OPINIÓN| Por: EDUARDO
MACKENZIE| Publicado: abril.11, 2013
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| ¿Esta es la nueva UNIDAD NACIONAL del presidente Santos? |
La marcha de Bogotá del 9 de abril no fue tan grande, como el presidente Santos y los otros organizadores lo esperaban. Las de las otras ciudades fueron inexistentes, en algunas ciudades, o esqueléticas, en otras.
El fracaso de las
manifestaciones “de paz” de ayer es un triunfo de la oposición, sobre todo del
campo uribista, que supo explicar lo que estaba en juego.
A Juan Manuel Santos no le sonó la flauta. Hay
un desfase evidente entre la manifestación de ayer “por la paz” en Bogotá y las
“marchas” en las otras ciudades. La de Bogotá fue grande, sin duda, aunque no
mucho, ni como el presidente Santos y los otros organizadores lo esperaban. Las
de las otras ciudades fueron inexistentes, en algunas ciudades, o esqueléticas,
en otras (1).
La marcha de
Bogotá llenó a duras penas la Plaza de Bolívar (2). Se puede decir que fue un caudal rutinario, habitual. Como las
manifestaciones convocadas en años recientes por la izquierda y los sindicatos
controlados, en los 1 de mayo, por ejemplo, o al final de los procesos
electorales.
Esta vez había
un elemento nuevo, muy particular, que debía pesar mucho sobre la opinión
pública: el llamado del jefe del ejecutivo, y de funcionarios como el
Fiscal General (3), a salir a
manifestar. Lo mismo hicieron el polémico alcalde de Bogotá, Gustavo
Petro, un cardenal politiquero, Rubén Salazar Gómez, y los jefes de
las Farc. Nunca se había visto en Colombia un ramillete de convocantes tan
heterogéneo. Sin embargo, no hubo avalancha. Y hubo otra cosa rarísima: Santos
ordenó que una parte de la fuerza pública fuera utilizada como masa de maniobra
de la manifestación en Bogotá. Eso no se había visto en Colombia hacía décadas.
Ni siquiera la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla se atrevió a cometer
semejante abuso.
El uso de la
fuerza pública en una manifestación política sí es un rasgo de la tiranía de
Hugo Chávez. Ese elemento es central, en mi opinión, al momento de hacer el
análisis de lo que ocurrió ayer en Colombia. Ese hecho afectará sin duda la
trayectoria política de JM Santos y afectará la credibilidad de la presidencia
de la República. Compromete sin duda su afán reeleccionista. Lo hecho por el
jefe del ejecutivo en ese sentido es inusitado y ominoso. Esa decisión podría
cambiar la definición que hasta ahora los colombianos tenían del actual
gobierno. Lo de ayer confirma que hay cambios en la configuración de las
fuerzas políticas sobre las que descansa el gobierno de Juan Manuel Santos.
Éste fue
elegido gracias a un programa de restauración de la autoridad del Estado que
las mayorías respaldaban. Una vez elegido, JM Santos traicionó esa agenda y se
rodeó de las fuerzas minoritarias que habían perdido las elecciones. El acto de
ayer fue un paso más en esa errática y antidemocrática dirección.
La pregunta es:
¿Lo de ayer confirmó el hecho de que los grupúsculos que le hacen el juego a
las Farc, la Marcha Patriótica y el PCC, entre otros, y las mismas
Farc, hacen parte de la unidad nacional de Santos? Me parece que las
cosas van en esa dirección. Lo de ayer habría sido como la confirmación
pública, y en los hechos, de un protocolo secreto. Eso es nuevo y muy grave.
¿Qué consecuencias tiene ese destape de Santos hacia esas formaciones
extremistas? ¿Qué responderán ante eso el partido conservador y las facciones
liberales y verdes? ¿Qué puede anunciar eso a corto y mediano plazo sobre el
ejercicio del poder?
Otra pregunta:
¿No violó el presidente Santos la ley y la Constitución al hacer una
utilización política de la fuerza pública? El artículo 219 de la Constitución
nacional dice: “La fuerza pública no es deliberante”. ¿Esa norma no fue violada
ayer? “¿Cuál es la sinceridad de un Gobierno que llama a una formación militar
para participar en un desfile de civiles, con el pretexto que es un homenaje a
las víctimas? Quien ha sido indulgente, quien ha dado impunidad a los
victimarios, no tiene autoridad moral para convocar a un homenaje a las
víctimas”, declaró el ex presidente Álvaro Uribe en la radio. “Qué tristeza que
5000 uniformados del Ejército tengan que cumplir una orden presidencial de
estar en marcha para apoyar las Farc”, subrayó el precandidato presidencial,
Oscar Iván Zuluaga.
