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Dic 10 de 1948
Peláez y Gardeazábal agosto 1 de 2018
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El mayor Ordóñez

20 de octubre de 2011 | Reflector | Por: FERNANDO LONDOÑO HOYOS

El que se pregunte por qué vamos perdiendo, lea esta historia. Así paga esta Patria a quienes mejor la sirven
El Mayor Ordóñez fue durante los años de su Escuela Militar modelo de estudiante, por lo que pudo graduarse con los mayores honores que sus superiores le podían dispensar. Y por sus altas calidades de soldado, de oficial sin tacha y de enamorado de su Ejército, fue ascendiendo entre la admiración de sus compañeros, sus superiores y sus subalternos.
No puede extrañar, a quien conozca siquiera un poco de la vida militar, que con los honores y las responsabilidades llegaron los desafíos académicos y las duras pruebas de los cursos de combate. Mi Mayor fue graduado como contraguerrillero, luego como paracaidista y enseguida como Lancero, que es la crema de nuestro Ejército. Más adelante fue seleccionado para el curso de Comandos y distinguido como Instructor de Lanceros.
Esa sucesión de honores en la formación del guerrero vino acompañada del mayor número de condecoraciones y distinciones que podía recibir un oficial de su edad y su rango. Más de doscientas medallas iluminaron su pecho de combatiente. Conoció todas las fatigas, padeció todos los dolores, asumió todos los peligros. Pero su amor a la Patria lo justificaba con creces.
Muy cerca de Cali, donde trabajaba el Mayor, en el vecindario de casas señoriales de veraneo, merodeaba una cuadrilla de las Farc, integrada por desalmados bien conocidos en la región. El boleteo, la extorsión, la intimidación eran el pan cotidiano de moradores y visitantes. Que por eso acudieron al Mayor Ordóñez en busca de seguridad y de paz.
Una primera operación terminó en fracaso. La gente que padecía estos horrores redobló las súplicas. Y vino una segunda orden, planificada y dispuesta con perfecta técnica militar.
Esta vez hubo éxito. Se estableció contacto a la medianoche y cuatro bandidos fueron dados de baja. El Mayor ordenó asegurar la zona y le comunicó el hecho a la Fiscalía. Los fiscales acudieron, pero prefirieron dejar su tarea para la mañana. Todo estuvo en regla, por supuesto.
Pasó el tiempo. Mucho tiempo. Y la Fiscalía y los abogados que sabemos encontraron un testigo muy apropiado. El mismo que en su primer testimonio dijo no haber visto nada lo pensó mejor y ya lo recordaba todo. Todo lo que se le pedía que recordara. Los hombres de Ordóñez fueron llamados a juicio por uso excesivo de la fuerza. El General Juan Salcedo Lora acudió al proceso como experto en estrategia y operaciones tácticas. El juez prohibió que se le llamara General. Era una forma de intimidación para su Despacho.
Y vino lo más increíble. Ordóñez también fue incluido en el proceso. Porque se encontraron muchas llamadas a la tropa en esas horas. No era para cumplir deberes de mando. Era para instigar a unos criminales, los oficiales y soldados. Y en su contra hubo una prueba final, la que ofrecían todos sus cursos de combate y todas sus condecoraciones. El Ejército había educado a un criminal en potencia, a un asesino que esperaba una oportunidad para matar. Y fue condenado a 46 años de prisión. Sus subalternos, inclusive los que no dispararon un tiro, a 40. El testigo falsario seguirá protegido y todos los oficiales compañeros de Ordóñez tendrán aprendida la lección. Si es delito combatir, es peor delito ordenar que se combata.
El Mayor Ordóñez se pregunta qué le hubiera pasado si archiva las peticiones de la gente que le pidieron protección. Nada, sin duda. Y así, es como termina su relato, esa mañana en que fue detenido, habría podido acompañar al jardín a su hijita de 2 años. La que no verá crecer. La ha perdido para siempre. Como a su esposa, a sus padres, a su Ejército. Solo le quedan el deshonor y la cárcel. Así paga esta Patria a quienes mejor la sirven.

