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SANTOS Y LA IMPOSTURA DEL FIN DEL CONFLICTO

ANÁLISIS| Por: EDUARDO MACKENZIE | Publicado: mayo.17, 2013 
Los delegados del gobierno en la Mesa de Negociaciones de La Habana con las FARC
Las Farc han convencido a los negociadores de Santos que la prioridad de los diálogos en La Habana no es alcanzar la paz en Colombia sino obtener “el fin del conflicto”.
Eso es lo que tiene desesperado y ofendido al país: la actitud inepta e insidiosa de un Estado democrático que termina capitulando, por los  desatinos egoístas de un mandatario,  ante una minoría terrorista. 

Las Farc han convencido a los negociadores de Santos que la prioridad de los diálogos en La Habana no es alcanzar la paz en Colombia sino obtener “el fin del conflicto”. La diferencia entre  lo uno y lo otro no es tan tenue ni tan ininteresante como nos quieren hacer creer. Son dos escenarios muy diferentes.
Las Farc han dicho que no están dispuestas a entregar las armas sino que éstas, si se llega a un acuerdo con Santos,  “desaparecerán” como “aparecieron”  cuando las Farc fueron fundadas. Esas armas ocultadas, estiman las Farc, son la garantía de que lo pactado será cumplido. Es decir, ellos desaparecerán posiblemente sus armas pero no definitivamente.
El mensaje que envían las Farc de esa manera es que ellas le firmarán un papel a Santos si éste les garantiza lo que dice el “marco jurídico para la paz”, es decir la impunidad total a sus crímenes y la libertad completa para invadir el terreno político y mediático del país, más todo lo que están pidiendo en La Habana: la exigencia de la “reducción” de las Fuerzas Militares y la desmilitarización permanente de inmensos territorios del país mediante el pretexto de las “zonas campesinas” (los 42 000 km² de la época triste del Caguán no serán sino un pálido recuerdo de lo que quieren obtener ahora), y el cambio de la doctrina militar. También querrán cambiar, por qué no, el sistema económico y el sistema de alianzas internacionales del país. A cambio de eso, y a partir de esa firma, el cese de las acciones armadas de las Farc será efectivo pero ese cese será únicamente provisorio.
Los ataques contra la sociedad y contra el Estado recomenzarán, desde luego, cuando las Farc lo consideren oportuno. Todo depende para ellas de la situación interna del país y de la evolución del campo internacional, especialmente de la estabilidad de las dictaduras que sostienen el proyecto de las Farc y del auge o decline del tráfico de drogas a nivel mundial.
Sin embargo, obrar de esa manera tan hipócrita no será violar el acuerdo con Santos pues las Farc no habrían pactado con él desmantelar sus estructuras de fuerza y dejar definitivamente en paz a Colombia sino únicamente llegar a un “fin del conflicto”.
Las Farc no pactarán siquiera ponerle un fin definitivo al conflicto. Ellas aceptarían llegar a un fin provisional del conflicto. Esa perversión de los objetivos anunciados por Santos desde hace seis meses, cuando comenzaron los encuentros “confidenciales” en Cuba, ya ha sido aceptada por los negociadores de Santos. Ellos se tragaron ese cuento como si éste no significara nada. La prueba es que uno de los negociadores, sin ser desautorizado por Santos, lo ha dicho en estos días explícitamente en Bogotá: el objetivo es obtener “el fin del conflicto”.
Ese fin del conflicto podría durar unos meses, mientras las Farc se reorganizan y refuerzan. Al conservar las armas, conservarían también una parte substancial de los guerrilleros (para ocultar las armas  hay que tener gente armada que las oculte). Cuando hayan mejorado su posición, y cuando lo decidan las dictaduras que alimentan la acción de las Farc (una parte de los jefes farianos seguirá obviamente en la clandestinidad o fuera del país tras el acuerdo) la agresión contra Colombia podrá ser reanudada con fuerza mediante la reactivación de aquella parte de los frentes más experimentados y cocaineros que no se habían desmovilizado. Y para ello contarán con la participación diplomática y hasta militar, por qué no, de los poderes vecinos desesperados.
