A FLOTE

1 de julio de 2012 |OPINIÓN| Por: CRISTINA DE TORO

Gracias a los medios de comunicación que alertaron e informaron a la opinión pública y a las redes sociales que facilitaron una movilización rápida y masiva, la tristemente célebre reforma (o, deforma) a la Justicia, se hundió.

Sorprende, entonces, que el presidente Juan Manuel Santos siga diciendo que objetó la reforma oportunamente por considerarla "inconveniente".

Afortunadamente, y gracias a los medios de comunicación que alertaron e informaron a la opinión pública y a las redes sociales que facilitaron una movilización rápida y masiva, la tristemente célebre reforma (o, deforma) a la Justicia, se hundió, al menos por ahora, pues no faltará el picapleitos que a punta de demandas al Presidente o al Legislativo la reviva, porque nadie parece saber a ciencia cierta si el Presidente tiene la facultad para oponerse a las reformas constitucionales una vez aprobadas por el Congreso Nacional.

Sorprende, entonces, que el presidente Juan Manuel Santos siga diciendo que objetó la reforma oportunamente por considerarla "inconveniente".

Se necesita una buena dosis de cinismo para hacer semejante afirmación, cuando de todos es sabido que lo único "inconveniente" que logró hacerlo reaccionar, fue la indignada opinión pública que se le atravesó dispuesta a llevar el incidente hasta sus últimas consecuencias, de lo contrario, estaríamos padeciendo ya los desmanes de los orondos magistrados y de los sinvergüenzas parlamentarios (casi todos). Además, oyéndolo a él vanagloriarse de que sería recordado como el único Presidente que consiguió hacer una histórica (todo lo de él es grande o histórico) reforma integral a la administración de justicia.

Sí, el mismo cinismo que se requiere para hacerse el sorprendido ante unos micos que conocía de tiempo atrás, tal vez, algunos no tan creciditos como cuando se los presentaron, que seguramente engordaron a la par del voraz apetito de los congresistas que los engendraron; o bien, para ordenarle al Congreso que hundiera la reforma que con tanta urgencia y hasta el último minuto le pidió que aprobara.

Sin embargo, cuando hizo gala del más refinado sarcasmo fue cuando se dio cuenta de que su imagen podría salir lastimada, e intentó capitalizar políticamente el funesto suceso para aparecer como el bueno de la película, el héroe capaz de salvarnos de las garras legislativas y parlamentarias, ofreciendo, inclusive, el sacrificio del ministro Esguerra. Intento que resultó fallido, como quedó consignado en la reciente encuesta de Datexco, en la que su imagen favorable cayó al 55.44%.

Ahora bien, como en cualquier naufragio después del hundimiento salen a flote todo tipo de cosas, inclusive, algunas que no se conocían y otras ya olvidadas. En este caso particular aparecieron en la superficie, por ejemplo, las verdaderas caras de todas las ramas del poder, pudimos apreciar que siguen con las mismas mañas de siempre, vimos en su real dimensión lo corruptas y clientelistas que son; además se evidenció la desfachatez con la que evaden responsabilidades y cómo se incriminan unos a otros; salió a flote la astucia de las Altas Cortes y la manera tan solapada como pretendieron pasar de "agache", como si no hubiesen tenido nada que ver en el asunto, pobres mártires que les iba a tocar, entre otras, resignarse a la ampliación de sus períodos y de la edad de jubilación; igualmente, apareció flotando el desmesurado poder y los escandalosos sueldos de los secretarios de Senado y Cámara (ganan más de $300 millones al año), los señores Emilio Otero y Jesús A. Rodríguez , que, curiosamente, cuentan con el respaldo incondicional de la mayoría de congresistas.

Afortunadamente, entre tanto escombro, tanta basura, salió a flote una joya, sí, la conciencia que hemos adquirido de que es en nuestras manos donde está la soberanía, que somos el poder constituyente y podemos cambiar el rumbo del país en un par de días, tal como quedó demostrado esta semana.

FUENTE: EL COLOMBIANO – Medellín - Colombia

Publicado: Julio 1, 2012

Leer Más

De tumbo en tumbo

24 de junio de 2012 |OPINIÓN| Por: Jesús Vallejo Mejía

Cuando estalló el escándalo de la reforma judicial, recibí la llamada de una amiga que estaba muy inquieta con el revuelo que se había producido y quería saber mi opinión sobre lo que estaba ocurriendo.

Esforzándome en resumir el caso, aventuré la siguiente hipótesis:

Santos buscaba a todo trance que se aprobara lo que los escépticos llamamos el  “Marco Jurídico para la Impunidad”, pero necesitaba comprar los votos del Congreso.

El precio del apoyo a tan discutible y poco discutida iniciativa que el Congreso evacuó a las volandas,  no solo consistió en prebendas burocráticas y presupuestales. Era necesario algo más sustancioso y pienso que para tal efecto se urdió la reforma de la justicia, con el objetivo de convertirla, como en efecto se hizo, en una reforma política.

