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Dic 10 de 1948
Peláez y Gardeazábal agosto 1 de 2018
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La venganza del M-19

08 de febrero de 2012 | Zona franca | Por: José Obdulio Gaviria

¿Qué hacer contra el triunfante designio vengativo del M-19, materializado en la sentencia contra el Ejército -encarnado en el coronel Plazas- y contra el gobierno de Belisario?

El problema del M-19 es que la sociedad los perdonó pero ellos nunca se arrepintieron.

   El criminal asalto al Palacio de Justicia, su ideación, preparativos, y la acción misma, involucró a todo el M-19. Nadie fue ajeno al acto terrorista; ninguno podrá decir que nada sabía. Para ellos, los atacantes del Palacio son héroes a quienes envidian por haber alcanzado la palma del martirio; cantan loas a su valentía, enaltecen su memoria.
    ¿Por qué lo afirmo? Ellos mismos lo dijeron, altaneros, en declaración del 11 de noviembre de 1985, cuando aún no se apagaban las llamas infames que encendieron con su fanatismo: "Llegamos ante la Corte Suprema de Justicia para presentar las demandas de una nación que se desangra y se asfixia". En ese documento, el M-19 describió la batalla por el Palacio con tal detalle, que nadie puede dudar que también actuaba en la retaguardia: "Nuestra defensa estaba organizada con base en el enfrentamiento militar y no en la toma de rehenes (...) De parte nuestra, nunca hubo ultimátum ni amenazas al Gobierno ni a las personas retenidas (¡!)". Sus expresiones son soberbias: "En ningún momento planteamos la disposición a la rendición humillante y vergonzosa (...) la resistencia (mostró) el temple y el heroísmo de los oficiales de Bolívar en forma jamás vista en este país". Desde entonces, el 'M' ha dedicado su esfuerzo a construir un monumento moral a sus "héroes" caídos en esa batalla y, sobre todo, a vengarlos.
    Los demócratas somos respetuosos de las decisiones judiciales. Pero, ¿qué decir cuando el poder judicial obra como instrumento de una política? ¿Qué hacer cuando el juez es instrumento de una venganza? Los Estados Unidos vivieron esa experiencia, que se conoce como el caso Scott (1857). Taney, presidente de la CSJ, en clara contradicción con la filosofía de los Padres Fundadores, pretendió que los negros nunca podrían ser ciudadanos de los Estados Unidos, porque ellos eran equivalentes a una cosa, un objeto cuya propiedad era inalienable. El Partido Republicano y su líder, Abraham Lincoln, convirtieron la rebeldía contra semejante sentencia en su principal punto programático. Fueron necesarios el triunfo de Lincoln y una sangrienta guerra civil para derogar tamaño engendro jurisprudencial.
    ¿Qué hacer contra el triunfante designio vengativo del M-19, materializado en la sentencia contra el Ejército de Colombia -encarnado en el coronel Plazas- y, de contera, contra el gobierno de Belisario? Tanta sed de vindicta solo tiene parangón en el protagonista del cuento de Alan Poe El barril de amontillado. Cualquier rencoroso es un mero aprendiz al lado de ellos. ¡Lograron urdir con éxito una nueva versión de la Operación 'Antonio Nariño por los Derechos del Hombre' después de que la de 1985 les fracasó! Increíble. Ellos, en su manifiesto, habían anunciado que continuarían la toma, "pero no como demanda sino como sentencia por la decisión política y militar del Gobierno, que arrasó a quienes estaban ahí (...)". ¡Y vaya si lo están cumpliendo!
    La condena contra Plazas es un primer paso en el sendero del "desagravio" al que creen tener derecho. El magistrado (militante del Polo, es decir, conmilitón del M-19) ideó una forma de arruinar la moral del Ejército, que es su verdadero objetivo de enjuiciamiento. ¿Pueden creer que pretende obligar al Ejército a (celebrar) "acto público en la Plaza de Bolívar pidiendo perdón a la comunidad por los delitos ejecutados en noviembre de 1985"?
    El problema del M-19 es que la sociedad los perdonó pero ellos nunca se arrepintieron. Pues, ¡a ponerlos en cintura! Que reviva el fantasma del holocausto, pero para ellos, que lo ocasionaron. Por eso varios juristas preparan demanda contra la Ley 77 de 1989, la que les concedió amnistía e indulto.

