LA RESPONSABILIDAD ES DE TODOS

24 de junio de 2012 |OPINIÓN| Por: CRISTINA DE TORO

El error es de todos y cada quien tiene su cuota de responsabilidad y debe asumir las consecuencias, incluido el presidente Santos que, aunque ha dado a entender que todo se hizo a sus espaldas, sabía perfectamente lo que estaba sucediendo.

Bochornoso episodio que comenzó con carantoñas e intercambio de beneficios entre el Ejecutivo y los magistrados a las Cortes.

Aunque se veía venir, es lamentable tener que aceptar que el proyecto estrella del presidente Juan Manuel Santos , la reforma integral a la administración de Justicia, que le prometió al pueblo colombiano desde su campaña y que pretendía solucionar los problemas de lentitud, congestión y acceso a la justicia, terminara siendo un estrepitoso fracaso y el más grave escándalo de su gobierno por cuenta de la repugnante componenda en la que congresistas, altos magistrados y Gobierno, se repartieron una torta de favores, en las narices de todo el mundo.

Un bochornoso episodio que comenzó con carantoñas e intercambio de beneficios entre el Ejecutivo y los magistrados a las Cortes, para que pusieran fin al enfrentamiento que habían mantenido con el presidente Uribe Vélez y nombraran Fiscal General de la Nación, que continuó con entrega de gabelas a lo largo de todo el proceso para que ninguno de los actores se retirara de la mesa de discusión, y que deja bastante maltrecho al Gobierno y ratifica el merecido desprestigio del Congreso y de las Altas Cortes.

Si bien es cierto que el proyecto de reforma fue presentado por el Gobierno y estuvo liderado por el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra (al comienzo por el entonces ministro de gobierno Vargas Lleras), éste era un compromiso de todos los participantes, por lo tanto el error es de todos y cada quien tiene su cuota de responsabilidad y debe asumir las consecuencias, incluido el presidente Santos que, aunque ha dado a entender que todo se hizo a sus espaldas, sabía perfectamente lo que estaba sucediendo desde un comienzo y, contrario a lo que dijo su ministro de Gobierno, no ha "enmendado el error a tiempo", puesto que su indignación y haber dicho que devolverá la reforma al Congreso, no soluciona nada, prueba de ello es la incertidumbre en la que nos encontramos y que no tiene precedentes en nuestra historia ¡qué deshonra para este gobierno!

También nosotros, los colombianos electores que tantas veces pecamos por acción o por omisión, o aquellos que venden su conciencia por un plato de lentejas (o dos ladrillos, una teja, etc.) somos culpables.

Ahora bien, si al ministro Esguerra el haber pensado ingenuamente que los "micos" (que sí conoció), podían corregirse en la Corte Constitucional le costó el puesto, a los presidentes de Senado y Cámara, que defraudaron gravemente a sus electores y a todo el país, debe costarles lo mismo.

Simón Gaviria , presidente del Partido Liberal y a su vez presidente de la Cámara de Representantes, es responsable de haber nombrado ese grupo de marrulleros conciliadores, además, no tiene presentación que diga que leyó "por encimita" el texto de la conciliación de la reforma constitucional, porque "no es un texto fácil de entender". La confesión de su incapacidad amerita la dejación de su cargo. Igualmente inaceptable es el "reconozco un error grave, lo acepto y pido excusas pero nosotros confiamos en el gobierno".

Otro tanto sucede con el desvergonzado presidente de Senado Juan Manuel Corzo (aquel al que no le alcanzan los veinte y pico millones de sueldo para comprar la gasolina del carro que le da el Estado), quien al día siguiente de semejante despropósito se fue de viaje.

Es, pues, extremadamente grave que el gobierno, los administradores de justicia y los legisladores, quienes están como representantes del pueblo, hayan sido capaces de manosear tan vulgarmente la Constitución para legislar en causa propia.

Este país necesita urgentemente un cambio para que los "zarrapastrosos", que somos prácticamente todos, podamos ver el fruto de nuestro trabajo reflejado en prosperidad y bienestar y no subvencionando estas bazofias disfrazadas de magistrados y de políticos.

FUENTE: EL COLOMBIANO –Medellín - Colombia

Publicado: Junio 24, 2012

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LOS RETOS DEL FISCAL

25 de marzo de 2012 | OPINIÓN | Por: FRANCISCO SANTOS

El nuevo Fiscal ha dicho cosas profundas y serias que marcan un cambio de rumbo en esta institución y que eliminan la desconfianza y la deslegitimación.

La última Fiscal volvió costumbre declarar a cualquiera un peligro para la sociedad.

Las cosas parecen estar cambiando.

La Corte Suprema elige a Eduardo Montealegre Fiscal General en menos de una semana, no como sucedió anteriormente, cuando la política, los odios, las peleas y los egos decidían no nombrar o nombrar ilegalmente, como en buena hora ilustró el Consejo de Estado.

Y eligen a quien, sin duda, está mejor preparado para afrontar los grandes retos que tiene esa institución en crisis.

Es triste que el debate sea si es cercano a Uribe o no.

O si en su trabajo representó legalmente a Saludcoop o a la Nación.

Esa es una discusión menor que deja como saldo trinos que dan risa como el de la 'analista' Claudia López para quien solo el Papa, y eso, clasifica para Fiscal.

Lo importante es qué visión de la Justicia tiene y piensa aplicar desde el ente acusador.

En este debate, que si es el de fondo, el nuevo Fiscal ha dicho cosas profundas y serias que marcan un cambio de rumbo en esta institución y que eliminan la desconfianza y la deslegitimación que por cuenta de abusos ha generado la Fiscalía General de la Nación.

El primero es el del abuso de la medida de aseguramiento.

La última Fiscal volvió costumbre declarar a cualquiera un peligro para la sociedad.

Revivió el triste adagio de antaño y que decía "a nadie se le niega una orden de captura".

En varios medios, Montealegre reafirmó que la medida de aseguramiento es la excepción, no la norma.

Un cambio fundamental.

Otro cambio: igualdad frente a la ley.

Es decir, que se aplique la ley de la misma manera para todos. No "SEM" (según el marrano) como hoy lo hace esa entidad.

Una mentira de un hampón vale o no vale dependiendo de a quién acusa.

Igual que la validez o invalidez de una prueba.

Hasta hoy, si se fue parte del gobierno anterior se es culpable y se tiene que demostrar la inocencia.

