JUSTICIA EFICAZ

OPINIÓN | Por: FRANCISCO SANTOS  | Publicado: feb.10, 2013 

Hoy hay una justicia politizada, ineficaz, mediática y que no está a la altura de los retos que tiene Colombia.

No es posible manejar una política criminal en la que hay que rogar para tener fiscales especializados que de la mano de la Fuerza Pública combatan a las Farc y sus milicias, las bacrim y el narcotráfico con sus organizaciones criminales.

Si hay un consenso nacional es sobre el desastre que tenemos en nuestro aparato judicial. Hoy hay una justicia politizada, ineficaz, mediática y que no está a la altura de los retos que tiene Colombia. Así de sencillo y claro es el diagnóstico. De ahí que sea necesaria una reforma estructural a ese poder público.

Hay que comenzar por la Fiscalía General de la Nación. En ningún país con sistema penal acusatorio la Fiscalía es independiente del poder Ejecutivo. No es posible manejar una política criminal en la que hay que rogar para tener fiscales especializados que de la mano de la Fuerza Pública combatan a las Farc y sus milicias, las bacrim y el narcotráfico con sus organizaciones criminales y de paso solucionen de manera efectiva los otros delitos de alto impacto que hoy afectan a los colombianos.

La Fiscalía debe ser parte del Ejecutivo. De esta manera el Presidente responde políticamente por la eficacia, o no, de esta institución. Hay casos como el de Sigifredo López o el de Colmenares, que hoy con impunidad absoluta hacia el funcionario y la entidad, pululan a todo nivel en Colombia.

Crear una supercorte con magistrados vitalicios es una necesidad. La Corte Suprema de Justicia quebrantó la Constitución con las ternas para fiscal hace unos años y no pasó nada. Esta nueva Corte, con su propio e independiente equipo de investigación y acusación, debe juzgar a todos los aforados de alto rango, presidente, vicepresidente, ministros, magistrados de las altas cortes, congresistas, procurador, fiscal y contralor y generales de la República. Con esto se acabaría la Comisión de Acusaciones del Congreso.

El Consejo Superior de la Judicatura debe desaparecer. Hay que crear otro órgano rector y administrador de la Rama Judicial sin políticos de por medio. Una entidad técnica que gerencie la Rama con una Corte Suprema que investigue jueces y magistrados de menor rango en lo penal y disciplinario.

Se debe crear una jurisdicción especial, con legislación adecuada, parecida a la de los jueces regionales que se utilizaron para luchar contra el narcotráfico a principios de los 90. Esta debe solo utilizarse para trabajar de la mano de la Fuerza Pública en zonas de rehabilitación como el Cauca, el Caquetá o el Catatumbo para poder combatir organizaciones criminales enquistadas en esas zonas durante años. Hay que crear constitucionalmente esas zonas de rehabilitación con control de la Supercorte. Desbaratar esas organizaciones criminales requiere de un tratamiento jurídico especial, no las leyes y la jurisdicción de un país en normalidad.

Los mayores de 14 años que cometan delitos violentos como asesinatos o terrorismo deben ser juzgados como adultos. No puede ser que quien puso la bomba contra Fernando Londoño o un experto explosivista de las Farc, como me lo contó la Fuerza Pública, tengan el beneficio de la inimputabilidad. 

La reincidencia para delitos violentos debe ser castigada con la mayor severidad. Colombia necesita una ley de tres strikes y al tercero esa persona, sin rebaja de penas, debe ser condenada a la máxima pena que tenga en ese momento el Código Penal. Esta política solo debe aplicarse a crímenes de sangre.

Finalmente para el 70 por ciento de delitos sin violencia debe haber justicia restaurativa. Que el verdadero acto de contrición, la reparación y el trabajo comunitario de quien cometió el delito sea recompensado con rebajas de pena y casa por cárcel. De esta manera se descongestionarían la justicia y las cárceles y el aparato punitivo del Estado se dedicaría a perseguir la gran delincuencia organizada que hoy se burla de la justicia y que en general actúa bajo el manto de la impunidad.

