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Dic 10 de 1948
Peláez y Gardeazábal agosto 1 de 2018
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Salvo mi corazón…

07 de febrero de 2012 | OPINIÓN | Por: Fernando Londoño Hoyos

…es la seguridad al derecho y a la vida social lo que los cimientos al edificio que se levanta buscando el cielo con sus audaces agujas.
Ni la paz, ni el orden, ni la justicia pueden establecerse faltando la seguridad.
... todo está bien. Habrá reconocido, querido lector, el electrizante final del soneto de Carranza. El universo entero puede estar bien. Pero si anda mal el corazón, sobra todo lo demás.

Hacemos este recuerdo poético en homenaje de aquellos que sienten que todo va bien en Colombia, salvo la seguridad. Con lo que dicen, en el fondo, que nada está realmente bien.
La seguridad es valor primero y fundante, como dijera el mejor filósofo de América, Carlos Cossio. Con lo que quiso decir, que es la seguridad al derecho y a la vida social lo que los cimientos al edificio que se levanta buscando el cielo con sus audaces agujas. Ni la paz, ni el orden, ni la justicia pueden establecerse faltando la seguridad. Como condición previa, han de dedicarse a ella los mejores esfuerzos, bajo la pena de que queden arruinadas todas las ambiciones colectivas. Sin seguridad no hay nada.

Lo dicho, que casi nadie se atreve a discutir, vale también para que hecho análisis más cuidadoso, tenga de admitirse que las demás cosas que se suponen buenas, no lo son tanto, o no lo son en absoluto cuando la gente está insegura.

La prosperidad es una ficción, como todo lo que quiere sostenerse positivo y maravilloso en una comunidad insegura. La buena economía no durará mucho, porque las inversiones se acobardan y la producción decae; los servicios públicos, por sólidos que se miren, empezarán a fallar; la educación y la salud serán cada vez menos fiables; las obras públicas declinarán, porque ejecutarlas se vuelve una aventura; la justicia se contagia y se vuelve tornadiza o agresiva.

Los últimos acontecimientos son desoladores. Volvimos a escenas que recordamos familiares por aquellos años trágicos de finales del pasado siglo y que casi teníamos olvidadas. Los pueblos en ruinas, soldados y policías muertos, toda su fuerza impotente para enfrentar el crimen, y el pueblo, tantas veces silencioso, soportando la cruz de las extorsiones, las amenazas, los chantajes.

Algo, que no se quiere reconocer, anda muy mal. Le hemos cedido el espacio vital a los violentos y no tenemos energía para medir la magnitud de nuestros males. Denunciarlos se vuelve un delito y pedir remedio un desafío. Está comprobado que los gobiernos débiles suelen ser agresivos con cualquiera expresión de crítica, con cualquier pedido de acciones eficaces. Estamos entrando en ese peligroso terreno de tener por demonios a los que apenas se limitan a protestar con razones.

El Gobierno está haciendo muy poco por corregir tantos entuertos. Su condenable simpatía con vecinos belicosos le impide obrar en las fronteras y denunciar condescendencias y socorros que al otro lado de ellas reciben los criminales. La ausencia visible de estrategias serias de recuperación del orden, lo condena a acciones carentes de sentido, a movimientos nerviosos en lugar de políticas comprensibles, transparentes y firmes. Y como si fuera poco, una sorpresiva afición por la más barata demagogia, lo está convirtiendo en azorado impulsor de estas tendencias disolventes y anarquistas.

Si nadie sabe bien a derechas lo que pasó este fin de semana en Necoclí, es porque aquella concentración resultó un fiasco. Pero el Presidente y ciertos compañeros de su "Mesa" de Unidad Nacional quieren jugar con fuego. Lanzar una campaña de deslegitimación de la propiedad, sin señalar culpables ni precisar hechos, sino así, en abstracto y sin precauciones por respetar la verdad y el Derecho, es una irresponsabilidad manifiesta de efectos probablemente trágicos. El que no tiene se siente víctima, y el que tiene se ve acorralado y perseguido.
Mal ambiente para producir mucho y para mantener equilibrio y fraterna cooperación entre dueños y trabajadores de un campo tan promisorio. El Presidente no parece muy afecto a los estudios históricos. Que si lo fuera, con más tiento anduviera en estos pregones de injusticias generalizadas y de reparaciones dudosas. La inseguridad en el campo es la peor de todas. Y el origen de las mayores desventuras.