La Fiscalía decidió invertir, con un grupo de ciudadanos, la carga de la prueba y acabar con el principio universal de presunción de la inocencia.

Igualdad ante la ley: Eso es lo que deberá rescatar el nuevo Fiscal General de la Nación.

Como adendo de este tema está el manejo del principio de oportunidad.

No hay transparencia alguna y lo utilizan como chantaje o premio, y no como parte de un proceso, para obtener réditos mediáticos.

El caso de AIS o del carrusel de contratación es claro.

Al viceministro de Agricultura le ofrecen este principio por un testimonio que para nada sirve a la causa de la Fiscalía.

A Julio Gómez le regalan la libertad con el disfrute de lo robado a cambio de nada.

O a la actriz Valerie Domínguez, cuyo novio-hampón se lava las manos y la acusa con el aval de la Fiscal.

Los mensajes que se envían a la sociedad con decisiones como estas son equivocados, generan desconcierto y crean gran desconfianza en la institución.

Hay muchos otros retos como el de la aplicación de la carrera, el de la influencia política en los nombramientos o el de la protección de víctimas.

Pero hay uno del que nadie habla por puro susto y es de una gravedad inmensa, la corrupción.

No solo hay corrupción en la contratación. Hay una corrupción enquistada en el aparato judicial a la que nadie le mete mano.

Solo un Fiscal valiente podría hacerlo. ¿Será Montealegre?

Comenzó bien. Ahora esperemos.

 EL COLOMBIANO – Medellín - Colombia

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Errores militares

22 de marzo de 2012 | OPINIÓN | Por: FERNANDO LONDOÑO HOYOS

A nadie le importa averiguar por qué estamos perdiendo la guerra

"Si al comienzo no muestras quién eres, nunca podrás después, cuando lo quisieres." (Infante Don Juan Manuel en El Conde Lucanor).

El caso de la muerte de un suboficial y 10 soldados en Arauca ha quedado cerrado. El Cabo tuvo la culpa por no cumplir los manuales que le dieron antes de ponerse en marcha con su escuadra. Y como nadie recuerda cómo se llama el Cabo, y como los muertos nunca tienen la razón, la causa se da por concluida.

A nadie le importa averiguar por qué estamos perdiendo la guerra.
En Arauca, como en La Guajira, en Norte de Santander y en el Cesar; en la costa del Pacífico, desde la frontera con el Ecuador hasta los límites con Panamá; en la antigua zona de distensión; en el Caquetá y en el Vichada, y en el bajo Cauca antioqueño y en Córdoba, la situación vuelve a parecerse a la del año 2002.
Libramos las cifras con los ataques certeros de la Fuerza Aérea, contando con respaldos de verificación y toma del terreno de comandos especiales o de la Policía. Lo demás es el desastre.
Los centros de observación serios que nos quedan revelan la verdad. Las estadísticas son las peores del último decenio.

La clave anda muy lejos de Arauca. El Tribunal Superior de Cali acaba de confirmar la condena contra el mayor Mauricio Ordóñez Galindo, y ocho de sus hombres, a la pena de 46 años de prisión, por haber dado de baja a cuatro bandidos que siendo o pareciendo miembros de las Farc azotaban las montañas que descienden hacia Cali. Desesperados los vecinos de la región por las extorsiones, las amenazas y los ataques que padecían, acudieron al Gaula comandado por el mayor Ordóñez. En perfecta operación militar, los sujetos, con tenebroso pasado judicial, lleno el cuerpo de cocaína y licor, portando armas que accionaron contra la tropa, cayeron abatidos.

El Tribunal nunca preguntó a los vecinos si como resultado de la acción militar recuperaron la perdida calma. ¿Para qué? Nunca se manifestó impresionado por el pasado de esos delincuentes. Nunca se inquietó por la desaparición de una pareja que habitaba la zona y que fue puesta por el Ejército a cubierto del fuego que podía desencadenarse. Primero dijeron que nada vieron, y después, manipulados por la Fiscalía, lo vieron todo. Ni la ubicación ni las sombras de la noche les estorbaron la visión. La recobraron como por encanto y luego... desaparecieron. Es imposible contrainterrogarlos, ni reconstruir con ellos la escena. El Juez y el Tribunal se quejan de que los hubieran movido antes del combate, porque se trataba de eliminar testigos. Tome nota el Ejército. De los combates hay que tener testigos. Resguardar civiles es prueba de culpabilidad.

El mayor Ordóñez dio una orden ilegítima. Y la ilegitimidad aparece porque cumpliéndola murieron civiles. ¡Vaya joya de lógica! Y porque en ella se daba, tácitamente, la orden de matar. Y este es el diamante de la corona. Los subalternos pueden obedecer, siempre y cuando "no se trate de una orden de matar" (página 24 de la sentencia).

También falló el mayor, porque no llevó consigo un fiscal. Quede claro: de aquí en adelante, operaciones sin orden de matar y con fiscal a bordo. Si los fiscales se suben a bordo de semejante buque. Y también falló el mayor porque se ofrecieron y dieron recompensas a los que denunciaron a los bandidos. Se trata de un negocio y el móvil del crimen es el dinero. Lo dice el Tribunal.
Hasta hoy teníamos el cuadro dramático de un Ejército que se negaba a combatir. Desde hoy, será peor. No habrá mando que imparta una orden de operaciones.

Arauca y Cali. Es lo mismo. Un Ejército que no puede combatir y al que asesinan a mansalva, porque no combate. Puede seguir el ilustre Ministro de la Defensa inaugurando impresionantes batallones. Más banderas, más himnos, más desfiles. Pierde su tiempo. Dedíquese mejor a combatir sentencias como la de Cali. Por esa y muchas otras parecidas perdemos la guerra.

 EL TIEMPO – Bogotá - Colombia

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Bienvenidos al circo de la justicia

19 de marzo de 2012 | OPINIÓN | Por: Andrés Hurtado García

Los grandes remedios para este cáncer dependen de los honorables, muchísimos de los cuales no son propiamente dechados de rectitud y justicia.

Me gusta la justicia colombiana; me permite hacer muchas fechorías con riesgos mínimos.

Bienvenidos, señoras, señores y también los niños, al circo más maravilloso del planeta, el circo de la justicia en Colombia. Tenemos un honesto, destacado y muy capaz ministro de Justicia, pero el "despelote" de este poder del Estado no es culpa de él, aunque puede ayudar a solucionarlo un poco. El problema reside en que los grandes remedios para este cáncer dependen de los honorables, muchísimos de los cuales no son propiamente dechados de rectitud y justicia. Estamos, pues, "en la olla".

