ATENCIÓN:
Todos las publicaciones, mensajes y/o comentarios de este Magazine están bajo la
protección del Art. 19 de la Declaración de Derechos Humanos, que estipula:
"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".
Declaración Universal de los Derechos Humanos; Asamblea General de la ONU 
Dic 10 de 1948
Peláez y Gardeazábal agosto 1 de 2018
Escucha"#PEGA Peláez y Gardeazábal, agosto 1 2018" en Spreaker.
Mostrando entradas con la etiqueta justicia corrupta. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta justicia corrupta. Mostrar todas las entradas

¡PERDIÓ EL JUICIO!

19 de febrero de 2012 | COLUMNA | Por: Cristina De Toro R.

En este mismo instante, más de un togado está temblando de susto y cruzando los dedos para que el mafioso Giorgio Sale no se vaya a desafinar al dar el do de pecho en la fiscalía.
Los colombianos debemos  repudiar la manera como esos togados están administrando la justicia de este país.

Con la misma vehemencia con la que el presidente del Consejo Superior de la Judicatura y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (y otras 13 organizaciones de la Rama Judicial), están rechazando la andanada de críticas que les caen por cuenta del aberrante fallo del Tribunal Superior de Bogotá, en el cual se ratificó la condena de 30 años de cárcel contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega , debemos los colombianos repudiar la manera como ellos están administrando la justicia de este país.

Cuánta osadía la de estos orondos togados, al reclamar a voces "acato y respeto" para sus arbitrarios, sesgados y politiqueros fallos, después de que por una mezquina venganza política contra el expresidente Álvaro Uribe, fueron capaces de privar al país por más de año y medio, de tener Fiscal General de la Nación (en propiedad), sin reparar en que con ello sumían al país en el más grande desbarajuste judicial.

Desde el momento mismo en el que convirtieron esos cargos, antes reservados para individuos íntegros, para eruditos que llegaban a esa instancia como colofón de brillantes y pulquérrimas carreras profesionales, en trampolines políticos, el país perdió de lleno la confianza en ese órgano de poder.

Sí, la autoridad moral de la Justicia colombiana quedó en veremos, como ya lo he dicho en otras ocasiones, cuando muchos de los togados se extraviaron de la senda de la probidad y el decoro, ese día aciago en que los jueces, tal como los describe Hesíodo en su libro Los trabajos y los días, se convirtieron en insaciables tragones de regalos: botines, relojes, viajes, bacanales, coimas, apoyos políticos, puestos, etc.

Por esta razón, es muy probable que en este mismo instante, más de un togado y uno que otro de los que ya se encuentran disfrutando de sus jugosísimas pensiones de jubilación, estén temblando de susto y cruzando los dedos para que el mafioso Giorgio Sale , ahora que está cantando en la Fiscalía, no se vaya a desafinar al dar el do de pecho.

Y, a propósito de jugosas pensiones, siempre es bueno que sepan que los colombianos estamos muy pendientes de los graves hallazgos hechos por la Contraloría General de la República, sobre 70 nombramientos en el Consejo Superior de la Judicatura, que fueron suficientes para abrir juicio fiscal a 21 magistrados y exmagistrados de ese alto tribunal, que le habrían costado al erario unos 13.000 millones de pesos y que seguiremos atentos sus procesos, a ver si algún día reciben su merecido.

Resulta paradójico que, precisamente, en la entidad llamada a dar ejemplo de honestidad, se encontrara ese inmenso nido de corrupción, otro carrusel para defraudar al Estado.

También es importante que estos engreídos togados entiendan que tenemos la capacidad suficiente, como para darnos cuenta de todo lo que están tramando, que el absurdo juicio y la abusiva condena en contra del Coronel (r) Plazas Vega, no son más que un vulgar pretexto para poder enjuiciar al Ejército y al Estado colombianos.

Que detrás de la humillación a la que pretenden someter a nuestro valiente Ejército y del emplazamiento al expresidente Belisario Betancur , para que responda en la Corte Penal Internacional (CPI), tienen una silla reservada para el expresidente Uribe Vélez.

Ahora sí, la Justicia ¡perdió el juicio!

