Corte mantiene hasta el 16 de diciembre nuevos impuestos a licores, tabaco y juegos de azar

INEXEQUIBLE LA EMERGENCIA SOCIAL

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Corte mantiene hasta el 16 de diciembre nuevos impuestos a licores, tabaco y juegos de azar

Los hospitales públicos y la población vulnerable serán los únicos beneficiados según los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional. 

La Corte Constitucional declaró inexequible la Emergencia Social, pero determinó que los efectos serán diferidos hasta el 16 de diciembre, para evitar un colapso aún mayor en el sector de la salud en Colombia. Con una votación de cinco por cuatro, el alto tribunal acogió la tesis del ponente Jorge Iván Palacio, quien sostuvo que esta normatividad no contaba con los requisitos para ser convocada.

Los hospitales públicos y la población vulnerable serán los únicos beneficiados según los alcances de la sentencia de la Corte.

Frente al decreto 127, que determina impuestos para la cerveza y cigarrillo, la Corte determino diferir el efecto de lo dispuesto hasta el 16 de diciembre de 2010.

Todos los recursos deberán ser dirigidos a la red hospitalaria pública y atender a los colombianos considerados como la población más vulnerable.

Según la Corte, el presupuesto valorativo de gravedad si se cumplió, es decir que si hay hechos realmente graves que afectan los derechos de acceso a la salud en la población colombiana.

La Corte Constitucional determino que en primer termino se pronunció sobre el decreto 4975 y también sobre tres decretos legislativos en desarrollo de la Emergencia en el que sobre sale el 127 que contiene el paquete tributario.

La primera decisión y fundamental es la que declara inexequible por unanimidad, donde la Corte Constitucional no había hechos sobrevinientes, ya que eran hechos que se venia "incubando con el tiempo".

La Procuraduría en este caso, habría solicitado la inexequibilidad con los mismos argumentos, además de considerar que hechos como la corrupción y la falta de la actualización del POS habrían ocasionado los problemas que hoy está padeciendo la seguridad social social en Colombia.

“La crisis de la salud no es producto de hechos que sobrevengan de manera repentina e imprevista, que no se hayan podido advertir, porque de tiempo atrás ha venido sucediendo de manera recurrente y progresiva la vulneración al goce efectivo del derecho fundamental a la salud, que se evidencia en la desatención de los pacientes y el incremento paulatino de decisiones de tutela que ordenan la prestación de servicios por fuera del POS”, señala el concepto.

Así mismo, señaló que el gobierno puede utilizar las vías ordinarias para succionar el problema de la salud, lo cual excluye la vía extraordinaria, como lo es la convocada Emergencia Social.Ante la caída del decreto madre quedan sin vigencia los otros decretos reglamentario como el del incremento de las tarifas del IVA a la cerveza, algunos licores, los juegos de suerte de y azar, cigarrillos y tabaco.

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“Es un abuso” que una EPS niegue medicamentos por la Emergencia Social

Luego de escuchar la queja de un veedor de salud, el presidente Uribe dijo que no entiende que se invoque esa falsedad.
Como un abuso y una trampa calificó el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, el argumentó que esgrimió una Entidad Promotora de Salud (EPS) para negar un medicamento a un paciente, aduciendo como impedimento la Emergencia Social.
Durante el Consejo Comunal número 273, que se realizó este sábado en la Casa de Nariño, el Presidente escuchó la queja del veedor del sector salud, Nicolas Salazar, en el cual denunció el hecho. “A un paciente que pesaba 30 kilos le estaban diciendo que no le daban un medicamento porque la Emergencia Social ahora se los prohibía”, le relató Salazar al Jefe de Estado.
Luego de escuchar el reclamo, el Mandatario rechazó que se utilice la Emergencia Social para negarle un beneficio a un paciente, cuando esta normatividad precisamente lo que hace es mejorar la atención a los usuarios. “Si quiera mencionó el caso. Es un abuso, es una trampa. Uno no entiende que vayan a invocar con esa falsedad la Emergencia, para negarle un beneficio a un paciente”, reclamó el Presidente Uribe, quien le pidió a la Superintendencia de Salud que investigue la denuncia hecha por el veedor Salazar.