En primer lugar, habría que acabar con esa "vagabundería" de que yo reconozco mis crímenes y me rebajan penas; de que yo acuso, "sapeo" al que sea y, sobre todo, a mis compañeros de "trapacerías" (me gusta esta palabrota) y me rebajan más penas. Como se ve, estoy empleando términos entre comillas por decencia personal. Las comillas ayudan o por lo menos disculpan.

Según eso, lo recomendable sería no robar solo, sino en gavilla; llegado el caso, tengo a quien acusar con muchas pruebas documentales, gozo de lo robado y la pena es mínima. Además, si tengo buena conducta en la cárcel, si hago empanadas, si leo libros aunque sea de pornografía, si hago planas de caligrafía, si rezo juicioso, de rodillas, las tres avemarías, al pie de la cama, antes de acostarme; si me aprendo unas poesías de memoria y las recito el día del recluso, si espero para seguir robando y delinquiendo cuando salga de la cárcel, todavía me rebajan más penas. Me gusta la justicia colombiana; me permite hacer muchas fechorías con riesgos mínimos.

¿Cómo es posible que a un ciudadano que un día cayó en la deliciosa tentación de tocarle pasajera, "pasajerísimamente", en la calle una nalga a una deliciosa joven le endilguen 4 años de cárcel, más o menos la misma pena que van a recibir, por lo que se ve, los que hacen multimillonarias 'nulerías' y 'morenosidades'? ¿Cómo es posible que les den casita por cárcel a los asesinos del volante, dije asesinos, como si matar a alguien fuera un delito menor, una minucia, una pequeña distracción, como tantas pequeñas infracciones que uno comete en la vida?

¿Cómo es posible que los sorprendidos, así sea una sola vez, en alto grado de alicoramiento (vaya palabrota, ¡la dije!) sigan tan tranquilos con su auto manejando por las calles, cuando se les deberían aplicar multas soberanas y quitarles el pase por lo menos seis meses la primera vez y de por vida en la reincidencia? ¿Exagerado? No. Son asesinos en potencia. Pero no, salen premiados, si acaso, con una casa por cárcel. Hogar, dulce hogar.

Si los militares cometieron abusos incalificables en la toma del Palacio de Justicia, que les caiga la misma, la justicia, como una espada sobre la cabeza.

Pero uno se pregunta: ¿y los del M-19 qué? ¿No fueron acaso ellos los que propiciaron la barbarie de la muerte de nuestros jueces y de otras personas y la vergüenza que nos estigmatizó una vez más ante el mundo? Me dirán que los del M-19 fueron indultados. Habría que desindultarlos y hacerles una "exhaustiva" investigación.

El tema del circo de la justicia en Colombia da para largo y llenaría muchas columnas de tinta, de sangre y ahora de Internet.

Algún día volveremos, porque la función apenas comienza y faltan muchos payasos, malabaristas y contorsionistas por salir al escenario.

 EL TIEMPO – Bogotá - Colombia

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La hora de la reforma

17 de marzo de 2012 | OPINIÓN | Por: FRANCISCO SANTOS CALDERON

Los embates de distintos magistrados, el más alto cargo en la justicia para que no olvidemos, contra las distintas ramas del poder público demuestran una intolerancia y soberbia que asustan.

Si bien hay que respetar su fuero e independencia, a la Justicia le llegó el tiempo de la reforma.

Precisamente cuando el Consejo de Estado nos sorprende con una decisión jurídica que ya nadie creía posible dada la politización y mediatización de la justicia, esta semana los magistrados deshicieron con el codo lo que arreglaban con la mano.

Los embates de distintos magistrados, el más alto cargo en la justicia para que no olvidemos, contra las distintas ramas del poder público demuestran una intolerancia y soberbia que asustan. Todo alrededor de que respondan por sus actos. En dos escenarios, la reforma a la justicia y la investigación de la Contraloría por el carrusel de pensiones.

Que se premia a los malos y se castiga a los buenos, dijo uno. Que es una revancha del Congreso, dijo otro. Que si no es por la Corte Suprema, Mancuso y Jorge 40 hoy serían ministros de Estado, afirmó uno más. Que se quiere recortar el poder de la única rama que hoy no controla el Gobierno, llegaron a decir. O que los ataques a las cortes son más peligrosos que los de 50 años de ataques de la guerrilla.

¿Se imaginan si un congresista, para no hablar de un ministro o un Presidente, dijera algo similar sobre un fallo? El escándalo mediático, político y jurídico sería grande. Pero no, cuando hay despropósitos de Justicia como los de esta semana, la reacción es casi nula. Y la razón es una: a las altas Cortes nadie las ronda, ante nadie rinden cuentas (bueno, sí, la comisión de absoluciones) e intimidan con fallos o pronunciamientos a funcionarios, como sucedió con la Corte Suprema de Justicia y el Procurador General.

Las altas Cortes no quieren ningún control. Quieren carta blanca para regalar pensiones millonarias a amigos o familiares. La quieren para, impunemente, coartar funciones del Ejecutivo como el de nominación, lo que sucedió con las dos ternas para la Fiscalía que envió Uribe. Quieren carta blanca para recibir costosos regalos de quienes acaban en la cárcel, sin que pase nada. Y podría continuar con la lista de abusos de unas Cortes desmadradas que rompen la institucionalidad sin que nada las frene.

El gobierno Santos le abrió a las Cortes todas las puertas para participar en la reforma de la justicia y como no se les dio gusto se retiraron del proceso. Ahora atacan con todas las cargas de profundidad posibles.

Esta reforma no es buena. No va al fondo de la crisis de la Justicia y no resuelve el acceso, la seguridad jurídica o las garantías. No elimina lo que la politiza, las nominaciones y el Consejo Superior de la Judicatura, no controla los cambios repentinos e injustificados de jurisprudencia ni crea un organismo serio de control penal, disciplinario o fiscal. Pero que no sea buena no justifica esa oposición cerrada a reforma alguna, como lo expresó con gran frustración Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia.

La pregunta ahora no es cómo se le pone el cascabel al gato sino cuándo. Si bien hay que respetar su fuero e independencia, a la Justicia le llegó el tiempo de la reforma. Agotadas todas las oportunidades, como se ha visto, es hora de abrir nuevas opciones como hizo Virgilio Barco al final de su mandato en respuesta a la sinsalida del narcoterrorismo.

