De sur a sur | Por: NATALIA SPRINGER | Publicado: sep. 24, 2012
Mienten las Farc cuando, torciendo las palabras, se niegan a aceptar que fueron ellos los que se inventaron el secuestro, los que convirtieron en ley propia una obscena forma de esclavitud y tráfico de personas.
¿Qué legitimidad, si alguna ostenta, tiene una negociación con
enemigos de los más básicos principios de la dignidad humana…?
Mienten las Farc
cuando, torciendo las palabras, se niegan a aceptar que fueron ellos los que se
inventaron el secuestro, los que convirtieron en ley propia una obscena forma
de esclavitud y tráfico de personas. Mienten cuando se resisten a aceptar que
hicieron del Caguán un campo de concentración. Esa es una imagen
angustiosamente inolvidable: la cochera con paredes de alambre de púas en la
que permanecían decenas de víctimas encadenadas al cuello. Mienten cuando
aseguran que nada tienen que ver con el narcotráfico, que no reclutan niños y
niñas, que no hay esclavitud sexual en sus filas, que no han causado dolor y
que nada les deben a sus víctimas, porque las víctimas son ellos.
Y entonces es aquí
donde hay que preguntarse: ¿qué y con quién estamos negociando? ¿Qué
legitimidad, si alguna ostenta, tiene una negociación con enemigos de los más
básicos principios de la dignidad humana, en cuya defensa hemos justificado el
uso de la fuerza?
La admisión de fondo
de este proceso de paz consiste en aceptar que las Farc no son un capricho
ideológico, nacido de la imaginación de un megalómano, como sí sucedió con
Sendero Luminoso en el Perú, ni representan el trasnochado sueño comunista, ni
son la versión criolla de Al Qaeda. Las Farc representan, lamentablemente, el
último lastre histórico, la gran deuda pendiente de la institucionalidad
colombiana con la agenda política de los movimientos de los 60. Hay que
resolver el pacto inconcluso con el liberalismo campesino deliberante y la
agenda agraria, que terminaron sacrificados por la cúpula que negoció el Frente
Nacional. Esa es una deuda que aún hoy nos sitúa como una de las naciones más
desiguales del planeta.
Esta negociación le
da al Estado colombiano la excepcional oportunidad de poner en marcha
mecanismos que permitan erradicar esas grandes desigualdades que empiezan (no
terminan) en el campo y que no podrían abordarse por los medios actuales sin
desatar una (otra) guerra civil. Es la oportunidad de saldar la deuda de
integración regional.
¿Cómo desandar tanta
barbarie? De aquí se deriva nuestra primera obligación. Como sociedad, es
nuestro deber exigir que el primer objetivo de esta negociación no sea el cese
del fuego. A las Farc no hay que creerles, hay que exigirles la adherencia a
los principios del Derecho Internacional Humanitario bajo estrictos parámetros
de verificación, como en su momento sucedió con el Frente Sandinista en
Nicaragua, el FMLN en El Salvador y la URNG en Guatemala.
Ya en ese camino,
tal vez tengamos la oportunidad de empezar a enfrentar la agenda del siglo XXI.
El diagnóstico es sombrío. Tenemos un estado de barbarie bien gerenciado,
aspiracional, enmarcado por leyes magníficas, transitado por millones de
víctimas, señalado como la peor crisis de desplazamiento en el planeta,
amenazado por cientos de bandas criminales. Nuestra paz está en la transición,
en la reformulación de un pacto de civilidad que no tenemos, en el que quepamos
todos, en el que "cada colombiano deje de ser un enemigo".
En ese sentido, hace
falta y es correcto trazar como meta una comisión de la verdad como instrumento
de diagnóstico, como catarsis, como estación indispensable hacia la
reconciliación. Nos permitirá mirarnos al espejo y, sobre todo, revisar el
pacto de civilidad que tanto necesitamos para repensar esa cultura maldita que
sustancia todos nuestros problemas: la pobreza como sinónimo de invisibilidad,
la exclusión, el ejercicio de la política y las formas de representación, etc.
Y, por supuesto,
debe posicionarnos en la agenda global: ¿es sostenible la actual alianza en la
fallida guerra contra las drogas, una guerra cuyas consecuencias amenazan la
estabilidad y la viabilidad del Estado, no solo en Colombia, sino en toda la
región? Es largo el camino, pero hay que empezar a soñarlo.
Natalia Springer
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