ATENCIÓN:
Todos las publicaciones, mensajes y/o comentarios de este Magazine están bajo la
protección del Art. 19 de la Declaración de Derechos Humanos, que estipula:
"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".
Declaración Universal de los Derechos Humanos; Asamblea General de la ONU 
Dic 10 de 1948
Peláez y Gardeazábal agosto 1 de 2018
Escucha"#PEGA Peláez y Gardeazábal, agosto 1 2018" en Spreaker.
Mostrando entradas con la etiqueta justicia mamerta. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta justicia mamerta. Mostrar todas las entradas

El mayor Ordóñez

20 de octubre de 2011 | Reflector | Por: FERNANDO LONDOÑO HOYOS

El que se pregunte por qué vamos perdiendo, lea esta historia. Así paga esta Patria a quienes mejor la sirven
El Mayor Ordóñez fue durante los años de su Escuela Militar modelo de estudiante, por lo que pudo graduarse con los mayores honores que sus superiores le podían dispensar. Y por sus altas calidades de soldado, de oficial sin tacha y de enamorado de su Ejército, fue ascendiendo entre la admiración de sus compañeros, sus superiores y sus subalternos.
No puede extrañar, a quien conozca siquiera un poco de la vida militar, que con los honores y las responsabilidades llegaron los desafíos académicos y las duras pruebas de los cursos de combate. Mi Mayor fue graduado como contraguerrillero, luego como paracaidista y enseguida como Lancero, que es la crema de nuestro Ejército. Más adelante fue seleccionado para el curso de Comandos y distinguido como Instructor de Lanceros.
Esa sucesión de honores en la formación del guerrero vino acompañada del mayor número de condecoraciones y distinciones que podía recibir un oficial de su edad y su rango. Más de doscientas medallas iluminaron su pecho de combatiente. Conoció todas las fatigas, padeció todos los dolores, asumió todos los peligros. Pero su amor a la Patria lo justificaba con creces.
Muy cerca de Cali, donde trabajaba el Mayor, en el vecindario de casas señoriales de veraneo, merodeaba una cuadrilla de las Farc, integrada por desalmados bien conocidos en la región. El boleteo, la extorsión, la intimidación eran el pan cotidiano de moradores y visitantes. Que por eso acudieron al Mayor Ordóñez en busca de seguridad y de paz.
Una primera operación terminó en fracaso. La gente que padecía estos horrores redobló las súplicas. Y vino una segunda orden, planificada y dispuesta con perfecta técnica militar.
Esta vez hubo éxito. Se estableció contacto a la medianoche y cuatro bandidos fueron dados de baja. El Mayor ordenó asegurar la zona y le comunicó el hecho a la Fiscalía. Los fiscales acudieron, pero prefirieron dejar su tarea para la mañana. Todo estuvo en regla, por supuesto.
Pasó el tiempo. Mucho tiempo. Y la Fiscalía y los abogados que sabemos encontraron un testigo muy apropiado. El mismo que en su primer testimonio dijo no haber visto nada lo pensó mejor y ya lo recordaba todo. Todo lo que se le pedía que recordara. Los hombres de Ordóñez fueron llamados a juicio por uso excesivo de la fuerza. El General Juan Salcedo Lora acudió al proceso como experto en estrategia y operaciones tácticas. El juez prohibió que se le llamara General. Era una forma de intimidación para su Despacho.
Y vino lo más increíble. Ordóñez también fue incluido en el proceso. Porque se encontraron muchas llamadas a la tropa en esas horas. No era para cumplir deberes de mando. Era para instigar a unos criminales, los oficiales y soldados. Y en su contra hubo una prueba final, la que ofrecían todos sus cursos de combate y todas sus condecoraciones. El Ejército había educado a un criminal en potencia, a un asesino que esperaba una oportunidad para matar. Y fue condenado a 46 años de prisión. Sus subalternos, inclusive los que no dispararon un tiro, a 40. El testigo falsario seguirá protegido y todos los oficiales compañeros de Ordóñez tendrán aprendida la lección. Si es delito combatir, es peor delito ordenar que se combata.
El Mayor Ordóñez se pregunta qué le hubiera pasado si archiva las peticiones de la gente que le pidieron protección. Nada, sin duda. Y así, es como termina su relato, esa mañana en que fue detenido, habría podido acompañar al jardín a su hijita de 2 años. La que no verá crecer. La ha perdido para siempre. Como a su esposa, a sus padres, a su Ejército. Solo le quedan el deshonor y la cárcel. Así paga esta Patria a quienes mejor la sirven.

