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Peláez y Gardeazábal agosto 1 de 2018
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Santos compra franquicia

OPINIÓN| Por: PALOMA VALENCIA LASERNA| Publicado: julio 26, 2013  

Los problemas del sistema de pesos y contrapesos de la Constitución del 91 son evidentes; la Corte Constitucional no podría —aunque encontrara argumentos jurídicos— oponerse a una decisión política ya tomada.

Es un proyecto del presidente, aprobado por el Congreso, vendido como la llave para la paz; y los magistrados no tienen la entidad política necesaria para rechazarlo.

Si la Corte lo declara inexequible, el fracaso de las negociaciones se les atribuiría a los nueve magistrados que no tienen suficiente representación democrática para soportar ese peso.
Así, el tema fundamental de la impunidad quedará sin discusión real; pues si se hiciera sería sobre la base de la imposibilidad de rechazarlo. Ojalá la Corte opte por no hacer una revisión de fondo, y se limite a la materia formal para aprobarlo; así al menos conservaría el prestigio jurídico que le corresponde.
El MJP abre espacios para la impunidad; lo decimos quienes nos oponemos a los términos en los que se desarrolla la negociación, y juristas y organismos que militan en la izquierda; la crítica no es ideológica.
Supone el MJP que la paz sólo es posible con una alta dosis de impunidad. Cabe destacar que no negociamos la paz; mientras subsistan el narcotráfico y la minería ilegal habrá recursos para financiar ejércitos ilegales que seguirán atormentando a los colombianos. Si lo que vamos a comprar es la franquicia de las Farc, vale la pena calcular el precio.
Aquella reflexión, según la cual cuando no se puede derrotar hay que someterse al dominio del fuerte, constituye una capitulación a los principios morales. La ley de la naturaleza es la del más fuerte, de manera que los animales se pliegan ante la supremacía de otro. Supone la moral que hay principios irrenunciables sin los cuales la vida humana se reduce a la subsistencia animal y pierde todo sentido de humanidad.
Sin embargo, existen episodios históricos donde la humanidad capitula. Los franceses constituyeron un gobierno de colaboración con los nazis en la antesala de la Segunda Guerra. Se preguntarían esos líderes: ¿para qué los rusos ofrecieron la vida de 30 millones de soldados? ¿Para qué la guerra de secesión en los EE.UU.? Sólo las concepciones humanas capaces de racionamientos morales pueden producir conductas heroicas, incluso el martirio. Se trata de la defensa de los principios, de lo que es correcto. Y no es lo mismo un mártir que un fanático: el primero es capaz de morir por lo que piensa, el segundo está dispuesto a imponer sus ideas por la fuerza, aun a costa de matar.
En el caso de Colombia no hay una guerra; hay un grupo que pretende imponer por la fuerza una ideología, pues no tiene ningún respaldo social. En el camino se dedicó al narcotráfico y al terrorismo. Lo que pedimos no es guerra; es el legítimo ejercicio del Estado para que los criminales vayan a la cárcel, aunque esta sea corta.
Quienes pretenden la capitulación ante las Farc, sostienen que como no hemos podido derrotarlos debemos darles espacio en la política y olvidar todo el mal que han hecho. Es una política de apaciguamiento que no traerá la paz, dejará en la impunidad muchos narcoterroristas; y debilitará la posibilidad de que otros colombianos se sometan a la ley. Habrá violencia por mucho tiempo.
Este es un espacio de opinión destinado a columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a este fin  y no siempre reflejan la opinión o posición de LA OTRA MITAD DE LAS VERDADES A MEDIAS.