 EL UNIVERSAL – Cartagena de Indias - Colombia

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Carta al magistrado

17 de marzo de 2012 | COLUMNA | Por: SALUD HERNÁNDEZ-MORA

Afirmar que las denuncias sobre irregularidades en las altas cortes son más graves y causan mayor sufrimiento que los atentados de las Farc.

Colombia merece unas altas cortes intachables, ajenas a intereses ocultos.

Con todo respeto, estimado magistrado, o se le fueron las luces o tiene un desconocimiento enciclopédico de la realidad del país. Afirmar que las denuncias sobre irregularidades en las altas cortes son más graves y causan mayor sufrimiento que los atentados de las Farc es, como mínimo, una bofetada a las víctimas.

Vea, ilustre presidente del Consejo de Estado, los periodistas estamos acostumbrados a que nos tilden de paracos, guerrillos, vendidos a intereses inconfesables o nos demanden cuando hacemos denuncias. Pero no es culpa del mensajero que ustedes permitan las manzanas podridas en sus instituciones. ¿O acaso conspiro cuando afirmo que algunos practican los roscogramas con absoluta desvergüenza?

Como dirían en un juicio: ¿puede jurar, señor Gómez, que jamás nadie en el Consejo de Estado ni en la Corte Suprema, por citar solo dos, pidió puesto alguno en la Procuraduría o la Fiscalía a cambio de sus votos? ¿Mete la mano en el fuego por todos sus compañeros?

Doctor Gómez, ¿juraría que los antiguos miembros del Consejo de Estado Germán Rodríguez, Ramiro Saavedra y Rafael Lafont tenían familiares en la Procuraduría de Edgardo Maya por sus méritos y no por intercambio de favores?

¿Puede, magistrado Gómez, poner la mano en la Biblia, la Constitución o el libro que respete y afirmar que nunca un magistrado de alta corte cobró un peso por dictar una sentencia tramposa? ¿Se arriesga a quemarse los dedos?

¿Se anima, señor Gómez, a prometer que miembro alguno del Consejo de Estado, ni actual ni pasado, nombró un magistrado auxiliar con el exclusivo propósito de multiplicarle la pensión a costa del patrimonio del resto de colombianos?

Respetado togado, ¿firmaría, sin resquicio de duda, que colegas suyos, como Henry Villarraga u Ovidio Claros, son de una decencia incontrovertible y que Claros jamás maltrató a mujer alguna? ¿O que Néstor Correa no se alojó en el Intercontinental de Cali pagado por los Rodríguez Orejuela?

Magistrado Gómez, ¿declara con la conciencia tranquila que la anterior Corte rechazó las ternas de Uribe por considerar que ningún candidato era digno del cargo y no por vengarse de sus ataques?

Honorable jurista, ¿asegura que, en aras del bien colectivo, las altas cortes pedirán, en la reforma de la justicia, cambiar dos cuestiones que molestan sobremanera al hombre del común?:

1. Que no sea la Comisión de Acusación la que los investigue por ser un órgano inútil que genera desconfianza en la ciudadanía y solo sirve para que los magistrados corruptos no paguen por sus fechorías.

2. Que deroguen el obsceno decreto de 1971 que ampara uno de los mayores atracos al erario: el que permite que cualquiera de ustedes o sus amigos, con solo ocupar un mes un alto cargo bien remunerado de la justicia, reciba una pensión por ese monto.

Por último, doctor Gómez, ¿podría sostener sin ruborizarse que se justifica que varios magistrados viajen a China para "conocer el sistema judicial" de una dictadura que viola DD. HH.? ¿Promete que no fueron a pasear?

No pretendo que me responda pero tampoco que me demande o intente involucrarme, como hizo la anterior Corte Suprema, con la trama de las 'chuzadas' del DAS solo porque les fastidia que ventile algunos pecados. Aunque si le provoca, adelante.

En lo que sí coincido con ustedes es que no tiene sentido invocar una constituyente para reformar la justicia porque solo si los magistrados honestos deciden deshacerse de sus colegas corruptos, podrá limpiarse la rama y mejorar el servicio. Entre tanto, seguiremos sacando sus trapos sucios no por placer ni complot alguno, sino porque creemos que Colombia merece unas altas cortes intachables, ajenas a intereses ocultos.

Salud Hernández-Mora

 EL TIEMPO – Bogotá - Colombia

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¿Retaliación contra la Justicia?

16 de marzo de 2012 | La Claridad | Por: PALOMA VALENCIA LASERNA

Tiene que haber una separación total entre la función de juzgamiento y la de investigación; la Corte Suprema no puede tener nada que ver en el nombramiento y menos en el juzgamiento de la Fiscalía.

La Reforma a la Justicia surge porque el país descubrió en estos años que el diseño institucional de la Constitución del 91 tiene desequilibrios y fallas que necesitan ser resueltas.

Néstor Correa (a quien el país conoció porque el diario El Tiempo denunció que en los seis primeros meses de su vinculación como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura había hecho entre 16 y 18 viajes pagados por el Estado) dijo que el país debe agradecerle a la Corte Suprema que Mancuso no sea ministro de Cultura. Lo dijo para justificar su opinión de que la Reforma a la Justicia es una retaliación contra las actuaciones de la rama.

Sea lo primero decir que los juicios por ‘Parapolítica’ -a pesar de que muchos son cuestionables- pueden calificarse como un avance de la Justicia. Sin embargo, hay que resaltar que esos procesos sólo se iniciaron cuando el gobierno del presidente Uribe logró que los paramilitares dejaran las armas. Es natural que los jueces tengan miedo de iniciar actuaciones contra aquellos que hacen parte de las estructuras armadas activas, como se evidencia en el hecho de que no haya ningún caso de ‘Farcpolítica’. Así las cosas, fue la victoria del gobierno Uribe sobre los paramilitares lo que dio lugar a los procesos judiciales que se adelantan contra los jefes, integrantes y colaboradores del paramilitarismo. Sin Uribe todos ellos estarían hoy en armas y en libertad; como lo están los narcoterroristas de las Farc, el ELN y sus aliados.

Ahora bien, la Reforma a la Justicia surge porque el país descubrió en estos años que el diseño institucional de la Constitución del 91 tiene desequilibrios y fallas que necesitan ser resueltas. Es humano que los magistrados que hoy ostentan poderes casi ilimitados sean reacios a perderlos, pero el debate debe dejar de lado los intereses personales o de grupo, y atender a la necesidad de establecer un Estado de Derecho con poderes equilibrados.