Cierre de hospitales

El Presidente reiteró este sábado que el Gobierno Nacional no permitirá que se cierren los hospitales públicos del país, pero hizo un llamado a estas instituciones para que no incurran en excesos de gastos y hagan un buen manejo de sus dineros. “Quiero decirle hoy al país que nuestra voluntad es férrea en aquello de que no se pueden cerrar los hospitales. Lo que sí necesitamos es que los hospitales sean austeros, eficientes, que no derrochen plata.
“Este Gobierno no ha cerrado hospitales públicos, no permitirá que los cierre, pero así como hemos reestructurado 220, con las normas de esa reforma ahora la voluntad es que tengan que garantizar que esos hospitales apliquen bien los recursos a la salud”, afirmó Uribe durante el Consejo Comunal Sectorial de Salud número 273, que se realizó en la Casa de Nariño.
Señaló que el Gobierno Nacional, para evitar el cierre de los hospitales públicos, lo que ha hecho es desarrollar procesos para que se vuelvan sostenibles permanentemente. “Recuerdo, muy al inicio de este Gobierno. Bucaramanga: se va a cerrar el González Valencia, se van a cerrar los hospitales públicos de Santander, el de Barrancabermeja. Hemos avanzado en su reestructuración, la hemos financiado, impedimos que se cerrara.
“Recuerdo otro día: se va a cerrar el Universitario de Barranquilla, se va a cerrar el Universitario de Santa Marta ¿Qué hicimos nosotros? Impedir que se cerraran financiando la reestructuración”, sostuvo. Así mismo, destacó el modelo de restructuración que el Gobierno Nacional impulsó en el Hospital San José de Popayán, mediante la prestación de servicios bajo la modalidad de contratos sindicales con los trabajadores.
“Yo creo que ese es un modelo bien interesante, porque nosotros no queremos los extremos. No queremos que haya hospitales carcomidos por el clientelismo y la politiquería, y no queremos el otro extremo: de médicos, odontólogos, personal hospitalario maltratados por excesos de cooperativas de trabajo”, indicó el mandatario.

La Emergencia Social beneficia a las Familias en Acción; en nada se les afecta:

“¿Se benefician por qué las Familias en Acción? Porque la mayoría de ellas tienen es Régimen Subsidiado. Entonces, el plan de beneficios del Régimen Subsidiado hay que irlo subiendo a ponerlo en el nivel del Régimen Contributivo”, señaló el Mandatario. Agregó que, además, como todos los colombianos, a partir del primero de abril los deben atender en cualquier parte del país.

Bogotá, 20 feb (SP). El Presidente Álvaro Uribe Vélez aseguró este sábado que con los decretos expedidos al amparo de la Emergencia Social las Familias en Acción resultan beneficiadas; en nada se les afecta.
Explicó que la nivelación del Régimen Subsidiado al Contributivo los favorecerá a ellos, como a todos los colombianos, y que a partir del primero de abril podrán ser atendidos en cualquier parte del país. La siguiente es la declaración del Presidente Uribe sobre este tema:
“Preguntan las Familias en Acción qué les pasa con los decretos Ley de la Emergencia Social en Salud. Se benefician; nada se les afecta.
Todas las Familias en Acción en Colombia deben tener el carné de salud. Además, la mayoría de ellas ya están en lo que se llama La Red Juntos, la red de lucha contra la pobreza, y aspiramos seguir avanzando en el tema de la Red Juntos.
¿Y se benefician por qué las Familias en Acción? Porque la mayoría de ellas tienen es Régimen Subsidiado. Entonces, el plan de beneficios del Régimen Subsidiado hay que irlo subiendo a ponerlo en el nivel del Régimen Contributivo.
¿Por qué más se benefician las Familias en Acción, como todos los colombianos de Régimen Subsidiado? Porque desde el primero de abril, los deben atender no solamente en el municipio donde les han dado el carné del Régimen Subsidiado, sino en cualquier parte del país”.