Impredecible


La Claridad | Por: PALOMA VALENCIA LASERNA | Publicado: feb. 23, 2013 
El presidente Santos insiste en que se levantará de la mesa de negociación en cuanto vea señales de que las Farc no quieren la paz. Su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, hace duras declaraciones sobre las acciones terroristas de las Farc.
¿Será que el Presidente piensa como los amigos del proceso de paz, quienes insisten en que los actos criminales de las Farc no afectan el proceso, pues la negociación los admite?
El presidente Santos insiste en que se levantará de la mesa de negociación en cuanto vea señales de que las Farc no quieren la paz. Su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, hace casi todos los días duras declaraciones sobre las acciones terroristas y destructivas de las Farc. No es fácil descifrar cuáles son las señales que el Presidente atiende para medir el ánimo de paz, pues es claro que no son las que padecen los colombianos.
¿Será que el Presidente piensa como los amigos del proceso de paz, quienes insisten en que los actos criminales de las Farc no afectan el proceso, pues la negociación los admite? Negociar sin cese el fuego, según dicen, autoriza esas acciones, las blinda contra las críticas. Sigo sin entenderlos. Se nos dijo que las Farc tenían intenciones de paz, sin que sea claro aún qué quiere decir eso. El sentido común indicaba algo así como que habían comprendido que la violencia no los llevaría al control del Estado colombiano, que de alguna manera entendían que la violencia no lleva a nada.
Lo que estamos viendo los colombianos es justo lo contrario. Es un grupo en pie de lucha, con la decisión de aumentar la violencia para obtener más y mejores beneficios. No una negociación que nos acerca a la paz, sino una que entroniza la violencia como un mecanismo eficaz. Sería bueno que Santos precise cuáles son esas señales que necesita para levantarse de la mesa. 
Pero no sólo los ciudadanos somos incapaces de predecir y comprender a nuestro Mandatario. La crisis en la mesa de negociación muestra que las Farc tampoco pueden hacerlo. Santos estableció la mesa dándole de entrada concesiones a las Farc: se sentaron como reconocidos defensores de la justicia social y de los campesinos colombianos. Luego, el mismo Presidente da declaraciones en el Caguán, donde denuncia con la verdad los crímenes y los abusos de esa organización criminal. Por supuesto, las Farc no lo entienden. Lo digo sin estar de acuerdo con ese proceso, que como he dicho, me parece un error histórico que ya le ha costado mucho al país. No se puede llevar un proceso con señales ambiguas, pues se rompe la confianza.
La imposibilidad de descifrar al Primer Mandatario no le hace ningún favor a la democracia. Para el póquer, que los contertulios no puedan anticipar en nuestro juego es una gran ventaja; la sorpresa es un factor importante del triunfo. Pero otro, muy distinto, es el escenario democrático donde la capacidad de predecir las acciones de un gobernante hace parte de la seguridad jurídica. La opinión pública debe tener un alto grado de certeza sobre lo que va a pasar, pues eso impacta directamente sus decisiones sobre negocios, inversiones, gastos…
El Presidente tiene que entenderlo; gobernar no es de ambigüedades y sorpresas. Por el contrario, exige posturas claras y coherentes. Debe fijar límites precisos, y dárselos a conocer a la opinión pública para que sea posible anticipar sus decisiones.
Además de esta característica que impide siempre predecir las decisiones del presidente, Santos tiene una peligrosa debilidad por las encuestas. Cada vez que baja toma una decisión abrupta con el propósito de impactar la impresión de los ciudadanos. Esta estrategia adolece del mismo problema ya explicado. La alta política tiene principios, no es acomodaticia ni voluble. Los cambios abruptos pueden generar un impacto favorable en el corto plazo, pero en el largo plazo esta tendencia genera incertidumbre y lesiona la democracia.
Este es un espacio de opinión destinado a columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a este fin  y no siempre reflejan la opinión o posición de LA OTRA MITAD DE LAS VERDADES A MEDIAS.

¿Para qué Uribe en el Senado?

  La Claridad | Por: PALOMA VALENCIA LASERNA  | Publicado: feb.9, 2013 
Uribe fue elegido con dos mandatos: por una parte restablecer la seguridad de los ciudadanos y por otra acabar con la politiquería.
La posibilidad de que Uribe vaya al Senado,  le abre la oportunidad de defender desde el Legislativo sus logros y le otorga la posibilidad de darle a Colombia la reforma política que añora.
Uribe fue elegido con dos mandatos: por una parte restablecer la seguridad de los ciudadanos y por otra acabar con la politiquería.
La descomposición del conflicto le imponía al Estado la obligación de actuar: los otrora insurgentes se convirtieron en los herederos de Pablo Escobar. Empezaron a usar los cultivos y las rutas; y también los mecanismos terroristas y corruptores que caracterizan a los carteles. Las Farc eran entonces, como son hoy, el mayor cartel de cocaína del mundo. Colombia venía esforzándose por derrotar el narcotráfico; fueron inmolados muchos colombianos, que aún nos duelen como Galán y Lara Bonilla. Consideraban, entonces, que no podíamos ceder ante el poder corruptor y terrorista del narcotráfico. Uribe tenía el mandado de recuperar a través de la Fuerza Pública el control del territorio. En aquel entonces era dudoso que pudiera hacerse; todavía nos sentíamos vencidos y arrinconados por la violencia y el narcotráfico.
La seguridad democrática demostró que los esfuerzos por recobrar la presencia del Estado sobre el territorio nacional, favorecían la seguridad de los colombianos. En eso Uribe cumplió y cambió la manera como se entendía hasta entonces la función del Estado frente a los violentos.
Esa gesta parece ahora descomponerse ante nuestros ojos, los mafiosos de las Farc ahora hablan de legalizar algunos cultivos y de participar en política. ¿Por qué no tranzamos con Pablo Escobar, o con los Rodríguez Orejuela? Muchas muertes y violencia nos habríamos evitado. ¿O es que la cocaína envuelta en hojas de ‘El Capital’ de Marx se purifica?
Cumplió Uribe con el legado de los mártires de la democracia colombiana, y con la exigencia de quienes consideramos que hay principios que no se negocian: el crimen debe ser castigado: así lo establece la ley de Colombia y del mundo.
La otra faceta de la elección de Uribe mostraba un deseo que sigue presente entre los colombianos; el fin de la politiquería. El presidente Uribe fue elegido por la inmensa mayoría, sin ayuda de los partidos ni de los políticos; estos llegaron a última hora y se subieron al gobierno. Uribe los dejó gobernar a su lado con los resultados que ya conocemos.
La posibilidad de que Uribe vaya al Senado, le abre al expresidente la oportunidad de defender desde el Legislativo sus logros en seguridad y su lucha contra el crimen. Además, y sobre todo, le otorga la posibilidad de reformar el Congreso y darle a Colombia la reforma política que añora.
El presidente Uribe representaba y sigue representado la esperanza de que el Estado sea capaz de actuar: que esté del lado de quienes cumplen la ley y haga que quienes la infringen vayan a la cárcel. Es ahora, como antes, la esperanza de que la política se transforme y hacer las reformas legales que requiere la nación.
El sólo anuncio de que Uribe regresa a la política, empezó a producir buenos efectos. Los partidos están buscando mejores candidatos. Y los vicios clientelistas han alejado de Uribe a esos políticos que sólo son afectos al poder. Se trata de personajes que no tienen ideología, que limitan su labor parlamentaria a burdas transacciones con el Ejecutivo que les permitan reelegirse. Esa es una ventaja de no tener poder, se depuran los aliados. El presidente Uribe no estará con los políticos, como no estuvo en sus elecciones; y no le hará falta porque tiene el respaldo de los colombianos.
Le quedarán todos esos viciosos políticos a la Unidad Nacional; y los colombianos podremos decidir en las urnas derrotarlos.