No es poquita tarea

8 de enero de 2012 | COLUMNA | Por: RAFAEL NIETO LOAIZA
Los cuerpos de los militares y policías secuestrados y asesinados por las Farc estaban aún calientes y Santos ya hablaba de las condiciones que deberían cumplirse para un diálogo.
Diciembre se usa para evaluar lo que se hizo y lo que se dejó de hacer. Enero viene siempre con propósitos. Los retos para la administración Santos son varios en este 2012 que comienza.

La seguridad sigue siendo el principal: En la medida en que la gente da por descontado que su vida y su libertad están asegurados, aumenta su preocupación por los delitos que afectan su bolsillo. Las reducciones sustantivas de los últimos años en homicidios y secuestro obligan a focalizar el esfuerzo en el hurto a residencias, vehículos y celulares y en el atraco.

Con todo, los dos desafíos vertebrales siguen ahí: el narcotráfico, esa plaga que no se extingue, y los grupos armados ilegales, que se nutren del narco y sobreviven por su cuenta. El gobierno debe mejorar las cifras de erradicación manual, que tuvo un inexplicable frenazo el año pasado y cayó a los valores del 2005, un 70% por debajo de la meta presupuestada. Y tiene que aumentar su efectividad contra las bacrim.

Golpear a las Farc sigue siendo vital, ahora con el problemita que supone que sus dos miembros históricos, Timochenko e Iván Márquez, están en Venezuela. ¿Se hará el Gobierno el de la vista gorda con el jefe de la guerrilla en el vecindario? A juzgar por el desconcertante silencio frente a la decisión venezolana de no extraditar a Julián Conrado, el cantante de las Farc? Y algo habrá que hacer con el Eln, que ha pasado de agache en estos tiempos. En ambos casos es indispensable que el Ejército todo, y no sólo las fuerzas especiales, opere de manera efectiva. Y para que ello ocurra es indispensable ofrecer seguridad jurídica. En otras palabras, hay que clarificar el marco legal en que opera la Fuerza Pública y fortalecer la justicia penal militar.

El Gobierno tendrá que sincerarse en materia de paz. Al Presidente se le nota a leguas el afán de impulsar un proceso con las Farc. Los cuerpos de los militares y policías secuestrados y asesinados por las Farc estaban aún calientes y Santos ya hablaba de las condiciones que deberían cumplirse para un diálogo. Todos queremos la paz, pero el afán de "pasar a la historia" puede llevarlo a cometer errores peligrosos.

En materia de economía hay tres tareas inaplazables: una, desarrollar una gran reforma tributaria que simplifique el sistema, unifique tarifas e impulse la creación de empleo formal sin reducir recaudo. Difícil pero no imposible. Otra, emprender una nueva reforma pensional que asegure por edad y tiempo de cotización la sostenibilidad del sistema. Para eso es indispensable que jueces y magistrados dejen de beneficiarse a sí mismos con jurisprudencias amañadas para garantizarse pensiones extraordinarias. Posible pero improbable. Finalmente hay que supervisar la reforma a las regalías de manera que no se frene el apoyo de las regiones a los proyectos de hidrocarburos y mineros. Lo demás será jugar sobre seguro en previsión de que la crisis europea no se agudice y que el frenazo de la actividad industrial china se prolongue en el tiempo.

Finalmente hay tareas históricas que no admiten más demora: la infraestructura nacional es desastrosa y da verdadera vergüenza; hay que impulsar la gran reforma por la calidad de la educación; hay que resolver la prolongada crisis del sistema de salud y la polémica actualización del POS es insuficiente. Y la reforma a la justicia no aguanta un intento de consenso más.

No es poquita tarea.