No habrá pues ni entrega de armas, ni desmovilización real de las estructuras armadas de las Farc, ni paz. Es decir no habrá nada para Colombia y si habrá muchas ventajas para los narco terroristas. Una espada de Damocles penderá sobre el país gracias a esos falsos acuerdos. Eso es lo que Santos y las Farc pretenden que los colombianos aceptemos y que la comunidad internacional salude como un gran progreso y como un gran acto de construcción de paz en Colombia.  Lo que seguirá es el premio Nobel de la paz y la reelección del “presidente más progresista de todos los tiempos”.
Semejante traición a los intereses inmediatos y estratégicos de Colombia y del continente americano es lo que Santos quiere imponerle a la fuerza al país.
Quien no va tragar entero, sobre todo eso de la amnistía plena para los curtidos criminales de las Farc, lo de la ley de perdón y olvido que Santos dictó con el “marco jurídico para la paz”, será el Procurador General de la Nación, y con él las organizaciones y movimientos uribistas, y las mayoritarias corrientes auténticamente amantes de las libertades y del país. Y en el campo internacional habrá el rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional, y de las Ong, como Human Rights Watch que vienen diciendo desde hace meses que ni los crímenes de guerra ni los crímenes contra la humanidad pueden ser amnistiados ni indultados aunque haya en curso un proceso de transición de la guerra a la paz.
¿Cómo se llegó a esa situación aberrante en que los negociadores de Santos, que se supone están en La Habana para defender los intereses de Colombia, terminaron aceptando las propuestas de las Farc?
“Hay una regla general”, advierte el historiador francés Alain Besançon. “Cuando se está frente a un régimen ideológico, la primera cosa que hay que hacer, y la línea que hay que mantener hasta el fin, es rechazar sin discusión la descripción de la realidad que el plantea. Si metemos un dedo en el engranaje y si aceptamos que en esa descripción hay ‘algo de verdad’, si aceptamos, por ejemplo, que existen arios y no arios, y que, en consecuencia, existe un ‘problema judío’, estamos perdidos y la voluntad claudicará ante una inteligencia falseada. No nos quedará otra cosa que suplicar a los ‘arios’ que resuelvan ‘humanamente’ el ‘problema’. Besançon continua: “En la ideología, ese ‘algo de verdad’ que encierra el poder de seducción, es el lugar mismo de la mentira y de lo que es más falso. Esta regla se aplica a toda ideología y particularmente a la ideología comunista”.
Eso es lo que ha ocurrido en los diálogos de La Habana. Cuando los negociadores de Santos aceptan que hay “algo de verdad” en el planteo de las Farc  de que “el conflicto” fue engendrado “por la pobreza en el campo” y no por la decisión política unilateral de un partido que quería tomarse el poder para sovietizar al país, tienen que terminar admitiendo, como lo han admitido, que hay que hacer el cambio “revolucionario de estructuras” con y según los gustos de los terroristas.
Si los negociadores aceptan que “hay algo de verdad” en eso de que “hemos abandonado el campo colombiano”, y que por eso “los hijos de los campesinos no pueden llegar a las universidades ni pueden recibir servicios de salud”, tal descripción falsa de la realidad (pues exagerada),  los lleva directo a la impostura de que se debe hacer la “reforma agraria revolucionaria”, que se debe aceptar la expropiación de las mejores tierras “de los ricos” para dársela  “a los pobres” y  que, en último resorte, el capitalismo debe ser abolido  y substituido por un sistema colectivista.  Y que la democracia es un fracaso pues ha causado tales calamidades.
En eso estamos en esos diálogos de La Habana. Hacia allá van las famosas “conversaciones de paz” y sin que nada logre parar el chorro demagógico de los señores Catatumbo y Márquez. Como Santos, para pagarse una imagen de “presidente progresista”, aceptó discutir las fantasías y mentiras de una fuerza comunista, ahora están sus negociadores en un limbo teórico y político: no saben qué decir ni qué proponer. Pues están obligados a seguir esa lógica y a arrodillarse ante las soflamas de esos derrotados. Por eso toda Colombia, según ellos, puede y debe ser negociada.
Eso es lo que tiene desesperado y ofendido al país: la actitud inepta y insidiosa de un Estado democrático que termina capitulando, por los  desatinos egoístas de un mandatario,  ante una minoría terrorista.
Este es un espacio de opinión destinado a columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a este fin  y no siempre reflejan la opinión o posición de LA OTRA MITAD DE LAS VERDADES A MEDIAS.