Injusta justicia

06 de febrero de 2012 | COLUMNA | Por: Mauricio Vargas

El fallo sobre Plazas es el último eslabón de una cadena de equivocaciones que premia a los guerrilleros y castiga a los militares.

La duda favorece a Piedad Córdoba, pero condena a Plazas.

Hace bien el presidente Juan Manuel Santos en renegar de su promesa de inicios de mandato -durante la engañosa luna de miel con las altas cortes- cuando aseguró que nunca criticaría un fallo judicial, y proceder ahora a cuestionar el del Tribunal Superior de Bogotá que condena a 30 años de prisión al coronel Alfonso Plazas Vega por su actuación en la toma del Palacio de Justicia. Fallo que, además, demanda que el presidente de entonces, Belisario Betancur, sea juzgado por la Corte Penal Internacional, y ordena al Ejército pedir perdón por los hechos.
Aunque los magistrados se molesten, todos los colombianos, incluido el Primer Mandatario, tenemos derecho a opinar sobre las decisiones de los tribunales. Otra cosa es que estemos obligados a acatarlas. Santos registra la misma molestia que millones de colombianos frente a la evolución de los procesos judiciales sobre las horas de terror vividas entre el 5 y el 6 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia.
Para las nuevas generaciones -y para los olvidadizos-, recordemos los hechos. Decenas de guerrilleros del M-19 se tomaron a sangre y fuego el Palacio, asesinaron a guardias y custodios, tomaron como rehenes a magistrados de las altas cortes, quemaron expedientes para ayudar a grandes capos de la mafia, y pusieron al país al borde del colapso absoluto. Pretendían hacerse fuertes, negociar un alto el fuego en el edificio y obligar al presidente Belisario Betancur, que tanto se excedió en generosidad e ingenuidad en su fallido proceso de paz, a hacerse presente para ser juzgado por los guerrilleros.
La reacción de los militares no se hizo esperar. Sin preparación alguna en este tipo de operaciones, pasaron una veintena de horas tratando de recuperar el edificio, algo que sólo lograron con su virtual destrucción y la muerte de decenas de empleados y magistrados, muchos de ellos asesinados a sangre fría por los asaltantes. Aunque es verdad que los militares salvaron la vida de muchos, también lo es que, en la paranoia antisubversiva de entonces, cometieron excesos y, sin duda, barbaridades, al detener a algunos de ellos, llevarlos sin orden judicial a instalaciones militares y, según testimonios, torturarlos y desaparecerlos.
De eso último ha sido acusado el entonces coronel Plazas, convertido en leyenda al responder en esas horas a un periodista que le preguntaba qué estaba haciendo: "Defendiendo la democracia", dijo sin titubeos. Ese protagonismo le granjeó odios que hoy le pasan la cuenta. Lo menos que se puede decir del fallo que lo condenó es que está lleno de vacíos y contradicciones, como lo demostró ayer en su columna de este diario mi colega María Isabel Rueda.
El quid del asunto es que millones de colombianos se niegan a entender que mientras algunos de los líderes del grupo asaltante hoy gobiernan a Bogotá por el favor de la misma democracia que Plazas decía defender, el militar retirado vaya a pasar el resto de sus días en prisión. En conclusión, lo que a muchos indigna es que la sociedad aplique el máximo castigo a los militares que defendieron a las instituciones (imperfectas, pero en todo caso más legítimas que los terroristas), mientras perdonó y ahora premia con honores democráticos a los líderes del grupo terrorista asaltante.
En eso, el fallo de la justicia contra Plazas es, en esencia, injusto. Y perfila una constante: durísimas -y merecidas- condenas a los políticos aliados con los paramilitares, y la vista gorda de la Corte Suprema frente a los políticos dedicados a hacerles mandados a las Farc, a esas mismas Farc que siguen matando civiles. La duda favorece a Piedad Córdoba, pero condena a Plazas. Y la reacción de Santos, que tanto molestó a las cortes, recoge esa honda indignación de millones de colombianos.