Como las altas cortes empezaron a torpedearla, a alguien se le ocurrió sosegarlas con el halago de la prórroga del período de los actuales magistrados. Tapándoles la boca, el Congreso quedaría con las manos libres para modificar las materias de índole judicial que más le interesaba resolver.

Reitero que todo esto es hipotético, pero tal vez no sea fantasioso.

Lo he hilado a partir de hechos conocidos, sirviéndome además de los agudos y valerosos escritos que al tema de la reforma de la justicia le ha dedicado Ramón Elejalde Arbeláez en “El Mundo”.

Elejalde me abrió los ojos cuando escribió que a su juicio la reforma judicial era una piñata, advirtiendo al mismo tiempo que su trasfondo era una reforma política llamada a resolver principalmente los problemas judiciales de los congresistas.

Esos problemas son reales y muy graves.

Dejemos fuera de debate que los congresistas no son dechados de corrección y dejan no poco que desear, lo que ha dado pie para que la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Procuraduría los mantengan en la mira, a menudo seguramente con buenas razones.

Pero de ese modo se ha producido un desbalance de poderes en beneficio de la rama judicial y los organismos de control.

Ese desequilibrio afecta a todas luces la independencia de los congresistas, que viven temerosos de la politización de la justicia y la judicialización de la política.

Siendo objetivos, hay que reconocer que esa situación ameritaba regularse de manera que se pudieran evitar los excesos de una justicia politizada, preservando al mismo tiempo dentro de justos límites la necesaria inviolabilidad de los congresistas.

Pero, ¿quién osaría ponerle el cascabel al gato proponiendo reformas al fuero, a la pérdida de la investidura, etc., a sabiendas de que cualquier iniciativa en ese sentido sufriría de inmediato la satanización de parte de una prensa que goza excitando al público con escándalos y debates contra los políticos?

Pues bien, la ocasión la pintaron calva cuando el gobierno se empeñó en el malhadado proyecto de justicia transicional y la iniciativa de una reforma judicial.

Ni cortos ni perezosos, los congresistas aprovecharon la oportunidad para introducir, so capa de esta última, los dispositivos tendientes a solucionar sus propias inquietudes. Y lo hicieron a ciencia y paciencia del gobierno, que no tenía otro remedio que seguirles el juego si quería sacar adelante el primero de esos proyectos.

Digo, entonces, que las dos iniciativas iban de la mano.

Mi amigo Jorge Rafael Vélez dio en el clavo cuando me comentó que, a su juicio, lo que yo he llamado el “Marco Jurídico de Impunidad para los narcoterroristas” anduvo en paralelo con lo que a él se le ocurrió denominar el “Marco Jurídico de Impunidad para los congresistas”.

Ambos estaban hermanados y el gobierno dejó que se moviera el segundo a cambio de que le dieran gusto en el primero.

Los congresistas cumplieron lo suyo y, aparentemente, el gobierno se estaba allanando a dejarlos obrar a su amaño en la reforma judicial trocada en reforma política, sin importarle los llamados a la sensatez que se le hacían desde distintos frentes.

Pero algo sucedió el día jueves, luego de dársele el puntillazo final a la reforma con el visto bueno del ministro Esguerra.

Pienso yo que, alarmado por sus amigos de la Gran Prensa, Santos vio que lo que aprobó el Congreso causaría indignación y decidió entonces  ponerse a la cabeza de los indignados para no arriesgar la suya, prefiriendo sacrificar a su  ministro Esguerra y al Congreso dominado por la Mesa de Unidad Nacional, que ya podría llamarse más bien de Impunidad Nacional.

Como dije en Twitter, Santos resolvió pasar de Judas a Pilatos, lavándose las manos y echándole el agua sucia al Congreso.

Acudió a un expediente discutible como el que más, consistente en invocar la posibilidad de formular objeciones por inconstitucionalidad e inconveniencia contra un acto legislativo, atribución para la que no sólo no está autorizado por la Constitución, sino que la Corte Constitucional implícitamente ha considerado que  no cabe por no ser los actos legislativos materia de sanción presidencial. Así se desprende de las sentencias C-222 de 1997 y C-208 de 2005, entre otras.

Tratando de salvar su imagen ante el público, Santos  ha generado un embrollo jurídico-político de enormes proporciones y muy inquietantes repercusiones. Opino que busca ocultar sus errores de manejo legislativo con nuevos errores más graves aún. Por eso he titulado este artículo “De tumbo en tumbo”.

Pasemos por alto su problema de credibilidad frente al público, que a juzgar por lo que se lee en Twitter anda de mal en peor, y el de lealtad con su Mesa de Impunidad Nacional, que no es de poca monta, para concentrarnos en su decisión de no publicar lo que aprobó el Congreso y devolvérselo a este con objeciones.

Rafael Nieto Loaiza acaba de escribir que con esta decisión Santos está generando un galimatías jurídico. Ni más ni menos, pues con tesis que van y vienen las discusiones pulularán sembrando el desconcierto.