Queda claro hoy que la Justicia no quiere reformas. Solo un Congreso admirable, con un líder como Uribe, es capaz de hacer estos cambios. Por esa razón, y muchas otras, Colombia necesita a Álvaro Uribe en el Senado. 

Fuente: EL COLOMBIANO – Medellín -Colombia

Twitter: @fsantoscal

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La fe perdida

Reflector | Por: FERNANDO LONDOÑO HOYOS | Publicado: dic. 27, 2012 

Los colombianos no creen en nada. Tienen el alma seca de ilusiones y respetos.

Trágica despedida de este año fatídico.

Para mantener alta la imagen del presidente Santos hemos gastado muchos miles de millones de pesos en publicidad y encuestas. Pero lo grave es que perdimos el tiempo y la plata. La inversión no ha bastado para conservar la fe de los colombianos en su propio destino. Aun las encuestas profesionalmente optimistas revelan que nuestros compatriotas ya no tienen en qué creer. Mírese aquella última de Lemoine y se verán sus desoladores resultados, en el fondo los mismos que revela la de Invamer Gallup.

Después de festejar la imagen del gobernante, cada vez con menos entusiasmo, los encuestados consideran que su situación de inseguridad es pavorosa; que la guerrilla gana terreno sin cesar; que las mafias y la corrupción los agobian; que la canasta familiar es menos accesible, y el empleo más remoto y menos gratificante, a pesar de las piruetas del Dane; que la salud empeora en calidad y la educación es artículo de lujo. Parecería que todos tienen los versos de Arciniegas a flor de labios: “Ya la fe de otros años no me escuda, quedó de sueños mi ilusión desnuda y no puedo creer lo que me dices”.

Lo peor de la historia es que la desazón colectiva no se aplica solamente a este ejecutivo que no ejecuta, sino que penetra a fondo las demás instituciones del Estado.

No ha tenido el Congreso sólido prestigio popular. Pero este bate todas las marcas del disfavor público. La gente entiende que hace muy poco y que lo poco que hace lo hace muy mal. No se le escapa al más distraído que nada se legisló sobre pensiones, cuando hasta la señora Lagarde advirtió que por ese hueco negro se podía ir al abismo la nación entera; nada se hizo sobre cárceles, cuando las que tenemos apestan y nos avergüenzan ante los ojos del mundo; quedó trabada la ley de educación, cuando la calidad de la nuestra es la peor del vecindario; la de salud sigue entre promesas y anuncios, lo de siempre; el prometido Código Electoral en promesas se quedó y la ley agraria pasó del Capitolio de Núñez a la Plaza de la Revolución del Che Guevara.

Y cuando el Congreso se mueve, con el alma empalagada de mermelada, lo hace tarde y mal. La reforma de la justicia es el peor papelón de la Historia. La ley de víctimas se quedó sin un peso y la de tierras se confunde maliciosamente con la gestión del Superintendente de Registro sobre baldíos. Y acabamos de cerrar con una reforma tributaria que destroza a la clase media y al propio fisco. ¡Vaya novedad! ¡Una reforma para perder recaudos!

No extrañará a nadie que el Congreso supere el 70 por ciento de desfavorabilidad en el juicio popular. Pero queda lo peor. Y es que comparte honores con la justicia, a la que no se ama, ni se admira, ni se respeta.

Los colombianos han entendido, finalmente, que las altas cortes se convirtieron en una fábrica de sentencias para diseñar un sistema grosero de tributación y de pensiones, del que son beneficiarios sus propios miembros. Han entendido que la Corte Constitucional se especializó en propinar golpes de Estado para expandir sin medida sus atribuciones. Que el Consejo Superior de la Judicatura se convirtió en jubiladero de sus amigotes y en patrocinador de huelgas ilegales. Que la Corte Suprema de Justicia fue en su sala penal fábrica de “pitirris” y abrió por mayoría la puerta giratoria de sus miembros para perpetuarse en su propia mermelada; que el Consejo de Estado se convirtió en triste escenario de morosidad y mediocridad. Y que todos los jueces se dedicaron a la violencia de las huelgas que la Constitución les prohíbe. Galardón final: una sentencia popular condenatoria con más del 70 por ciento de los votos.