El esperpento

04 –feb- 2012 | El observador | Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

El fallo es el uso deliberado del instrumento mediante el cual se expresa la Justicia para ignorar la esencia del asunto: la condena al M19 por el asalto a sangre y fuego a la Corte, financiado por el narcotráfico y comandado por la demencia de sus jefes.
Veintisiete años de impunidad y confusión acerca del asalto al Palacio de Justicia es el legado que los órganos encargados de investigar e impartir justicia han dejado a la posteridad. Ahora, la actuación de dos magistrados del Tribunal Superior de Bogotá sólo sirven para confirmar el propósito de hacer política con la Justicia que anunció hace Augusto Ibáñez cuando fue Presidente de la Corte Suprema.
El fallo de segunda instancia sobre la vinculación del coronel Alfonso Plazas Vega a las desapariciones ocurridas en la retoma del Palacio reafirma que es mucho lo que anda mal. Todo da a entender que el propósito no es encontrar la verdad y decidir en derecho sino producir un hecho, castigar a un militar por cumplir con su deber antes que aceptar que las pruebas no son suficientes para condenar a un ciudadano, como lo reconoció el magistrado ponente, Hermens Lara, quien se apartó de la decisión.
Ese propósito aparece de forma nítida cuando los magistrados Fernando Pareja y Alberto Poveda exigen al Ejército Nacional que presenten excusas públicas en la Plaza de Bolívar. Es una exigencia de claro contenido ideológico que se hace en un juicio penal, donde sólo es pertinente resolver la situación del procesado. Y se confirma cuando se refieren al expresidente Belisario Betancur, acusándolo en un proceso en el que nada tiene que ver, y llamando a la Corte Penal Internacional para que lo juzgue.
Es decir, en su intención por convertir su fallo en un deplorable espectáculo político, los autores del esperpento no tienen inconveniente en afirmar que la Justicia no opera en Colombia, que ha fracasado y no es capaz de encontrar la verdad. Y que renuncian a la soberanía consagrada en la Constitución, reconocida incluso por uno de los autores de la politización de la rama jurisdiccional, Jaime Arrubla.
Antes que una demostración de ignorancia, el fallo es el uso deliberado del instrumento mediante el cual se expresa la Justicia para ignorar la esencia del asunto: la condena al M19 por el asalto a sangre y fuego a la Corte, financiado por el narcotráfico y comandado por la demencia de sus jefes. Bajo ese propósito, definir la suerte del coronel Plazas por hechos que aún no han sido plenamente demostrados sirve para desconocer la verdad mientras se ignoran los alegatos del acusado.
Y lanzar acusaciones contra el presidente Betancur es un recurso para tratar de desconocer que su actuación impidió consecuencias peores. Que no dejó que triunfara el chantaje de los criminales que secuestraron y fusilaron a juristas de la talla de Yesid Reyes. Quizás el que Belisario haya impedido el triunfo del terror y el que toda Colombia le esté agradecida, es lo que no le gusta a los magistrados Pareja y Poveda.
Comparto lo expresado por Rafael Nieto en su columna del domingo pasado. A los abogados que tenemos la posibilidad de escribir en un medio de comunicación se nos ha convertido en obsesión el hablar de la Justicia en Colombia. Es que esta clase de esperpentos le están haciendo un daño terrible y quizás irremediable a una actividad intelectual que debe ser noble y debe estar alejada de los intereses sectarios. Y destruyen la credibilidad en los jueces y la posibilidad de resolver los conflictos de nuestro país por los métodos pacíficos que consagra la Ley.

No pida perdón, general

04 de febrero de 2012 | OPINIÓN | Por: Salud Hernández-Mora

No debería, mi respetado general Alejandro Navas, comandante de las FF. AA., pedir perdón por una salvajada que no cometió el Ejército.

