OPINIÓN| Por: SIGIFREDO LÓPEZ
| Publicado: septiembre 7, 2013
"Una injusticia cometida contra un solo ciudadano, es un atentado contra toda una sociedad". M. Gandhi.
Las pruebas que se esgrimen en contra del
exsenador Ramos son tan frágiles que se avizora otro lamentable error judicial
que aún se puede evitar.
Quienes
conocen y quienes no conocemos al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos quedamos perplejos con la espectacularidad de su
captura. Volvieron a mi memoria aquellos días aciagos en los cuales fui
exhibido ante el mundo entero como el peor criminal del país y el dolor que mi
familia tuvo que padecer por cuenta de que en Colombia primero se captura para
luego investigar, cuando la lógica y la ley obligan precisamente a lo
contrario.
Ahora, en este momento procesal, si bien es cierto la Corte Suprema de Justicia puede tomar el camino más fácil y dictar medida de aseguramiento contra el exsenador Ramos, apoyada en el marco de la vieja Ley 600 del 2000, según la cual basta un indicio grave que ofrezca "serios" motivos de credibilidad para proferir medida de aseguramiento contra una persona (un auto de detención no se le niega a nadie), la Corte tiene hoy la gran oportunidad de demostrarles a los colombianos que la justicia no está politizada, que el principio universal de la presunción de inocencia y el fundamental derecho a la libertad de los ciudadanos todavía significan algo y son respetados en este país que tanto ha sufrido por las "injusticias de la justicia".
Las pruebas que se esgrimen en contra del exsenador Ramos son tan frágiles que se avizora otro lamentable error judicial que aún se puede evitar, o mejor, atenuar, veamos:
1.- Una reunión pública en la que escuchó al paramilitar Ernesto Báez sobre el entonces marco jurídico en ciernes que luego terminó en Ley de Justicia y Paz, días después que Mancuso fue escuchado por el Congreso de Colombia en pleno, y con el mismo propósito. No fue una reunión a escondidas ni para refundar la patria, mucho menos el concierto para delinquir que se le quiere endilgar a Ramos, sino todo lo contrario: un concierto para dejar de delinquir, y eso no es un delito, los paras buscaban ser escuchados por los congresistas para lograr un marco jurídico que les permitiera dejar de delinquir, como evidentemente ocurrió dentro y como una política de gobierno.
Recuérdese además que en esos momentos estaban suspendidas las órdenes de captura contra esos señores y andaban por todo el país hablando con medio mundo y dando autógrafos como prohombres de la patria.
2.- La contradictoria declaración de un supuesto testigo que habla de una vaca o colecta de 800 millones de pesos para la campaña de Luis Alfredo Ramos a la Gobernación de Antioquia cuando ninguno de los supuestos aportantes ha mencionado nunca la existencia de esa colecta. En sano derecho, estas pruebas que sirvieron para capturar no soportan una medida de aseguramiento que sin duda alguna tendrá un carácter de injusticia y un deslegitimador aroma a politización en momentos históricos en los que solo el 23 % de los colombianos cree en nuestro sistema judicial. Con el debido respeto por nuestra H. Corte Suprema de Justicia, y con el único propósito de que no se repita con otro ciudadano lo que ocurrió en mi caso, pienso que lo más prudente y aconsejable en estas situaciones, por el bien de la justicia colombiana, es abstenerse de proferir cualquier medida de aseguramiento que afecte el derecho fundamental a la libertad de los ciudadanos y continuar investigando hasta estar medianamente seguros de su responsabilidad penal.
Ahora, en este momento procesal, si bien es cierto la Corte Suprema de Justicia puede tomar el camino más fácil y dictar medida de aseguramiento contra el exsenador Ramos, apoyada en el marco de la vieja Ley 600 del 2000, según la cual basta un indicio grave que ofrezca "serios" motivos de credibilidad para proferir medida de aseguramiento contra una persona (un auto de detención no se le niega a nadie), la Corte tiene hoy la gran oportunidad de demostrarles a los colombianos que la justicia no está politizada, que el principio universal de la presunción de inocencia y el fundamental derecho a la libertad de los ciudadanos todavía significan algo y son respetados en este país que tanto ha sufrido por las "injusticias de la justicia".
Las pruebas que se esgrimen en contra del exsenador Ramos son tan frágiles que se avizora otro lamentable error judicial que aún se puede evitar, o mejor, atenuar, veamos:
1.- Una reunión pública en la que escuchó al paramilitar Ernesto Báez sobre el entonces marco jurídico en ciernes que luego terminó en Ley de Justicia y Paz, días después que Mancuso fue escuchado por el Congreso de Colombia en pleno, y con el mismo propósito. No fue una reunión a escondidas ni para refundar la patria, mucho menos el concierto para delinquir que se le quiere endilgar a Ramos, sino todo lo contrario: un concierto para dejar de delinquir, y eso no es un delito, los paras buscaban ser escuchados por los congresistas para lograr un marco jurídico que les permitiera dejar de delinquir, como evidentemente ocurrió dentro y como una política de gobierno.
Recuérdese además que en esos momentos estaban suspendidas las órdenes de captura contra esos señores y andaban por todo el país hablando con medio mundo y dando autógrafos como prohombres de la patria.
2.- La contradictoria declaración de un supuesto testigo que habla de una vaca o colecta de 800 millones de pesos para la campaña de Luis Alfredo Ramos a la Gobernación de Antioquia cuando ninguno de los supuestos aportantes ha mencionado nunca la existencia de esa colecta. En sano derecho, estas pruebas que sirvieron para capturar no soportan una medida de aseguramiento que sin duda alguna tendrá un carácter de injusticia y un deslegitimador aroma a politización en momentos históricos en los que solo el 23 % de los colombianos cree en nuestro sistema judicial. Con el debido respeto por nuestra H. Corte Suprema de Justicia, y con el único propósito de que no se repita con otro ciudadano lo que ocurrió en mi caso, pienso que lo más prudente y aconsejable en estas situaciones, por el bien de la justicia colombiana, es abstenerse de proferir cualquier medida de aseguramiento que afecte el derecho fundamental a la libertad de los ciudadanos y continuar investigando hasta estar medianamente seguros de su responsabilidad penal.
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y no siempre reflejan la opinión o posición de LA OTRA MITAD DE
LAS VERDADES A MEDIAS.
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