A Juan Manuel no le sonó la flauta

OPINIÓN| Por: EDUARDO MACKENZIE| Publicado: abril.11, 2013 
¿Esta es la nueva UNIDAD NACIONAL del presidente Santos?
La marcha de Bogotá del 9 de abril no fue tan grande, como el presidente Santos y los otros organizadores lo esperaban. Las de las otras ciudades fueron inexistentes, en algunas ciudades, o esqueléticas, en otras. 
El fracaso de las manifestaciones “de paz” de ayer es un triunfo de la oposición, sobre todo del campo uribista, que supo explicar lo que estaba en juego.
A Juan Manuel Santos no le sonó la flauta. Hay un desfase evidente entre la manifestación de ayer “por la paz” en Bogotá y las “marchas” en las otras ciudades. La de Bogotá fue grande, sin duda, aunque no mucho, ni como el presidente Santos y los otros organizadores lo esperaban. Las de las otras ciudades fueron inexistentes, en algunas ciudades, o esqueléticas, en otras (1).
La marcha de Bogotá llenó a duras penas la Plaza de Bolívar (2). Se puede decir que fue un caudal rutinario, habitual. Como las manifestaciones convocadas en años recientes por la izquierda y los sindicatos controlados, en los 1 de mayo, por ejemplo, o al final de los procesos electorales.
Esta vez había un elemento nuevo, muy particular, que debía pesar mucho sobre la opinión pública: el llamado del jefe del ejecutivo, y de funcionarios como el Fiscal General (3), a salir a manifestar. Lo mismo hicieron el  polémico alcalde de Bogotá, Gustavo Petro,  un cardenal politiquero, Rubén Salazar Gómez, y los jefes de las Farc. Nunca se había visto en Colombia un ramillete de convocantes tan heterogéneo. Sin embargo, no hubo avalancha. Y hubo otra cosa rarísima: Santos ordenó que una parte de la fuerza pública fuera utilizada como masa de maniobra de la manifestación en Bogotá. Eso no se había visto en Colombia hacía décadas. Ni siquiera la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla se atrevió a cometer semejante abuso.
El uso de la fuerza pública en una manifestación política sí es un rasgo de la tiranía de Hugo Chávez. Ese elemento es central, en mi opinión, al momento de hacer el análisis de lo que ocurrió ayer en Colombia. Ese hecho afectará sin duda la trayectoria política de JM Santos y afectará la credibilidad de la presidencia de la República. Compromete sin duda su afán reeleccionista. Lo hecho por el jefe del ejecutivo en ese sentido es inusitado y ominoso. Esa decisión podría cambiar la definición que hasta ahora los colombianos tenían del actual gobierno. Lo de ayer confirma que hay cambios en la configuración de las fuerzas políticas sobre las que descansa el gobierno de Juan Manuel Santos.
Éste fue elegido gracias a un programa de restauración de la autoridad del Estado que las mayorías respaldaban. Una vez elegido, JM Santos traicionó esa agenda y se rodeó de las fuerzas minoritarias que habían perdido las elecciones. El acto de ayer fue un paso más en esa errática y antidemocrática dirección.
La pregunta es: ¿Lo de ayer confirmó el hecho de que los grupúsculos que le hacen el juego a las Farc, la Marcha Patriótica y el PCC, entre otros, y las mismas Farc,  hacen parte de la unidad nacional de Santos? Me parece que las cosas van en esa dirección. Lo de ayer habría sido como la confirmación pública, y en los hechos, de un protocolo secreto. Eso es nuevo y muy grave. ¿Qué consecuencias tiene ese destape de Santos hacia esas formaciones extremistas? ¿Qué responderán ante eso el partido conservador y las facciones liberales y verdes? ¿Qué puede anunciar eso a corto y mediano plazo sobre el ejercicio del poder?
Otra pregunta: ¿No violó el presidente Santos  la ley y la Constitución al hacer una utilización política de la fuerza pública? El artículo 219 de la Constitución nacional dice: “La fuerza pública no es deliberante”. ¿Esa norma no fue violada ayer? “¿Cuál es la sinceridad de un Gobierno que llama a una formación militar para participar en un desfile de civiles, con el pretexto que es un homenaje a las víctimas? Quien ha sido indulgente, quien ha dado impunidad a los victimarios, no tiene autoridad moral para convocar a un homenaje a las víctimas”, declaró el ex presidente Álvaro Uribe en la radio. “Qué tristeza que 5000 uniformados del Ejército tengan que cumplir una orden presidencial de estar en marcha para apoyar las Farc”, subrayó el precandidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga.