Se necesita el fuero militar


11 de octubre de 2011 | OPINIÓN | Por: SAÚL HERNÁNDEZ BOLÍVAR

No se trata de cerrar los ojos y dejar pasar errores (u horrores), sino de entender que, aunque la Fuerza Pública cumple protocolos, reglas y formalidades, nunca es posible reducir los errores a cero.

 

Eso sí, hay que insistir en la formación en derechos humanos para erradicar las violaciones.

Fue un error creer que limitando la Justicia Penal Militar y acabando con el fuero, como ha ocurrido en la práctica, se atacaría la impunidad y se reducirían las violaciones de los derechos humanos y al DIH. En realidad, lo que se logró fue criminalizar los errores no intencionados cometidos en el servicio sin considerar que todo ser humano es imperfecto y que no es justo caerles a quienes en suerte les tocó semejante responsabilidad sin tener una formación óptima ni recibir a cambio una remuneración acorde con los riesgos que conlleva la misma.
    El resultado final ha sido un garrote jurídico con el que las guerrillas y cualquier otra organización criminal amedrentan a la Fuerza Pública y le ganan batallas sin disparar tiros, lo que constituye una grave amenaza para la seguridad de todos los colombianos, bien sea que padezcamos un desafío terrorista, un conflicto armado o un problema de delincuencia desbordada, y más aún cuando se busca un marco especial para la paz.
    ¿Por qué a los integrantes de la Fuerza Pública los debe cobijar un fuero especial? La mayoría de nosotros tiene la fortuna de poderse equivocar y enmendar, sin tener que lamentarse de las consecuencias. Muchos otros, en cambio, desempeñan oficios potencialmente riesgosos. Y, en esos casos, cuando un civil comete un error, se presume su buena fe, incluso en ocasiones en que se observa una conducta negligente que raya con lo criminal. ¿Por qué, entonces, no hay la misma indulgencia con los uniformados?
    Los errores médicos, por ejemplo, suelen taparse con tierra pero, salvo casos excepcionales, prevalece el criterio de que mal podría tildarse de asesino a quien intenta preservar la vida de los demás. Luego, como su intención es bondadosa, hasta se les excusan probables omisiones. Y, a menos que haya una falta clara, no se considera lógico ni justo llevarlos a un estrado judicial.
    Asimismo, no sería sensato que el conductor de la recicladora de asfalto que les ocasionó la muerte a 21 niños del colegio Agustiniano fuera visto como un asesino múltiple o un sicópata comparable con Luis Alfredo Garavito.
    Es obvio que nadie tenía la intención de provocar semejante accidente, y un accidente es tal aunque se rompan muchas normas y se salten todos los controles. Una desgracia como esa tiene que ser producto de una cadena de errores y de sucesos fortuitos que difícilmente se podrían repetir.
    Con los militares y policías pasa lo mismo: se equivocan; y, como su actividad es de alto riesgo, se producen consecuencias lamentables. Por eso, lo más justo sería distinguir no solo si se trató de un acto del servicio, sino cuál era la intención del acto, si hubo dolo, si hubo mala fe.
    Violar a una niña y asesinarla junto a sus dos hermanitos no es un acto del servicio ni es un error de 'buena fe'. Tampoco lo es el asesinar civiles y hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate para mostrar resultados sin arriesgar el pellejo. Ni siquiera el miedo justifica tan deshonrosa cobardía.
    Pero el DIH establece claramente que hay actos excusables a pesar de que sus efectos sean espantosos. No se trata de cerrar los ojos y dejar pasar todos los errores (u horrores), sino de entender que a pesar de que la Fuerza Pública cumple protocolos, reglas y formalidades, nunca es posible reducir los errores a cero. Eso sí, hay que insistir en la formación en derechos humanos para erradicar las violaciones e incrementar la legitimidad de las instituciones.
    Muchas faltas cometidas por miembros de organismos de seguridad del Estado son imperdonables no solo por su gravedad intrínseca, sino por constituir una traición al honor militar, a la memoria de los compañeros caídos y al pueblo que deben defender, pero la ausencia del fuero no puede seguir actuando como una espada de Damocles que les impida cumplir su deber.
@SaulHernandezB