Los colombianos no creen en nada. Tienen el alma seca de ilusiones y respetos. Trágica despedida de este año fatídico.

Fuente: EL TIEMPO – Bogotá - Colombia

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PARÁLISIS POLÍTICA

OPINIÓN | Por: FRANCISCO SANTOS | Publicado: dic. 23, 2012 

Las reformas tributaria y a la justicia muestran el grado de captura que tiene hoy nuestro Congreso.

La crisis política y de corrupción, yace precisamente en que el Congreso y el poder judicial hoy no están al servicio de los colombianos sino de intereses mezquinos políticos y personales.

Las reformas económicas o políticas de un país se hacen a las buenas o a las malas. El mejor ejemplo de una reforma a las malas es lo que hoy sucede en Grecia. Allí, un sistema político capturado por los grandes intereses económicos, políticos y sindicales llevaron al país a tener un esquema tributario tan inequitativo y unas leyes con tantos beneficios para unos pocos que ahora todos sus ciudadanos enfrentan décadas de sufrimiento económico.

Otro ejemplo de esa parálisis es Estados Unidos. Un grupo específico de interés que representa la industria de armamento ha logrado un espacio político e ideológico tan importante que hoy hace que en ese país sea más fácil comprar un arma de asalto que una botella de licor. Es casi imposible poner restricciones legales a este negocio mortal que hoy deja como víctimas a estos niños de una escuela en Newton. Lo mismo sucede con la crisis fiscal que hoy tiene ese país. Un sector del partido Republicano impide que le suban los impuestos a aquellos que ganan más de 70 millones mensuales. Parecen congresistas colombianos.

¿A qué vienen estos ejemplos? Pues ambos aplican a lo que hoy sucede en nuestro país. Las reformas tributaria y a la justicia muestran el grado de captura que tiene hoy nuestro Congreso, nuestra política, nuestro país en general en los más altos niveles de decisión. Hoy es imposible hacer las reformas estructurales que Colombia necesita para solventar estas dos grandes trabas que tiene para su despegue económico. No ayuda, claro está, que el Gobierno con el mayor apoyo político en el Congreso de las últimas décadas haya sido tan torpe al presentar estas reformas que la verdad nada bueno le dejan al país. O que haya negociado la oportunidad de lograr cambios profundos para obtener una pírrica victoria política de última hora.

La crisis política y de corrupción, por cierto, que tiene el país, yace precisamente en que el Congreso y el poder judicial hoy no están al servicio de los colombianos sino de intereses mezquinos políticos y personales. Los carruseles de pensiones, las decisiones amañadas para beneficiar a unos pocos (y volvemos al tema de pensiones) y el carrusel de puestos de una corte a otra dejan ver un poder judicial que unos pocos manejan a su antojo.

Lo mismo sucede con el Congreso. Cada cual por su lado, la política al detal continúa y las decisiones se logran a base de ‘mermelada’. Imposible acabar con las prebendas pensionales y de otra naturaleza que hoy, a costa de todos los colombianos, gozan ellos y los magistrados. Donde pueden meten micos que los benefician directamente o a quien pague el favor. No hay decisión o elección, y la del Procurador es apenas la última vergüenza, que no tenga de una manera u otra algún costo de peaje.

Hay que recuperar la dignidad del Congreso y acabar con la impunidad en la Rama Judicial. Hoy el mejor negocio en Colombia, dicen por ahí, es ser juez. Mejor aún que el de congresista. Eso no puede ser. Por ahora hay que aguantar este desastre año y medio más. A Dios gracias el 2014 está a la vuelta de la esquina para recuperar, como se hizo con la seguridad en el 2002, esas dos ramas del poder público que hoy naufragan en una crisis de legitimidad producto de la corrupción, el abuso de poder, la soberbia y la total ineficacia.

