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Dic 10 de 1948
Peláez y Gardeazábal agosto 1 de 2018
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El cinismo moral del colectivo

26 de octubre de 2011 | OPINIÓN | Por: JOSÉ OBDULIO GAVIRIA

¿Cuál es la razón de ser de ese aparato propagandístico, siempre elogioso con las Farc y denigrante del estado colombiano?
    Es un ensayo del historiador y profesor de la UN Darío Acevedo (http://ventanaabierta.blogspirit.com/). Según Acevedo, en las investigaciones judiciales relacionadas con violaciones de derechos humanos, siempre se destaca el activismo del Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo' en favor de "víctimas de crímenes y terrorismo de estado".
    El colectivo (igual que Iván Cepeda, León Valencia, etcétera) acusa al estado colombiano de agenciar una criminal política de terror "contra la población civil, los movimientos sociales y el movimiento armado de las guerrillas revolucionarias" (que para ellos son una misma cosa).
    El colectivo es el frente de guerra jurídico de varias oenegés (17) reunidas en el Proyecto 'Colombia, Nunca Más'. La misión de los 17 del patíbulo, en sus propias palabras (www.colombianuncamas.org), es "salvaguardar la memoria de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia durante el último e inconcluso ciclo de violencia, que se inicia en 1965 (cuando el PC fundó las Farc, aclaro)".
    Acevedo ilustra sobre quiénes son el 'Proyecto Colombia, Nunca Más'. Entre otros: Asfaddes, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Credhos y Fundación Manuel Cepeda. ¿Cuál es la razón de ser de ese aparato propagandístico, siempre elogioso con las Farc y denigrante del estado colombiano?
    En mayo del 2001 (óigase, mayo del 2001), esos angelitos que dicen defender los derechos humanos, en general, prometieron hacer un "trabajo de largo plazo, que pretende ir salvando la memoria histórica de estos crímenes (de Estado) (...) esclarecimiento de los hechos en su verdad integral; sanción a los responsables y reparación integral a todas las víctimas y a la sociedad".
    El colectivo y sus cómplices se propusieron llevar a la cárcel a un buen número de militares ("sanciones a los responsables"). En el 2006, se hicieron hegemónicos en la justicia, pues tomaron la fiscalía a través de los brujos y brujas asesores de Mario Iguarán (Ángela Buitrago, por ejemplo, armó con René Guarín, secuestrador perteneciente al M-19, y quien representa a las víctimas del Palacio de Justicia (¿?), la tramoya trágica que puso tras las rejas al coronel Plazas).
    También coparon la CSJ y el Consejo Superior de la Judicatura a través de políticos menores derrotados en las elecciones. Varios abogados (que no juristas) recibieron la toga como premio de consolación por las curules o las alcaldías y gobernaciones no ganadas.
    El colectivo cínico gobierna ahora la justicia. Ellos, sí, ellos, tienen hoy en la cárcel a centenares de oficiales (desde subtenientes hasta generales), suboficiales y soldados. ¡No!, me dirán, ¡es porque cometieron crímenes! ¡Ah poquitos están en la cárcel por crímenes reales! Están porque se ensañó en ellos, los escogió como víctimas -tal cual ocurrió en Francia con Dreyfus-, el 'colectivo cínico'. Para muestra, les insinúo estremecerse leyendo esta historia del mayor Ordóñez, escrita por Fernando Londoño (http://www.pensamientocolombia.org/DebateNacional/?p=39487). Es 'colectivo cínico', porque al tiempo que ataca a nombre de las víctimas al 'estado terrorista', aparecen indefectiblemente como abogados defensores de los guerrilleros, a quienes califican como 'prisioneros políticos'; cínico, porque anuncian (Anncol) que el 29 de octubre, en Canarias, protagonizarán jornadas internacionales por el 'derecho de las Farc a la rebelión'.
    Muchos preguntan, ¿qué hacer? Ayer asesinaron a 20 soldados. Si el oficial al mando hubiese quedado vivo, ciertos jueces habrían pedido investigarlo penalmente (ver caso Las Delicias). Como murió, el Gobierno recompensó su heroísmo insinuando que fue un inepto. Yo mismo, entonces, me pregunto: ¿qué hacer?
@JOSEOBDULIO

El Cauca en llamas

14 de Julio de 2011 | OPINIÓN | Por: FERNANDO LONDOÑO HOYOS
En ese incendio ardemos todos.

¡Presidente, dé garantías!


