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Las traiciones tienen precio

OPINIÓN| Por: FERNANDO LONDOÑO HOYOS| Publicado: junio 3, 2013 
Maduro trata de conciliar, después de la ventaja que pudo sacar de la entrevista de Santos con Capriles. Pero Maduro no tiene reversa.
Los chavistas, los de verde uniforme y los de roja camiseta para los desfiles, están desesperados. Y necesitan una salida. Necesitan un pretexto, alguien a quien echarle la culpa de tanta desventura.
Nadie tiene la menor duda de que Juan Manuel Santos traicionó al Presidente Uribe Vélez el mismo día de su posesión solemne en la Plaza de Bolívar, en presencia del agraviado, como para no dejar dudas de su felonía. Y al hacerlo de manera tan pública y notoria, notificaba a sus nueve millones de electores uribistas, que tomaba su propio camino, apoyado en fuerzas que juzgaba suficientes para la empresa: políticos que se venderían, medios de comunicación que se hartarían de mermelada, izquierda irrestricta, escenario internacional favorable.
Y muchos de esos cálculos le resultaron buenos, habrá de reconocerse. Los periodistas cantaron las alabanzas que merecía el pacificador con Venezuela; el barril de los puercos le ha funcionado casi a la perfección; el mamertismo lo llena de zalemas y a la derecha la controla con amenazas y garrote. Todo bien. Todo bien, como decía el Pibe Valderrama, para quien alcanzó, como para tantos, la alhacena repleta que le dejó el Gobierno traicionado.
Los que recibieron lo mejor de la traición, fueron los del castro-chavismo, los de aquí y los de allá. Cuba se fortaleció políticamente, Chávez no pareció tan malo ante la prensa de izquierda, y los comunistas criollos, siempre con Piedad y Cepeda a la cabeza, pasaron del infierno y las sombras a la efímera gloria de una celebridad insostenible. Y en medio de tanto disparate, los grandes beneficiarios fueron los de las FARC, esa especie en vía de extinción, militarmente derrotada, políticamente vencida, detestada por todos los colombianos.
Claro que nada era gratis. Santos calculó que de ese modo ascendía los escalones del éxito que ningún colombiano habría logrado. Paz interior, amistades en el mundo, reputación de Libertador y Prócer. A esos halagos se rindió y fueron esas las cartas que jugó. El país se iba al diablo, la economía hacía agua, los programas sociales languidecían, la ejecución de las obras públicas eran una ruina. Pero no importaba. Ande yo caliente y ríase la gente, reza el viejo adagio español. Algún premio Nobel en el horizonte, la Secretaría de la ONU, o siquiera la de la OEA, y como premio de consolación un segundo período, suyo, lo mejor, o de algún escudero audaz, a lo menos.
Pero entre traidores te veas. Santos creyó que las treinta monedas que le entregaban en Venezuela eran de plata de Ley, y que podía fiarse del Coronel y de sus sucesores. Pero no calculaba que la crisis de ese pobre país fuera colosal, irreparable, devastadora. Cuando la gente no encuentra comida, no hay credo político que le valga, ni mausoleo que la consuele, ni misiles ni fragatas, ni tanques que la enorgullezcan. Cuando no enfrían las neveras, ni se encienden los fogones, ni se prenden los televisores, se pierde el último ápice de la pasión política. Y cuando todas esas penurias pasan en el país más rico de América, hasta los más rojos rojitos empiezan a admitir que unos cuantos vivos se los robaron, y unos ilusos, fanfarrones, manirrotos, les quitaron lo suyo.
Los chavistas, los de verde uniforme y los de roja camiseta para los desfiles, están desesperados. Y necesitan una salida. Necesitan un pretexto, alguien a quien echarle la culpa de tanta desventura. Cualquier disfraz es bueno a la hora de la farsa. Y Santos viene como anillo al dedo. Porque ha traicionado a Venezuela, porque le ha quitado soporte internacional, porque ha alentado una oposición demoníaca, culpable de todas las desgracias. Y se acuerdan que lo tienen agarrado por el cuello, con el negocio de La Habana. Y por el cuello lo aprietan, dueños como son de los tahúres y de las cartas.
Maduro trata de conciliar, después de la ventaja que pudo sacar de la entrevista de Santos con Capriles. Pero Maduro no tiene reversa. Diosdado y la cúpula militar lo empujarían al cadalso, si fuere necesario. Alguien tiene que pagar y no serán ellos. A Judas tampoco le recibieron las treinta monedas, cuando quiso devolverlas. Al traidor se le cierran siempre los caminos del retorno.
Este es un espacio de opinión destinado a columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a este fin  y no siempre reflejan la opinión o posición de LA OTRA MITAD DE LAS VERDADES A MEDIAS.