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Salud y elecciones

Por Alfredo Rangel
lo que no pudo la oposición en siete años, lo hizo en dos semanas la improvisación y el desatino de de la reforma a la salud.

Sábado 20 Febrero 2010

El impacto político de la polémica reforma a la salud podría ser muy perjudicial para el gobierno. Y esto, en pleno debate electoral, le restaría posibilidades a la coalición de gobierno, al tiempo que mejoraría la posición de algunos opositores de cara a las próximas elecciones.

En efecto, sea por desaprensión, o por soberbia o por exceso de confianza, el gobierno no previó la reacción adversa que las medidas tomadas al amparo de la Emergencia Social iban a provocar en muchos sectores sociales, sobre todo en las clases medias urbanas, que son las que, como sociológicamente se ha comprobado, más temor tienen ante las incertidumbres del futuro y ante la falta de seguridad social. Y en este sentido no hay nada políticamente más sensible que el tema de la salud, aquí y en todas partes. Por esta razón, con esas medidas el gobierno giró contra la cuenta de su popularidad entre las clases medias, y estas podrían cobrárselo por ventanilla en las próximas elecciones. Lo que no pudo la oposición en siete años, lo hizo en dos semanas la improvisación y el desatino de esas medidas.

Porque la gente no acaba de entender que esas medidas que iban a tener un enorme impacto sobre el acceso a la salud, se hayan tomado sin la suficiente y necesaria participación de los afectados, y, sobre todo, sin el imprescindible debate en el Congreso de la República, escenario institucional natural y obvio para discutir y aprobar decisiones de semejante impacto social.

Porque el hecho es que la crisis de la salud se veía venir desde hacía mucho tiempo, pero su agudización reciente pareció tomar al gobierno por sorpresa y sin tener una respuesta suficientemente madurada y estructurada. Lo demuestra el hecho de que los decretos sólo se promulgaron la víspera del vencimiento de la vigencia de la Emergencia Social. La opinión no acaba de entender por qué en siete años el gobierno no había presentado al Congreso una iniciativa de reforma estructural a un sistema de salud que hacía agua por todas partes. Como tampoco se explica por qué no lo hizo la oposición. Y ahora, en los estertores de una legislatura a punto de extinguirse y en medio de una deslustrada campaña electoral, opositores y gobiernistas en el Congreso tratarán a las volandas de enmendar la plana. Sólo a título de ejemplo, no hay que olvidar que en el primer año de su mandato Obama ya había enviado al Congreso una propuesta de reforma a la salud. Y eso que él no tenía encima una sentencia de la Corte Constitucional que lo conminaba a hacerlo.

Pero lo más preocupante es que esta situación también parece haber tomado por sorpresa a los candidatos presidenciales, la mayoría de los cuales ha pasado de agache frente a la crisis, o se han escudado en generalidades, o sólo han utilizado hechos potencialmente escandalosos para aprovechar la coyuntura. Pero no se han dejado ver con propuestas integrales sobre un modelo de salud alternativo que sea viable, sostenible y equitativo. Porque de ellos los ciudadanos no esperamos solamente críticas a lo existente, sino opciones de salida creíbles.

Que la cosa le salió mal al gobierno lo demuestra su reversa en algunos de los temas más críticos: el uso de las cesantías para pagar por la salud, las multas a los médicos demasiado diligentes, la unificación del POS por lo bajo. No era pues un asunto de redacción de los decretos, ni un problema de lectura que súbitamente nos afectó a todos los colombianos, menos al gobierno. Pero ahora la duda que asalta hasta al menos avisado es si el remiendo del remiendo será suficiente para superar definitivamente la crisis. Yo me temo que no. Que sigue existiendo y se va a agudizar en el mediano plazo un problema de recursos económicos que no lo van a solucionar las medidas contra la corrupción, ni las que buscan más eficiencia en la gestión, ni los impuestos adicionales a tres o cuatro productos.