Ya he expresado en Twitter y en declaraciones para “El Colombiano” mi opinión sobre el tema jurídico.

La resumo: acto legislativo reformatorio de la Constitución y ley son figuras distintas. El primero es ejercicio del llamado poder constituyente secundario; la segunda, de la función legislativa. El Presidente en nuestro sistema es colegislador y por ese motivo los proyectos de ley requieren su sanción para convertirse en leyes. El poder de objetarlos es parte de de sus atribuciones legislativas. Para las reformas constitucionales, en cambio, no se requiere sanción. Los actos legislativos se perfeccionan cuando los apruebe el Congreso. El papel del Presidente se limita a ordenar su publicación en el Diario Oficial para que entren en vigencia.

No entremos, sin embargo, en esta discusión y concentrémonos en el caso concreto.

Siempre y cuando lo aprobado en la conciliación que suscitó la controversia esté debidamente firmado por los presidentes de Senado y Cámara y los respectivos secretarios, Santos de hecho procederá a devolverlo con objeciones.

En cuanto a la fundamentación jurídica, ya sus asesores han encontrado algún fallo que con base en la Ley 5 de 1992 le ofrece una remota viabilidad. Como él no es jurista y su formación más bien lo lleva a desdeñar los intríngulis del derecho, con esa opinión se jugará sus restos.

¿Qué podría sucederle?

La primera alternativa consiste en que el Congreso  responda que sus objeciones no son de recibo, bien porque constitucionalmente no proceden, ya porque el término para evacuarlas ya está vencido, dado que los actos legislativos deben debatirse en dos periodos consecutivos de una misma legislatura que ya pasó.

Con esta alternativa, el Congreso le devolvería el balón y el debate ya sería acerca de la publicación del acto legislativo.

La segunda alternativa, muy heterodoxa por cierto, sería que el Congreso abordara las objeciones.

Ahora bien, dada la controversia  tan pugnaz que se ha producido alrededor del asunto, probablemente las aceptaría, dejando incólumes las disposiciones no objetadas. Santos, en consecuencia, procedería a publicar el acto legislativo con exclusión de la parte objetada.

Después de ello, con toda seguridad habría demandas ante la Corte Constitucional, bien por vicios de trámite, ya porque se ponga en cuestión lo decidido acerca de las objeciones, ora por la nebulosa causal que remite al espíritu de la Constitución. Pero ya habría pasado esta tormenta.

Con esta alternativa, todos aparentemente saldrían airosos del incidente. Pero, no indemnes.

Santos tendría que pagarle un precio muy alto al Congreso por haberlo humillado y traicionado. Eso lo veremos cuando se discuta la reforma tributaria y entre en juego el tema de la reelección.

Y queda sobre el tapete un delicadísimo tema institucional, pues el cercenamiento del papel constituyente del Congreso le daría al Presidente un poder inaudito, el de paralizar las reformas constitucionales que no sean de su agrado.

Leí esta mañana unas muy juiciosas declaraciones que dio para El Colombiano mi apreciado discípulo y amigo, el consejero Marco Velilla, acerca de la desinstitucionalización que  estamos presenciando por obra de un gobierno que es muy poco respetuoso del derecho.

Este es tema que habré de examinar más adelante.

FUENTE: PIANOFORTE – Medellín - Colombia

Publicado: Junio 24, 2012

Twitter: @jesvalme

Leer Más

REFORMA: DE LA GOBERNABILIDAD A LA DESCONFIANZA POPULAR

23 de junio de 2012 |OPINIÓN| Por: ÁLVARO URIBE VÉLEZ

La independencia entre las ramas del poder público no debe ser remplazada por hostilidad en las relaciones pero tampoco por acuerdos de favorecimiento mutuo.

A los congresistas no solamente les reconocen el derecho a la doble instancia, también les quitan varias inhabilidades.

En términos generales, la justicia colombiana ha sido respetable, muchos jueces y fiscales han actuado patrióticamente asumiendo todos los riesgos en la lucha contra el narcoterrorismo, los casos de politización, aunque no pocos y graves, no han constituido la regla, y hemos tenido, podría decirse, una justicia relativamente independiente.

Sin embargo, una molestia grave de la opinión pública es la demora y lentitud de la justicia, que también afecta la competitividad del país, tal como lo acreditan los indicadores internacionales.

No puedo oponerme a que se elimine el Consejo de la Judicatura, hijo de la peligrosa expansión burocrática de 1991. Suprimirlo propuso nuestro Gobierno en aquel referendo de 2003, pero se necesita claridad sobre quién administra el presupuesto del sector, quién investiga a los jueces y quién convoca el concurso de aspirantes a magistrados para evitar la manipulación personalista.

Que abogados y notarios asuman muchas competencias de los jueces es una vieja idea, que ha tenido iniciales desarrollos, por ejemplo para sucesiones con acuerdo entre herederos.

No obstante, hay voces del Consejo de Estado que se oponen a ampliar este camino, con el argumento que da más garantías a la comunidad alguien como el juez, miembro de la institución.