Interbolsa: se viene el debate

 OPINIÓN | Por: MAURICIO VARGAS | Publicado: nov.12, 2012 
La quiebra de la mayor comisionista de bolsa, vinculada con altos funcionarios, un enredo que apenas comienza.
Importantes accionistas de la compañía estuvieron entre los mayores contribuyentes de la campaña presidencial de Santos, con más de 100 millones de pesos de aporte.
A las tres de la madrugada del 2 de noviembre, cuando, ante la crisis de iliquidez de Interbolsa, el superintendente financiero, Gerardo Hernández, ordenó la toma de posesión de la comisionista, hizo lo correcto. Ante el incumplimiento en obligaciones por más de 20.000 millones de pesos con el BBVA, al Gobierno no le quedaba más remedio, y ni al Súper, ni al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ni al presidente Juan Manuel Santos les tembló el pulso para actuar.
Las dudas, a las que ya se refirió el exministro Rudolf Hommes en su columna del viernes en este diario, no tienen que ver con esas horas, cuando la compañía ya no tenía salvación. Tienen que ver con la falta de acción oficial durante los meses anteriores. Que Interbolsa enfrentaba problemas para cumplir pagos era un secreto a voces en el mundillo financiero. Una firma que se convirtió en número uno a punta de llevar el riesgo al límite se había pasado de la raya, repetían esas voces.
Hay evidencia de que el equipo económico intentó evitar la intervención hasta el último momento, como en principio le corresponde. Las decisiones de intervenir y luego, ante la tozudez de las cifras, de liquidar la firma, fueron el recurso final. Pero esa prudencia de tantas semanas va a ser ahora objeto de suspicacias, debido a los vínculos de la firma y de algunos de sus socios con la administración Santos.
Importantes accionistas de la compañía estuvieron entre los mayores contribuyentes de la campaña presidencial de Santos, con más de 100 millones de pesos de aporte. Juan Carlos Echeverry, Minhacienda durante los dos primeros años de Santos, fue miembro de la junta de Interbolsa hasta poco antes de posesionarse. Hace un año, en su columna de Semana, Daniel Coronell cuestionó un decreto de Echeverry sobre factoring, que pudo favorecer a Interbolsa. Echeverry dijo que planteó al Consejo de Ministros un impedimento en el tema de Interbolsa, que el Consejo no aceptó. En ese momento, Santos decidió que Echeverry no había hecho nada malo y lo mantuvo. El actual viceministro de esa cartera, Germán Arce, trabajó en la firma. El director del Departamento de Prosperidad Social, Bruce Mac Master, que fue vice de Hacienda, mantenía, desde la compañía Inverlink de la que fue socio, una alianza estratégica con Interbolsa. Y, según me confirmó una fuente del Gobierno, el exministro de Ambiente y hoy negociador de Paz, Frank Pearl, muy cercano a la compañía, intentó en las horas críticas interceder para que un gran banco asumiera parte de las operaciones de Interbolsa.
Aunque la actuación final del Gobierno haya sido la correcta, el debate que se viene, en los medios y en el Congreso, apunta a si faltó intervención oficial y del mecanismo autorregulador de la bolsa en los meses anteriores. Mientras se quebraba una de las compañías hermanas de Interbolsa y la firma seguía con audaces operaciones sobre las que banqueros y agentes del mercado tenían serísimas dudas, ninguno actuó. Hay otros cuestionamientos: esta firma era una de las mayores colocadoras de deuda pública del Gobierno, representada en los títulos de tesorería (TES), en un tema que hace algún tiempo investigaba la Contraloría. De hecho, la gran preocupación del ministro Cárdenas en las horas previas a la intervención, era convencer a un banco importante de hacerse cargo de esos TES.
Y un dato final que es posible que surja como interrogante en el debate: ¿manejaba Interbolsa fondos personales de alguno o algunos altos funcionarios del Gobierno, o de sus empresas familiares? ¿Van esos funcionarios a resultar damnificados? ¿Van a unirse a la ola de demandas contra el Estado -que pagaremos los contribuyentes- de parte de los perjudicados, por un hueco calculado en decenas de miles de millones de pesos? El debate apenas arranca.

