OPINIÓN| Por:
MARIO JAVIER PACHECO GARCÍA| Publicado: agosto 18, 2014
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Caos institucional
24 de junio
de 2012 |OPINIÓN| Por: Óscar Iván Zuluaga
La falta de acción gubernamental ha desencadenado un caos que solo podrá resolverse en manos de la Corte Constitucional.
No
publicar el acto legislativo de reforma de la justicia sería una
violación del orden constitucional y un precedente nefasto en lo que respecta
al equilibrio de poderes.
Lo ocurrido esta
semana con la reforma de la justicia es un hecho muy grave para la
institucionalidad del país. Difícil encontrar desde el funcionamiento de la
Constitución del 91 una reforma constitucional que haya generado tanta
indignación en la opinión ciudadana y haya desnudado hasta tal punto la lucha
de poderes entre las tres ramas del poder público: el Gobierno, el Congreso y
la Justicia.
El acto legislativo
de reforma de la justicia fue una propuesta de origen gubernamental, planteada
desde el inicio del mandato del presidente Santos. Fue el Gobierno mismo, con
su insistencia en el tema, quien hizo de ella una de las prioridades de la
agenda legislativa. Desde el comienzo, la propuesta no le ofrecía nada concreto
al ciudadano para avanzar en el principio misional de una justicia pronta y
eficaz. La reforma terminó convertida en un pulso burocrático entre
congresistas y magistrados y en una discusión sobre las instancias de
juzgamiento de los aforados. El Gobierno insistió en la reforma contra viento y
marea: a pesar de la cantidad apreciable de juristas que se pronunciaron en su
contra, a pesar de la oposición rotunda del Consejo de Estado, a pesar del
silencio público de la Corte Suprema de Justicia (que delataba cierta
inconformidad privada). El Gobierno fue, hasta el final, líder de esta
iniciativa y promovió su aprobación, con resultados desastrosos.
Aprobada la reforma,
estalló la crisis. El senador liberal Luis Fernando Velasco, en RCN Radio, dijo
que en su larga carrera como congresista no había visto nunca un lobby como el
que hicieron magistrados para su aprobación. El presidente de la Cámara y
director del Partido Liberal, Simón Gaviria, afirmó en la W no haber leído la
conciliación y que la votó afirmativamente porque el Ministro de Justicia había
dado su conformidad. El entonces Ministro de Justicia dijo que no lo dejaron
participar en la conciliación el pasado martes, hecho que genera profundas
dudas sobre las intenciones de los parlamentarios que integraron la comisión de
conciliación. Pero el Gobierno no protestó sino hasta el jueves por la noche,
cuando la presión ciudadana se tornó insostenible y el presidente Santos hizo
públicas sus objeciones, queriendo descargarle toda la culpa al Congreso. Pero
la realidad es que este nunca hubiera aprobado la conciliación por encima de la
voluntad del Gobierno (de hecho, según Simón Gaviria, sin la activa solicitud
del Gobierno).
El daño, por ahora,
está hecho. Los actos legislativos son de vigencia inmediata, no los puede
objetar el gobierno, no se pueden votar en sesiones extraordinarias y solo se
pueden tramitar en dos vigencias ordinarias, que expiraron el 20 de junio. Esto
quiere decir que no publicarlo sería una violación del orden constitucional y
un precedente nefasto en lo que respecta al equilibrio de poderes. Lo último
que le puede pasar al país en estas circunstancias es que el Gobierno, por
haber actuado tarde, pretenda ahora contener al monstruo con instrumentos de
dudosa constitucionalidad.
El presidente Santos
no puede negar la paternidad y padrinazgo de la reforma. Tampoco pueden lavarse
las manos los magistrados que la impulsaron y los congresistas que la respaldaron.
La falta de acción gubernamental ha desencadenado un caos que solo podrá
resolverse en manos de la Corte Constitucional. Mientras tanto, la vigencia de
la reforma va a producir hechos jurídicos y políticos de muy delicadas
consecuencias para nuestras instituciones.
Lo más triste es que
este episodio es una frustración más para todos los colombianos, que queremos
una justicia más eficaz, pronta y cercana al ciudadano. Para la opinión pública
es claro que la puerta del Congreso está cerrada para una verdadera reforma de
la justicia.