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Tres sombras

 La Claridad | Por: PALOMA VALENCIA LASERNA | Publicado: dic. 21, 2012 
Terminamos el año embarcados en una mesa de negociación con las Farc. Algunos siguen ilusionados en que aquello nos acerca a la paz…
..Otros sentimos que el solo hecho de haberle dado interlocución a un grupo tan temible de narcoterroristas está dándole vigencia a la idea de que la violencia puede tener réditos políticos.
Esta semana reaparecieron tres sombras sobre la realidad nacional. La economía no creció como se suponía que lo haría; dice el Gobierno que se explica por la baja en la construcción. Es una manera solapada de culpar a Petro, pues el Gobierno viene insistiendo que las complicaciones que ha impuesto la Alcaldía han detenido el crecimiento de la construcción en la capital. Si bien el argumento tiene algo de razón, hay otras señales que no pueden pasar desapercibidas. El recaudo tributario ha empezado a retroceder, aquello muestra que las empresas y las personas no están solventes. Los indicadores sobre el crecimiento industrial no son alentadores. El Gobierno que ha insistido en que todo está bien, ahora dice que precisamente por eso presentó la reforma tributaria.
Por otra parte terminamos el año embarcados en una mesa de negociación con las Farc. Algunos siguen ilusionados en que aquello nos acerca a la paz. Otros sentimos que el solo hecho de haberle dado interlocución a un grupo tan temible de narcoterroristas está dándole vigencia a la idea de que la violencia puede tener réditos políticos.
Fedegan no asistió al Foro que habían programado la Universidad Nacional y la ONU. Santos calificó a su presidente como irracional, en tanto que ‘Iván Márquez’ lo tildó de paramilitar y lo acusó de intentar sabotear el foro y el proceso. ¿Qué tal las Farc intentando señalar, cuando sus manos están llenas de sangre de los colombianos? La estigmatización que intentan hacer las Farc es ridícula: ellos el mayor cartel de tráfico de drogas y los autores de crímenes como secuestros, voladura de pueblos, de infraestructura, asesinatos, extorsiones… En Colombia todos las organizaciones y grupos económicos han tenido infiltración de algún grupo ilegal; eso no convierte a esos grupos en cómplices de las atrocidades de los que pretenden poder a través de las armas.
Las razones que tienen los ganaderos para no ir son válidas y hacen parte del debate democrático. ¿Qué pensaría el sector financiero si tuviera que enfrentar una eventual expropiación por decisión de las Farc? ¿Qué, los empresarios, los constructores o los médicos? Todos queremos la paz, en especial los ganaderos que han sido una de las mayores víctimas de las Farc, pero eso no necesariamente tiene que llevarlos a darle a la guerrilla la vocería para opinar o decidir cómo debe ser el desarrollo agropecuario del país. El Gobierno no puede pretender que los verdugos vengan ahora a jugar de redentores, menos de jueces morales. La ley que proscribe y castiga esos terribles crímenes que han cometido las Farc debe aplicárseles; eso es lo que piden los ganaderos, y con ellos varios colombianos.
La terrible sentencia de La Haya que nos despojó en un solo golpe de una fracción muy importante nos mostró la precariedad de nuestra diplomacia. Nuevamente la Nación resultó condenada en las Cortes Internacionales, por hechos que han sido bien conocidos en el país, por ser una farsa. La condena por el supuesto bombardeo a Santo Domingo lesiona el buen nombre de nuestras instituciones, y como lo han señalado muchas voces se sospecha de ONG que se han dedicado a buscar la manera de obtener recursos a través de las demandas al Estado, incluso con falsas víctimas. Es hora de que Colombia abandoné los tribunales internacionales. No nos va bien; basta recordar que el abogado para este importante caso se nombró dos días antes de que vencieran los términos para presentar los alegatos.
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Las Farc son las Farc