La Justicia requiere mayor agilidad y no necesariamente más funcionarios, pues Colombia está entre los países con mayor número de jueces por habitante en el mundo. Hay que hacer una reforma profunda: mejorar los operadores judiciales; buscar formas de solución expedita de litigios sencillos como los cobros de los bancos, arriendos… mediante mecanismos pagados por los interesados, en fin. Y lo que es más importante hay que aplicar un sistema de frenos y contrapesos que delimiten y configuren de manera adecuada los diferentes poderes del Estado.

Tiene que haber una separación total entre la función de juzgamiento y la de investigación; la Corte Suprema no puede tener nada que ver en el nombramiento y menos en el juzgamiento de la Fiscalía. Tampoco sobre el Procurador, pues al ser el Ministerio Público deber ser completamente independiente tanto de la Fiscalía como de todas las Cortes, como también el Procurador. Así mismo, es necesario replantear los procesos contra los aforados; no es aceptable que la investigación y el juzgamiento se haga todo en la Corte Suprema. Debe haber un sistema de investigación independiente, y una segunda instancia ajena a la primera. Tampoco está bien que la Corte Suprema juzgue a sus propios miembros.

La discusión sobre la Reforma a la Justicia no le corresponde a esa rama, ni a las altas cortes; es el Congreso elegido popularmente quien ostenta el poder para reformar la Constitución. La rama debe serenarse, Asonal Judicial suspender el paro y, el Gobierno debe dejar de presionar a los congresistas para que mantengan prebendas y privilegios nominativos a favor de las altas cortes con el ánimo de ‘mantener buenas relaciones’ con los magistrados. Aquí no está en juego un tema político, y menos gubernamental, se trata de la sostenibilidad del Estado de Derecho.

 EL PAÍS – Cali - Colombia

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ARBITRARIEDAD JUDICIAL

11 de marzo de 2012 | COLUMNA | Por: RAFAEL NIETO LOAIZA

La sentencia del Consejo de Estado que pone en relieve los vicios en la elección de la Fiscal General demuestra que no todo huele mal en la administración de justicia.

Valientes los magistrados que no se dejaron amedrentar por los medios y los samperistas que ahora aplauden el "triunfo del amor".

Por mí está bien: que la pareja se siga queriendo hasta la eternidad, siempre que no esté a cargo de la investigación de los delitos y la persecución de los criminales.

Pero la otra cara de la moneda, la de un sistema judicial que genera zozobra y es arbitrario, caprichoso e injusto, la muestra una reciente decisión de la Corte Constitucional. Estos son los hechos:

Una mujer en el Meta pidió que le practicaran un aborto. Exámenes médicos en el Hospital Departamental mostraron que no estaba en riesgo su vida y que la criatura no tenía una grave malformación que la hiciera inviable. El embarazo no había sido resultado de violación o incesto. Es decir, no estaba incursa en ninguna de las tres hipótesis en las que la sentencia C 355 de 2006 despenalizó el aborto.

Como resultado, se negaron a practicarle el aborto que quería. Para forzar al Hospital, la mujer presentó una tutela en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio que le fue negada. La tutela pasó a la Corte Constitucional, donde cayó en manos de la Sala Octava de Revisión, compuesta por los magistrados Humberto Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas.

En el entretanto, la mujer se practicó un aborto clandestino. Sierra y Vargas, aun sabiendo que la mujer había abortado sin estar en ninguna de las hipótesis en las que la Constitucional despenalizó el aborto, no sólo revocaron la sentencia del juez de Villavicencio, sino que fueron mucho más allá que la Corte en pleno en la sentencia de despenalización del 2006 y determinaron que la "interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental".

Además ordenaron mantener la confidencialidad del caso y la reserva del nombre de la confesa delincuente, aunque su deber era denunciarla porque cometió un delito al abortar clandestinamente y sin estar en ninguna de las hipótesis de despenalización.

Ante la gravedad de los hechos, la Procuraduría pidió al juez de Villavicencio toda la información del caso e interpuso un recurso de nulidad ante la Sala Plena, alegando que la Sala Octava de Revisión había cometido un grave conjunto de irregularidades.

El 28 de febrero, la Sala Plena, con evidente espíritu de cuerpo, negó la solicitud de nulidad y, como si no bastara, ordenó investigar disciplinariamente al juez de Villavicencio por haberle dado información del caso a la Procuraduría y le pidió al Tribunal de Ética Médica del Meta investigar a la doctora del hospital que certificó que la mujer no cumplía los requisitos para abortar.

Además pidió a la Fiscalía General de la Nación abandonar la investigación penal que inició por los hechos. De paso, le negó tácitamente a la Procuraduría su facultad de intervenir en los procesos judiciales y de requerir de las autoridades la información necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Sí, es como se está leyendo: la Corte ordenó investigar disciplinariamente a un juez por entregar legalmente información a la Procuraduría y a una médica por certificar que el embarazo de una mujer no ponía en riesgo su vida.

Y pretendió recortarle a la Procuraduría su derecho constitucional para requerir información de los funcionarios públicos.

Y si no bastara, pidió que no se siga con un proceso penal por un delito confeso.

Algunos magistrados ni se sonrojaron para no declararse impedidos. Casi me caigo de la silla cuando comprobé que el magistrado ponente de la sentencia de la Sala Plena es Sierra Porto, el mismo que decidió la tutela cuestionada. Y el mismo que el gobierno postula para juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Qué hará Sierra con el artículo 4 de la Convención Interamericana que sostiene que el derecho a la vida está protegido "a partir del momento de la concepción"? Pasárselo por la faja, seguramente.

Vivimos el imperio de la arbitrariedad judicial.

 EL COLOMBIANO – Medellín - Colombia

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Preconstituyendo la prueba contra Uribe

8 de marzo de 2012 | ANÁLISIS | Por: SERGIO ARAÚJO

El cerco alrededor de Álvaro Uribe cada día se estrecha más dramáticamente. Ya nadie duda que el expresidente es víctima de una estrategia de desprestigio para borrarlo de la historia y encarcelarlo.