Agregan que ahora que la seguridad democrática permite que haya jueces en todo el territorio, no se puede correr el riesgo de remplazarlos por abogados, que podrían carecer de suficientes competencias morales y profesionales.

En cuanto a costos, esgrimen que no hay diferencias.

Que los magistrados no salgan de las cortes a hacer política con los fallos que impulsaron, es una necesidad.

Es desastroso que un fallo esté alimentado por una aspiración política futura del magistrado a cargo del tema. Por eso muchos defienden la tesis de extender el período y la edad de retiro de los magistrados.

Que los congresistas tengan doble instancia, es un principio universal.

Hasta aquí no parecería existir problema.

Las dificultades aparecen cuando hace presencia el fantasma de lo turbio. A los congresistas no solamente les reconocen el derecho a la doble instancia, también les quitan varias inhabilidades.

La pérdida de investidura es reemplazada por una escala de sanciones que la dejan casi sin importancia, ignorando que el servidor público tiene deberes mayores que los demás ciudadanos.

Y a manera de prebenda política, a los magistrados actuales, muchos próximos a concluir su término, les aplican la extensión del período -bien diferente que reelección por voto popular y ley de garantías-.

La independencia entre las ramas del poder público no debe ser remplazada por hostilidad en las relaciones pero tampoco por acuerdos de favorecimiento mutuo.

Esto último hace perder el apoyo popular a la gobernabilidad, entendida esta como la capacidad efectiva del Jefe del Estado de convertir sus proyectos en realidades.

FUENTE: EL COLOMBIANO –Medellín - Colombia

Publicado: Junio 23, 2012

Twitter: @AlvaroUribeVel

Leer Más

Deforma a la Justicia

22 de junio de 2012 |OPINIÓN| Por: Paloma Valencia Laserna

El Presidente y sus ministros pretenden ahora deshacerse de una responsabilidad que les corresponde. Basta recordar que el proyecto fue presentado por el entonces ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras.

Las objeciones que propone el Presidente no tienen asiento jurídico, pues las reformas constitucionales no son susceptibles de ser objetadas.

Lo que aprobó el Congreso es una afrenta contra la democracia colombiana, contra sus instituciones y el Estado de Derecho. Este Congreso prolífico en la promulgación de normas, paradójicamente ha sido también el padre de la legislación que les permite a ciertos colombianos no cumplirlas. Aprobó con el Marco Jurídico para la Paz, la impunidad para los narcoterroristas; y aprueba ahora con la Reforma a la Justicia, la impunidad para políticos, magistrados y un grupúsculo de poder que denomina ‘aforados’. De este parlamento habremos de recordar por siempre su pobre devoción por los conceptos básicos de la ley: la obligatoriedad y la generalidad.

Sin embargo, las atrocidades consagradas en nuestra Constitución no son sólo atribuibles al Congreso; el Gobierno es igualmente culpable. En una habilidosa movida el Presidente y sus ministros pretenden ahora deshacerse de una responsabilidad que les corresponde. Basta recordar que el proyecto fue presentado por el entonces ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras. Luego Esguerra, como ministro de Justicia, acompañó y protegió el proyecto. Dicen que la conciliación se hizo a sus espaldas, cómo si aquello los exculpara; el texto de conciliación fue dado a conocer en la plenaria de ambas cámaras; el ministro Esguerra conoció y le dio su apoyo al texto conciliado (que prácticamente recoge todo lo que aprobó el Senado en el sexto debate) y fervorosos los padrastros de la patria votaron para aprobarlo.

Las objeciones que propone el Presidente no tienen asiento jurídico, pues las reformas constitucionales no son susceptibles de ser objetadas. Y aún si aquel intento -inconstitucional- es aceptado por el Congreso, lo que propone no enmienda el gran daño acometido. Las observaciones presidenciales recaen sobre cuatro temas, sólo dos de ellos importantes: la pérdida de la investidura por las inhabilidades y el régimen transitorio de quienes actualmente están siendo investigados por la Fiscalía y la Corte Suprema; pero deja vigentes las demás ‘perlas’. Beneficios para los magistrados, 12 años de período y 70 años de edad de retiro forzoso; secretarios del Congreso ‘aforados’ para que roben sin peligros; le quitaron el poder a la Contraloría para investigar a los aforados, es decir el carrusel de pensiones de la Judicatura quedará rampante; el Procurador no podrá investigar a los congresistas ni a los magistrados, para que hagan fiestas en la indisciplina; los congresistas podrán inducir a otras personas para que den recursos a los partidos políticos…

Ahora todos pretenden inocencia, incluso los más descarados prefieren reconocer su incompetencia como congresistas antes de aceptar su propia corrupción moral. Es una vergüenza que Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes y presidente del Partido Liberal pretenda librarse de su responsabilidad política diciendo que no leyó el proyecto. ¿Qué clase de congresista aprueba proyectos de semejante importancia sin leerlos? ¿No le cabe una responsabilidad disciplinaria a quien no cumple con las funciones de su cargo? ¿Qué responde ante las acusaciones del Polo Democrático que lo señalan como un promotor de la votación de la Reforma, a tal extremo comprometido con su aprobación que incluso se negó a verificar el quórum?