 La Claridad | Por: PALOMA VALENCIA LASERNA | Publicado: oct. 20, 2012 
Es difícil comprender que negociadores y Gobierno no previeran este discurso; sólo se explica por ese delirio -tan colombiano- de fundadores, de creer que por ser nosotros todo será distinto…
¿Cómo se le podrá imponer la ley a quien se roba algo, cuando se le perdona a los asesinos?
Algunos se declaran sorprendidos del discurso de las Farc. No hay nada nuevo; nada que no corresponda al accionar sistemático de esta organización narcoterrorista.
Unos ilusionados en su convicción de que la negociación es alcanzable se sienten defraudados por las expresiones de cinismo de las Farc; es natural, pues el sueño de los colombianos es la paz y en medio de tanto dolor es difícil no desearla. Otros, en especial los negociadores, están desconcertados. Han sostenido que este proceso no es como los otros, pero luego de este discurso peligrosamente empieza a asimilarse a lo que el país conoce. Es difícil comprender que los negociadores y el propio Gobierno no previeran este discurso; sólo se explica por ese delirio -tan colombiano- de fundadores, de que cree que por ser nosotros todo será distinto, tal vez legado por los colonizadores, o por la ceguera que produce la vanidad. En fin, quienes se sorprendieron con el discurso y aquello que persisten en decir que es sólo una estrategia de negociación, están subestimando a las Farc.
Este grupo armado que lleva 50 años en una guerra ilegal, y no está dispuesto a cesar su lucha sino cuando consigan lo que han venido buscando: la transformación definitiva del modelo económico y todo lo que ello implica. Hay algo de menosprecio en quienes consideran que las Farc quieren unos cargos en el Gobierno, unas fincas, sueldos para sus militantes o lavar los millones de dólares que han acumulado con el narcotráfico. No se establece una lucha de tanto tiempo para capitular por cosas así, pues todas ellas se podrían hacer sin negociar, hay subterfugios para hacerlas. Las Farc tienen un modelo político y económico que pretenden imponer; de eso se trata.
Por supuesto que se trata de un modelo anacrónico, y como es el hecho mismo de persistir en conquistar por las armas lo que las mayorías democráticas no aceptan. Las Farc están quedadas en el tiempo, defendiendo un sistema que ya probó su inoperancia y falló catastróficamente. La revolución comunista fracasó y el mundo lo sabe, pero la influencia de Chávez los alienta. Chávez está involucrado en este proceso de paz porque tienen ánimos expansionistas y quiere a Colombia dentro de su proyecto bolivariano. El vecino venezolano estará tratando de convencer a las Farc de que dejen las armas y opten por la política, como lo hace él. Seguramente les prometerá financiación y cooperación para tomarse el poder.
Pero las Farc saben muy bien que a través de las urnas no conquistarán el poder. El pueblo colombiano no los aprecia, ni les perdonan los crímenes que han cometido. Además, después de tantos años de persistir, dejar las armas para tener lo que ya tienen no hace sentido.
Quienes insisten en que con esta negociación nos acercamos a la paz, se equivocan. Una cosa es la terminación del conflicto con las Farc y otro muy distinta es la paz. Este proceso aportará, pero ya comandantes radicales, como el de la Teófilo Forero, dicen que sólo “los gordos del secretariado se van a desmovilizar”, los otros, los verdaderos combatientes, seguirán en pie de lucha. Además, el mensaje que le da este proceso a las demás bandas criminales y grupos ilegales es que la violencia puede ser un vehículo político.
Esta negociación lesiona lo más profundo de la legitimidad del Estado, ¿cómo se le podrá imponer la ley a quien se roba algo, cuando se le perdona a los asesinos? No hay justificación para romper la ley, eso lo tenemos que aprender los colombianos.

