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El asilo de Restrepo

19 de febrero de 2012 | Registro | Por: Rafael Nieto Loaiza

Luis Carlos Restrepo perseguido político
Esa Fiscalía que acusa de los más graves delitos a Restrepo, es la misma que está cuestionada por sus lazos afectivos con quien ahora agrega a su prontuario el ser señalado como asesor a sueldo de los paramilitares.
Es el Estado que asila el que valora si el solicitante es o no un perseguido y si tiene garantías procesales y de imparcialidad en su juzgamiento.
El asilo tiene un propósito humanitario: proteger a quienes consideran que son perseguidos por razones políticas. Es el Estado que asila el que valora si el solicitante es o no un perseguido y si tiene garantías procesales y de imparcialidad en su juzgamiento.
No importa si la acusación a quien pretende asilarse es por delitos comunes, porque es posible que la motivación de tal acusación sea política. Quien debe evaluar si la razón de una acusación es política y si existen las garantías para un juicio justo, es el Estado que concede el asilo.
Colombia ha sido defensora del asilo y ha respetado la decisión de conceder asilo a colombianos. Decenas de guerrilleros están asilados en Europa sin que la Cancillería diga algo, ni tampoco en casos como los de Pitirri, confeso criminal que goza de asilo, ese sí inexplicable, en Canadá.
Por eso sorprende cuando amenaza al gobierno de Panamá por la concesión del asilo a María del Pilar Hurtado. Más allá de si es o no responsable de los delitos que se le imputan, ¿alguien puede razonablemente creer que tiene garantías procesales y de imparcialidad en un juicio que sería adelantado por aquellos que sostienen haber sido víctimas de espionaje por el DAS?
Con Luis Carlos Restrepo ocurre algo similar. La Fiscalía, con una celeridad inusitada en un país donde los procesos penales duran lustros, le imputa ser el jefe de una “empresa criminal” y delitos que van desde concierto para delinquir y peculado hasta tráfico de armas. De reconocer que hubo falsos guerrilleros entre los desmovilizados del “Cacica Gaitana” a sostener que dirigió el entramado para colarlos en el proceso hay un abismo que no parece preocupar a la Fiscalía. Restrepo ha sostenido que fue engañado y tiene derecho, salvo que se le pruebe lo contrario, a que se le crea. Y lo tiene no sólo porque sus antecedentes lo muestran como un hombre decente, sino porque en su calidad de comisionado de paz, con graves riesgos personales, le puso tatequieto a los abusos de los jefes paras que después fueron extraditados. El país no tiene derecho a olvidarlo.
Además, esa Fiscalía que acusa de los más graves delitos a Restrepo, es la misma que está cuestionada por sus lazos afectivos con quien ahora agrega a su prontuario el ser señalado como asesor a sueldo de los paramilitares. La misma Fiscalía que reaccionó iracunda a la carta de Restrepo que señaló posibles conductas delictivas de su marido y la misma que forzó la renuncia del Vicefiscal, encargado de investigar al narco para asesor, quizás porque éste se negó a sentarse a manteles con quien debía investigar. La misma Fiscalía que presionó a Olivo Saldaña para que declarara contra Restrepo a cambio de favores, como lo denunció primero el abogado de Saldaña y después, arrepentido de su negociación, Saldaña mismo. La misma Fiscalía que acusó de mentiroso al Presidente de la República, sin que éste se mosqueara y a la prensa bogotana le importara. La misma Fiscalía que no será investigada por fraude, bien porque no tenía invalidez absoluta para exigir semejante pensión, bien porque siendo absolutamente inválida se posesionó en su cargo oficial.
Para rematar, Restrepo habría de ser juzgado por unos magistrados que, han probado una y otra vez su animadversión contra el expresidente Uribe.
En esas condiciones, ¿acaso no tiene sustento el asilo de Restrepo?

Ahí está, su cabeza en un plato

24 de diciembre de 2011 | La Claridad | Por: Paloma Valencia Laserna
Fue una gestión muy hábil la de acusar al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, para calmar parte de las voces que exigían por su renuncia. Entrega a Restrepo para salvar su cargo.
Aunque en Colombia hemos tenido fiscales tan extraños como Iguarán -que contrató un brujo que le indicara quién era culpable-; la aparición de una Fiscal casada con un personaje con tantos vínculos oscuros, como Lucio, es un exabrupto. Desdibuja completamente la necesidad de neutralidad de este ente investigativo.
Viviane Morales ha tenido aciertos incuestionables en su gestión; pero aquello no la exime de la serie de dudas que empiezan a aparecer en torno a sus decisiones y la relación con su esposo. No se trata de evaluar si lo ha hecho bien o no; lo determinante es que le aparecieron tantos conflictos de intereses, que su gestión se hizo inviable. Su familia está vinculada en demasía con todos los agentes delictivos notorios del país: guerrilla, paramilitares, narcotráfico, en fin, que su neutralidad sobre los asuntos está más que cuestionada.
En eso coincidíamos todos; la Fiscal debería apartarse de su cargo y poner por encima de sus intereses personales, la estabilidad jurídica del país. Esos actos de generosidad y decencia no se ven en el país desde hace mucho, y la tradición política a la que pertenece la Fiscal tiene tradición en aferrarse a los cargos aún contra lo que conviene al país.
Así que esa aspiración era sólo un clamor ilusionado. Lo sorprendente del caso, es que muchos de quienes pidieron su renuncia, ahora parecen casi defendiendo la Fiscal. Dicho en términos claros; ella está siendo dura con el uribismo y los antiuribistas prefieren tragarse el sapo de Lucio, con tal de mantener una Fiscal que ataque al gobierno pasado.
Es una triste postura la de estos analistas, que además se atreven a sostener que la justicia no está politizada. Fue una gestión muy hábil la de acusar al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, para calmar parte de las voces que exigían por su renuncia. Entrega a Restrepo para salvar su cargo.
Y sabemos que se trata de una entrega injustificada e injustificable, no sólo por la intachable carrera académica de Restrepo, sino porque cualquiera que lea la reglamentación de la Ley de Justicia y Paz encuentra el artículo 3 del decreto 4760 de 2005 que establece que “la verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad corresponderá a las autoridades judiciales, quienes contarán con la colaboración que deberán prestar los demás organismos del Estado”.
Acusar a Restrepo por las declaraciones de Mancuso o cualquier otro paramilitar es una afrenta para el investigado; es evidente que aquellos paras y sus amigos hoy en la cárcel y presos en EE.UU. tienen muchas razones para estar molestos con Restrepo. ¿Qué móvil tendría, en cambio, Restrepo para ayudar a falsos guerrilleros a desmovilizarse? ¿Para traficar con armas?
En desarrollo de una avispamiento del que nos enorgullecemos, los colombianos hacemos trampa cada vez que haya oportunidad. Eso no es ninguna sorpresa, lo raro es que Restrepo sea el único llamado a responder por las falsedades cuando esa ni siquiera es su función.