A pesar de la masiva propaganda oficial santista y de los aparatos farianos,   los organizadores de la marcha en Bogotá no movilizaron tantas personas como querían. Eso es evidente. En eso ellos fracasaron. Ellos querían hacer algo idéntico o superior a las históricas manifestaciones contra las Farc del 4 de febrero de 2008  (entre 12 y 14 millones de colombianos salieron a las calles en 45 ciudades colombianas y en 125 ciudades del extranjero). Sin embargo, ayer el país le dio la espalda a ese escenario. Los colombianos ayer no salieron en masa a las calles, no le dijeron sí a Santos. No le firmaron el cheque en blanco que les había pedido. Y, sobre todo, rechazaron la hipócrita invitación de las Farc. El pueblo colombiano mostró así, ayer, con ese magnífico gesto, cuán inteligente puede ser en medio de una crisis  y cuán lúcido se muestra ante los espejismos que las Farc están improvisando a las carreras para engañarlo una vez más.
El fracaso de las manifestaciones “de paz” de ayer es un triunfo de la oposición, sobre todo del campo uribista, que supo explicar lo que estaba en juego.
¿La manifestación de Bogotá fue construida con recursos financieros y materiales de las Farc? Según el secretario de Gobierno de Bogotá llegaron a la capital más de mil buses y chivas con manifestantes. Estos venían sobre todo del sur del país. ¿Quién pagó esa enorme operación? La Marcha Patriótica es muda al respecto. Luego es legítimo suponer que el dinero del narcotráfico de las Farc fue movilizado para   el traslado de esas personas.
A pesar de las consignas neutras y abstractas, como “por la paz”, “por las víctimas”,  las manifestaciones de ayer tuvieron otro aspecto obscuro. Hubo manifestantes encapuchados en Bogotá. Hubo gente que gritaba vivas a Chávez y a Maduro.  Un estudiante que portaba una camiseta con la frase “No más Farc” fue agredido por manifestantes. Al lado de ellos había una mayoría sincera que estaba en el cortejo por razones diferentes. Una parte de ellos asistían a una manifestación en favor de la paz.  Otros lo hicieron porque querían respaldar las negociaciones en Cuba (4). Otros porque querían manifestar en favor de las víctimas del conflicto. En realidad, la franja más minoritaria, la extrema izquierda, inventó esa jornada para “ponerle gente” a su meta: fortalecer el proyecto de las Farc,  las exigencias de éstas en La Habana y reforzar lo que ellos llaman en estos días el “bloque popular revolucionario”.
Eso cambia la naturaleza de esa jornada. No fue una marcha por la paz sino una para perpetuar el conflicto. Colombia no aceptará jamás que las Farc lleguen al gobierno sin haber desmontado su aparato de muerte y sin haber pagado por sus crímenes. Lo de ayer fue sólo un episodio más de las gesticulaciones de las Farc para construir su hegemonía. Por eso el pueblo lo repudió. Lo inquietante es que el jefe de Estado colombiano ha cruzado  una línea roja que nunca debió haber cruzado.
Notas
(1). Manifestaciones en otras ciudades: Medellín 500 personas;  Cali: 300; Cúcuta: 200; Bucaramanga: 700; Neiva: 800; Pereira: 50; Pasto: 100; Barranquilla: ninguna; Manizales: ninguna.
(2). En la Plaza de Bolívar caben 30 000 personas.  Esa plaza, donde hubo todo el día conciertos de música rock, nunca estuvo llena completamente.
(3). El Fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett,  jefe del ente investigador, escandalizó al país cuando declaró, durante la manifestación del 9 de abril de 2013, que en la Fiscalía “no existe ninguna condena contra miembros del secretariado de las Farc por crímenes de lesa humanidad”,  y que las condenas que se han producido en el pasado han sido “por delitos de rebelión, homicidio agravado y algunas violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”. Por lo tanto, los jefes de las Farc “no tienen por qué terminar en la cárcel”. Sin embargo, el Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional),  firmado por el Gobierno de Colombia en 1998 y en 2002, establece que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión son imprescriptibles. Estos no pueden ser objeto de amnistías ni de indultos. Para la justicia colombiana algunos de los actos y decisiones de la cúpula de las Farc constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
(4). Esas “negociaciones de paz” entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc comenzaron el 19 de noviembre de 2012. Han sido interrumpidas varias veces. Serán reanudadas el 15 de abril de 2013. El conflicto en Colombia ha provocado la muerte de más de 600 000 personas y el desplazamiento de 3,7 millones de personas. Quince mil personas han desaparecido.