La crítica les cae también a los magistrados de las Altas Cortes quienes hacían declaraciones incendiarias contra el proyecto, pero se silenciaron complacientes ante el ofrecimiento de beneficios para ellos. Se trata de que todos puedan pensionarse como magistrados, que por arte de una sentencia de esa misma rama, equivale a recibir pensión de congresistas. ¡Hagámonos pacito!

FUENTE: EL PAÍS – Cali - Colombia

Publicado: Junio 23, 2012

Twitter: @PalomaValenciaL

Leer Más

Perdimos todos

22 de junio de 2012 |OPINIÓN| Por: NICOLÁS URIBE RUEDA

El país lamentará por muchos años la incapacidad institucional de los tres poderes públicos para ponerse de acuerdo y sacar adelante una modificación constitucional que signifique una mejora sustancial en la vida de los ciudadanos.

No hace sino aumentar el escándalo por la aprobación de la reciente reforma a la justicia.

Lo que inició como una discusión necesaria para descongestionar despachos judiciales y corregir profundas fracturas institucionales que rompían el equilibrio entre los poderes públicos, terminó siendo un esperpento en edición de lujo. No sólo se incorporaron de manera ilegal toda clase de temas en las conciliaciones, sino que además, hay que reconocerlo, los asuntos que ya venían aprobados en los debates anteriores tampoco establecían soluciones de fondo para la compleja situación en la que se encuentra la justicia. Por ello, nada pierde el país con que toda la reforma se hunda, y se entierre de una vez por todas una modificación constitucional que cargaría con el lastre de la ilegitimidad propia de haber sido votada a la carrera, sin que hubiese sido analizada por los protagonistas que la sacaron adelante.

A pesar de lo anterior, lo más grave de todo este incidente no es el debate puntual sobre la suerte de la reforma y los responsables del desastre. Por supuesto que esperamos identificar a los autores de los micos y entender cómo es posible que el Gobierno impulsara la votación de un proyecto sobre el cual había perdido el control, sin comprender los riesgos a los que se enfrentaba. Debe haber responsabilidad política.

Pero lo más preocupante son las consecuencias institucionales del fracaso. En primer lugar, el Congreso profundiza las causas de su desprestigio. No es fácil recordar un episodio reciente, tan deplorable como el que hemos presenciado. Los temas incorporados y la vulgaridad en el procedimiento utilizado para garantizar su aprobación no tienen precedentes. Las consecuencias de lo sucedido no terminarán con la sepultura de la reforma a la justicia, sino que se extenderán hasta el 2014, fecha en la cual termina el período constitucional de este Congreso. ¿Se imaginan ustedes lo que podrá suceder en el trámite de la reforma tributaria que el Gobierno ha anunciado que presentará en la próxima legislatura?

En segundo lugar, se ha perdido la oportunidad histórica de hacer una verdadera reforma a la justicia. El país lamentará por muchos años la incapacidad institucional de los tres poderes públicos para ponerse de acuerdo y sacar adelante una modificación constitucional que signifique una mejora sustancial en la vida de los ciudadanos. No habrá fácilmente, como los hubo hasta ahora, un escenario y un ambiente más propicios para impulsar un asunto de semejante envergadura. Seguramente de forma lenta pero firme, tomará fuerza la idea de una asamblea constituyente con programa previo, para abordar exclusivamente este tema que, parece ser un hecho, no es posible tramitar en el Congreso.

En tercer lugar, es probable que se complique la gobernabilidad del presidente en el Congreso. Ahora, con elecciones a la vista, todos quieren complacer a la opinión y hay temas en la agenda legislativa que no propiamente son de agrado ciudadano.

Con lo que pasó, perdimos todos, pues no es claro cómo y por dónde podremos ahora enmendar los problemas que tiene la justicia.

FUENTE: EL ESPECTADOR – Bogotá - Colombia

Publicado: Junio 23, 2012

Twitter: @NicolasUribe

Leer Más

La hora de la reforma

17 de marzo de 2012 | OPINIÓN | Por: FRANCISCO SANTOS CALDERON

Los embates de distintos magistrados, el más alto cargo en la justicia para que no olvidemos, contra las distintas ramas del poder público demuestran una intolerancia y soberbia que asustan.

Si bien hay que respetar su fuero e independencia, a la Justicia le llegó el tiempo de la reforma.

Precisamente cuando el Consejo de Estado nos sorprende con una decisión jurídica que ya nadie creía posible dada la politización y mediatización de la justicia, esta semana los magistrados deshicieron con el codo lo que arreglaban con la mano.

Los embates de distintos magistrados, el más alto cargo en la justicia para que no olvidemos, contra las distintas ramas del poder público demuestran una intolerancia y soberbia que asustan. Todo alrededor de que respondan por sus actos. En dos escenarios, la reforma a la justicia y la investigación de la Contraloría por el carrusel de pensiones.