¿Pero cómo? ¿Con qué cargos? ¿Con qué pruebas? Sencillo: Había que preconstituir las pruebas…

Todo empezó cuando Uribe se inclinó a favor de la facultad de la Corte Constitucional, como intérprete de los derechos constitucionales y su capacidad para fallar tutelas que pudieran tumbar sentencias de la Corte Suprema. Como es en el resto del mundo…

Después vino un borrascoso episodio telefónico entre Uribe y Yesid Ramírez, en el que se gritaron improperios. El clima se agravó por ¿la torpeza? de negarse a nombrar algunos familiares de magistrados que habían pedido puestos. Luego, a la cocción de ese caldo envenenado, concurrió la oposición encabezada por Petro, Robledo, Avellaneda y otros del extinto Polo, que hasta entonces no eran más que unos tipos inteligentes a los que nadie les paraba bolas en el Congreso, pero junto a los magistrados enardecidos, esa falange de guerreros pudo artillarse con las armas de la Corte y se volvió una poderosa escuadra de batalla.

Algunos periodistas, expresidentes, y resentidos por Uribe, se fueron integrando a ese grupo de presión, minoritario en cantidad pero tremendamente letal en lo político, especialmente por el poder judicial, que le puso colmillos al empeño.

Cesar Gaviria, astuto como es, entendió el cuarto de hora, abandonó el institucionalismo de su oposición política mesurada y sumó al Partido Liberal que entró feroz a la cruzada antiuribista. Muchos entendieron lo que venía y saltaron del barco. Pero Uribe no entendió.

Todo esto más o menos se sabe, nada es nuevo. Lo que no resulta claro es ¿por qué Uribe no se dio cuenta? Ellos, conscientes de cuan improbable resulta tumbar o llevar a juicio al Presidente en un sistema que entrega al Congreso la competencia para investigarlo, optaron por apostar a la competencia excepcional de la Corte Penal Internacional que solo asume cuando la justicia de cada país no opera.

¿Pero cómo? ¿Con qué cargos? ¿Con qué pruebas? Sencillo: Había que preconstituir las pruebas.

La prueba preconstituida es aquella que existe antes de la apertura del proceso judicial, está a disposición de juez en cualquier momento y podrá ser agregada a la causa una vez iniciada. Entendido esto, el sector del poder judicial comprometido contra Uribe, empezó a construir el acervo probatorio que demostraría que Álvaro Uribe no fue más que la cabeza indiscutible de la Máquina de Guerra (teoría de Roxin) que pretendió materializar, desde el Ejecutivo, la “refundación” del Estado que quedó consignada por las autodefensas en el famoso Pacto de Ralito.

Los magistrados comenzaron por desempolvar viejos anónimos, sobre la intervención de los paras en las elecciones a Congreso. Las denuncias dormían el sueño de los justos desde el 2000 pero solo se acordaron en 2006. ¿Prevaricaron? Quizá sí.

Precisamente por tener la competencia para investigar y acusar al Presidente había que volver a los parlamentarios parte de la causa y de la prueba, pues para que la CPI pudiera intervenir había que contaminar a quienes faculta la Constitución para investigar al Jefe del Estado. Por eso, el primer paso fue encarcelar y condenar masivamente la bancada gobiernista.

La Corte cambió jurisprudencias y moduló el alcance del delito de sedición (demasiado leve) porque para aplicar la teoría de Roxin era necesario adecuar, primero a los paramilitares y después a los congresistas, en el tipo penal conocido como Concierto para Delinquir.

En muchos casos era cierto. Sería mendaz negar que los paramilitares intervinieron las campaña de 2002 e incluso las de 2000, y antes las de 1998, tan violentamente como las intervino la guerrilla durante tres décadas, sin que el poder judicial moviera un dedo.

Pero la “barrida” de la bancada gobiernista no distinguió culpables de inocentes, mucho menos respetó su propio precedente jurisprudencial, ni cuidó el debido proceso. Todo fue válido, la Corte llegó incluso a condenar personas que jamás juzgó. Se arrasó el esquema garantista, y la Corte Constitucional decidió agacharse y no proteger los derechos de los procesados.

Sin embargo no bastaba, había que incluir a los colaboradores cercanos. Por eso, Jorge Noguera conocido en Santa Marta como persona de bien, fue procesado y condenado tras haber desenmascarado a un delincuente condenado, que la Corte ungió -para vergüenza histórica- como “testigo estrella”.

Pero se necesitaba más, por eso persuadieron a Yidis, y con su sospechosa autoinculpación lograron imputarles delitos a dos ministros, por -quizá- hacer lo que antes y después hicieron todos los ministros.

Tampoco era suficiente, y amarraron al tema paramilitar -que es rural- el tema del campo, para eso usaron unas sinvergüenzuras de particulares y las presentaron como delitos de funcionarios. Ahí nació AIS, y encarcelaron otro ministro con su equipo.

Lo penúltimo es lo de Luis Carlos Restrepo, quien desmovilizó una fuerza mortífera que nació ante la indolencia del Estado y con el pretexto de financiar la lucha antisubversiva abarcó todas las esferas de la ilegalidad. En cualquier país serio Restrepo merecería un reconocimiento por materializar -con la lengua- el desarme y desmovilización de las AUC; pero la fuerza de tarea antiuribista convirtió la desmovilización de un frente guerrillero en cuatro delitos.

Lo último es el insólito encarcelamiento de Rodolfo Campo Soto, exdirector del Incoder, por la supuesta celebración ilegal de un contrato con la OEA. Aunque la Fiscalía no solicitó que se encarcelara, la juez de control, a motu proprio decidió su “alta peligrosidad” y lo clavó en un calabozo. No importó su trayectoria intachable, 70 años de vida inmaculada, ni la penosa debilidad probatoria. ¡Por ser uribista merecía cárcel también!

En la tarea de fabricar (o preconstituir) pruebas contra Uribe nada es demasiado descabellado.

Un politizado y poderoso sector de la Justicia, instigado por políticos, y permeado por la izquierda armada que infiltró su gente en el poder judicial, está llevando a cabo un plan milimétrico para que la Corte Penal Internacional investigue a Uribe como el presunto jefe de una gigantesca organización criminal con aparato armado, ala política, derivaciones en corrupción oficial, narcotráfico, violaciones de derechos humanos, agresiones a países vecinos y toda suerte de crímenes contra la ley y la humanidad que quepan en las ilimitadas posibilidades de este grupo que, hasta ahora, va ganado la partida a un Uribe que no sabe cómo defenderse.

No es fácil. Esa amalgama de formas de lucha que mezcla ingredientes político-jurídico-mediáticos es la más letal y depurada versión del concepto.

Todos esos procesos no buscan justicia, moralidad ni nada altruista o admirable. No. Cada persona encarcelada, imputada o condenada, solo va engrosando el acervo probatorio con el que intentan crucificar al expresidente.