Enemiga de la Paz

 La Claridad | Por: PALOMA VALENCIA LASERNA | Publicado: septiembre 1, 2012 
La capitulación de los violentos implicaría su rendición y su sometimiento a la Justicia, y por el otro lado, la capitulación de la sociedad significaría que los violentos se asen al poder y la sociedad se someta a sus designios.
El documento que se firmó -de espaldas al país- se parece más a una capitulación de la sociedad ante los violentos que de ellos ante nosotros.
Cada vez que alguien hace críticas sobre la ‘Paz’, se lo declara enemigo de ella. Es un título duro para los críticos, más aún cuando ‘Paz’ es concepto mezclado, sin forma, misterioso, del que nadie podría dar una explicación coherente.
‘Paz’ como el ideal humano de la vida en perfecta armonía es la utopía de todos. Contra ella sería impensable la oposición, ridícula la crítica. Sin embargo, conviene distinguir el efecto retórico de este sueño, de la realidad de sus posibilidades, nadie es tan ingenuo para suponer esa PAZ posible.
Descartado el exceso, nos queda algo referido al conflicto, algo que no es preciso y que se mueve entre los dos extremos que suponen la capitulación de uno de los bandos. Para nuestro caso, la capitulación de los violentos implicaría su rendición y su sometimiento a la Justicia, y por el otro lado, la capitulación de la sociedad significaría que los violentos se asen al poder y la sociedad se someta a sus designios. Hay en el medio una infinidad de posibilidades y combinaciones.
En este contexto es claro que no toda paz es deseable o buena; y que estas apreciaciones corresponden en gran medida a la posición en la que uno mismo se sitúa en el conflicto. No es lo mismo ser quien capitula, que ser parte de quienes reciben y aceptan la capitulación del enemigo.
La ‘paz’ no es sólo un nombre; no es sólo una ilusión; no es sólo un recurso político; proponerla tiene responsabilidades y exige significados precisos. ¿Qué tipo de paz nos ofrece este gobierno? ¿Qué y hasta dónde va a ceder la narcoguerrilla, qué la sociedad?
El documento que se firmó -de espaldas al país- se parece más a una capitulación de la sociedad ante los violentos que de ellos ante nosotros. No es posible saberlo con precisión porque el proceso ha sido oscuro y excluyente.
Este como ningún otro es un asunto de la Nación entera, de cada uno de sus integrantes. Sólo será posible construir el fin del conflicto con el concurso de todas las fuerzas de la Nación. Este no es el caso; Santos no representa a la mayoría de sus electores, desde hace mucho, quienes votamos por él nos sentimos ajenos y excluidos. Quienes aparecen como negociadores, los gobiernos de Venezuela, Cuba, Chile y Noruega tampoco representan en nada a la Nación colombiana. Menos aún quienes se suponen han venido negociando como Frank Pearl, Jaramillo o Enrique Santos -hermano del presidente. Aquellos que gozan de la confianza del Presidente no son los mismos que pueden representarnos como nación o que pueden darnos tranquilidad.
Tampoco genera confianza un Presidente que sin ningún pudor ha mentido. Dijo en varias entrevistas que no había diálogos de paz. Lo dijo, lo repitió, lo aseguró, pidió rectificaciones a quienes se atrevieron a darle credibilidad a los rumores, nos engañó. ¿Cómo creerle ahora?
El tema del narcotráfico es el gran ausente en este debate. Este es y seguirá siendo el foco fundamental de los problemas colombianos. No creo que haya una diferencia sustancial entre la situación actual, donde por posiciones políticas, algunos se sienten legitimados para matar, secuestrar, extorsionar, remplazar al Estado y traficar drogas; que una situación en la cual se den todas esas conductas bajo el rótulo de la delincuencia común. El problema no es el discurso, es su efecto sobre la sociedad. La paz no es un tema trivial, ni un tema del Gobierno. Exigimos claridad, trasparencia y respeto por los principios democráticos que inspiran a esta nación.