Que se premia a los malos y se castiga a los buenos, dijo uno. Que es una revancha del Congreso, dijo otro. Que si no es por la Corte Suprema, Mancuso y Jorge 40 hoy serían ministros de Estado, afirmó uno más. Que se quiere recortar el poder de la única rama que hoy no controla el Gobierno, llegaron a decir. O que los ataques a las cortes son más peligrosos que los de 50 años de ataques de la guerrilla.

¿Se imaginan si un congresista, para no hablar de un ministro o un Presidente, dijera algo similar sobre un fallo? El escándalo mediático, político y jurídico sería grande. Pero no, cuando hay despropósitos de Justicia como los de esta semana, la reacción es casi nula. Y la razón es una: a las altas Cortes nadie las ronda, ante nadie rinden cuentas (bueno, sí, la comisión de absoluciones) e intimidan con fallos o pronunciamientos a funcionarios, como sucedió con la Corte Suprema de Justicia y el Procurador General.

Las altas Cortes no quieren ningún control. Quieren carta blanca para regalar pensiones millonarias a amigos o familiares. La quieren para, impunemente, coartar funciones del Ejecutivo como el de nominación, lo que sucedió con las dos ternas para la Fiscalía que envió Uribe. Quieren carta blanca para recibir costosos regalos de quienes acaban en la cárcel, sin que pase nada. Y podría continuar con la lista de abusos de unas Cortes desmadradas que rompen la institucionalidad sin que nada las frene.

El gobierno Santos le abrió a las Cortes todas las puertas para participar en la reforma de la justicia y como no se les dio gusto se retiraron del proceso. Ahora atacan con todas las cargas de profundidad posibles.

Esta reforma no es buena. No va al fondo de la crisis de la Justicia y no resuelve el acceso, la seguridad jurídica o las garantías. No elimina lo que la politiza, las nominaciones y el Consejo Superior de la Judicatura, no controla los cambios repentinos e injustificados de jurisprudencia ni crea un organismo serio de control penal, disciplinario o fiscal. Pero que no sea buena no justifica esa oposición cerrada a reforma alguna, como lo expresó con gran frustración Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia.

La pregunta ahora no es cómo se le pone el cascabel al gato sino cuándo. Si bien hay que respetar su fuero e independencia, a la Justicia le llegó el tiempo de la reforma. Agotadas todas las oportunidades, como se ha visto, es hora de abrir nuevas opciones como hizo Virgilio Barco al final de su mandato en respuesta a la sinsalida del narcoterrorismo.

 EL UNIVERSAL – Cartagena de Indias - Colombia

Leer Más

Fuero militar, motor para subir moral a las tropas

3 de noviembre de 2011 | ACTUALIDAD | Por: Javier Alexander Macías

Foto de Archivo |

MILITARES Y POLICÍAS se mostraron optimistas y recibieron con agrado el anuncio hecho ayer por Juan Lozano, director del partido de la U, en el que se señaló que el Gobierno Nacional mantendría el fuero militar.

El anuncio de que el Gobierno Nacional mantendrá el fuero militar dentro de la reforma a la justicia fue visto con muy buenos ojos por los militares y policías que operan en el territorio nacional.

Este mensaje, dado a conocer ayer luego de una reunión sostenida entre representantes del partido de la U y el Gobierno, es para el coronel (r) del Ejército Bernardo Torres Dávila, uno de los motores que subiría la moral de combate a las tropas que llevan un buen tiempo sintiéndose maniatadas para obrar frente al enemigo.

Torres Dávila explicó que el solo hecho de que se mantenga el fuero militar "es algo muy beneficioso para la moral de las tropas. Hoy hay más de 3.000 militares presos y detenidos injustamente y hay más militares que bandidos de los diferentes grupos ilegales en la cárcel".

Esta posición fue apoyada por Jean Carlo Mejía, director de la Ong Defensoría Militar, Demil, quien aseguró que no es tanto que las tropas estén desmoralizadas, sino que se encuentran confundidas porque no existe un marco jurídico adecuado para que puedan operar contra el enemigo.

Mejía sostuvo que en el país hay un conflicto armado reconocido incluso por el presidente Juan Manuel Santos, y en esa medida, "tenemos normas de paz cuando nos encontramos en guerra. Nuestros militares no saben qué normas son las que se utilizan en el contexto de la guerra. A ellos les enseñaron a combatir a las guerrillas más antiguas, más peligrosas y que más se reinventan, como si estuvieran combatiendo en Suecia".

Para Mejía, se necesita capacitar a los militares para que puedan actuar con total tranquilidad y seguridad jurídica en sus operaciones militares, lo que constituye parte de su rutina y para lo que fueron creados.

El general (r) del Ejército, Héctor Martínez Espinel, aseguró que "al tener el fuero militar nos da la ventaja de que personas conocedoras de la situación y del accionar militar sean los que van a juzgar el resultado de las acciones que resultaran en las operaciones".

