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El gobierno no es de los jueces

OPINIÓN| Por: RAFAEL NIETO LOAIZA| Publicado: octubre 27, 2013 
La ciudadanía percibe que las sentencias se emiten al tenor de las simpatías ideológicas y políticas de los magistrados y no con base en el derecho.

Por eso ‘Teodora’ está libre y en cambio, con base en testimonios cuestionables, están privados de la libertad militares y políticos de centro derecha. La sensación de una deriva izquierdista del sistema judicial es creciente.
Aunque fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo, el Estado es un ente tan necesario como peligroso. Para poner límites a su poder, en el Estado moderno las funciones legislativas y judiciales están en cabeza de entes diferentes, autónomos e independientes al Ejecutivo. Al Leviatán feroz se opone la separación del poder público como única garantía real para el ciudadano. Como consecuencia, las decisiones judiciales, sea cual fuere su contenido, deben acatarse y cumplirse.
Dicho esto, no es menos cierto que el sistema judicial ha perdido la confianza ciudadana. En la última encuesta de Gallup la opinión favorable es apenas del 21% y la desfavorable del 74%. En la de Ipsos, el 78% no confía en la Justicia y el 70% no lo hace en las altas cortes.
Además de su exasperante lentitud, su prepotencia y su distancia del ciudadano de pie, y de la corrupción de la administración de justicia, también ayudan a la caída en picada dos hechos notables. El primero es su politización. La ciudadanía percibe que las sentencias se emiten al tenor de las simpatías ideológicas y políticas de los magistrados y no con base en el derecho. Por eso ‘Teodora’ está libre y en cambio, con base en testimonios cuestionables, están privados de la libertad militares y políticos de centro derecha. La sensación de una deriva izquierdista del sistema judicial es creciente.
El segundo es la usurpación que hace la Constitucional de las funciones propias del Congreso. Si no le gusta lo que el Congreso decide, lo borra de un plumazo y reescribe la norma. Y con el pretexto de las “columnas vertebrales” de la Constitución del 91, decide como se le antoja sobre el contenido de las modificaciones constitucionales.
Ahora una mayoría endeble tumbó la reforma del fuero militar por un supuesto vicio de forma, alegando que los debates en la Comisión Primera y en la Plenaria de la Cámara habían sido simultáneos. Pero en palabras de un magistrado de esa misma corte, sus colegas se “inventaron” un vicio que “la jurisprudencia nunca había reconocido”. Y agregó que el supuesto vicio nunca existió y que si hubiese existido sería subsanable.
Para rematar, hay prueba de que el debate duró seis horas e intervinieron 22 de los 29 representantes, el presidente de la Comisión dejó constancia antes de levantar la sesión de que “aunque ya se abrió el registro [de representantes] en la plenaria de la honorable Cámara, la sesión formalmente no se ha iniciado porque el Presidente no ha dado apertura a la misma” y hay videos que muestran que la votación en la Comisión se realizó antes de que empezara la plenaria de la Cámara. Así que sí, la mayoría se inventó un vicio de la simultaneidad para tumbar la reforma.
El mensaje contra la Fuerza Pública es desmoralizador y más en momentos en que el Gobierno pretende que los bandidos no paguen ni un día de cárcel por sus crímenes. Y contra el Congreso es quizás peor: tumbarán a cualquier costo la norma que nos les guste.
La independencia y la autonomía de la rama Judicial son fundamentales para la democracia. Pero su abuso la pone en serio peligro. Los jueces también tienen que ajustarse al derecho, incluso más que los otros porque su tarea constitucional es precisamente esa, la de defender el orden jurídico. Y no pueden comportarse como el todo poderoso capataz de la finca. En democracia el gobierno no es de los jueces, sino del pueblo.

Este es un espacio de opinión destinado a columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a este fin  y no siempre reflejan la opinión o posición de LA OTRA MITAD DE LAS VERDADES A MEDIAS.





Paradojas

6 de mayo de 2012 | La Claridad | Por: Paloma Valencia Laserna
La seguridad en el país ha venido desmejorando; es alarmante y preocupa, y por eso conviene buscar las posibles causas. Esta semana se han dejado ver un par de paradojas que afectan la seguridad y la justicia, y conviene denunciarlas.
Al Gobierno Nacional no le gusta la crítica política y la oposición está condenada a epítetos para descalificarla como los de ‘mano negra’ o ‘idiotas útiles
En el Congreso se tramita el fuero militar y se discuten los mecanismos para evitar que los delitos de lesa humanidad y los crímenes atroces de los militares sean juzgados por la Justicia Penal Militar -pues según la Comisión de expertos, eso daría lugar a la impunidad; y al mismo tiempo, se avanza en la aprobación del Marco Jurídico para la Paz que otorga beneficios a los miembros de grupos armados al margen de la ley y consagra la impunidad para ellos. La contradicción es evidente: los guerrilleros dedicados al narcoterrorismo y que han sembrado el dolor en tantos pueblos y ciudades colombianas, tienen en Roy Barreras y la Unidad Nacional la garantía para obtener mecanismos para su reinserción en condiciones de impunidad. Esto contrasta con la situación de militares: para ellos no hay rebajas y concesiones; se busca endurecer sus juicios a pesar de que ellos están dedicados a la defensa de la democracia y la protección de la ciudadanía.
Sobre el mismo Marco Jurídico para la Paz muchos colombianos venimos haciendo la advertencia de que se trata de un proyecto que no debe ser aprobado, pues consagra elementos que darán lugar a la impunidad. El texto dice que la Justicia Transicional tendrá criterios de priorización y selección; y corresponderá a la Fiscalía determinar contra quienes suspenderán la ejecución de la pena y contra quienes cesarán la persecución judicial. Y además establece el terrible principio de que sólo se procesará a los máximos responsables de delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. No hay que ser un estudioso del derecho para entender que el castigo de estos crímenes será sólo para algunos cabecillas; o incluso los cabecillas podrán responsabilizar a mandos medios para salir libres.
En ese mismo sentido, se expresó el expresidente Uribe y, además, recalcó la necesidad de que los derechos políticos de los reinsertados fueran limitados para evitar que la violencia sea -otra vez- un vehículo político. Sin embargo, aquellos comentarios fueron ignorados; no le merecieron al Gobierno ninguna respuesta. Paradójicamente apareció Human Rights Watch y opinó lo mismo; pero la voz de Vivanco removió al Gobierno, lo que ha dado lugar a nutridas respuestas y justificaciones del proyecto.
El hecho es desconcertante; corrobora que al Gobierno Nacional no le gusta la crítica política y que la oposición está condenada a epítetos para descalificarla como los de ‘mano negra’ o ‘idiotas útiles’, y muestra esa tendencia a prestar más importancia a los organismos internacionales que a los propios nacionales. Sobre la ausencia de oposición y la necesidad de que este Gobierno oiga a sus críticos se ha dicho mucho, así que conviene adentrarlos en el análisis de la internacionalización de nuestros problemas.
La idea, ya muy arraigada entre nosotros, de que la comunidad internacional vive pendiente de lo que sucede en Colombia es falsa, y confunde esa comunidad con la sociedad global. Lo cierto es que los colombianos somos los únicos llamados a solucionar nuestro conflicto, pues nos afecta a nosotros. Se trata de la construcción de nuestra sociedad y nuestra nación. Las colaboraciones internacionales son bien recibidas, pero no pueden marcar la pauta de nuestro debate y nuestras decisiones.
Fecha: Mayo 4, 2012