Tener miedo es un derecho

6 de enero de 2012 | La Claridad | Por: PALOMA VALENCIA LASERNA
La confianza en la Fuerza Pública no se puede exigir; se tiene que ganar. Las declaraciones del Presidente sobre el paro, son similares a las que hizo sobre la extorsión, donde pretende criminalizar a quienes asustados hacen los pagos.
Los urabeños’ ordenaron un paro, la sociedad asustada siguió las instrucciones de los violentos y el Estado no pudo evitarlo. Dos ciudades de la importancia de Medellín y Santa Marta tuvieron parte del transporte y el comercio paralizados; más de 16 municipios de Chocó, Sucre, Magdalena y Antioquia estuvieron sitiados bajo la amenaza. Es un hecho sin precedentes; los paros de los violentos habían sido sobre poblaciones alejadas y pequeñas.
Aquello muestra que el miedo aún domina a muchos colombianos. Luego de estos largos períodos de violencia que nos ha tocado vivir, donde el Estado ha sido –la mayoría del tiempo- incapaz de brindarles una adecuada protección a los ciudadanos, la gente se siente vulnerable. Las amenazas de los violentos son creíbles, porque conocemos su capacidad destructiva y hemos visto la incapacidad del Estado para detenerlos. En este contexto el llamado del Gobierno para que los ciudadanos no hagan caso de las amenazas y no paguen extorsiones, “no se dejen amedrentar”, parece descontextualizado.
La lucha contra los violentos tiene dos aspectos: el primero, es el enfrentamiento directo, y en lo que se refiere a ‘los urabeños’, el Gobierno está acertando; el líder fue dado de baja y muchos de sus miembros han sido detenidos. El otro aspecto es la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos; la certidumbre de que el Estado está dispuesto a protegerlos y de que tiene la capacidad de hacerlo eficazmente. En esto parece estar fallando el Gobierno. Así lo dicen las encuestas donde la mayoría de la población cree que en seguridad estamos empeorando, y lo demostró este paro; los ciudadanos se sintieron amenazados de manera real.
El miedo es un factor muy poderoso; es un dispositivo que se activa como mecanismo para proteger la vida. Sería, por supuesto, deseable que la sociedad no considerara creíbles las amenazas y que los ciudadanos tuvieran la confianza en el Estado para desafiar abiertamente esas órdenes; pero no es así. Pese a los esfuerzos realizados para recobrar la seguridad este es un bien jurídico frágil y sensible. Los colombianos temen y con razón a los violentos; y el Estado lejos de convencer con palabras sobre su capacidad, debe demostrarlo con sus actos.
La confianza en la Fuerza Pública no se puede exigir; se tiene que ganar. Las declaraciones del Presidente sobre el paro, son similares a las que hizo sobre la extorsión, donde pretende criminalizar a quienes asustados hacen los pagos. El argumento se parece al que se usó -ya hace unos años- para prohibir el pago de los rescates por secuestros. Esa normatividad fue declarada inconstitucional por la Corte, pues la decisión sobre si pagar o no por un secuestrado, no la puede tomar el Estado. Corresponde a cada individuo medir los riesgos que está dispuesto a correr, evaluar la credibilidad que le otorga a las amenazas o el miedo que le infunden los violentos. Se trata de un cálculo donde están de por medio la vida y los derechos más íntimos y personales. Tener miedo es una conducta tan natural e instintiva como tener hambre. El Estado no puede desconocerla ni pretender que existe una obligación de los ciudadanos de superarla.
Para vencer el miedo el Gobierno debe actuar, derrotar las causas del temor y demostrar que está en la capacidad de protegernos. Mientras la percepción de inseguridad siga creciendo, el temor seguirá mandando. Hace unos días la comunidad de Soacha protestó e impidió la salida de una base militar ubicada en la zona. Los vecinos temían quedar a merced de los delincuentes. Así se sienten la mayoría de los colombianos que no tienen la Fuerza Pública muy cerca.

Extorsión y desempleo

13 de septiembre de 2011 | OPINIÓN | Por: SAÚL HERNÁNDEZ BOLÍVAR
La violencia espanta al empleo, el desempleo genera pobreza y los pobres son instrumentalizados por los violentos.

Este problema es como una serpiente que se muerde la cola.

Ex presidente Uribe dice que tiene "preocupaciones puntuales" sobre el gobierno Santos

4 de agosto de 2011 | ENTREVISTA | Por: RCN La Radio
En diálogo exclusivo con RCN La Radio, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez habló de seguridad democrática, de los escándalos de corrupción, de la presencia de la guerrilla en Venezuela y del gobierno de Juan Manuel Santos.

De las bacrim y otras yerbas

30 de Junio de 2011 | OPINIÓN | Por: Fernando Londoño Hoyos
No encontramos diferencias entre bandidos. Si el Gobierno las sabe, que las explique.

Con Santos vamos peor

6 de mayo de 2011 | La Claridad | Por: Paloma Valencia Laserna

 La mayoría del 65% desaprueba lo que se está haciendo. Vale recordar que en la última medición de Uribe la aprobación de su gestión en seguridad era del 71%.

Es hora de corregir el rumbo

27 de febrero del 2011 | EDITORIAL | Por El Colombiano
La inseguridad y la corrupción afectaron de manera negativa la percepción de los colombianos, que también están decepcionados por la falta de soluciones al problema del desempleo y la pérdida de poder adquisitivo. El pesimismo gana terreno y las personas que consideran que el país está empeorando están a punto de igualar a quienes creen que mejora. Estamos a tiempo para corregir el rumbo.