Este es un espacio de opinión destinado a columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a este fin  y no siempre reflejan la opinión o posición de LA OTRA MITAD DE LAS VERDADES A MEDIAS.

CARRILLO PELÓ EL COBRE

OPINIÓN| Por: EDUARDO MACKENZIE| Publicado: abril.1, 2013 
El violento ataque de Fernando Carrillo contra el ex presidente Álvaro Uribe  muestra que en la Casa de Nariño,  el pánico comienza a cundir y a dejarse ver ante la  crisis de las negociaciones en La Habana.
Carrillo, sin embargo, no dijo qué van hacer sus servicios especializados para ponerle fin a los esfuerzos del ex presidente Uribe que tanto le molestan, ni qué plan tiene para frenar en seco la voluntad de lucha no sólo de Uribe sino de los millones de colombianos que piensan como él.
El violento ataque de Fernando Carrillo contra el ex presidente Álvaro Uribe desde las páginas de El Tiempo muestra que en la Casa de Nariño, y en los círculos más íntimos del poder en Colombia,  el pánico comienza a cundir y a dejarse ver ante el agravamiento de la  crisis de las negociaciones en La Habana.
Si mi memoria no me traiciona, es la primera vez que un ministro del Interior de Colombia  se atreve a acusar públicamente a un ex presidente de Colombia de ser “una amenaza para el proceso de paz”.   Esa frase difamatoria es tan brutal  y gratuita que invita a pensar que el mensaje real es otro: que Fernando Carrillo lo que quiso decir es que el ex presidente Uribe, con su postura crítica y patriótica ante unas negociaciones aventureras, obscuras y de espaldas al país,  representa una amenaza, no para un proceso de paz inexistente, sino para la reelección de Juan Manuel Santos y para la continuidad de sus mayorías parlamentarias.
El iracundo ministro Carrillo insultó también al ex presidente Andrés Pastrana a quien calificó de “enemigo de la paz”. Afirmó que Pastrana y Uribe “cambiaron la cartilla de la paz por la de la guerra”, y que los dos hacen parte de los “lagartos de la paz y otras especies destructoras”.  La opinión pública colombiana fue también maltratada: Carrillo la acusa de haber adoptado  “el nacionalismo y los discursos militaristas”. Es alentador ver al ministro del Interior santista perder tan fácilmente el control de su lengua, y ampliar así, de manera objetiva, el vasto bloque de resistencia contra los planes “de paz” de las Farc y del gobierno.
Lo que Fernando Carrillo se cuidó de decir, y lo que muchos nos preguntamos ahora,  es qué medidas concretas piensa tomar el alto poder colombiano  contra la “amenaza” que representa el ex presidente Uribe. Pues lo de Carrillo no parece un dislate, un desliz de lenguaje ante un acceso de cólera. No. Parece un golpe calculado. Carrillo, sin embargo, no dijo qué van hacer sus servicios especializados para ponerle fin a los esfuerzos del ex presidente Uribe que tanto le molestan, ni qué plan tiene para frenar en seco la voluntad de lucha no sólo de Uribe sino de los millones de colombianos que piensan como él.
¿La libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de reunión serán deterioradas por Carrillo para  que el llamado “proceso de paz” con las Farc pueda ser impuesto a rajatabla y como un hecho cumplido a los colombianos sin que éstos puedan decidir al respecto a pesar de lo absurdo y liberticida de esos planes?
¿Qué implican los  ataques de Carrillo para la seguridad de los ex presidentes? Aquí hay un problema grave. ¿No es muy extraño que el ministro del cual depende la protección de Uribe y de Pastrana los considere a ellos como una “amenaza”? ¿Carrillo no debería presentar su renuncia?
El insulto del ministro Carrillo coincide, además, con la ofensiva  de injurias de Nicolás Maduro, presidente de facto de Venezuela, contra el ex presidente Uribe. Ver a un ministro colombiano aportando agua al molino de los bonzos alucinados de Caracas, es repugnante.
La opinión pública, como lo muestran los sondeos, comienza a impacientarse ante esas y otras actitudes  del actual gobierno, sobre todo ante los planes más o menos revelados de las Farc, como el de querer apoderarse, gracias a las negociaciones secretas, de más de 50 millones de hectáreas de tierras laborables, bajo el rótulo engañoso de “zonas de reserva campesina” y su intención de ejercer su tiránico imperio sobre la población de medio país. Y todo eso sin que las Farc acepten desmovilizarse ni entregar sus armas, sin pagar por sus innumerables atrocidades de 50 años y sin entregar su emporio narcotraficante.
El ataque de histeria de Carrillo ocurrió el mismo día que las partes decidieron suspender los diálogos de La Habana hasta el 15 de abril de 2013. Esa suspensión no es técnica. Es política. Las Farc han rechazado todas las propuestas de Santos. Para ellas, dos o tres curules en el Congreso, uno o dos ministerios, varios cargos públicos menores, impunidad judicial  y el control excluyente de las llamadas “zonas de reserva campesina”  son tonterías. Los jefes de las Farc se han intoxicado con el argumento de que tras 50 años “de lucha” (léase de criminalidad permanente) ellos no pueden contentarse con tan poco, que lo único que justificarían tales “sacrificios” es la captura de todo el poder. Esa visión maximalista de las Farc, completamente antediluviana, es el mayor obstáculo a todo acuerdo de paz.  Por eso los diálogos de la Habana están en crisis.
Ese maximalismo se había agotado cuando las Farc perdieron sus jefes históricos, la mitad de sus  combatientes y fueron diezmadas y empujadas, por el Ejército y la Policía, a sus guaridas en Venezuela y Ecuador, tras ocho años de Seguridad Democrática. Ahora ha renacido gracias al gesto de Santos de ir a buscarlas para decirles que no todo estaba perdido y que aún podían interferir en el futuro de Colombia.
Santos sabe que las Farc jamás firmarán su rendición. Esa rendición total, política y militar, es la única vía para la paz y la prosperidad en Colombia. Pero insistió en esa fantasía pues Hugo Chávez lo comprometió a hacerlo durante su encuentro en Santa Marta. Ahora está en medio de ese remolino: las Farc quieren todo o nada. Quieren la mitad del país, como exigía Alfonso Cano al final de las negociaciones del Caguán, sin que ello implique la desmovilización real de sus frentes. El Gobierno de Santos dice que las negociaciones “van muy bien”. Lo dice pues van tan mal que decir la verdad sería ponerle fin de hecho a esas maniobras que podrían terminar en el desmembramiento de Colombia