Por desgracia, ni siquiera esa injusta condena soluciona nada.

No debería, mi respetado general Alejandro Navas, comandante de las FF. AA., pedir perdón por una salvajada que no cometió el Ejército. Y si lo hace por disciplina, tenga por seguro que ese día seremos muchos los que iremos a la Plaza Simón Bolívar a boicotear la orden caprichosa de unos emperadores judiciales.
Acudiremos con banderas de Colombia a tapar sus palabras obligadas con nuestros aplausos a sus hombres. Son miles los mutilados, los enfermos, los que dejaron -y siguen dejando- la vida por defendernos, cientos los secuestrados, decenas los desaparecidos. Que hay manzanas podridas que vejan el uniforme, autoras de crímenes espantosos, es innegable y por eso es justo que paguen duras condenas y sus mandos pidan perdón a los colombianos.
Pero el Palacio de Justicia lo asaltó una banda terrorista que entró a sangre y fuego, asesinando inocentes desde el primer minuto. No fue, como dijo el otro día Clara López, un "aventurismo político" de los revoltosos integrantes del M-19. Se trató de un crimen brutal, financiado por Pablo Escobar, en el que los guerrilleros despreciaron, como siempre, la vida de sus compatriotas.
Y aún no hemos escuchado los perdón, perdón y mil veces perdón de labios de todos los M-19 que por fortuna -y gracias a la generosidad de sus conciudadanos- regresaron a la civilidad. Por el contrario, hace unos años, en Bogotá, se reunieron para cantar emocionados el himno de su banda terrorista y recordar con nostalgia su pasado. Por tanto, necesitamos oír su sincero arrepentimiento, así como la verdad de lo ocurrido, porque nos siguen mintiendo.
Sobre el llamamiento que hacen los dos magistrados del Tribunal Superior de Bogotá a la CPI para que enjuicie a Belisario, me pregunto: ¿a quién le hacen el mandado? ¿A Yesid Ramírez, expresidente de la anterior Corte Suprema? Pueden ser ignorantes, pero no tanto como para desconocer que lo del expresidente es un imposible jurídico. ¿No será su objetivo sentar un precedente para dictar lo mismo en sentencias posteriores que se refieran a Álvaro Uribe? Veremos.
Y en cuanto al fallo contra el coronel Plazas Vega, es un exabrupto completo. Tuve la infinita paciencia (deberían dictarles clase de redacción a fiscales, jueces y abogados) de leerme las 968 páginas y coincido con el magistrado que salva su voto. No sólo "la investigación brilla por su ausencia" y los distintos tribunales, además de la Fiscalía, acomodaron pruebas y testimonios a su antojo, sino que al oficial lo condenó su protagonismo mediático en la desastrosa retoma. Era el chivo expiatorio más fácil.
Queda en evidencia que los otros dos magistrados del Tribunal Superior -que despreciaron el trabajo juicioso que realizó su colega durante año y medio como ponente- utilizan sólo lo que les conviene de unos testigos de cargo cuyas declaraciones insultan la inteligencia de cualquier ser humano. Son contradictorias, cargadas de incongruencias, de lagunas, de imprecisiones, de falacias. Es tan evidente que falsean sus testimonios, que solo unos togados con intereses ajenos a su obligación de dictar Justicia ciega pueden tenerlos en cuenta. Es más, cómo serán de llamativas las mentiras y la falta de pruebas confiables, que aun tergiversando el material sometido a su revisión no pudieron endilgarle sino dos desapariciones de las once iniciales.
Por desgracia, ni siquiera esa injusta condena soluciona nada. Seguimos sin conocer todos los pormenores de lo que ocurrió ese día tanto en la Presidencia como en el interior del Palacio y con los desaparecidos. Lo único seguro es que si los del M-19 no cometen aquel acto de barbarie infinita, nadie habría llorado muertos ni vivido una tragedia.