El cinismo moral del colectivo

26 de octubre de 2011 | OPINIÓN | Por: JOSÉ OBDULIO GAVIRIA

¿Cuál es la razón de ser de ese aparato propagandístico, siempre elogioso con las Farc y denigrante del estado colombiano?
    Es un ensayo del historiador y profesor de la UN Darío Acevedo (http://ventanaabierta.blogspirit.com/). Según Acevedo, en las investigaciones judiciales relacionadas con violaciones de derechos humanos, siempre se destaca el activismo del Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo' en favor de "víctimas de crímenes y terrorismo de estado".
    El colectivo (igual que Iván Cepeda, León Valencia, etcétera) acusa al estado colombiano de agenciar una criminal política de terror "contra la población civil, los movimientos sociales y el movimiento armado de las guerrillas revolucionarias" (que para ellos son una misma cosa).
    El colectivo es el frente de guerra jurídico de varias oenegés (17) reunidas en el Proyecto 'Colombia, Nunca Más'. La misión de los 17 del patíbulo, en sus propias palabras (www.colombianuncamas.org), es "salvaguardar la memoria de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia durante el último e inconcluso ciclo de violencia, que se inicia en 1965 (cuando el PC fundó las Farc, aclaro)".
    Acevedo ilustra sobre quiénes son el 'Proyecto Colombia, Nunca Más'. Entre otros: Asfaddes, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Credhos y Fundación Manuel Cepeda. ¿Cuál es la razón de ser de ese aparato propagandístico, siempre elogioso con las Farc y denigrante del estado colombiano?
    En mayo del 2001 (óigase, mayo del 2001), esos angelitos que dicen defender los derechos humanos, en general, prometieron hacer un "trabajo de largo plazo, que pretende ir salvando la memoria histórica de estos crímenes (de Estado) (...) esclarecimiento de los hechos en su verdad integral; sanción a los responsables y reparación integral a todas las víctimas y a la sociedad".
    El colectivo y sus cómplices se propusieron llevar a la cárcel a un buen número de militares ("sanciones a los responsables"). En el 2006, se hicieron hegemónicos en la justicia, pues tomaron la fiscalía a través de los brujos y brujas asesores de Mario Iguarán (Ángela Buitrago, por ejemplo, armó con René Guarín, secuestrador perteneciente al M-19, y quien representa a las víctimas del Palacio de Justicia (¿?), la tramoya trágica que puso tras las rejas al coronel Plazas).
    También coparon la CSJ y el Consejo Superior de la Judicatura a través de políticos menores derrotados en las elecciones. Varios abogados (que no juristas) recibieron la toga como premio de consolación por las curules o las alcaldías y gobernaciones no ganadas.
    El colectivo cínico gobierna ahora la justicia. Ellos, sí, ellos, tienen hoy en la cárcel a centenares de oficiales (desde subtenientes hasta generales), suboficiales y soldados. ¡No!, me dirán, ¡es porque cometieron crímenes! ¡Ah poquitos están en la cárcel por crímenes reales! Están porque se ensañó en ellos, los escogió como víctimas -tal cual ocurrió en Francia con Dreyfus-, el 'colectivo cínico'. Para muestra, les insinúo estremecerse leyendo esta historia del mayor Ordóñez, escrita por Fernando Londoño (http://www.pensamientocolombia.org/DebateNacional/?p=39487). Es 'colectivo cínico', porque al tiempo que ataca a nombre de las víctimas al 'estado terrorista', aparecen indefectiblemente como abogados defensores de los guerrilleros, a quienes califican como 'prisioneros políticos'; cínico, porque anuncian (Anncol) que el 29 de octubre, en Canarias, protagonizarán jornadas internacionales por el 'derecho de las Farc a la rebelión'.
    Muchos preguntan, ¿qué hacer? Ayer asesinaron a 20 soldados. Si el oficial al mando hubiese quedado vivo, ciertos jueces habrían pedido investigarlo penalmente (ver caso Las Delicias). Como murió, el Gobierno recompensó su heroísmo insinuando que fue un inepto. Yo mismo, entonces, me pregunto: ¿qué hacer?
@JOSEOBDULIO

Pequeña constituyente (II)


