Editorial El Tiempo.com
Sin excusas
Las altas cortes deben responder a la mano tendida del nuevo Gobierno con gestos contundentes de cooperación y autocrítica.
"Reitero mi invitación a las altas cortes para que trabajemos en completa armonía, buscando una justicia pronta y eficaz para todos los colombianos, y combatiendo la impunidad." Con estas palabras de su discurso de posesión del sábado pasado, el presidente Juan Manuel Santos abrió una ventana de diálogo en las relaciones entre el Ejecutivo y las cabezas de la administración de justicia.
Hoy, precisamente, se llevará a cabo el encuentro con los togados que el Primer Mandatario anunció en sus declaraciones iniciales con la banda tricolor. Las expectativas de esta cumbre de poderes públicos son positivas, ya que los máximos tribunales han reaccionado favorablemente a las señales de acercamiento que enviaron durante el empalme tanto el nuevo ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, como el propio Santos.
De hecho, una de las prioridades legislativas de la recién estrenada administración es un paquete de reforma del sector Justicia que el Gobierno diseñaría en coordinación con los magistrados.
A lo anterior se añaden otros gestos de buena voluntad, como, por ejemplo, el rechazo del jefe de la cartera política al proyecto de ley, presentado por el gobierno anterior y criticado por los juristas, que transfería la Fiscalía a la órbita del Ejecutivo.
Sin duda, la entrante Casa de Nariño busca marcar una bienvenida diferencia frente a su antecesora en cuanto a las relaciones con las altas cortes y así recomponer el diálogo entre poderes, maltrecho hasta los últimos días de la era Uribe.
El profundo cambio en el tono y la actitud, complementado con la apertura en el debate de la agenda de la rama judicial, ya está generando un ambiente optimista. "Debemos pasar la página y seguir hacia adelante", afirmó Jaime Arrubla, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
En consonancia con esa búsqueda de armonía entre las dos ramas con que llega la administración Santos, los magistrados también deberían enviar mensajes contundentes de cooperación y autocrítica. Uno de ellos podría ser la definición del próximo Fiscal General de la Nación.
Tras más de un año de interinidad y 17 infructuosas votaciones, la Corte Suprema ha sido incapaz de cumplir con su deber de elegir la cabeza del ente investigador. Los efectos de ese vacío en cuanto a política criminal y al estado de importantes procesos ya se están viviendo.
La semana pasada, graves acusaciones de sobornos a miembros del alto tribunal a cambio de apoyos a aspirantes a Fiscal salieron a la luz pública. Estas denuncias, que deberían ser investigadas hasta sus últimas consecuencias y provienen de un magistrado, se suman a señalamientos previos sobre la politización de la rama judicial.
Que los máximos jueces del país intercambien puestos en la administración de justicia como si fueran barones electorales que reparten cuotas burocráticas es de tal gravedad que todo ello debe hacer parte integral de cualquier reforma del sector. Esconder o minimizar estos fenómenos detrás de la innegable majestad de las togas no es una opción en medio de este nuevo ambiente de cordialidad.
La llegada del nuevo gobierno y su inequívoca mano tendida hacia el poder judicial dejan sin excusas a este para no acometer cambios internos y facilitarle al Ejecutivo la meta de combatir la impunidad. Hasta los temas más espinosos, como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, deben discutirse de cara al país y sobre la mesa.
Los tiempos en que la sociedad colombiana se vio obligada a tomar partido entre la Presidencia y las cortes deben empezar a superarse.
Ya la Casa de Nariño mostró su disposición con acciones concretas.
El turno es ahora para los magistrados.
editorial@eltiempo.com.co
Hoy, precisamente, se llevará a cabo el encuentro con los togados que el Primer Mandatario anunció en sus declaraciones iniciales con la banda tricolor. Las expectativas de esta cumbre de poderes públicos son positivas, ya que los máximos tribunales han reaccionado favorablemente a las señales de acercamiento que enviaron durante el empalme tanto el nuevo ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, como el propio Santos.
De hecho, una de las prioridades legislativas de la recién estrenada administración es un paquete de reforma del sector Justicia que el Gobierno diseñaría en coordinación con los magistrados.
A lo anterior se añaden otros gestos de buena voluntad, como, por ejemplo, el rechazo del jefe de la cartera política al proyecto de ley, presentado por el gobierno anterior y criticado por los juristas, que transfería la Fiscalía a la órbita del Ejecutivo.
Sin duda, la entrante Casa de Nariño busca marcar una bienvenida diferencia frente a su antecesora en cuanto a las relaciones con las altas cortes y así recomponer el diálogo entre poderes, maltrecho hasta los últimos días de la era Uribe.
El profundo cambio en el tono y la actitud, complementado con la apertura en el debate de la agenda de la rama judicial, ya está generando un ambiente optimista. "Debemos pasar la página y seguir hacia adelante", afirmó Jaime Arrubla, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
En consonancia con esa búsqueda de armonía entre las dos ramas con que llega la administración Santos, los magistrados también deberían enviar mensajes contundentes de cooperación y autocrítica. Uno de ellos podría ser la definición del próximo Fiscal General de la Nación.
Tras más de un año de interinidad y 17 infructuosas votaciones, la Corte Suprema ha sido incapaz de cumplir con su deber de elegir la cabeza del ente investigador. Los efectos de ese vacío en cuanto a política criminal y al estado de importantes procesos ya se están viviendo.
La semana pasada, graves acusaciones de sobornos a miembros del alto tribunal a cambio de apoyos a aspirantes a Fiscal salieron a la luz pública. Estas denuncias, que deberían ser investigadas hasta sus últimas consecuencias y provienen de un magistrado, se suman a señalamientos previos sobre la politización de la rama judicial.
Que los máximos jueces del país intercambien puestos en la administración de justicia como si fueran barones electorales que reparten cuotas burocráticas es de tal gravedad que todo ello debe hacer parte integral de cualquier reforma del sector. Esconder o minimizar estos fenómenos detrás de la innegable majestad de las togas no es una opción en medio de este nuevo ambiente de cordialidad.
La llegada del nuevo gobierno y su inequívoca mano tendida hacia el poder judicial dejan sin excusas a este para no acometer cambios internos y facilitarle al Ejecutivo la meta de combatir la impunidad. Hasta los temas más espinosos, como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, deben discutirse de cara al país y sobre la mesa.
Los tiempos en que la sociedad colombiana se vio obligada a tomar partido entre la Presidencia y las cortes deben empezar a superarse.
Ya la Casa de Nariño mostró su disposición con acciones concretas.
El turno es ahora para los magistrados.
editorial@eltiempo.com.co
| Tweet |
.png "English"){kind=small}
0 comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios de usuarios anonimos llenos de odio y con palabras soéces y/o calumniadores, serán eliminados.