Porque el hecho tozudo y grave que está en la base del problema es que de ahora en adelante 41 millones de usuarios de la salud van a ser financiados por sólo ocho millones de cotizantes, y esto no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. La solución entonces, creo, apunta hacia una reforma tributaria que permita inyectar recursos suficientes y permanentes a la salud. Pero siguiendo el principio liberal según el cual no se puede establecer ningún impuesto sin que los representantes de los ciudadanos participen en la decisión, esto debería ser objeto de un amplio debate político en el Congreso. Pero, claro, para los políticos hablar de un mayor esfuerzo en impuestos no es "políticamente correcto" en plena campaña electoral. Por esta razón, en los próximos tiempos al pensar en la salud los colombianos no tendremos certezas, sino mucha inseguridad.

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Uribe regañó públicamente y en repetidas ocasiones al Minprotección

El presidente Álvaro Uribe le dio un fuerte 'jalón de orejas' al ministro de la Protección Social, Diego Palacio, por diferentes aspectos que mantienen insatisfecho al Jefe del Estado en torno a la aplicación de las medidas amparadas por la emergencia social.
Inicialmente el jefe del Estado regañó al funcionario durante la tercera jornada de servicio a través del Call Center, donde le reclamó a Palacio por no haber instalado un servicio integral de atención a los colombianos sobre el tema de salud.
"Yo llevo dos años pidiendole al ministerio un sistema de control de calidad a través de comunicaciones (...) Y lo que se ha hecho es mediocre (...) Haber señor ministro, qué respuesta hay a ésto porque parece uno hablando a las paredes", indicó el mandatario.

El otro tema que molestó al presidente Uribe fue la expedición de un reciente decreto reglamentario de la emergencia social, en el cual se dictan disposiciones para la salud integral de mujeres gestantes y servicios generales.
Para el mandatario ese decreto le ha servido a algunos sectores para decir que el gobierno es ingnorante en la materia de salud al dictar normas fundamentales. El minsitro respondió que era necesario reglamentar ese aspecto de la medida.
Cuando parecía que los regaños habían terminado, el mandatario volvió a llamarle la atención al funcionario, esta vez durante una tertulia sobre emergencia social que se adelantó en la Casa de Nariño.
El presidente Uribe le reprochó al ministro Palacio por no expedir a tiempo un decreto que el mandatario había reclamado desde hace varios días. "No nos dejemos decir mediocres ministro, aquí tenemos que ser unos combatientes", dijo el mandatario.
Cuando Diego Palacio intentó a explicarle al mandatario que le están trabajando en el decreto pero el presidente Uribe lo interrumpió: "en eso estamos desde hace 15 días ministro. ¿Cuándo está el decreto?", Estas palabras fueron precedidas por un tenso silencio.
Minutos después el presidente Álvaro Uribe retomó su arremetida: "a mí me da pena Ministro. Estas demoras... Cuando nosotros damos la palabra el martes, el martes es el martes. Llevamos nueve días de mora, la gente los pierde la fe".
El mandatario dijo además que desde el gobierno se han enviado mensajes equivocados a la ciudadanía y se ha dado pie para que los críticos distorcionen la información para utilizar el tema de la emergencia social en contra del ejecutivo.
"Hemos asustado a los colombianos haciéndoles pensar que van a tener que vender la casa, gastarse las cesantías, las pensiones en ésto. Nosotros no podemos seguir creando esos pánicos. Yo no estoy de acuerdo con eso, mientras yo sea Presidente de la República desautorizo eso, en el discurso y en la norma", dijo Uribe.

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Minprotección dijo que denuncias de Vargas Lleras son "desespero electoral"

Dijo que el candidato presidencial hace acusaciones sin sentido.
Luego de que el candidato presidencial Germán Vargas Lleras denunciara que el Ministerio de la Protección Social celebró un tercer contrato por $125 mil millones de pesos con el objeto principal de asesorar al Ministerio en reforma al sector salud y la existencia de un "carrusel" de contratación en este caso, el jefe de esa cartera, Diego Palacio, se pronunció.
"El programa de apoyo a la reforma a la salud hace parte de un crédito suscrito entre la Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID en el año 1996. Este programa tenía como objeto proveer las herramientas y conocimiento requeridos para lograr la implementación exitosa de la reforma del sector salud. La reforma a la que se refiere dicho contrato es la reforma a la Ley 100, situación que debía tener claro el candidato Vargas", aseveró.