Por Alfredo Rangel
Son injustas e infundadas las críticas que durante los últimos meses se le han hecho a Uribe sobre el tema de las garantías electorales
Sábado 23 Enero 2010

La falta de garantías es generalmente el último argumento que esgrimen quienes por anticipado ven perdida una elección. A veces con razón, como cuando una dictadura persigue o prohíbe la oposición, o cuando el sistema electoral no es transparente y los resultados son manipulados por el gobierno. Pero a veces sin razón, porque hay democracia y garantías para la oposición, y el sistema electoral es transparente y confiable.
Hoy nuestro caso es este último, porque la oposición lleva varios meses diciendo que no hay garantías, pero nunca como ahora los candidatos de todo el espectro político habían tenido tanta libertad y tanta seguridad para adelantar sus campañas electorales en todo el territorio nacional, nunca habían tenido tantos recursos públicos a su disposición (4.000 millones de pesos de anticipo por candidato presidencial), nunca habían tenido tanto acceso a los medios masivos de comunicación y, además, el sistema electoral, a pesar de sus reconocidas fallas, es cada vez más confiable.

Adicionalmente, para las elecciones parlamentarias hay una Ley de Garantías vigente que se está aplicando mediante un específico Plan de Garantías Electorales diseñado y puesto en marcha por el gobierno, que incluye, entre otras cosas, la congelación de la nómina oficial, la prohibición de nóminas paralelas, medidas de seguridad para el proceso electoral y para los candidatos, prohibición del proselitismo electoral a los empleados públicos, presencia de observadores internacionales, etcétera. Todo esto está vigente y operando.

La discusión se centra en que, según algunos, no hay garantías para las elecciones presidenciales porque el presidente Uribe, quien aún no es formal ni legalmente candidato porque no puede serlo, debería comportarse desde ya como tal y otorgar garantías adicionales, por si acaso. Pero, a mi manera de ver, Uribe hoy no es candidato sino precandidato, y para que lo sea falta que la Corte Constitucional apruebe el referendo y que éste tenga la participación electoral suficiente, todo en medio de unos plazos angustiosamente cortos que atentan contra el éxito de ese referendo.

El hecho es que la Ley de Garantías vigente para la elección o la reelección presidencial por primera vez, la 996 de 2005, obliga al presidente en ejercicio a cumplirla a partir del 30 de enero próximo, o sea, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales. Por tanto, aún cuando ya fuera legalmente candidato, que no lo es, estaría obligado a cumplir esa Ley sólo a partir de esa fecha, no antes. Así que desde los puntos de vista político y legal son injustas e infundadas las críticas que durante los últimos meses se le han hecho a Uribe sobre el tema de las garantías electorales.

El problema entonces serán los próximos meses a partir de esa fecha, cuando al vacío legal se sumará la incertidumbre política. "En Colombia garantías sí hay, lo que no hay es una Ley de Garantías que se pueda aplicar positivamente", ha señalado el presidente del Consejo Electoral, Marco Emilio Hincapié, refiriéndose obviamente al hecho de que la ley vigente no puede dar cuenta de la situación inédita que se presenta ahora, esto es, la incertidumbre de que sea o no posible una segunda reelección presidencial. ¿Debe entonces el Presidente asumirse y comportarse desde ya como candidato si, en teoría, sólo tiene el 50 por ciento de posibilidades de serlo?

Yo creo que sí. Mientras la Ley lo obliga y la incertidumbre política se resuelve, la solución está en el plano de la ética. De la ética preventiva, para ser más precisos. A partir del próximo 30 de enero el Presidente debería comportarse como candidato y otorgar a los demás candidatos las garantías que establece la Ley, por si acaso llega a serlo efectivamente. Con seguridad, para un Presidente con tan alta popularidad e intención de voto, por lo que prácticamente no necesita hacer campaña para ganarles a unos adversarios que, frente a él, están poco favorecidos del apoyo ciudadano, con seguridad, digo, al Presidente no le afectará en lo mínimo acoger a plenitud lo que establece la Ley de Garantías en los próximos meses, que podrían ser menos de cuatro si por cualquier circunstancia el referendo no es aprobado.

No es mucho pedir, porque en plata blanca significa: no inaugurar obras públicas, no entregar personalmente recursos estatales, no referirse a otros candidatos como Jefe de Estado, entre otras medidas. Poca cosa, en realidad, para un Presidente con tan desbordantes popularidad e intención de voto. Hágalo Presidente, y desde antes de la batalla electoral mójeles la pólvora a sus adversarios.