8 de marzo de 2012 | ANÁLISIS | Por: SERGIO ARAÚJO
El cerco alrededor de Álvaro Uribe cada día se estrecha más dramáticamente. Ya nadie duda que el expresidente es víctima de una estrategia de desprestigio para borrarlo de la historia y encarcelarlo.
¿Pero cómo? ¿Con qué cargos? ¿Con qué
pruebas? Sencillo: Había que preconstituir las pruebas…
Todo empezó cuando
Uribe se inclinó a favor de la facultad de la Corte Constitucional, como
intérprete de los derechos constitucionales y su capacidad para fallar tutelas
que pudieran tumbar sentencias de la Corte Suprema. Como es en el resto del
mundo…
Después vino un
borrascoso episodio telefónico entre Uribe y Yesid Ramírez, en el que se
gritaron improperios. El clima se agravó por ¿la torpeza? de negarse a nombrar
algunos familiares de magistrados que habían pedido puestos. Luego, a la
cocción de ese caldo envenenado, concurrió la oposición encabezada por Petro,
Robledo, Avellaneda y otros del extinto Polo, que hasta entonces no eran más
que unos tipos inteligentes a los que nadie les paraba bolas en el Congreso,
pero junto a los magistrados enardecidos, esa falange de guerreros pudo
artillarse con las armas de la Corte y se volvió una poderosa escuadra de
batalla.
Algunos periodistas,
expresidentes, y resentidos por Uribe, se fueron integrando a ese grupo de
presión, minoritario en cantidad pero tremendamente letal en lo político,
especialmente por el poder judicial, que le puso colmillos al empeño.
Cesar Gaviria,
astuto como es, entendió el cuarto de hora, abandonó el institucionalismo de su
oposición política mesurada y sumó al Partido Liberal que entró feroz a la
cruzada antiuribista. Muchos entendieron lo que venía y saltaron del barco.
Pero Uribe no entendió.
Todo esto más o
menos se sabe, nada es nuevo. Lo que no resulta claro es ¿por qué Uribe no se
dio cuenta? Ellos, conscientes de cuan improbable resulta tumbar o llevar a
juicio al Presidente en un sistema que entrega al Congreso la competencia para
investigarlo, optaron por apostar a la competencia excepcional de la Corte
Penal Internacional que solo asume cuando la justicia de cada país no opera.
¿Pero cómo? ¿Con qué
cargos? ¿Con qué pruebas? Sencillo: Había que preconstituir las pruebas.
La prueba
preconstituida es aquella que existe antes de la apertura del proceso judicial,
está a disposición de juez en cualquier momento y podrá ser agregada a la causa
una vez iniciada. Entendido esto, el sector del poder judicial comprometido
contra Uribe, empezó a construir el acervo probatorio que demostraría que Álvaro
Uribe no fue más que la cabeza indiscutible de la Máquina de Guerra (teoría de
Roxin) que pretendió materializar, desde el Ejecutivo, la “refundación” del
Estado que quedó consignada por las autodefensas en el famoso Pacto de Ralito.
Los magistrados comenzaron
por desempolvar viejos anónimos, sobre la intervención de los paras en las
elecciones a Congreso. Las denuncias dormían el sueño de los justos desde el
2000 pero solo se acordaron en 2006. ¿Prevaricaron? Quizá sí.
Precisamente por
tener la competencia para investigar y acusar al Presidente había que volver a
los parlamentarios parte de la causa y de la prueba, pues para que la CPI
pudiera intervenir había que contaminar a quienes faculta la Constitución para
investigar al Jefe del Estado. Por eso, el primer paso fue encarcelar y
condenar masivamente la bancada gobiernista.
La Corte cambió
jurisprudencias y moduló el alcance del delito de sedición (demasiado leve)
porque para aplicar la teoría de Roxin era necesario adecuar, primero a los
paramilitares y después a los congresistas, en el tipo penal conocido como
Concierto para Delinquir.
En muchos casos era
cierto. Sería mendaz negar que los paramilitares intervinieron las campaña de
2002 e incluso las de 2000, y antes las de 1998, tan violentamente como las
intervino la guerrilla durante tres décadas, sin que el poder judicial moviera
un dedo.
Pero la “barrida” de
la bancada gobiernista no distinguió culpables de inocentes, mucho menos
respetó su propio precedente jurisprudencial, ni cuidó el debido proceso. Todo
fue válido, la Corte llegó incluso a condenar personas que jamás juzgó. Se
arrasó el esquema garantista, y la Corte Constitucional decidió agacharse y no
proteger los derechos de los procesados.
Sin embargo no
bastaba, había que incluir a los colaboradores cercanos. Por eso, Jorge Noguera
conocido en Santa Marta como persona de bien, fue procesado y condenado tras
haber desenmascarado a un delincuente condenado, que la Corte ungió -para
vergüenza histórica- como “testigo estrella”.
Pero se necesitaba
más, por eso persuadieron a Yidis, y con su sospechosa autoinculpación lograron
imputarles delitos a dos ministros, por -quizá- hacer lo que antes y después
hicieron todos los ministros.
Tampoco era
suficiente, y amarraron al tema paramilitar -que es rural- el tema del campo,
para eso usaron unas sinvergüenzuras de particulares y las presentaron como
delitos de funcionarios. Ahí nació AIS, y encarcelaron otro ministro con su
equipo.
Lo penúltimo es lo
de Luis Carlos Restrepo, quien desmovilizó una fuerza mortífera que nació ante
la indolencia del Estado y con el pretexto de financiar la lucha antisubversiva
abarcó todas las esferas de la ilegalidad. En cualquier país serio Restrepo
merecería un reconocimiento por materializar -con la lengua- el desarme y
desmovilización de las AUC; pero la fuerza de tarea antiuribista convirtió la
desmovilización de un frente guerrillero en cuatro delitos.
Lo último es el
insólito encarcelamiento de Rodolfo Campo Soto, exdirector del Incoder, por la
supuesta celebración ilegal de un contrato con la OEA. Aunque la Fiscalía no
solicitó que se encarcelara, la juez de control, a motu proprio decidió
su “alta peligrosidad” y lo clavó en un calabozo. No importó su trayectoria
intachable, 70 años de vida inmaculada, ni la penosa debilidad probatoria. ¡Por
ser uribista merecía cárcel también!
En la tarea de
fabricar (o preconstituir) pruebas contra Uribe nada es demasiado descabellado.
Un politizado y
poderoso sector de la Justicia, instigado por políticos, y permeado por la izquierda
armada que infiltró su gente en el poder judicial, está llevando a cabo un plan
milimétrico para que la Corte Penal Internacional investigue a Uribe como el
presunto jefe de una gigantesca organización criminal con aparato armado, ala
política, derivaciones en corrupción oficial, narcotráfico, violaciones de
derechos humanos, agresiones a países vecinos y toda suerte de crímenes contra
la ley y la humanidad que quepan en las ilimitadas posibilidades de este grupo
que, hasta ahora, va ganado la partida a un Uribe que no sabe cómo defenderse.
No es fácil. Esa
amalgama de formas de lucha que mezcla ingredientes
político-jurídico-mediáticos es la más letal y depurada versión del concepto.
Todos esos procesos
no buscan justicia, moralidad ni nada altruista o admirable. No. Cada persona
encarcelada, imputada o condenada, solo va engrosando el acervo probatorio con
el que intentan crucificar al expresidente.
Ese es el plan.
Espero que, por
decirlo, no me fabriquen pruebas para embutirme también en una adecuación
típica sobre medidas. No lo descarto, al fin y al cabo toda tiranía es
arbitraria.
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