El ministro Palacio dijo que las denuncias obedecen a un "desespero electoral", toda vez que éstas, a su parecer, no tienen sentido. "La Contraloría General de la Nación, en su informe de auditoría gubernamental al contrato de préstamo 910/OC-CO -República de Colombia- Banco Interamericano, dice que "los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, el efectivo recibido y los desembolsos efectuados a 31 de diciembre de 2008 y las inversiones acumuladas del PARS ejecutado por el Ministerio de la Protección social de conformidad con las políticas contables y con los términos del contrato de préstamo BID"".
Palacio, tras hacer una minuciosa explicación del crédito, reiteró que es preocupante que haya "desespero" en una personas que pretende llegar a la Casa de Nariño.

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A los médicos

Por: Elespectador.com

 

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Una pildorita de sensatez

Por: Saúl Hernández  ¿Cómo es eso de que hay un paciente que le vale al sistema 6.000 millones de pesos mensuales? 

La Organización Mundial de la Salud define que la salud es "el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". Pero, también puntualiza que el presupuesto asignado en un país al bienestar social debe estar asociado al nivel de riqueza colectiva.
La sociedad actual parece atravesar una etapa de negación de la muerte; hay quienes no buscan calidad de vida a través de los servicios de salud sino prolongar la agonía de manera indefinida y a un costo tal que se vulnera el precepto de justicia en la distribución de unos recursos que son bastante limitados. Hay pacientes que le valen al sistema sumas astronómicas. En muchos casos, ¿no se está preservando su vida por medios artificiales y, en ese caso, no es un atentado contra su dignidad?
¿No tiene importancia estarse gastando la provisión anual de miles de personas?
Colombia destina 25 billones de pesos anuales a la salud, el 8 por ciento del PIB. En promedio, cada afiliado le cuesta al sistema unos 500.000 pesos anuales. La cobertura se ha ampliado significativamente. En 1990, sólo el 16 por ciento de los colombianos tenía atención en salud; en el 2002, subía a cerca del 60 por ciento; y hoy la tiene más del 90 por ciento de la población (41 millones de personas). En el régimen subsidiado tenemos 23,8 millones de afiliados y 17,6 en el contributivo, de los cuales sólo 8 pagan, el resto son parientes beneficiarios. Este año se alcanzará la cobertura universal y, por orden de la Corte Constitucional, se igualarán los beneficios de ambos regímenes, nivelación que cuesta -según Fedesarrollo- 5 billones anuales, por lo que de poco o nada sirve que haya 6 billones en TES.
Francia tiene el mejor servicio de salud del mundo. Allá se destina para la salud el 11 por ciento de su gigantesco PIB, lo que equivale a más de 400 billones de pesos colombianos. Eso les permite contar con cerca de 7 millones de pesos anuales, en promedio, para cada ciudadano. Tienen cobertura universal, pero mientras aquí tenemos a cerca del 60 por ciento de la población en el régimen subsidiado, allá sólo lo está cerca del 7 por ciento. Casi toda la población cuenta con el 'seguro de salud obligatorio', que se financia, igual que aquí, con los aportes salariales (repartidos entre el empresario y el trabajador), y muchos tienen también el 'seguro complementario', diseñado para cubrir enfermedades graves. En todos los casos, el sistema prevé participación financiera del paciente.
Es decir, tener altos estándares en los niveles de atención en salud no depende de "asegurar los recursos necesarios a cargo del Estado" como vienen diciendo, palabras más, palabras menos, los politiqueros que andan en campaña y los críticos que no ven sino errores en este Gobierno. Si los franceses, para darles la mejor salud del mundo a sus 62 millones de habitantes, necesitan 400 billones de pesos, en Colombia se necesitarían unos 300 billones para atender con los mismos parámetros a 45 millones de personas y eso es, más o menos, el 80 por ciento del PIB nacional, y representa toda la recaudación de impuestos del país en cinco años.
Esa es, a grandes rasgos, la realidad de la situación. El nuestro es un país pobre cuya economía naufraga en la informalidad, dejando pocos ciudadanos en grado de contribución. Pero hay gran cobertura y un alto nivel científico que es muy costoso. Así que a las exageradas expectativas por parte de los usuarios, y a los abusos, hay que ponerles freno.
Es cierto que las EPS deben mejorar la atención, que los decretos de la emergencia social no son perfectos, que debió darse el debate previo, que no se debieron contratar asesorías millonarias, etcétera, pero las decisiones que se están tomando van en la dirección correcta. Seamos sensatos, ni siquiera la 'autonomía médica' puede convertir a los médicos en ordenadores del gasto.