Justicia penal militar

09 de octubre de 2011 | OPINIÓN | Por: RAFAEL NIETO LOAIZA

Militares y policías están completamente desprotegidos y en manos de fiscales y jueces que, como los de Arias Cabrales, Uscátegui y Plazas Vega, se ensañan contra ellos como si se tratara de criminales de la peor calaña, violando sus derechos más fundamentales.
No tengo duda de que militares y policías deben ajustar su comportamiento de manera estricta a los derechos humanos, cuando se trata de situaciones cotidianas y ordinarias, y al derecho internacional humanitario, cuando entran en combate. Digo también que las violaciones a los derechos humanos y al DIH son intolerables y que deben ser sancionadas con firmeza. Y reafirmo que sólo con respeto de los derechos humanos y el DIH se obtiene la legitimidad indispensable para triunfar en el conflicto que sufrimos.

Dicho esto, sostengo que en las condiciones actuales de inseguridad jurídica y de amenazas a la libertad y a las carreras profesionales de los miembros de nuestra fuerza pública, no sólo se comete una injusticia atroz contra nuestros soldados y policías, sino que no será posible ponerle fin a la violencia que sufrimos.

De los varios riesgos que se ciernen sobre las cabezas de los uniformados, dos son quizás los más importantes. La ausencia de reglas claras para evaluar su conducta es el primero. Lo lógico sería que cuando de combates se trate, las acciones militares y policiales sean regidas por el DIH, creado y construido en forma específica para regular la guerra. Es lo que ocurre en todo el mundo cuando se viven conflictos armados. Pero en Colombia las cortes, en su espléndida ignorancia del derecho internacional, han hecho un menjurje espantoso de normas internas e interpretaciones descabelladas de las internacionales. El resultado es que en realidad en nuestro país no se aplica el DIH.

Así que aunque se diga y se repita que estamos en un conflicto armado, la conducta en combate de nuestros militares y policías se está juzgando a la luz de los derechos humanos, creado para tiempos de paz y pensado para controlar al delincuente común y nunca para enfrentar los grupos armados que nos asuelan. El resultado es maniatar a la Fuerza Pública y darle una ventaja inconmensurable a los violentos. ¿La última joya? La decisión de la Sala Penal de no aceptar los juiciosos argumentos del Procurador sobre los computadores de Reyes, dizque porque esa operación tenía que regirse sólo por las normas procesales internas y no por el DIH. Que ese "argumento" sea estúpido y traiga como consecuencia que la fuente más importante de información sobre las Farc que haya estado nunca en manos del Estado no sirva sino para botar a la basura, ha dejado sin cuidado a los flamantes magistrados.

El otro peligro es el colapso de la justicia penal militar. En un conflicto armado, la conducta de los militares y policías debe ser investigada y juzgada por jueces especiales, conocedores de los avatares de la guerra y con formación y experiencia suficientes para poder evaluar a quienes participan en el conflicto. En Colombia, como fruto de decisiones políticas equivocadas, de presiones de las oenegés y de la infiltración comunista en el sistema judicial, la justicia penal militar ha dejado de existir.

Al final, militares y policías están completamente desprotegidos y en manos de fiscales y jueces que, como los de Arias Cabrales, Uscátegui y Plazas Vega, se ensañan contra ellos como si se tratara de criminales de la peor calaña, violando sus derechos más fundamentales. En esas condiciones no hay Ejército que opere. Exactamente lo que nos está pasando. Recuperar y fortalecer la justicia penal militar no admite más demora.

"Los Militares de Colombia son Asesinos Para Mindefensa"

07 de septiembre a las 21:13 Por Ricardo Puentes Melo

¿Este gobierno de Juan Manuel Santos nos estará llevando hacía una guerra civil?