12 de octubre de 2011 | COLUMNA | Por: JOSÉ OBDULIO GAVIRIA

El único camino para hacer una reforma de la justicia que corrija el rumbo es convocar una constituyente. ¡Ya!
  Los constituyentes del 91 proclamaron que los viejos congresistas debían ser llevados a la hoguera; que las cortes, empoderadas por la Carta, entrarían a los feudos podridos de la politiquería -como las contralorías, la Procuraduría, la nueva Fiscalía- para desterrar las roscas, los viajes parlamentarios, el carrusel pensional, los auxilios, las alzas de salario autodecretadas y demás prebendas que succionan al erario.
    El pez-león es especie venenosa y depredadora oriunda de los mares de Asia. Cierto acuario del Caribe importó algunos ejemplares para mantener en cautiverio. Pero un huracán sin remilgos ambientalistas destruyó las barreras del acuario y liberó a esos leones de mar. La especie forastera se está reproduciendo en proporciones de catástrofe y amenaza con hacerse dueña del vasto mar Caribe. Las especies nativas parecen no tener esperanza frente al avance del veneno asiático. Pues bien, los políticos son especie expansiva. Como los peces leones en el desguarnecido mar Caribe, ellos abordaron desde un principio el Consejo Superior de la Judicatura. Controlado ese baluarte, siguen escalando su ambición de poder. Songo zorongo, las cortes irán quedando íntegras en su poder (mirar un caso concreto en la CSJ http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3698865).
    Después de 20 años de vigencia de la Constitución, la politiquería tiene semidesmantelada la rama judicial. Cada vez más vacantes son cubiertas por los validos y recomendados de directorios y las cortes y tribunales negocian con los nominados a contralorías y Fiscalía porcentajes de cupos en esos organismos ('roscograma' lo llamó 'El Espectador'). Créanme: a ese paso, en otros 20 años, Colombia no tendrá quién imparta justicia, sino que habrá un remedo de tribunales y un tráfico impúdico de sentencias.
    La Constitución del 91 nos dio el sistema judicial más inoperante de Occidente (lo certifica un estudio del Banco Mundial). Resolver una controversia sobre contratos dura lo que la vida probable de las partes. Un juicio electoral, en ningún caso se resuelve dentro del período del cargo en cuestión. Las dos instancias de procesos de nulidad de actos administrativos puede tardar 10 años o más. Los particulares ni intentan iniciar las pequeñas causas...
    ¿Por qué tanta mora? Dicen que los jueces son insuficientes y piden más plata para nombrar burocracia en la rama. No hay tal. Nueva York, con 20 millones de habitantes, tiene 350 jueces que resuelven pronta y cumplidamente desde la suerte de quien robó un celular hasta un contradictorio que les planteen por 100 mil millones de dólares. Bogotá, en cambio, tiene 534 jueces. Nada o poco resuelven -y nunca prontamente-.
    En junio del 2005, Juan Manuel Santos escribió, refiriéndose a las decisiones de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que le daba "mucha pena, pero (...) son una vergüenza las demoras (...) Ya se habla hasta de plata de por medio, y lo peor es que, por unos pocos, todo el Consejo (y la justicia en general) está siendo salpicado". ¿Hubo autocrítica?¿Investigaciones? ¿Expresión de un propósito de enmienda? ¡Nada! Una denuncia penal fue lo que le zamparon a Santos por metiche y 'disociador'.
    Una justicia politizada, como la que estructuró la Carta de 1991, se irá integrando con magistrados que cada vez tendrán un nivel profesional e intelectual más bajo. Por eso es tan normal que protagonicen hechos mucho más bochornosos que los de los parlamentarios de aquel congreso al que alegremente le revocaron el mandato en 1990. Las faltas de ellos eran pecados veniales comparadas con las francachelas y amistades de algunos magistrados de hoy.
    Entonces el único camino para hacer una reforma de la justicia que corrija el rumbo es convocar una Constituyente. ¡Ya!
@JOSEOBDULIO

Justicia penal militar

09 de octubre de 2011 | OPINIÓN | Por: RAFAEL NIETO LOAIZA

Militares y policías están completamente desprotegidos y en manos de fiscales y jueces que, como los de Arias Cabrales, Uscátegui y Plazas Vega, se ensañan contra ellos como si se tratara de criminales de la peor calaña, violando sus derechos más fundamentales.
No tengo duda de que militares y policías deben ajustar su comportamiento de manera estricta a los derechos humanos, cuando se trata de situaciones cotidianas y ordinarias, y al derecho internacional humanitario, cuando entran en combate. Digo también que las violaciones a los derechos humanos y al DIH son intolerables y que deben ser sancionadas con firmeza. Y reafirmo que sólo con respeto de los derechos humanos y el DIH se obtiene la legitimidad indispensable para triunfar en el conflicto que sufrimos.

Dicho esto, sostengo que en las condiciones actuales de inseguridad jurídica y de amenazas a la libertad y a las carreras profesionales de los miembros de nuestra fuerza pública, no sólo se comete una injusticia atroz contra nuestros soldados y policías, sino que no será posible ponerle fin a la violencia que sufrimos.