Twitter: @PalomaValenciaL

Carácter frente a los sinuosos

6 de julio de 2012 |OPINIÓN| Por: PALOMA VALENCIA LASERNA

Uribe en un discurso elocuente repasó las prácticas de este gobierno que lo hacen incompatible con la ideología que lo eligió.
Fue un momento crucial donde quedó claro que desde este día en adelante una cosa es el uribismo, y otra muy distinta el santismo.
El sentido homenaje que le rindió la sociedad a Fernando Londoño no sólo celebró que esté vivo, sino que repudió al terrorismo y a los violentos.
Uribe en un discurso elocuente repasó las prácticas de este gobierno que lo hacen incompatible con la ideología que lo eligió. Precisó la diferencia entre la construcción de una buena imagen de Colombia porque la realidad se transforma y aquella que pretende el Gobierno de silenciar y acallar los problemas. Se quejó de que el Gobierno persista en defender la dictadura chavista, pese al daño que eso supone a los venezolanos y a los colombianos tan atormentados por el terrorismo que alcahuetea el vecino mandatario. Desconoció el argumento diplomático de que es mejor ser amigo de todo el mundo, recordando cómo el presidente Lleras rompió relaciones con el tirano Fidel Castro. Mostró la inmoralidad del argumento económico, que pretende comparar el valor del dinero con el de la vida y la libertad de los colombianos. Criticó la política pública de la demagogia, que remplaza las oportunidades con regalos. Se mostró insatisfecho con el tratamiento a los militares hoy procesados por una Justicia que no les otorga garantías y cuyo sentimiento de persecución da para que se acojan a sentencia anticipada, aún considerándose inocentes. Apuntó a la necesidad de consolidar la seguridad; no sólo con indicadores. Denunció que la disminución del homicidio se debe a los pactos macabros entre los violentos, que viven la paz porque se han dividido el control del territorio y las víctimas; el secuestro se transformó en extorsión; y el miedo se ha vuelto el compañero de tantos colombianos abandonados por el Estado. Y quieren que nos quedemos callados.
La elocuencia sin par de Londoño hizo un recorrido por la historia patria donde describió las diferentes épocas y evaluó cómo se ha tratado el terror. Resaltó el heroísmo de Valencia, ‘Presidente de la Paz’, que mostró que la paz es posible sin la humillación del Estado. El valor enérgico de Barco en su combate contra el narcotráfico. Exaltó todo cuanto el pueblo colombiano reconoce en el mandato de Uribe. Y señaló con firmeza la concupiscencia de los otros gobernantes.
Fue un momento crucial donde quedó claro que desde este día en adelante una cosa es el uribismo, y otra muy distinta el santismo. Algunos analistas políticos sostienen que esta división de la centroderecha dará lugar a que la izquierda se abra camino hacia el poder. Discrepo de esa tesis. El presidente Santos no puede catalogarse como del centro y menos aún de la centroderecha. Su gobierno tiene todos los elementos que identifican a la centroizquierda; optó por un Estado grande, aumentó la burocracia y el gasto estatal. Además tiene lenguaje agresivo y burlón contra los ricos, “los voy a hacer chillar”, “quiero ser recordado como un traidor a mi clase”. Comparte las políticas sociales del asistencialismo y la demagogia. Santos es un clásico gobernante del Partido Liberal, que ha sido, tradicionalmente la izquierda colombiana, inscrita desde hace mucho en la Internacional Socialista.
Así las cosas, ayer la centro derecha y el centro democrático abandonaron al presidente Santos. La preocupación será para el mandatario quien ahora sabe que la mayoría de los votos que lo eligieron, hoy no lo respaldan. Tendrá entonces que empezar a conquistar nuevos electores dentro de los sectores de izquierda; sus votos liberales deberán ser incrementados con votos del Polo y el Progresismo.
Publicado: Julio 7, 2012

Twitter: @PalomaValenciaL

Poder público para todos

29 de junio de 2012 |La Claridad| Por: PALOMA VALENCIA LASERNA

El Presidente no puede ostentar la calidad de constituyente, pues su elección es mayoritaria -muchos quedan excluidos- y por eso sólo el Congreso -donde deben estar representados todos los intereses de la Nación- puede modificar la Carta.
La poca legitimidad que ostenta el Estado colombiano y que tanto trabajo ha costado construir se debilitó.
El episodio de la reforma a la Justicia quedará en los anales de la historia como uno de los más tristes que haya conocido nuestra institucionalidad. La confabulación de las tres ramas del poder para otorgarse beneficios mutuos y consagrar en la Carta la impunidad para ese grupúsculo denominado ‘aforados’ generó, con toda la razón, malestar en la opinión pública, cansada ya de que quienes ostentan el poder -emanado del pueblo- se pretendan superiores a los principios de Justicia que subyacen en la sociedad.
La fórmula mediante la cual se derogó la grosera reforma, violentó la Constitución de manera brutal. Las objeciones presidenciales sobre un acto legislativo rompen profundos cimientos de la teoría de un Estado de Derecho. El Presidente no puede ostentar la calidad de constituyente, pues su elección es mayoritaria -muchos quedan excluidos- y por eso sólo el Congreso -donde deben estar representados todos los intereses de la Nación- puede modificar la Carta. Además se hizo una citación a sesiones extras para discutir la reforma cuando el término establecido por la Constitución había pasado. Esa discusión del Congreso violó esas normas expresas de la Constitución que impiden la discusión de reformas constitucionales en sesiones extraordinarias; más aún el procedimiento utilizado para ‘hundir’ la reforma -ya había sido aprobada- no tiene ningún sustento legal y excede todo precepto constitucional.
La complejidad de los argumentos jurídicos y constitucionales no les impidió a las mayorías colombianas percibir todo lo sucedido como un atentado contra lo más sagrado del Estado de Derecho; así lo demuestran las encuestas. El Presidente se precipitó aceleradamente; también el Congreso y las Altas Cortes. Los tres poderes públicos cayeron. No es un hecho para celebrar. La confianza de los colombianos en sus instituciones es esencial para la construcción de un Estado próspero y una nación organizada. La poca legitimidad que ostenta el Estado colombiano y que tanto trabajo ha costado construir se debilitó. Los ciudadanos se apartaron de sus dirigentes, desaprueban sus decisiones y su proceder.
Construir un Estado confiable, representativo que se sintonice con el querer nacional; es -tal vez- el reto más difícil que enfrenta Colombia. No es tarea sencilla; el pueblo colombiano tiene muchas razones para no sentirse respaldado por el Estado; lo que es aún peor, pocas para valorarlo como útil y necesario. La falta de seguridad, el abandono de las regiones, la incomunicación, una burocracia ineficiente y rígida que en general dificulta la vida en vez de beneficiarla, debilitan la conexión que debería existir entre el Estado y la Nación. La reforma a la Justicia se une a esa larga lista y es, al mismo tiempo, el punto de inflexión.
Los poderes públicos colombianos deben oír este clamor; los colombianos no estamos dispuestos a tolerar un Estado al servicio de unos pocos. Los cargos públicos no están diseñados para otorgar privilegios a quienes los ostentan; la Constitución los llama servidores públicos, pues su único sentido es dedicar sus esfuerzos a la consolidación del bienestar social. Aquellos interesados en la acumulación de riqueza, y la consecución de sus fines individuales, bien pueden hacerlo desde el sector privado. El servicio público supone renuncia, entrega, dedicación, altruismo y amar la Patria por encima del interés individual. El Estado debe encarnar la Nación y convertirse en el puente para que los individuos cooperen unos con otros y se construya un país con oportunidades y espacio para todos.
Publicado: Junio 30, 2012