Ese es el plan.

Espero que, por decirlo, no me fabriquen pruebas para embutirme también en una adecuación típica sobre medidas. No lo descarto, al fin y al cabo toda tiranía es arbitraria.

@sergioaraujoc 

 KIEN&KE – Colombia

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La sentencia contra Plazas

22 de febrero de 2012 | COLUMNA| Por: Fernando Londoño Hoyos

No estamos en un juicio. Apenas, en un circo romano. El pulgar señala al infeliz que está vencido en la arena.

La gradería estalla en vítores. La fiera tiene su presa y la canalla queda ahíta de sangre inocente.

     Decíamos ayer que en la sentencia contra el coronel Luis Alfonso Plazas aparece un elemento más que inquietante, entre pintoresco y repulsivo, que es la condena contra instituciones y personas que no se pasearon una sola vez por el proceso, que no fueron convocadas para defenderse de cargos que en el mismo se les hicieran y que no tuvieron por tan simples razones el derecho y la oportunidad de defenderse.

    Ya lo dicho pone de presente la calidad de los juzgadores y el ánimo que movía su pluma. Más tarde, cuando leímos la sentencia de primera instancia y las revelaciones que hizo el cabo Villamizar, el único testimonio del que pudo agarrarse la juez para prevaricar con algún respaldo, concluimos que el Tribunal no podía hacer otra cosa que absolver al sindicado.

    Villamizar juró que no salió de Granada (Meta) el día de la tragedia y que la fiscal Buitrago se inventó el acta en que declaraba lo contrario y acusaba a Plazas. Confirmamos que teníamos razón cuando leímos las largas páginas que el magistrado ponente le tuvo que dedicar a esa faena exculpatoria. No había otro remedio.

    Pero cuando no se trata de administrar justicia, sino de usar la justicia para hacer política, de la peor, todo es posible. El escrito de los dos magistrados mayoritarios lo demuestra.

    Era imposible que concluyeran en que había prueba, alguna, de la supervivencia de los empleados de la cafetería. Y tuvieron que aceptarlo. Cuando negaron las pretensiones de nueve de las diez familias quejosas, admitieron que el peso abrumador de las evidencias era mayor que su voluntad de tejer una novela. Y desestimaron esa feroz e interesada presión de los familiares de las supuestas víctimas. A pesar de que medio millón de dólares per cápita aguza mucho el ingenio, no hubo espacio para tanto. El Tribunal aceptó que en todos los casos, menos en uno, la desaparición era una invención, aunque hubiera sido tan gritada a los cuatro vientos.

    Se agarraron de un último expediente. Como pudieron, adornaron la hipótesis de que Carlos Rodríguez salió con vida de Palacio. Y le sumaron la segunda hipótesis de que alguien, sin ser visto ni oído, se lo llevó para la Escuela de Caballería. Y que allá lo descubrió el coronel Plazas, tercera hipótesis, sin que nadie lo supiera, ni el más indiscreto fisgón ni el más osado denunciante. Para concluir en la hipótesis final, la de que Plazas lo desapareció en algún ignorado lugar del universo. Donde quedará para toda la eternidad.

    Algo mejor supieron de la guerrillera Irma Franco. De su supervivencia y de que alguien la sacó de la Casa del Florero. Alguien que no pudo ser Plazas, engarzado en su guerra de tanques cuando todo aquello ocurría. Nos quedaron debiendo lo demás. Esto es, que la señora Franco desapareció en Caballería y que fue Plazas quien la tuvo en su poder. Lo que era práctica y tácticamente imposible. Pero no importa. Un solo desaparecido era muy poco. Por pares la cosa va mejor.

    ¿Algún indicio, siquiera un indicio que relacione a Plazas con la guerrillera? Por supuesto que no. Queda el mando de una empresa criminal. Pero Roxin no da para tanto y el general Arias Cabrales ya carga esa cruz. Tampoco importa. Algo de imaginación suple la plena prueba con que solo puede condenarse a alguien en Colombia. Y en cualquier lugar del mundo. Salvo que no se trate de impartir justicia sino de satisfacer odios y de halagar las graderías del circo.

    El pulgar señala al infeliz que está vencido en la arena. La gradería estalla en vítores. La fiera tiene su presa y la canalla queda ahíta de sangre inocente. En el Palco siempre hay un Cesar victorioso. Al que Dios y el tiempo y la humanidad le pasarán la cuenta de su ignominia. Así ha sido, y así será.

EL TIEMPO – Bogotá - Colombia

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La politización de la justicia

21 de febrero de 2012 | OPINIÓN | Por: Paloma Valencia Laserna

Determinar si la justicia está politizada podría ser un debate hondo y difícil, al menos debería serlo; pero hay varios hechos que muestran sin dificultad que el fenómeno está apareciendo en Colombia.

La politización y la condena de inocentes es algo que el sistema no puede tolerar, sin importar la ideología, pues por encima está el deber de construir un Estado y una democracia para Colombia.

No se trata de un hecho local; en varios países la justicia ha empezado a exhibir un factor político que para unos estabiliza y para otros hace lo contrario. Creo que el debate debe –él mismo- despolitizarse. Evaluar si la situación actual -las decisiones politizadas- son buenas o malas; se resuelve con la postura política de quien lo mide; se trataría de subir a un nivel de abstracción más alto y considerar filosóficamente si conviene a una democracia que la justicia tenga decisiones cargadas políticamente.

La justicia debería intentar decisiones justas e imparciales. Sin embargo, cuando analizamos el proceso de todo juzgamiento vemos que, por un lado, el juez tiene un sentido de justicia enmarcado –y no definido- por las leyes y que en esa medida, sus decisiones son primero viscerales y luego se soportan en la normativa. Conviene, entonces, pensar si las nociones de justicia pueden ser independientes de las convicciones políticas. Soy de la opinión de que muchas veces no es posible diferenciarlas; la justicia viene amarrada a la educación; más aún la valoración de los hechos históricos y de sus consecuencias está anclada en las posturas ideológicas. En  esa medida, casi ninguna decisión podría estar exenta de una valoración política. Sin embargo, hay un tema de gradualidad en el asunto que no podemos desconocer. Una cosa es que yo considere justo castigar un militar por una violación de derechos humanos y otra distinta que yo presuma que todos los militares violan los derechos humanos; Peor aún, que yo tenga una agenda política e intencionalmente utilice mis fallos judiciales para imponerla.