Este es un espacio de opinión destinado a columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a este fin  y no siempre reflejan la opinión o posición de LA OTRA MITAD DE LAS VERDADES A MEDIAS.

Las Farc y la "reducción" de las Fuerzas Militares

 COLUMNA| Por: EDUARDO MACKENZIE | Publicado: marzo. 19, 2013 
Lo que preconiza ese documento es completamente demencial. Requiere, en primer lugar, la “reducción de las Fuerzas Militares una vez termine el conflicto”, reclama “el deslinde de la Policía del Ministerio de Defensa” y exige la apertura de los “archivos de inteligencia y del Ejército”.
La movida en torno de ese texto es obviamente un ejercicio de ventriloquia. El Movice utiliza esa técnica para lanzar  sus propuestas pero que deben aparecer ante los medios y las gentes crédulas como si hubieran emanado de la “sociedad civil”.
Hace tres días, durante una reunión en Bogotá con industriales y empresarios del país, el presidente Juan Manuel Santos soltó una perla asombrosa: que el “proceso de paz” con las Farc avanzaba  “muy positivamente” y que la cosa iba tan bien que “se han suscrito algunos acuerdos” con esa gente en La Habana.
Lamentablemente, como siempre, Santos omitió toda  precisión o ampliación acerca de los supuestos “acuerdos suscritos”  con las Farc y dejó a todo el mundo en ascuas tras lanzar esa escueta y enigmática frase. 
Los voceros del terrorismo no confirmaron la noticia y rehicieron su juego de decir todo lo contrario, como hacen desde el comienzo de los contactos en Cuba. Pues cuando alias Iván Márquez dice algo, alias Andrés París lo corrige, o lo soslaya, con el objetivo evidente de mantener la tensión y las expectativas pero sin que la opinión pública pueda orientarse realmente acerca de lo que esas “partes” le están preparando al país, ante el ojo vigilante de los servicios secretos cubanos. Lo único que sabe Colombia es que los negociadores, tras seis o siete reuniones en Cuba, no ha terminado siquiera de abordar el tema de la tierra, el primer punto de la agenda.
Sin embargo, queda una remota posibilidad de conocer los arcanos de las Farc, es decir los puntos que ellas esperan sacar adelante al final de las “negociaciones” en La Habana, o que podrían estar ya pactados y firmados si le damos crédito a lo dicho por JM Santos. Esa posibilidad es leer lo que las Farc están deslizando en documentos que por debajo de la mesa, y violando los acuerdos sobre la “privacidad” de esos diálogos, están poniendo a circular entre la gente de su periferia política.
A comienzos de marzo de 2013, Alfredo Molano Jimeno escribió en un matutino bogotano que el autodenominado “Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)”, dirigido por el representante comunista Iván Cepeda Castro  y por el sacerdote jesuita Javier Giraldo,  estaba difundiendo un texto intitulado “Propuestas mínimas sobre la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
Cepeda y Giraldo pretenden, según Molano, entregar ese texto a las “partes negociadoras en La Habana” y confían que los embajadores de los “países garantes del proceso de paz”  —Noruega y Cuba— y un organismo (no mencionado) de Naciones Unidas  ofrecerán su “respaldo” a ese plan. Si el resumen que hace Molano es exacto, el texto del Movice contiene los puntos principales que el presidente Santos debería firmar “a la hora de materializar los acuerdos de paz”.
La movida en torno de ese texto es obviamente un ejercicio de ventriloquia. El Movice utiliza esa técnica para lanzar  sus propuestas pero que deben aparecer ante los medios y las gentes crédulas como si hubieran emanado de la “sociedad civil”.