Twitter: @PalomaValenciaL

Deforma a la Justicia

22 de junio de 2012 |OPINIÓN| Por: Paloma Valencia Laserna

El Presidente y sus ministros pretenden ahora deshacerse de una responsabilidad que les corresponde. Basta recordar que el proyecto fue presentado por el entonces ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras.
Las objeciones que propone el Presidente no tienen asiento jurídico, pues las reformas constitucionales no son susceptibles de ser objetadas.
Lo que aprobó el Congreso es una afrenta contra la democracia colombiana, contra sus instituciones y el Estado de Derecho. Este Congreso prolífico en la promulgación de normas, paradójicamente ha sido también el padre de la legislación que les permite a ciertos colombianos no cumplirlas. Aprobó con el Marco Jurídico para la Paz, la impunidad para los narcoterroristas; y aprueba ahora con la Reforma a la Justicia, la impunidad para políticos, magistrados y un grupúsculo de poder que denomina ‘aforados’. De este parlamento habremos de recordar por siempre su pobre devoción por los conceptos básicos de la ley: la obligatoriedad y la generalidad.
Sin embargo, las atrocidades consagradas en nuestra Constitución no son sólo atribuibles al Congreso; el Gobierno es igualmente culpable. En una habilidosa movida el Presidente y sus ministros pretenden ahora deshacerse de una responsabilidad que les corresponde. Basta recordar que el proyecto fue presentado por el entonces ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras. Luego Esguerra, como ministro de Justicia, acompañó y protegió el proyecto. Dicen que la conciliación se hizo a sus espaldas, cómo si aquello los exculpara; el texto de conciliación fue dado a conocer en la plenaria de ambas cámaras; el ministro Esguerra conoció y le dio su apoyo al texto conciliado (que prácticamente recoge todo lo que aprobó el Senado en el sexto debate) y fervorosos los padrastros de la patria votaron para aprobarlo.
Las objeciones que propone el Presidente no tienen asiento jurídico, pues las reformas constitucionales no son susceptibles de ser objetadas. Y aún si aquel intento -inconstitucional- es aceptado por el Congreso, lo que propone no enmienda el gran daño acometido. Las observaciones presidenciales recaen sobre cuatro temas, sólo dos de ellos importantes: la pérdida de la investidura por las inhabilidades y el régimen transitorio de quienes actualmente están siendo investigados por la Fiscalía y la Corte Suprema; pero deja vigentes las demás ‘perlas’. Beneficios para los magistrados, 12 años de período y 70 años de edad de retiro forzoso; secretarios del Congreso ‘aforados’ para que roben sin peligros; le quitaron el poder a la Contraloría para investigar a los aforados, es decir el carrusel de pensiones de la Judicatura quedará rampante; el Procurador no podrá investigar a los congresistas ni a los magistrados, para que hagan fiestas en la indisciplina; los congresistas podrán inducir a otras personas para que den recursos a los partidos políticos…
Ahora todos pretenden inocencia, incluso los más descarados prefieren reconocer su incompetencia como congresistas antes de aceptar su propia corrupción moral. Es una vergüenza que Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes y presidente del Partido Liberal pretenda librarse de su responsabilidad política diciendo que no leyó el proyecto. ¿Qué clase de congresista aprueba proyectos de semejante importancia sin leerlos? ¿No le cabe una responsabilidad disciplinaria a quien no cumple con las funciones de su cargo? ¿Qué responde ante las acusaciones del Polo Democrático que lo señalan como un promotor de la votación de la Reforma, a tal extremo comprometido con su aprobación que incluso se negó a verificar el quórum?
La crítica les cae también a los magistrados de las Altas Cortes quienes hacían declaraciones incendiarias contra el proyecto, pero se silenciaron complacientes ante el ofrecimiento de beneficios para ellos. Se trata de que todos puedan pensionarse como magistrados, que por arte de una sentencia de esa misma rama, equivale a recibir pensión de congresistas. ¡Hagámonos pacito!
Publicado: Junio 23, 2012