A estas alturas del paseo, ya nada debería sorprendernos.

Peligrosa brecha

Plinio Apuleyo Mendoza

 Digan lo que digan, sin Fuero Militar la guerra no se gana y la derrota de las Farc se quedará en palabras

Extraño país el nuestro. Apenas se supo que el referendo se había hundido y empezó a hablarse del fin de la era de Uribe, una especie de congoja se hizo sentir en todas partes, incluso entre los opositores de la reelección. Críticas, agravios e infames caricaturas se desvanecieron de pronto, para cederle el paso a un reconocimiento de todo lo conseguido en ocho años por el Presidente. La misma reacción se vio en la prensa internacional.
¿Y ahora qué? Se preguntan con algo de zozobra los colombianos. Liberada de incertidumbre, la campaña electoral que ahora se inicia obliga a los candidatos a dejar atrás sólo lemas publicitarios en torno a temas como la salud, el empleo, la pobreza y otros, para concretar programas y abordar el tema crucial de la seguridad.

No basta con agitar la fórmula litúrgica que se les escucha a algunos candidatos de continuar y mantener la seguridad democrática. Quienes se encierran en esta promesa, sin ir más lejos, parecen ignorar un hecho sumamente peligroso: a la seguridad democrática, aparentemente sólida y triunfante, se le ha abierto una peligrosa brecha que está siendo aprovechada con éxito por la guerrilla.
Existe desconcierto en los altos mandos, desmoralización en la tropa y mandos medios de las Fuerzas Militares y, como consecuencia de todo ello, un perceptible temor de entrar en combate con la guerrilla, pues cualquier baja infligida a ésta puede ser denunciada con éxito como "falso positivo". De modo que las acciones ofensivas se le están dejando sólo a la Fuerza Aérea.
¿Cuál es el origen de este mal que los medios y la opinión pública han pasado por alto? Digámoslo sin rodeos. Todo se debe al absurdo desmantelamiento de la Justicia Penal Militar.

Desconociendo abiertamente el artículo 221 de la Constitución Nacional, artículo que pone los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en manos de tribunales militares, Camilo Ospina, entonces ministro de Defensa, suscribió con el azaroso Fiscal Mario Iguarán un llamado Convenio Interadministrativo que dejó en manos de la justicia ordinaria las investigaciones y procesos contra los militares.
Con esta medida, a espaldas de la Constitución, se buscaba sin duda apaciguar a las ONG y a sectores de la opinión internacional que no confían en nuestros militares cuando juzgan a uno de los suyos. Suponen que se tapan con la misma cobija. Sólo que para enfrentar tales inquietudes, el ministro Ospina no tomó en cuenta una realidad venenosa: la justicia que tenemos en casa. Sus cientos de fiscales y jueces parcializados son los mejores alfiles de la guerra jurídica impulsada por 'Alfonso Cano'. A sus dudosos manejos se deben los tres mil militares hoy detenidos. La pérdida del Fuero Militar permite contra ellos toda suerte de atropellos e injusticias.
Este daño estuvo a punto de ser reparado cuando una joven y honesta abogada, Lorena Leal, presentó una demanda contra el convenio Ospina -Iguarán y ocurrió un milagro: el Consejo de Estado lo declaró el pasado diciembre inconstitucional. Pero hubo un recurso de reposición que deja dicho fallo en cuarentena. ¿Quién lo presentó? El ministro de Defensa, Gabriel Silva, nada menos. Los altos mandos no acaban de comprenderlo. ¿Orden del Presidente? Lo dudan. Sería increíble -dicen ellos- que un mandatario empeñado en derrotar al terrorismo insistiera en demoler un Fuero Militar reconocido por nuestra Constitución e intocable en Estados Unidos y en Europa.
Digan lo que digan, sin Fuero Militar la guerra no se gana y la derrota de las Farc se quedará en palabras. Ojo al candidato que tenga el valor de decirlo.