Lo que preconiza ese documento es completamente demencial. Requiere, en primer lugar, la “reducción de las Fuerzas Militares una vez termine el conflicto”, reclama “el deslinde de la Policía del Ministerio de Defensa” y exige la apertura de los “archivos de inteligencia y del Ejército”. Este último punto parece esencial para ellos pues el texto insiste en que será necesario abrir “la totalidad de los documentos reservados del Estado, en especial aquellos de inteligencia”. El documento subraya que Colombia, para firmar la paz con las Farc, tendrá que renunciar a toda “doctrina de seguridad del Estado”.
Llama la atención el silencio que guardan ante semejantes propuestas la presidencia de la República, el Parlamento, el ministerio de Defensa, la Procuraduría, la Fiscalía y la gran prensa. ¿Ese silencio indica que sobre esos puntos ya hay consenso en La Habana, o que están dentro de los firmados por el presidente colombiano?
El Movice exige, por otra parte, revisar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y, lo que es más curioso, “depurar” las tres ramas del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial), para “excluir a aquellos funcionarios que hayan participado o permitido crímenes (sic) contra civiles o impunidad en las investigaciones por éstos”. Es decir, que el nuevo poder que saldría del pacto “de paz”, en lugar de sacar del aparato estatal los elementos corruptos e infiltrados del PC3 que sabotean la democracia y la economía liberal, deberá echar a la calle y a las cárceles a los empleados públicos honestos, a los  parlamentarios y a los magistrados que se oponen al proyecto totalitario que se perfila detrás de semejante “acuerdo de paz”.
Esas personas, desde el más alto personaje del Estado, hasta el más humilde empleado público, podrán ser destituidas y echadas a la cárcel, durante meses y años, mediante acusaciones  fabricadas y sin fundamento, si se apruebas esos temas alucinantes, gracias a la labor de los agentes de las Farc dentro del aparato judicial.
Leal a su visión apocalíptica del país, el Movice pide mucho más: retirar el Ejército y la Policía del territorio nacional,  bajo el pretexto de “desmilitarizar aquellas regiones que sufrieron la violencia cometida por miembros de la Fuerza Pública”.
Eso quiere decir una cosa: abolir las fuerzas militares de Colombia pues, según el Movice, la acción de la fuerza pública es sinónimo de violación de los derechos humanos y de “violencia”. El buen padre Giraldo y el representante Iván Cepeda, quieren que  no haya un palmo de tierra donde las fuerzas armadas puedan existir.  Una vez lograda esa desmilitarización total, el Estado que sobreviva a ese cataclismo deberá someterse a un acto adicional de auto flagelación público. En la jerigonza del  Movice ello es formulado así: hacer un “reconocimiento público de las graves violaciones a los derechos humanos en que —por acción u omisión— se vieron involucrados funcionarios o entidades del Estado.”
El Movice propone al final, a manera de anzuelo, la creación de una “comisión de la verdad” que “podría suministrar información que contribuya a aclarar casos que han quedado en la impunidad” y que ayude a “conocer el paradero de aquellas personas víctimas de desaparición forzada.”  ¿Por qué el Movice no exige a las Farc dar desde ya esas informaciones susceptibles de rescatar las personas desaparecidas y hallar los cadáveres de sus otras víctimas? 
Ante esa negativa, el Movice deja ver que la “comisión de la verdad” que él propone no sería sino una burla, una comisión de la mentira, destinada a seguir ocultando los crímenes y atrocidades cometidos por las Farc y por los otros aparatos criminales del narco-comunismo y de las Bacrim.
París, marzo 18 de 2013. 
Este es un espacio de opinión destinado a columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a este fin  y no siempre reflejan la opinión o posición de LA OTRA MITAD DE LAS VERDADES A MEDIAS.