Fuente: EL COLOMBIANO – Medellín - Colombia

Twitter: @fsantoscal

Este es un espacio de opinión destinado a columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a este fin  y no siempre reflejan la opinión o posición de LA OTRA MITAD DE LAS VERDADES A MEDIAS.

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Leguleyada autoritaria

OPINIÓN|RAFAEL NIETO LOAIZA| Publicado: Julio 8- 2012

Al suponer que el Presidente puede hacer todo lo que no le esté prohibido, se pone en peligro a los ciudadanos. Hasta ahora, los funcionarios públicos no podían hacer en su calidad de tales sino aquello que les estaba expresamente permitido.

En el futuro un presidente podrá objetar cualquier reforma constitucional simplemente porque no le gusta. Santos coarta sin pudor la facultad constitucional del Congreso.

Tras la indignación pública, casi todos coincidieron en que a la apestosa reforma a la Justicia había que darle muerte, sin importar el como.
Pero el mecanismo para asfixiarla es al menos tan malo como la reforma misma. La ‘solución’ de las objeciones presidenciales no sólo es una leguleyada sino que tiene gravísimas consecuencias para la democracia y el Estado de Derecho.

Hago resumen para los no abogados. El Presidente tiene la facultad de objetar un proyecto de ley cuando considera que es inconveniente o inconstitucional. Si el Congreso, con mayorías especiales, desestima la inconveniencia, el Presidente debe obedecer la decisión de los parlamentarios. Si los motivos de inconstitucionalidad son rechazados, la Corte Constitucional toma la decisión final.

Esa facultad de objetar proyectos de ley en cabeza del Ejecutivo es parte del sistema de frenos y contrapesos propio de la democracia y da mejores certezas de que lo aprobado en el Congreso se ajuste a lo que la Constitución establece y a los intereses nacionales.

Ahora bien, en la Constitución no se prevé que el Presidente pueda objetar un proyecto un acto legislativo, es decir, una reforma a la Constitución. Aun así, Santos decidió objetar la reforma a la Justicia por inconveniente e inconstitucional. Alegó que, por analogía y en tanto que no le estaba prohibido, podía hacerlo.

No me detendré en la ironía o el cinismo implícitos que hay en que el impulsor de la reforma sea quien después pretenda hundirla. Resaltaré sólo las consecuencias de la argucia.

Objetar por inconstitucional un acto legislativo es un absurdo, en tanto que cualquier acto legislativo lo que pretende es, precisamente, modificar la Constitución. No hay reforma constitucional que no sea distinta o contraria, de una manera u otra, a la Constitución que enmienda.
Objetar por inconveniencia podría tener algún sentido, si lo que se quiere es darle el mismo valor a la opinión de los parlamentarios y la del Ejecutivo. Pero nuestras constituciones nunca han previsto tal poder en cabeza del Ejecutivo porque han considerado que, a la hora de definir el marco constitucional, en un régimen democrático debe pesar más la opinión mayoritaria de los parlamentarios que la voz solitaria del Presidente. Esa es la razón por la cual el Parlamento tiene facultades para reformar la Constitución y en cambio el Presidente no.

Más allá de que el Presidente trapeó con el Congreso y le echó toda el agua sucia, al objetar una reforma constitucional, y al aceptar sumiso el Parlamento las objeciones, se resquebraja el Estado de Derecho y se contribuye a la hipertrofia del presidencialismo y, en paralelo, a un mayor debilitamiento del Congreso.

Peor, la solución es autoritaria. Por un lado, porque al suponer que el Presidente puede hacer todo lo que no le esté prohibido, se pone en peligro a los ciudadanos. Hasta ahora, los funcionarios públicos no podían hacer en su calidad de tales sino aquello que les estaba expresamente permitido. Esa limitación buscaba proteger a la gente del común del abuso de quienes, por definición, están en una situación de privilegio y de superioridad en relación con el de a pie. Por el otro, porque en el futuro un presidente podrá objetar cualquier reforma constitucional simplemente porque no le gusta. Santos coarta sin pudor las facultades constitucionales del Congreso.

Desde el siglo XIX, nunca un presidente en Colombia había tenido tan peligrosos poderes.