Twitter: @PalomaValenciaL

¿Paz con este Marco?

15 de junio de 2012 |La Claridad| Por: PALOMAVALENCIA LASERNA

Si en las Farc subsiste alguna ideología política no van a transarse tan sólo por concesiones en el ámbito judicial. Exigirán que Colombia se convierta en un Estado socialista o comunista.
No se puede iniciar una negociación habiendo cedido todo lo que se pretendía conceder.
Se aprobó el Marco jurídico para la paz. Muchos están convencidos de que este es un paso que nos acerca a la ‘paz’. Basta recordar la historia reciente de Colombia para entender que se trata de un sueño, una ilusión de los colombianos. Lo cierto es que construir la paz es mucho más complejo de lo que desearíamos. Ojalá la paz pudiera conseguirse a través de una decisión legal.
Sea lo primero, reflexionar por un momento en la noción de ‘paz’. Es un término cuyo uso reiterado lo ha ido vaciando de contenido. La paz para los colombianos es una idealización personalísima e íntima que no se limita a la negociación con uno o dos grupos de criminales. Esas negociaciones tienen resultados positivos, pues siempre será bueno tener menos personas en armas, sin embargo no pueden llamarse paz. Lo hemos vivido, luego de que desaparece por negociación un grupo, aparece otro. El narcotráfico y la cultura mafiosa han destruido la lógica de la vida en sociedad y los millones de dólares del ilícito financian e invitan a nuevos y peores crímenes. Es un círculo que además se nutre de que el resultado final de los violentos es positivo. El mensaje, ya aprendido por muchos, es que después de muchos años de violencia es posible ser perdonado y obtener, además, réditos políticos.
Han existido ya muchas ofertas de amnistía e indultos, pero nunca han sido suficientes para las Farc. El expresidente Betancur hizo un intento de similar envergadura a las Farc, cuando todavía no era narcotraficante, y lo rechazaron categóricamente, el M-19 en cambio la abrazó y se reinsertó a la vida nacional. El expresidente Pastrana también se la jugó por un acuerdo, confiado en que alcanzaría un resultado fue generoso en ofertas y concesiones. La respuesta soberbia y ruin de los violentos bien la conoce el país. Es probable que no haya ningún diálogo y que de haberlo no se obtenga resultado.
Las Farc no están interesadas tan sólo en un perdón y olvido. Si en ese grupo subsiste alguna ideología política no van a transarse tan sólo por concesiones en el ámbito judicial. Exigirán que Colombia se convierta en un Estado socialista o comunista. Pedirán una constituyente, representación política y una serie de privilegios y cesiones que no son posibles. No sólo porque es moralmente inaceptable que los violentos nos impongan las formas de gobierno, sino además porque ninguna nación de estos tiempos podría vincular a los terroristas, a los narcotraficantes como agentes del liderazgo político. Sería un exabrupto, un atropello al derecho internacional y a las víctimas. Si, en cambio, las Farc carecen de ideología política, la negociación tampoco es fácil. Se trata de agentes del narcotráfico y criminales que han ensamblado una sofisticada máquina de poder que se sustenta en el miedo de las comunidades. ¿Qué podría ofrecerles el Estado que pudiera compensar esos recursos? ¿Qué les otorgará igual sensación de superioridad sobre el resto de los colombianos?
El Marco es un error estratégico. No se puede iniciar una negociación habiendo cedido todo lo que se pretendía conceder. Se estableció como mínimo, lo que debía ser el resultado final. Si había que hacer un ejercicio para limitar la justicia transicional hubiera sido necesario establecer más bien límites para que los gobernantes de turno no entreguen más de lo que la sociedad estaría dispuesta a entregar. Una legislación como la que se aprobó es una invitación para que los gobernantes sedientos de vanidad busquen resultados, sin pensar en el largo plazo.
Publicado: Junio 16, 2012

Twitter: @PalomaValenciaL