06 de febrero de 2012 | OPINIÓN | Por: Óscar Iván Zuluaga
Los jueces tienen la última palabra y esas son las reglas del juego democrático, pero la última palabra en este caso no se ha dicho todavía.
Estoy seguro de que los
militares preferirían renunciar antes que ver mancillado el honor militar.
El reciente fallo promulgado por
el Tribunal Superior de Bogotá respecto a los hechos del Palacio de Justicia ha
generado una profunda indignación en la sociedad colombiana -y no sin razón-.
Es cierto que los fallos de la justicia deben respetarse. Pero no se sigue que
sean incontrovertibles, mucho menos cuando los errores de un juez ponen en
juego la credibilidad de las instituciones. Los jueces tienen la última palabra
y esas son las reglas del juego democrático, pero la última palabra en este
caso no se ha dicho todavía. Así las cosas, participar en esta necesaria
polémica no constituye desacato ni presión a la justicia.
El fallo en mención contiene tres elementos preocupantes. En primer
lugar, señala al expresidente Betancur como responsable de delitos de lesa
humanidad y pide su juzgamiento por parte de la Corte Penal Internacional. Es
muy grave que un alto tribunal haya llegado a semejante conclusión, que entre
otras cosas desconoce las fechas de aplicación de las normas de la Corte Penal
Internacional.
En segundo lugar, ratifica la condena de 30 años contra el Coronel
Plazas Vega, a pesar de la insistencia de la Procuraduría General de la Nación
sobre las inconsistencias del testimonio del testigo base que sustentó la
decisión del tribunal. Dichas inconsistencias menoscaban la plena certeza de la
prueba que debe sustentar toda decisión en materia penal.
Como si esto fuera poco, el fallo exige al Ejército pedir perdón en un
acto público en la Plaza de Bolívar, ignorando que desde mediados del siglo XIX
se extinguió la pena de vergüenza pública en el Código Penal Colombiano.
Las Fuerzas Armadas han sido pilar fundamental para la construcción de
la democracia y nuestro soldados y policías han entregado sus vidas para
defender la libertad y las instituciones de los terroristas que
sistemáticamente han atentado contra la sociedad colombiana. Nuestro Ejército,
además, se ha caracterizado por el respeto al Estado de Derecho y el
acatamiento de las decisiones de la justicia. A la luz de esos hechos, la
decisión del tribunal constituye un golpe de Estado al honor militar y afecta
la confianza en los jueces.
El caso del Palacio de Justicia es uno de los más trágicos episodios de
la historia colombiana. La guerrilla del M-19, con el apoyo del narcotráfico,
produjo un holocausto que comprometió la estabilidad democrática del país. Pese
a ello, la sociedad colombiana, en un acto de generosidad, perdonó al M-19 y
permitió su indulto a través de una ley.
¿Cómo es posible que un alto tribunal pretenda ahora que el Ejército,
que obró en defensa de los valores democráticos, se declare culpable por actuar
conforme a los principios consagrados en su juramento?
Estoy seguro de que los militares preferirían renunciar antes que ver
mancillado el honor militar y el nombre de su institución.
Razón tiene el presidente Santos cuando, interpretando el sentir
ciudadano, les pide perdón al expresidente Betancur y a las Fuerzas Militares.
La Procuraduría ha anunciado la impugnación del fallo a través del recurso de
casación ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Este tribunal de
máxima instancia, sabiendo lo que está en juego para el país y sus
instituciones, debería corregir la desviación de justicia que se ha producido
con absoluta celeridad.
Es momento de cerrar el capítulo del Palacio de Justicia de manera
definitiva. Por ello resulta oportuna la propuesta del expresidente Uribe de
que el Congreso adopte una legislación especial para los militares
involucrados. Por lo visto, solo así podremos evitar que este episodio siga
resucitando a través de decisiones judiciales tan equivocadas como la que se
produjo en estos días.
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