A pesar de la
masiva propaganda oficial santista y de los aparatos
farianos, los organizadores de la marcha en Bogotá no
movilizaron tantas personas como querían. Eso es evidente. En eso ellos
fracasaron. Ellos querían hacer algo idéntico o superior a las históricas
manifestaciones contra las Farc del 4 de febrero de 2008 (entre 12 y
14 millones de colombianos salieron a las calles en 45 ciudades colombianas y
en 125 ciudades del extranjero). Sin embargo, ayer el país le dio la espalda a
ese escenario. Los colombianos ayer no salieron en masa a las calles, no le
dijeron sí a Santos. No le firmaron el cheque en blanco que les había pedido.
Y, sobre todo, rechazaron la hipócrita invitación de las Farc. El pueblo
colombiano mostró así, ayer, con ese magnífico gesto, cuán inteligente puede
ser en medio de una crisis y cuán lúcido se muestra ante los
espejismos que las Farc están improvisando a las carreras para engañarlo una
vez más.
El fracaso de
las manifestaciones “de paz” de ayer es un triunfo de la oposición, sobre todo
del campo uribista, que supo explicar lo que estaba en juego.
¿La
manifestación de Bogotá fue construida con recursos financieros y materiales de
las Farc? Según el secretario de Gobierno de Bogotá llegaron a la capital más
de mil buses y chivas con manifestantes. Estos venían sobre todo del sur del
país. ¿Quién pagó esa enorme operación? La Marcha Patriótica es muda al
respecto. Luego es legítimo suponer que el dinero del narcotráfico de las Farc
fue movilizado para el traslado de esas personas.
A pesar de las
consignas neutras y abstractas, como “por la paz”, “por las
víctimas”, las manifestaciones de ayer tuvieron otro aspecto
obscuro. Hubo manifestantes encapuchados en Bogotá. Hubo gente que gritaba
vivas a Chávez y a Maduro. Un estudiante que portaba una camiseta
con la frase “No más Farc” fue agredido por manifestantes. Al lado de ellos
había una mayoría sincera que estaba en el cortejo por razones diferentes. Una
parte de ellos asistían a una manifestación en favor de la
paz. Otros lo hicieron porque querían respaldar las
negociaciones en Cuba (4). Otros
porque querían manifestar en favor de las víctimas del conflicto. En realidad,
la franja más minoritaria, la extrema izquierda, inventó esa jornada para
“ponerle gente” a su meta: fortalecer el proyecto de las Farc, las
exigencias de éstas en La Habana y reforzar lo que ellos llaman en estos días
el “bloque popular revolucionario”.
Eso cambia la
naturaleza de esa jornada. No fue una marcha por la paz sino una para perpetuar
el conflicto. Colombia no aceptará jamás que las Farc lleguen al gobierno sin
haber desmontado su aparato de muerte y sin haber pagado por sus crímenes. Lo
de ayer fue sólo un episodio más de las gesticulaciones de las Farc para
construir su hegemonía. Por eso el pueblo lo repudió. Lo inquietante es que el
jefe de Estado colombiano ha cruzado una línea roja que nunca debió
haber cruzado.
Notas
(1). Manifestaciones en otras
ciudades: Medellín 500 personas; Cali: 300; Cúcuta: 200;
Bucaramanga: 700; Neiva: 800; Pereira: 50; Pasto: 100; Barranquilla: ninguna;
Manizales: ninguna.
(2). En la Plaza de Bolívar caben 30
000 personas. Esa plaza, donde hubo todo el día conciertos de música
rock, nunca estuvo llena completamente.
(3). El Fiscal General, Eduardo
Montealegre Lynett, jefe del ente investigador, escandalizó al país
cuando declaró, durante la manifestación del 9 de abril de 2013, que en la
Fiscalía “no existe ninguna condena contra miembros del secretariado de las
Farc por crímenes de lesa humanidad”, y que las condenas que se han
producido en el pasado han sido “por delitos de rebelión, homicidio agravado y
algunas violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”. Por lo tanto,
los jefes de las Farc “no tienen por qué terminar en la cárcel”. Sin embargo,
el Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional), firmado por el
Gobierno de Colombia en 1998 y en 2002, establece que los crímenes de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión son imprescriptibles.
Estos no pueden ser objeto de amnistías ni de indultos. Para la justicia
colombiana algunos de los actos y decisiones de la cúpula de las Farc
constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
(4). Esas “negociaciones de paz”
entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc comenzaron el 19 de
noviembre de 2012. Han sido interrumpidas varias veces. Serán reanudadas el 15
de abril de 2013. El conflicto en Colombia ha provocado la muerte de más de 600
000 personas y el desplazamiento de 3,7 millones de personas. Quince mil
personas han desaparecido.
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