EL ATENTADO CONTRA FERNANDO LONDOÑO HOYOS

16 de mayo de 2012 | OPINIÓN | Por: EDUARDO MACKENZIE

El cobarde atentado contra el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, del cual salió, por fortuna, con vida, muestra que las FARC han pasado a una fase nueva de su ofensiva general contra la democracia colombiana.
Si había dudas entre los parlamentarios sobre las intenciones de las FARC respecto del “marco legal para la paz”, esas intenciones han sido desnudadas por ellas mismas con el terrible atentado de hoy.
El cobarde atentado contra el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, del cual salió, por fortuna, con vida, muestra que las FARC han pasado a una fase nueva de su ofensiva general contra la democracia colombiana.
Es obvio que las FARC han alcanzado un estado operativo nuevo en el que pueden realizar gravísimos atentados en la capital de la República contra personalidades políticas de primer plano, puesto que el gobierno de Juan Manuel Santos abandonó la política de seguridad democrática sin remplazarla por un esquema coherente de lucha contra la expansión de las organizaciones terroristas.
El atentado de hoy buscaba segar la vida de Fernando Londoño, el adversario más valiente, libre y elocuente de una reforma constitucional en curso de deliberación en el Congreso que podría ser nefasta para el país.
El llamado “marco legal para la paz” es un dispositivo que debería ser rechazado y archivado definitivamente pues, en lugar de abrir vías para la paz, permitirá cubrir con un manto de impunidad los crímenes, incluso los más atroces, cometidos por los jefes y miembros de las FARC y del ELN en los últimos cincuenta años.
Es una reforma constitucional que, además, le retiraría a la justicia ordinaria la competencia para juzgar a esos criminales y le quitaría al Congreso la facultad de legislar acerca de los procesos de paz en Colombia.
Así quedó el automóvil blindado al grado máximo (5) en el que viajaba el ex ministro Fernando Londoño
Es un proyecto que no tiene antecedentes en ningún otro país democrático.
No fue una casualidad que el atentado contra el ex ministro Fernando Londoño Hoyos haya sido cometido el mismo día en que la Cámara de Representantes se aprestaba a dar la última discusión para la aprobación o el rechazo de esta lamentable iniciativa gubernamental.
Si había dudas entre los parlamentarios sobre las intenciones de las FARC respecto del “marco legal para la paz”, esas intenciones han sido desnudadas por ellas mismas con el terrible atentado de hoy.
Las FARC creen que con este acto bárbaro que le costó la vida a dos personas e hirió a 35 más, intimidará a los colombianos, a los periodistas y a los congresistas.
El llamado “marco legal para la paz” aún antes de nacer ya está marcado con la sangre de colombianos inocentes. Por el futuro democrático de Colombia, por el respeto a las víctimas del terrorismo, el Parlamento colombiano debería meditar muy bien antes de aprobar esa extraña reforma constitucional.
Publicado: Mayo 15, 2012

Colombia pide perdón por algo que no cometió.

Manuel Cepeda y Alfonso Cano

18 de agosto de 2011 | COLUMNA | Por: Eduardo Mackenzie

El ministro Vargas Lleras acató una sentencia de la CIDH que, acogiendo las pretensiones desproporcionadas de la familia de Cepeda Vargas, obliga al Estado colombiano a someterse a esa ignominia.

EL MISTERIO DE LA “MANO NEGRA”

26 de Julio de 2011 | OPINIÓN | Por: Eduardo Mackenzie
Cuando el debate se calienta, para los comunistas, sus adversarios son “nazis”, “fascistas” y “paramilitares”. Esos epítetos infamantes son una de sus armas favoritas en su combate desesperado contra la civilización y la democracia.

Una carta innoble que llegó de Alemania

26 de Noviembre del 2010 | Por Eduardo Mackenzie

Las críticas que está recibiendo la sentencia que condenó, en primera instancia, al coronel Alfonso Plazas Vega a 30 años de cárcel están aumentando y ganando en amplitud y calidad.