Óscar Iván Zuluaga
Óscar Iván Zuluaga
Publicado: Junio 25, 2012
Twitter: @oizuluaga
Golpe de Estado al honor militar
06 de febrero de 2012 | OPINIÓN | Por: Óscar Iván Zuluaga
Los jueces tienen la última palabra y esas son las reglas del juego democrático, pero la última palabra en este caso no se ha dicho todavía.
Estoy seguro de que los
militares preferirían renunciar antes que ver mancillado el honor militar.
El reciente fallo promulgado por
el Tribunal Superior de Bogotá respecto a los hechos del Palacio de Justicia ha
generado una profunda indignación en la sociedad colombiana -y no sin razón-.
Es cierto que los fallos de la justicia deben respetarse. Pero no se sigue que
sean incontrovertibles, mucho menos cuando los errores de un juez ponen en
juego la credibilidad de las instituciones. Los jueces tienen la última palabra
y esas son las reglas del juego democrático, pero la última palabra en este
caso no se ha dicho todavía. Así las cosas, participar en esta necesaria
polémica no constituye desacato ni presión a la justicia.
El fallo en mención contiene tres elementos preocupantes. En primer
lugar, señala al expresidente Betancur como responsable de delitos de lesa
humanidad y pide su juzgamiento por parte de la Corte Penal Internacional. Es
muy grave que un alto tribunal haya llegado a semejante conclusión, que entre
otras cosas desconoce las fechas de aplicación de las normas de la Corte Penal
Internacional.
En segundo lugar, ratifica la condena de 30 años contra el Coronel
Plazas Vega, a pesar de la insistencia de la Procuraduría General de la Nación
sobre las inconsistencias del testimonio del testigo base que sustentó la
decisión del tribunal. Dichas inconsistencias menoscaban la plena certeza de la
prueba que debe sustentar toda decisión en materia penal.
Como si esto fuera poco, el fallo exige al Ejército pedir perdón en un
acto público en la Plaza de Bolívar, ignorando que desde mediados del siglo XIX
se extinguió la pena de vergüenza pública en el Código Penal Colombiano.
Las Fuerzas Armadas han sido pilar fundamental para la construcción de
la democracia y nuestro soldados y policías han entregado sus vidas para
defender la libertad y las instituciones de los terroristas que
sistemáticamente han atentado contra la sociedad colombiana. Nuestro Ejército,
además, se ha caracterizado por el respeto al Estado de Derecho y el
acatamiento de las decisiones de la justicia. A la luz de esos hechos, la
decisión del tribunal constituye un golpe de Estado al honor militar y afecta
la confianza en los jueces.
El caso del Palacio de Justicia es uno de los más trágicos episodios de
la historia colombiana. La guerrilla del M-19, con el apoyo del narcotráfico,
produjo un holocausto que comprometió la estabilidad democrática del país. Pese
a ello, la sociedad colombiana, en un acto de generosidad, perdonó al M-19 y
permitió su indulto a través de una ley.
¿Cómo es posible que un alto tribunal pretenda ahora que el Ejército,
que obró en defensa de los valores democráticos, se declare culpable por actuar
conforme a los principios consagrados en su juramento?
Estoy seguro de que los militares preferirían renunciar antes que ver
mancillado el honor militar y el nombre de su institución.
Razón tiene el presidente Santos cuando, interpretando el sentir
ciudadano, les pide perdón al expresidente Betancur y a las Fuerzas Militares.
La Procuraduría ha anunciado la impugnación del fallo a través del recurso de
casación ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Este tribunal de
máxima instancia, sabiendo lo que está en juego para el país y sus
instituciones, debería corregir la desviación de justicia que se ha producido
con absoluta celeridad.
Es momento de cerrar el capítulo del Palacio de Justicia de manera
definitiva. Por ello resulta oportuna la propuesta del expresidente Uribe de
que el Congreso adopte una legislación especial para los militares
involucrados. Por lo visto, solo así podremos evitar que este episodio siga
resucitando a través de decisiones judiciales tan equivocadas como la que se
produjo en estos días.
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