Los llena de confianza
Una de las grandes satisfacciones para todos los integrantes de la Fuerza Pública con la decisión de mantener el fuero militar, es que por las acciones cometidas en actos de servicio o en operaciones, los soldados y policías serán observados y en caso de irregularidades, juzgados, por personas que conocen de la Justicia Penal Militar y del accionar de las tropas.

Jairo Delgado, director de análisis del instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, consideró que es una ventaja porque "la Justicia Penal Militar tiene el conocimiento y la interpretación real de conflicto armado interno y en ese sentido entiende la responsabilidad y la misión de la Fuerza Pública".

Delgado cree que en la medida en que se fortalezca la estructura de la Justicia Penal Militar, los resultados van a ser favorables y bajo esta figura no habrá impunidad por los errores cometidos por los militares".

Para el general (r) Martínez Espinal es fundamental que se mantenga y salga adelante el proyecto donde se reconoce esa legislación especial para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, debido a que "es un apoyo a quienes defienden el territorio colombiano".

Además, respaldar el fuero es tener la sensación de apoyo del Gobierno Nacional del cual "nos hemos sentido abandonados en la parte jurídica y en la prestacional. En lo jurídico nos han entregado a conceptos de Ong, de una Corte Internacional de Derechos Humanos proclive hacia la izquierda. Sería un espaldarazo", indicó el coronel (r) Torres Dávila.

En la Justicia Penal Militar, agregó Torres, la persona que cae incurso en un delito, si es culpable créame que nunca va salir libre. Nosotros somos más duros que la misma justicia civil para condenarnos entre nosotros si fallamos. Que nos juzguen los que saben de la justicia militar.

De otro lado, los militares y policías ven el hecho de que se mantenga este fuero como un "un alivio a la parte jurídica que nos ha golpeado tanto".

Mejía, director de Demil, concluyó que lo que anhelan los militares y policías es que por todo lo que ha pasado, tengan los militares el fuero, "que es un mecanismo justo en un país en guerra".

Mejía aseveró que para llegar a ese estado ideal en el que las tropas sientan confianza es necesaria una reforma integral al ministerio de Defensa que abrigue y aclare la situación de los militares.

EL COLOMBIANO – Medellín - Colombia

Leer Más

Haciéndose pasito

14 de octubre de 2011 | COLUMNA | Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

Se produjo fue una negociación para “hacerse pasito”. Tal parece que las heridas de la parapolítica, las ambiciones políticas de algunos magistrados y el espionaje que los convirtió en mártires, están en el trasfondo del asunto.

Lo que pasó en la comisión constitucional del Senado nos dio la pauta de lo que serán los restantes debates: la Reforma a la Justicia será otro acuerdo más para resolver la eterna pugna por el poder entre magistrados, legisladores y gobernantes.

El presidente Juan Manuel Santos recibió aclamaciones cuando anunció su proyecto. Con insinuar cambios en la tutela, el retiro de las Cortes de la elección de funcionarios como el Fiscal General y el fin del malhadado Consejo Nacional de la Judicatura, Santos había tocado puntos sensibles de la realidad colombiana. Ni más ni menos que la vigilancia y administración de la Justicia y la limitación a las ambiciones de poder de algunos magistrados de la Corte Suprema.

Aunque en el proyecto no tenía propuestas para acabar con los obstáculos que impiden a los ciudadanos del común el acceso a una justicia cumplida, era un avance lograr que se hablara de asuntos que parecían vedados. Esa sensación se aumentó cuando los magistrados se negaron a aceptar el consenso, señal de que iba por el camino correcto.

Otra cosa es lo que salió del primer debate, cuando se produjo el consenso que pedía el presidente Santos. Lo que no se supo fue cómo se logró. Y lo notorio fue la forma en que los magistrados continuarán haciendo política mientras se jalan las mechas en sus bochornosas peleas por la tutela. Además, fue evidente que la Corte Suprema estaba negociando su poder con quienes pueden ser objeto de su juicio.

Y se notó el afán de mostrar que el consenso era posible para lograr un resultado, fuera el que fuera. O, ¿cómo puede explicarse que la tutela no haya sido tocada, ni siquiera para resolver el choque entre las Cortes que destruye la estabilidad jurídica del país? ¿Y qué explicación tiene mantener el Consejo Nacional de la Judicatura a pesar de las vergüenzas que protagoniza? Ni qué decir de la propuesta para acabar la Comisión de Acusaciones mediante la creación de una entelequia que nadie entiende, con la cual los magistrados podrían elegir quién los investigue.

Llama la atención que la morosidad crónica de la Justicia, la impunidad en materia penal y la permanente duda en materia civil y administrativa, se haya usado sólo para justificar el aumento del presupuesto y para reclamar una emergencia, ¡otra más!, que permita “descongestionar los juzgados”. Eso es buscar la calentura en las sábanas. O sea, nada de encontrar las causas y corregirlas, o de exigir resultados a los causantes. Ahora hay que negociar con ellos para apaciguarlos.

