27 de enero de 2012 | La Claridad | Por: Paloma
Valencia Laserna
Aducen los uribistas es que a los funcionarios del gobierno Uribe se los investiga por hechos que han sido tradicionales en el quehacer político de Colombia y por esos mismos hechos no se había investigado nunca a nadie.
Hay una tendencia a investigar a la
cúpula del uribismo. El hecho no sería sospechoso si por hechos similares se
investigara a otros sectores de la política colombiana. La aplicación selectiva
de la ley (me refiero a que en el país se puede estar escogiendo a quién
investigar) puede convertir el sistema judicial en un mecanismo capaz de
persecución política.
Este podría ser el caso de Luis
Carlos Restrepo; el país ha tenido noticia de que en los procesos del Estado,
que ofrecen beneficios para los afiliados hay muchísimas personas incluidas sin
tener derecho. El fraude al Estado se ha dado a lo largo de la historia en
incontables ocasiones; en los terremotos miles de personas llegan al lugar de
la tragedia para beneficiarse de los auxilios estatales. Sabemos que las listas
de desplazados están infladas con ciudadanos que no fueron víctimas. Pero si
observamos los hechos más recientes tenemos al menos tres que comparten las
mismas características: falsos desmovilizados; falsos desplazados y falsas
víctimas.
Los tres casos no son ninguna
novedad y son un desarrollo más de una cultura donde la corrupción es habitual.
Lo que es extraño es que sólo en el caso de Restrepo, los falsos
desmovilizados, hay movimiento judicial contundente. En los otros casos se
anuncian cosas pero no hay investigados. No era función del Comisionado de Paz
establecer si los reinsertados eran o no parte de los grupos ilegales, esa
función -por ley- corresponde a la Fiscalía. La constitución como parte civil
de la Presidencia de la República en el proceso contra Restrepo contrasta con
que para los otros casos -con las mismas características- no sólo no se
consideran víctimas, sino que ni siquiera hay declaraciones contra los
vinculados en esos hechos. No se trata de que si saben o no si Restrepo es
culpable; en proceso las pruebas no han sido develadas y por lo tanto la
Presidencia no puede saberlo.
Otro argumento que aducen los uribistas es que a los funcionarios del gobierno
Uribe se los investiga por hechos que han sido tradicionales en el quehacer
político de Colombia y por esos mismos hechos no se había investigado nunca a
nadie. La pregunta que surge está dada por la tensión que supone el que
efectivamente haya una desviación de la conducta que la ley ordena y al mismo
tiempo una costumbre social que respalda el comportamiento alejado de la ley, y
ha sido soportado por la administración judicial que no ha perseguido a nadie
por esos hechos.
El delito más grave de Agro
ingreso Seguro es la contratación con el Iica -organismo de la OEA-, pues el
proceso no debería haber sido hecho por un convenio interinstitucional sino a
través de una licitación de la Ley 80. Dejemos de lado los argumentos jurídicos
que soportan el haber elegido el convenio sobre la licitación y aceptemos que
esos convenios son ilegales. Lo grave del asunto es que la mayoría del Estado
ejecuta con ellos gran parte de sus recursos; así se ha hecho pese a las
advertencias de la Contraloría. Los convenios con entidades multilaterales han
sido útiles y usuales. Si se está seleccionado a quién sancionar, habría una
injusticia al tratar casos iguales de manera diferente. Más aun cuando por
estos hechos se le da -con rebajas- al Viceministro una pena de 10 años (donde
se habla de un peculado a favor de terceros, siendo el Iica el beneficiario),
cuando a los Nule les dan 7 años y medio.
Y, a la hora de valorar los
testimonios, contra los uribistas se aceptan testigos mentirosos y señalados
así por muchos; en cambio cuando ese mismo tipo de personajes -hampones de
notorio recorrido en la delincuencia- se refieren a miembros de otras
ideologías la sana critica del testimonio los rechaza.
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