 FUENTE: EL PAÍS –Cali - Colombia

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Poder público para todos

29 de junio de 2012 |La Claridad| Por: PALOMA VALENCIA LASERNA

El Presidente no puede ostentar la calidad de constituyente, pues su elección es mayoritaria -muchos quedan excluidos- y por eso sólo el Congreso -donde deben estar representados todos los intereses de la Nación- puede modificar la Carta.

La poca legitimidad que ostenta el Estado colombiano y que tanto trabajo ha costado construir se debilitó.

El episodio de la reforma a la Justicia quedará en los anales de la historia como uno de los más tristes que haya conocido nuestra institucionalidad. La confabulación de las tres ramas del poder para otorgarse beneficios mutuos y consagrar en la Carta la impunidad para ese grupúsculo denominado ‘aforados’ generó, con toda la razón, malestar en la opinión pública, cansada ya de que quienes ostentan el poder -emanado del pueblo- se pretendan superiores a los principios de Justicia que subyacen en la sociedad.

La fórmula mediante la cual se derogó la grosera reforma, violentó la Constitución de manera brutal. Las objeciones presidenciales sobre un acto legislativo rompen profundos cimientos de la teoría de un Estado de Derecho. El Presidente no puede ostentar la calidad de constituyente, pues su elección es mayoritaria -muchos quedan excluidos- y por eso sólo el Congreso -donde deben estar representados todos los intereses de la Nación- puede modificar la Carta. Además se hizo una citación a sesiones extras para discutir la reforma cuando el término establecido por la Constitución había pasado. Esa discusión del Congreso violó esas normas expresas de la Constitución que impiden la discusión de reformas constitucionales en sesiones extraordinarias; más aún el procedimiento utilizado para ‘hundir’ la reforma -ya había sido aprobada- no tiene ningún sustento legal y excede todo precepto constitucional.

La complejidad de los argumentos jurídicos y constitucionales no les impidió a las mayorías colombianas percibir todo lo sucedido como un atentado contra lo más sagrado del Estado de Derecho; así lo demuestran las encuestas. El Presidente se precipitó aceleradamente; también el Congreso y las Altas Cortes. Los tres poderes públicos cayeron. No es un hecho para celebrar. La confianza de los colombianos en sus instituciones es esencial para la construcción de un Estado próspero y una nación organizada. La poca legitimidad que ostenta el Estado colombiano y que tanto trabajo ha costado construir se debilitó. Los ciudadanos se apartaron de sus dirigentes, desaprueban sus decisiones y su proceder.

Construir un Estado confiable, representativo que se sintonice con el querer nacional; es -tal vez- el reto más difícil que enfrenta Colombia. No es tarea sencilla; el pueblo colombiano tiene muchas razones para no sentirse respaldado por el Estado; lo que es aún peor, pocas para valorarlo como útil y necesario. La falta de seguridad, el abandono de las regiones, la incomunicación, una burocracia ineficiente y rígida que en general dificulta la vida en vez de beneficiarla, debilitan la conexión que debería existir entre el Estado y la Nación. La reforma a la Justicia se une a esa larga lista y es, al mismo tiempo, el punto de inflexión.

Los poderes públicos colombianos deben oír este clamor; los colombianos no estamos dispuestos a tolerar un Estado al servicio de unos pocos. Los cargos públicos no están diseñados para otorgar privilegios a quienes los ostentan; la Constitución los llama servidores públicos, pues su único sentido es dedicar sus esfuerzos a la consolidación del bienestar social. Aquellos interesados en la acumulación de riqueza, y la consecución de sus fines individuales, bien pueden hacerlo desde el sector privado. El servicio público supone renuncia, entrega, dedicación, altruismo y amar la Patria por encima del interés individual. El Estado debe encarnar la Nación y convertirse en el puente para que los individuos cooperen unos con otros y se construya un país con oportunidades y espacio para todos.

FUENTE: EL PAÍS – Cali- Colombia

Publicado: Junio 30, 2012

Twitter: @PalomaValenciaL

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