Lo que se produjo fue una negociación para “hacerse pasito”. Tal parece que las heridas de la parapolítica, las ambiciones políticas de algunos magistrados y el espionaje que los convirtió en mártires, están en el trasfondo del asunto. No de otra manera se explica que juristas respetables como el ministro Juan Carlos Esguerra acepten la aberración de convertir a litigantes y notarios en jueces sin derecho a ordenar pruebas.

Se dirá que quedan siete debates y un año para deshacer el entuerto. Eso podría pensarse si en la Comisión Primera del Senado se hubiera escuchado el clamor de la gente y los jueces aceptaran que su forma de actuar le hace daño a la Justicia. Y si la reforma no se usara para resolver las disputas entre los poderes públicos, una de las razones por las cuales el Estado no es capaz de acabar con la violencia y la criminalidad en Colombia.

EL PAÍS - Cali - Colombia

Leer Más

La reformita

10 de octubre de 2011 | OPINIÓN | Por: MAURICIO VARGAS

Gobierno, cortes y Congreso acordaron que la reforma de la justicia sea un cambio que nada cambie.

La reforma no tocará la fuente del botín burocrático de la justicia.

Hace cerca de un año, cuando el Gobierno y las altas cortes iniciaban sus consultas en busca de un acuerdo para la muy urgente reforma de la justicia, dije en esta columna que el presidente Juan Manuel Santos debía evitar la búsqueda del consenso por el consenso mismo. Recordé una frase de Virgilio Barco, un reformista convencido que llegó tarde a la Presidencia, en el sentido de que "el consenso mata las reformas", pues, al tratar de dejar contento a todo el mundo, los promotores del consenso evitan los cambios de fondo que son los que pisan callos.

Con el proyecto de reforma de la justicia, todos los que la negociaron parecen muy contentos. Y eso se debe a que no pisa callo alguno. El principal objetivo de los reformadores tenía que ser acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, ese ente ineficiente, politizado y burocratizado que tanto daño le ha hecho al funcionamiento y a la imagen del poder judicial. Pues lo dejaron casi intacto, salvo por un cambio menor que acaba con la sala administrativa y la reemplaza por una especie de supercorte que, de entrada, luce pesada e ineficaz y, por lo tanto, incapaz de impulsar la administración gerencial que el sector judicial necesita con urgencia.

Con esto, los magistrados del Consejo Superior y sus aliados del Consejo de Estado quedaron felices: la reforma no tocará la fuente del botín burocrático de la justicia. Los congresistas, que también alimentan y se alimentan de ese botín, quedaron dichosos. Y el Gobierno quedó tranquilo con su reversazo, ya que, al proponer eliminar el Consejo Superior, se había trenzado en una dura polémica con buen número de magistrados y eso no le convenía. Todos contentos. Ningún callo pisado. Cero reforma de fondo.

Otro gran objetivo era zanjar con reglas claras el choque de trenes entre las altas cortes por cuenta de la tutela contra sentencias. Como era un tema muy delicado (cuando Álvaro Uribe se metió en ese berenjenal, y lo hizo a favor de la Corte Constitucional, se ganó para siempre el odio de la Corte Suprema), quedó de lado. Ningún callo pisado. Cero reforma. Y el choque de trenes seguirá.

Numerosos expertos nacionales e internacionales recomendaban la doble instancia para el juzgamiento de los congresistas que hoy lleva a cabo, como investigador y juez, la sala penal de la Corte Suprema. Es una elemental garantía en los Estados de derecho que todo procesado tenga oportunidad de que una instancia distinta a su primer juez revise su caso. En la reforma hay un cambio, más bien menor, que establece la doble instancia en la misma sala penal. Unos magistrados de la sala penal revisan lo que otros, sus colegas, hicieron. Un yo con yo. Una reformita.

El cambio más importante es el remplazo de la actual Comisión de Acusación por un tribunal de nueve juristas, para que la comisión deje de ser de absoluciones. Pero, aun con ese paso positivo, ¿se puede llamar a esto una reforma de la justicia? Para nada. Los grandes problemas de la impunidad no son atacados: la politización de las cortes queda intacta y la gran falencia del sistema en el campo penal -la falta de investigación judicial que obliga a fiscales y a jueces a depender exclusivamente de confesiones y delaciones, de lo que digan los malos- no se corrige.

¡Ah!, se me olvidaba: en la negociación, los magistrados consiguieron más plata del presupuesto para el poder judicial. De nada servirá, pues, si el sistema está enfermo, politizado, burocratizado: los nuevos recursos irán a un barril sin fondo. Ante la avalancha de críticas, el presidente Santos salió el viernes a defender la reforma. Dijo que su mayor fortaleza es ser fruto del consenso. Se equivoca. Es su mayor debilidad. Todos los involucrados quedaron contentos porque la reforma deja casi todo como estaba.

mvargaslina@hotmail.com

EL TIEMPO - Bogotá - Colombia

Leer Más