Por Alfredo Rangel
OPINIÓN Si bien los ejecutores resultaron muertos, según el concepto de "aparatos organizados de poder" los autores detrás de los autores deben responder.
Se acaban de cumplir 25 años de la violenta toma del Palacio de Justicia por el M-19, y todavía sus ex militantes no le han contado la verdad al país. Siguen sin pagar esa deuda, y mientras no se sepa toda la verdad, las heridas seguirán abiertas. La justicia investiga y castigará los delitos que pudieron cometer las Fuerzas Militares en esos hechos, pero el M-19 se ha salido por la tangente de su responsabilidad histórica. Su silencio seguirá siendo una piedra en el zapato de la reconciliación nacional, porque la opinión reclama una mínima simetría de la justicia: si los militares que retomaron el Palacio comparecen ante los tribunales para contar la verdad, también debería hacerlo la guerrilla que provocó la catástrofe.
Los más recientes hechos jurídicos nacionales y una nueva sensibilidad internacional lo permiten. En septiembre del año pasado, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Augusto Ibáñez, le anunciaba al país que en adelante la jurisprudencia colombiana establecía que para el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad se debía aplicar el concepto de “aparatos organizados de poder”, contemplado en los Acuerdos de Ginebra. Este principio señala que son autores de esos delitos todos los mandos de la organización armada que los cometió, aun cuando como individuos no hayan sido los ejecutores inmediatos de dichos crímenes.
Adicionalmente, hace un mes el Tribunal Superior de Bogotá declaró delito de lesa humanidad la toma del Palacio de Justicia por el M-19. Como se recordará, este tipo de delitos son imprescriptibles, según nuestra legislación y los tratados internacionales firmados por Colombia. Por si fuera poco, distintos organismos internacionales de derechos humanos se han manifestado a favor de derogar las amnistías en casos de delitos de lesa humanidad. Esto quiere decir que deben ser juzgados, así hayan sido objeto de amnistías o indultos en el pasado. En consecuencia, la justicia colombiana está obligada a juzgar al M-19 por ese delito, y en el juicio se debe aplicar el concepto de los “aparatos organizados de poder”.
Expliquemos ese concepto y sus implicaciones. Según este principio, las organizaciones guerrilleras, paramilitares y mafiosas tienen estructuras jerárquicas consolidadas que dominan la voluntad de quienes ejecutan las órdenes, siendo estos últimos solo instrumentos reemplazables en caso de que se nieguen a obedecer. Es decir, detrás del autor material de un crimen hay en esos aparatos una cadena de autores mediatos que también son responsables de ese crimen. Son los autores detrás del autor, todos con igual grado de responsabilidad en los delitos de lesa humanidad.
No obstante, existen tres argumentos en contra de reabrir el proceso contra el M-19 en el caso del Palacio de Justicia. Dos son jurídicos: uno, que los que participaron directamente en la toma ya están muertos, y dos, que hubo una amnistía general que todo lo perdonó. El tercero es político: que atenta contra la reconciliación nacional. Todos estos argumentos son deleznables.
En efecto, si bien los ejecutores de la toma por parte del M-19 resultaron muertos en la acción, según el concepto de “aparatos organizados de poder” introducido por la Corte Suprema de Justicia, los autores detrás de los autores tienen igual responsabilidad y deben responder ante la justicia. Estos replican que ya hubo una amnistía. Pues bien, en el mundo ya son varios los casos de amnistías que han sido derogadas en procura de la verdad y la justicia.
Tanto la Organización de Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos claramente recomiendan derogarlas en casos de crímenes de lesa humanidad. Argentina ya derogó la suya y se discute hacerlo en Chile, Uruguay, España y El Salvador. El juez Baltasar Garzón recibió un inmenso apoyo mundial cuando pasó por encima de la Ley de Amnistía aplicada en España y se dispuso a investigar los crímenes del franquismo (claro, sin decir ni pío sobre los crímenes de los republicanos). Pero en ninguna parte la decisión o la discusión sobre esas derogaciones ha provocado un renacer de la violencia, pero sí ha ayudado a la recuperación de la memoria y a lograr un poco más de justicia.
La derogación de las amnistías en aras de la verdad tampoco ha atentado contra la reconciliación nacional, que es el argumento político. Por el contrario: la verdad, la justicia y la reparación contribuyen a sanar para siempre las heridas, que permanecen abiertas hasta que aquellas no se alcanzan, como en el caso del Palacio de Justica.
Finalmente, no se trata de meter a la cárcel a los dirigentes del M-19, sino de al menos hacerlos comparecer ante los tribunales para que nos cuenten la verdad de esta toma, que no han contado después de 25 años de haber provocado el holocausto.
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