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'Se le ha infundido injustamente a la ciudadanía un temor sobre la reforma', asevera presidente Uribe sobre Emergencia Social

Caracol | Febrero 15 de 2010

El presidente Álvaro Uribe reconoció que la coyuntura política que vive actualmente Colombia ha minado la pedagogía sobre los decretos de Emergencia Social. El gobierno insistirá en que las normas se apliquen sin vulnerar los derechos a la salud de los pacientes.

"Estamos en un momento político difícil y lo que tiene que hacer el gobierno es aclarar y que esto se implemente bien. Esto es un tema con consignas políticas pero con ropaje de debate académico. Se le ha infundido injustamente a la ciudadanía un temor sobre la reforma", aseveró el presidente Uribe, quien participó como panelista en el programa Hora 20 de Caracol Radio.

El primer mandatario aseguró que "el país va a tener que pensar si aquí hubo improvisación del gobierno o imprecisión de algunos lectores" y justificó la Emergencia Social al señalar que da respuesta a un fallo de la Corte Constitucional para unificar el Plan Obligatorio de Salud y garantizar la universalización de los servicios médicos para la población nacional.

"Esta reforma no desvirtúa la Ley 100, sino que la fortalece, esta reforma tiene entre sus fundamentos dos reformas de la Corte Constitucional. Buscamos un mecanismo para actualizar el POS sin desmejorarlo, elevar los beneficios del subsidiado a nivel del contributivo y un proceso de revisión periódica del POS", indicó Uribe.

El presidente Uribe destacó que la Emergencia introduce el delito de especulación de medicamentos y no toca la canasta familiar con el paquete tributario impuesto por la norma.

El primer mandatario agregó que la reforma a la salud busca obtener más recursos para pasar de 23 millones de afiliados a 41 millones de afiliados a la seguridad social manteniendo un respeto sobre la autonomía del médico.

Oiga el audio completo, obviamente EDITADO por Nestor Morales para tratar de hacer pasar como ganador al gran perdedor, el Decano de Economía de la U. de los Andes, mamerto?: Alejandro Gaviría, a quien el Presidente Uribe volvió ropa de trabajo...