De los varios riesgos que se ciernen sobre las cabezas de los uniformados, dos son quizás los más importantes. La ausencia de reglas claras para evaluar su conducta es el primero. Lo lógico sería que cuando de combates se trate, las acciones militares y policiales sean regidas por el DIH, creado y construido en forma específica para regular la guerra. Es lo que ocurre en todo el mundo cuando se viven conflictos armados. Pero en Colombia las cortes, en su espléndida ignorancia del derecho internacional, han hecho un menjurje espantoso de normas internas e interpretaciones descabelladas de las internacionales. El resultado es que en realidad en nuestro país no se aplica el DIH.

Así que aunque se diga y se repita que estamos en un conflicto armado, la conducta en combate de nuestros militares y policías se está juzgando a la luz de los derechos humanos, creado para tiempos de paz y pensado para controlar al delincuente común y nunca para enfrentar los grupos armados que nos asuelan. El resultado es maniatar a la Fuerza Pública y darle una ventaja inconmensurable a los violentos. ¿La última joya? La decisión de la Sala Penal de no aceptar los juiciosos argumentos del Procurador sobre los computadores de Reyes, dizque porque esa operación tenía que regirse sólo por las normas procesales internas y no por el DIH. Que ese "argumento" sea estúpido y traiga como consecuencia que la fuente más importante de información sobre las Farc que haya estado nunca en manos del Estado no sirva sino para botar a la basura, ha dejado sin cuidado a los flamantes magistrados.

El otro peligro es el colapso de la justicia penal militar. En un conflicto armado, la conducta de los militares y policías debe ser investigada y juzgada por jueces especiales, conocedores de los avatares de la guerra y con formación y experiencia suficientes para poder evaluar a quienes participan en el conflicto. En Colombia, como fruto de decisiones políticas equivocadas, de presiones de las oenegés y de la infiltración comunista en el sistema judicial, la justicia penal militar ha dejado de existir.

Al final, militares y policías están completamente desprotegidos y en manos de fiscales y jueces que, como los de Arias Cabrales, Uscátegui y Plazas Vega, se ensañan contra ellos como si se tratara de criminales de la peor calaña, violando sus derechos más fundamentales. En esas condiciones no hay Ejército que opere. Exactamente lo que nos está pasando. Recuperar y fortalecer la justicia penal militar no admite más demora.

La justicia como arma de venganza

4 de agosto de 2011 | OPINIÓN | Por: Cristina De Toro R.
La Fiscal Morales, sin el más mínimo asomo de pudor se atrevió a decir "le cumplí al país", cuando de todos es sabido que su obligación es la de cumplir con la verdad y con las leyes, sin hacer alardes ni aspavientos…

Ministerio y reforma a la Justicia

18 de Julio de 2011 | Registro | Por: Rafael Nieto Loaiza
Los problemas de la rama judicial son de la rama judicial, autónoma por definición constitucional. Y la rama judicial ni se quiere reformar ni, por supuesto, acepta que la reformen.

Señores magistrados, ¿en qué están pensando?

5 de Junio de 2011 | OPINIÓN | Por Miguel Gómez Martínez

ANNCOL y el abogado de Joaquín Pérez, portavoz internacional de las FARC, aplaudían en todos los micrófonos la decisión de nuestra CSJ en el sentido de no darle ninguna validez a las pruebas recuperadas durante la operación Fénix contra Raúl Reyes

La reforma que nunca llega

24 de abril de 2011 | REGISTRO | Por: Rafael Nieto Loaiza

Muy mal anda una administración de justicia que, en abierta violación de los tratados de derechos humanos, condena de por vida al coronel Plazas por un delito inexistente en la época de los hechos y con aplicación retroactiva la ley penal en lo desfavorable

El wikichisme

6 de marzo del 2011 | OPINIÓN | Por: Salud Hernández-Mora

Sería bueno que los magistrados que participaron nos explicaran cómo fueron aquellas rondas de votación y por qué cambiaron el sentido de sus sufragios en un fin de semana.

Los dineros de 'Macaco' por un fiscal

27 de febrero del 2011 | Wikileaks | Por María del Rosario Arrázola

Lo había advertido Wikileaks en 2008 - No se ha investigado, pero testigos dicen que hubo $5.000 millones para elegir a Iguarán.

A la izquierda, el polémico Ascencio Reyes acompañado por dignatarios de la justicia.-Foto Archivo Particular