Petro

3 de nov. 2011 | OPINIÓN| Por: FERNANDO LONDOÑO HOYOS

Petro estará siempre dispuesto a culpar el egoísmo de los ricos, antes que admitir su incompetencia.
No es la primera vez que las mayorías cándidas e ineptas se entregan en brazos de las minorías audaces. Los bolcheviques nunca tuvieron el favor del pueblo. Y gobernaron la mitad del género humano más de setenta años. Hitler recibió el poder de Hindenburg en el más bajo momento de su popularidad. Y fue capaz de una locura que pagaron con su vida más de cincuenta millones de personas. Los cubanos quedaron rehenes del comunismo sin saberlo. Y Castro dispone de sus menguados destinos hace cincuenta y dos años. Allende nunca superó el treinta y cuatro por ciento del electorado. Y Chile no salda todavía la deuda que costó esa aventura.

Petro ganó con el 32 por ciento de los votos que depositaron los electores del alcalde. Y más del 65 por ciento era claro contradictor de sus iniciativas y su persona. Pero de nuevo surgieron las divisiones insensatas, los orgullos mezquinos, la falta de visión. Y Bogotá ha quedado por cuatro años sometida al gobierno de minorías implacables. La Historia no cambia.

El Polo Democrático tiene arruinada esta ciudad hace ocho años. Primero, con un personaje medio chistoso que presidió un desgobierno absoluto. Y luego con una camarilla dispuesta a gobernar sin vergüenza. Pero ahora viene lo peor. Porque Petro es más ambicioso y más listo que Garzón, y porque la demagogia esencial es más grave que el robo como sistema. Y eso no lo entendieron las mayorías en las urnas, ni los jefes en las campañas. Cada uno insistió en lo suyo y no hubo un ápice de compasión con la suerte de más de siete millones de personas.

Petro nunca administró nada y no tiene entre los suyos quien sepa que administrar es una ciencia que reclama aplicarse con paciencia, con orden, con juicio. Y Petro no tiene paciencia, ya lo vimos, y mucho menos está dispuesto a someterse a un orden y a obrar juiciosamente. Su discurso de victoria es una radiografía del personaje, bastante menos elocuente y diserto de como se lo pregona, pero bastante más peligroso de como se lo supone. No ha empezado su tarea y ya se presenta como el redentor de las masas abandonadas y el jefe para grandes empresas del futuro.
Esas circunstancias gravitarán en su contra, pero sus fracasos lo harán más temible. Porque no hay nada más dañino que un aprendiz de autócrata acorralado por una realidad que no le hace concesiones.

Para ganar la mayoría relativa que obtuvo, que es en verdad una minoría inapelable, Petro acudió al viejo truco de prometer imposibles. Y hará cualquier cosa para demostrar, a la hora del balance, que la culpa no fue suya, sino de quienes se opusieron a sus designios y le cerraron el camino en su carrera hacia el éxito.

Pero mientras llega la hora de las cuentas, alcanzará a causar irreparables daños. La ETB será, al parecer, su primera víctima.
Los accionistas privados, que se tengan fino. De alguna parte tienen que salir los recursos ingentes que requieren las quimeras.
Y los contribuyentes, que se alisten. Petro estará siempre dispuesto a culpar el egoísmo de los ricos, antes que admitir su incompetencia. El endeudamiento vendrá, con su séquito de horrores. No hay nada más caro que administrar ilusiones. Ni nada más sencillo que explicar los desastres por la obra ajena.
Será cosa de ver cómo maneja la Policía el que quiso tan mal a los policías. Y cómo garantiza la seguridad el que fue experto en amenazarla. Y cómo logra explicar ante los jueces el tema de su inhabilidad. Porque el quite torero que el Consejo Nacional Electoral le hizo al asunto no significa que el tema esté cerrado. Petro fue condenado por porte ilegal de armas por la justicia penal militar que entonces regía. A su evidente incapacidad para gobernar, se suma su indiscutible inhabilidad jurídica para intentarlo.

GUSTAVO PETRO, vida y milagros.

6 de Julio de 2011 | COLUMNA | Por: Samuel Ángel
Durante la militancia del honorable Petro en el grupo terrorista M19, se realizaron los más despreciables actos de barbarie, no vistos en Colombia para ese entonces…