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En plena emergencia

No se sabe qué es peor: si la forma como quedaron escritos algunos de los decretos expedidos en el marco de la Emergencia Social o los intentos desesperados y confusos del Gobierno por aclararlos. Y es que dos semanas después de conocidas estas normas con fuerza de ley, que en conjunto se parecen mucho a una reforma estructural del sistema de salud, la incertidumbre crece por cuenta de lo que médicos, pacientes, afiliados, hospitales, farmacéuticas y entes territoriales interpretan al leerlos. No hay uno solo que no se sienta afectado con ellos.
No obstante, una mirada con cabeza fría permite sacar varias cosas en claro. La primera es que el sistema de salud hace agua por todos lados debido a las gigantescas deudas acumuladas, al gasto desbordado, a los abusos de algunos médicos y pacientes auspiciados por una justicia manilarga, a la corrupción, a la falta de vigilancia y control y a la excesiva intermediación, entre otras causas. A ese desorden general, en el que se diluyen cerca de 22 billones de pesos al año, que son los recursos que maneja el sector, contribuyeron los remiendos permanentes a los que fue sometido el esquema, pese al constante clamor general, del que hizo eco la Corte Constitucional, de que se adoptaran soluciones estructurales.
Esa es la razón por la que, pese al ruido y al inconformismo de los últimos días, hay que entender que era urgente una reforma para contener el desangre y poner las cosas en su lugar. Era eso o el colapso.
También es claro que muchos cambios necesarios planteados en los decretos de Emergencia Social jamás hubieran podido superar su paso por el Congreso de la República, dada la infinidad de intereses que tocan. Entre esas medidas hay que destacar la consecución de nuevos recursos vía impuestos a cigarrillos, cerveza, licores y juegos de azar para cubrir deudas y darle liquidez al sistema. Igualmente, el control de la evasión y la elusión de aportes, el castigo severo de los actos de corrupción, la ampliación de la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), la reasignación de recursos que se "refunden", la fijación de precios límite a medicamentos e insumos y hasta la imposición de márgenes de comercialización.
Razón tenía el Gobierno cuando decía que en este esfuerzo por salvar el sistema todos sus actores tendrían, en mayor o menor grado, que aportar. Nadie, sin embargo, se imaginó cuánto. La impresión que se tiene es que en la intención de abarcar mucho, por medio de la Emergencia se buscó regular también el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Hay que reconocer que si bien esta medida es necesaria -pues no hay recursos infinitos para cubrirlo todo-, ahora se discute incluso si podía hacerse de este modo o a través de una ley estatutaria. Esto lo dirimirá la Corte Constitucional.
Lo que resulta incomprensible es que en uno de los decretos quedara casi explícita la reducción de ese derecho a un plan de salud (POS) que priorizará la promoción y la prevención y la atención de baja complejidad. Para cumplir con ese cometido se limitó el actuar del médico, violando su autonomía y convirtiéndolo en una herramienta de contención de gastos. También se puso a los pacientes a pagar, parcial o totalmente, los servicios que queden por fuera del POS (las llamadas prestaciones excepcionales en salud) con sus recursos y su patrimonio, acudiendo a cesantías, ahorros pensionales y préstamos bancarios.
Como es lógico, estos puntos enturbiaron una discusión en la que también acabaron metidos todos aquellos que, con razón o sin ella, se sienten afectados. Los hospitales públicos dicen que los dejaron al borde de la quiebra, los gobernadores y alcaldes alegan pérdida de autonomía y de recursos; las EPS dicen que las medidas se quedaron cortas, y las farmacéuticas se quejan por una indebida regulación de su mercado. Hasta los políticos en campaña han hecho leña del árbol caído, incluso sin entender siquiera este complejo sistema.
Los gestores de la reforma han respondido con una confusa campaña de pedagogía sobre los puntos de mayor debate, consistente en explicar que en algunas normas no dice lo que dice. Aunque públicamente el Gobierno no ha reconocido que se cometieron errores, hasta el presidente Álvaro Uribe se ha empeñado a fondo en la tarea y ha prometido hacer, a través de una reglamentación concertada, los ajustes del caso para enderezar las cosas.
Si bien este parece ser el objetivo, ya hay quien califica de 'reversazos' algunos pasos dados, como la devolución de la autonomía médica, la declaración presidencial sobre la protección de las cesantías y la seguridad de que el POS mínimo será el que hoy existe. Pero mientras el país anda metido en una discusión desgastante por cuenta de unos temas que debieron tratarse con el cuidado y el rigor que exigen medidas como estas, infortunadamente los grandes olvidados en esta discusión siguen siendo los problemas estructurales del sistema, que no paran de crecer.
De tal manera, es increíble que por la torpeza y la falta de tacto de unos funcionarios, que no midieron las consecuencias de incluir esas iniciativas en los decretos, hoy el país y el Gobierno estén metidos en un debate tan amargo. Lo peor del asunto es que esto puede llevarse por delante unas soluciones económicas que, además de audaces, son oportunas y necesarias para garantizarles la salud a todos los colombianos.
editorial@eltiempo.com.co

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