No es aceptable que la ley se aplique selectivamente y sólo se persiga a unos, escogidos por su postura política. No conviene que de la rama judicial se pase a la política o viceversa. No es deseable que los delincuentes utilicen a la jurisdicción para cobrar sus venganzas personales. No es justo que algunos militares inocentes paguen por el sólo hecho de estar en las FF.AA. Tampoco es aceptable que los Fiscales utilicen el principio de oportunidad para tejer entramados novelados y perseguir a algunos ciudadanos. No hay justicia cuando esto pasa. Estos síntomas son el resultado de una enfermedad que puede ser terminal para un Estado de Derecho y para una democracia.

Las dolencias avanzan y entonces, el problema de la politización de la justicia genera un caos mayúsculo que los culpables utilizan para camuflarse. Si ya no hay confianza en las decisiones judiciales incluso aquellos fallos donde un culpable ha sido condenado empiezan a quedar en entredicho. Los culpables se confunden con los inocentes y la posibilidad de administrar justicia disminuye hasta el punto en que la sociedad repele el sistema judicial. ¿Estamos cerca de que algo así pase? Sería lamentable y destruiría la institucionalidad que tanto nos ha costado construir.

No importa que los casos sean pocos o muchos, la politización y la condena de inocentes es algo que el sistema no puede tolerar, sin importar la ideología, pues por encima está el deber de construir un Estado y una democracia para Colombia. Hay que atender estos signos de alerta y unirnos como país para evaluar sin pasiones lo que está sucediendo. La rama jurisdiccional es uno de los pilares que justifica y legitima el Estado, su mal funcionamiento puede destruirlo todo. Hay mucho para pensar: el caso del Comisionado de Paz Restrepo acusado hasta de fabricar armas y las declaraciones de Saldaña diciendo que él lo engaño y que está presionado para mentir. El caso de los funcionarios del Ministerio de Agricultura en la cárcel o en procesos por hechos que son usuales en la administración pública. Lo que ha sucedido con Baltasar Garzón condenado en España y respaldado por el Gobierno colombiano. El que haya más militares en la cárcel que guerrilleros. Un fallo que condena al Ejército sin que haya sido parte en el proceso. Magistrados dejan esa labor para iniciar carreras políticas; peor aún, que pasen de ser políticos beligerantes a jueces imparciales con un nombramiento; como que uno de los dos Magistrados ponentes del fallo que condena a Plazas Vega que fue militante activo –candidato a la Cámara de Representantes- por la izquierda y luego falla sobre un caso en el que debería estar inhabilitado.

@PalomaValenciaL

EL ESPECTADOR – Bogotá - Colombia

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El asilo de Restrepo

19 de febrero de 2012 | Registro | Por: Rafael Nieto Loaiza

Luis Carlos Restrepo perseguido político

Esa Fiscalía que acusa de los más graves delitos a Restrepo, es la misma que está cuestionada por sus lazos afectivos con quien ahora agrega a su prontuario el ser señalado como asesor a sueldo de los paramilitares.

Es el Estado que asila el que valora si el solicitante es o no un perseguido y si tiene garantías procesales y de imparcialidad en su juzgamiento.

El asilo tiene un propósito humanitario: proteger a quienes consideran que son perseguidos por razones políticas. Es el Estado que asila el que valora si el solicitante es o no un perseguido y si tiene garantías procesales y de imparcialidad en su juzgamiento.

No importa si la acusación a quien pretende asilarse es por delitos comunes, porque es posible que la motivación de tal acusación sea política. Quien debe evaluar si la razón de una acusación es política y si existen las garantías para un juicio justo, es el Estado que concede el asilo.

Colombia ha sido defensora del asilo y ha respetado la decisión de conceder asilo a colombianos. Decenas de guerrilleros están asilados en Europa sin que la Cancillería diga algo, ni tampoco en casos como los de Pitirri, confeso criminal que goza de asilo, ese sí inexplicable, en Canadá.

Por eso sorprende cuando amenaza al gobierno de Panamá por la concesión del asilo a María del Pilar Hurtado. Más allá de si es o no responsable de los delitos que se le imputan, ¿alguien puede razonablemente creer que tiene garantías procesales y de imparcialidad en un juicio que sería adelantado por aquellos que sostienen haber sido víctimas de espionaje por el DAS?

Con Luis Carlos Restrepo ocurre algo similar. La Fiscalía, con una celeridad inusitada en un país donde los procesos penales duran lustros, le imputa ser el jefe de una “empresa criminal” y delitos que van desde concierto para delinquir y peculado hasta tráfico de armas. De reconocer que hubo falsos guerrilleros entre los desmovilizados del “Cacica Gaitana” a sostener que dirigió el entramado para colarlos en el proceso hay un abismo que no parece preocupar a la Fiscalía. Restrepo ha sostenido que fue engañado y tiene derecho, salvo que se le pruebe lo contrario, a que se le crea. Y lo tiene no sólo porque sus antecedentes lo muestran como un hombre decente, sino porque en su calidad de comisionado de paz, con graves riesgos personales, le puso tatequieto a los abusos de los jefes paras que después fueron extraditados. El país no tiene derecho a olvidarlo.

Además, esa Fiscalía que acusa de los más graves delitos a Restrepo, es la misma que está cuestionada por sus lazos afectivos con quien ahora agrega a su prontuario el ser señalado como asesor a sueldo de los paramilitares. La misma Fiscalía que reaccionó iracunda a la carta de Restrepo que señaló posibles conductas delictivas de su marido y la misma que forzó la renuncia del Vicefiscal, encargado de investigar al narco para asesor, quizás porque éste se negó a sentarse a manteles con quien debía investigar. La misma Fiscalía que presionó a Olivo Saldaña para que declarara contra Restrepo a cambio de favores, como lo denunció primero el abogado de Saldaña y después, arrepentido de su negociación, Saldaña mismo. La misma Fiscalía que acusó de mentiroso al Presidente de la República, sin que éste se mosqueara y a la prensa bogotana le importara. La misma Fiscalía que no será investigada por fraude, bien porque no tenía invalidez absoluta para exigir semejante pensión, bien porque siendo absolutamente inválida se posesionó en su cargo oficial.

Para rematar, Restrepo habría de ser juzgado por unos magistrados que, han probado una y otra vez su animadversión contra el expresidente Uribe.

En esas condiciones, ¿acaso no tiene sustento el asilo de Restrepo?

EL PAÍS – Cali - Colombia

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