Mauricio Vargas
mvargaslina@hotmail.com

Poder público para todos

29 de junio de 2012 |La Claridad| Por: PALOMA VALENCIA LASERNA

El Presidente no puede ostentar la calidad de constituyente, pues su elección es mayoritaria -muchos quedan excluidos- y por eso sólo el Congreso -donde deben estar representados todos los intereses de la Nación- puede modificar la Carta.
La poca legitimidad que ostenta el Estado colombiano y que tanto trabajo ha costado construir se debilitó.
El episodio de la reforma a la Justicia quedará en los anales de la historia como uno de los más tristes que haya conocido nuestra institucionalidad. La confabulación de las tres ramas del poder para otorgarse beneficios mutuos y consagrar en la Carta la impunidad para ese grupúsculo denominado ‘aforados’ generó, con toda la razón, malestar en la opinión pública, cansada ya de que quienes ostentan el poder -emanado del pueblo- se pretendan superiores a los principios de Justicia que subyacen en la sociedad.
La fórmula mediante la cual se derogó la grosera reforma, violentó la Constitución de manera brutal. Las objeciones presidenciales sobre un acto legislativo rompen profundos cimientos de la teoría de un Estado de Derecho. El Presidente no puede ostentar la calidad de constituyente, pues su elección es mayoritaria -muchos quedan excluidos- y por eso sólo el Congreso -donde deben estar representados todos los intereses de la Nación- puede modificar la Carta. Además se hizo una citación a sesiones extras para discutir la reforma cuando el término establecido por la Constitución había pasado. Esa discusión del Congreso violó esas normas expresas de la Constitución que impiden la discusión de reformas constitucionales en sesiones extraordinarias; más aún el procedimiento utilizado para ‘hundir’ la reforma -ya había sido aprobada- no tiene ningún sustento legal y excede todo precepto constitucional.
La complejidad de los argumentos jurídicos y constitucionales no les impidió a las mayorías colombianas percibir todo lo sucedido como un atentado contra lo más sagrado del Estado de Derecho; así lo demuestran las encuestas. El Presidente se precipitó aceleradamente; también el Congreso y las Altas Cortes. Los tres poderes públicos cayeron. No es un hecho para celebrar. La confianza de los colombianos en sus instituciones es esencial para la construcción de un Estado próspero y una nación organizada. La poca legitimidad que ostenta el Estado colombiano y que tanto trabajo ha costado construir se debilitó. Los ciudadanos se apartaron de sus dirigentes, desaprueban sus decisiones y su proceder.
Construir un Estado confiable, representativo que se sintonice con el querer nacional; es -tal vez- el reto más difícil que enfrenta Colombia. No es tarea sencilla; el pueblo colombiano tiene muchas razones para no sentirse respaldado por el Estado; lo que es aún peor, pocas para valorarlo como útil y necesario. La falta de seguridad, el abandono de las regiones, la incomunicación, una burocracia ineficiente y rígida que en general dificulta la vida en vez de beneficiarla, debilitan la conexión que debería existir entre el Estado y la Nación. La reforma a la Justicia se une a esa larga lista y es, al mismo tiempo, el punto de inflexión.
Los poderes públicos colombianos deben oír este clamor; los colombianos no estamos dispuestos a tolerar un Estado al servicio de unos pocos. Los cargos públicos no están diseñados para otorgar privilegios a quienes los ostentan; la Constitución los llama servidores públicos, pues su único sentido es dedicar sus esfuerzos a la consolidación del bienestar social. Aquellos interesados en la acumulación de riqueza, y la consecución de sus fines individuales, bien pueden hacerlo desde el sector privado. El servicio público supone renuncia, entrega, dedicación, altruismo y amar la Patria por encima del interés individual. El Estado debe encarnar la Nación y convertirse en el puente para que los individuos cooperen unos con otros y se construya un país con oportunidades y espacio para todos.
Publicado: Junio 30, 2012

Twitter: @PalomaValenciaL