes de lesa humanidad y de guerra la
“renuncia a la persecución penal” en aquellos casos que no sean seleccionados
para ser objeto de investigación judicial, que serán la mayoría, conforme a la
exposición de motivos del acto legislativo.
Esa amnistía disfrazada, más la posibilidad que autores de crímenes de lesa
humanidad no condenados y de guerra, aún condenados, puedan ser elegidos al
Congreso y a la Presidencia de la República, significa que el gobierno legitimó
la violencia como medio de acción política en una democracia.
La diferencia que no quiere ver entre ese Marco Jurídico para la Paz y la Ley
de Justicia y Paz es que con esta se busca que se judicialicen efectivamente
los crímenes, mientras con el Marco se reformó la Constitución para renunciar a
la persecución penal. ¿Y si son lo mismo, dr Silva, por qué el gobierno no
admite que se aplique a las FARC y al ELN esa ley, que no era solamente para
los paramilitares?
Al igual que la opinión pública, Silva no sabe, que para no enviar señales
inconvenientes a las FARC la propia Presidencia de la República ordenó hundir
el delito de pertenencia a organización de crimen transnacional, que logramos
aprobar en el Senado dentro del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana y que
tenía asegurada la mayoría en la Cámara. Tipo penal que establecía penas entre
16 y 25 años con el fin de desarticular la farcpolítica y las milicias.
Tampoco se sabe que la Presidencia vetó la presentación por parte del
Ministerio de Defensa al Congreso de una iniciativa que endurecía las penas
para los crímenes de práctica cotidiana y permanente de las guerrillas, como el
reclutamiento de niños, al igual que de otra que buscaba resolver problemas
jurídicos que afectan la desmovilización, para evitar su reducción.
Si hubo un problema, que comenzó a solucionarse hasta 2010, fue la ineptitud en
responder la adaptación de FARC a la estrategia militar y policial. Esa, ante
todo, era responsabilidad de los ministros Santos y Silva, que nos correspondió
comenzar a corregir. Lástima que lo que se hizo en el plano militar, la
Presidencia lo afectara al desmontar una política de firmeza para apostar por
una de debilidad.
Dr Silva, no le tocará aceptar que hay dos Uribes, en cambio, a nosotros sí nos
tocó aceptar que hay dos Santos. Uno que engaño para elegirse en hombros de la
Seguridad Democrática y otro que la repudió para dialogar con las FARC, a costa
de la seguridad de los ciudadanos.
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los espacios destinados a este fin y no reflejan la opinión o posición de
LA OTRA MITAD DE LAS VERDADES A MEDIAS.
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