La reforma que no fue

16 de octubre de 2011 | COLUMNA | Por: Rafael Nieto Loaiza

Las cortes mantienen su poder de elegir al Fiscal General y de nominar al Procurador y al Contralor, una fuente permanente de politización que les ha hecho un mal inmenso a los tribunales
En su afán de distinguirse de Uribe, el presidente Santos mete las de andar. Así, por ejemplo, ocurre con el proyecto de reforma a la justicia que se tramita en el Congreso de la República. Por un lado, fiel a su estilo, busca el consenso. Por el otro, evita sistemáticamente la confrontación con las Cortes. Como resultado, lo que salió de la Comisión Primera del Senado de la República es un engendro que, de tener vida, espantaría hasta al más guapo.

Aunque antes había sostenido que "los demás poderes debemos someternos a lo que el Congreso diga, porque el Congreso es el que hace las leyes, no las hace el Poder Ejecutivo y no las hace el Poder Judicial, las hace el Congreso de la República y eso hay que respetarlo", un reconocimiento al papel fundamental que en una democracia debe jugar el Legislativo, y después había agregado que la reforma a la justicia "se tiene que aprobar", lo que parecía un mensaje presidencial para impulsar el proyecto aún sin acuerdo con las cortes, al final Santos cedió en toda la línea frente a los altos tribunales. La popularidad y los discursos presidenciales y el acuerdo de Unidad Nacional, que controla el 90% del Congreso de la República, no sirvieron para nada. El Gobierno no ganó ni una.

Miremos: renunció al establecimiento de precedentes judiciales. El precedente judicial, un mecanismo en virtud del cual los jueces no pueden apartarse de la línea jurisprudencial sino en circunstancias excepcionales, buscaba poner fin a la situación actual, atroz de inseguridad jurídica y en la que es imposible saber de qué manera interpretarán los jueces las reglas jurídicas. Hoy la norma es que no hay norma y que los jueces cambian su posición sobre hechos similares de acuerdo con la conveniencia política de la coyuntura.

Se mantienen el Consejo Superior de la Judicatura, un organismo costosísimo, en que la excepción es el juez honesto y bien preparado, y en el que se cruzan los apetitos burocráticos de los congresistas con el clientelismo descarado de los magistrados.

La tutela contra sentencias, fuente de choque de trenes entre las altas cortes, se mantiene intacta. Y el cambio para el juzgamiento de congresistas es cosmético: se introduce la doble instancia, pero en la misma Corte Suprema, de manera que no hay garantía ninguna de independencia e imparcialidad. ¿La prueba? El acuerdo vigente y vergonzoso de los magistrados de la Sala Penal de votar sin disidencias.

Las cortes mantienen su poder de elegir al Fiscal General y de nominar al Procurador y al Contralor, una fuente permanente de politización que les ha hecho un mal inmenso a los tribunales y en nada ha contribuido a mejorar la calidad de los funcionarios. ¿Hacemos la lista de los contralores y procuradores nominados por las cortes y condenados a prisión?

Además, suben su período de ocho a doce años, un premio inmerecido para unos magistrados que, con contadas excepciones, son mediocres, están altamente politizados y se han dedicado a subir sus pensiones de jubilación sin vergüenza o recato. Y si todo ello no bastara, el Gobierno anuncia un billón de pesos más de presupuesto para los próximos años. Santos calificó los acuerdos alcanzados como un "ejemplo maravilloso de coherencia y armonía entre las instituciones del Estado". Los magistrados habrán de ser sus nuevos mejores amigos.

Pequeña constituyente (II)


12 de octubre de 2011 | COLUMNA | Por: JOSÉ OBDULIO GAVIRIA

El único camino para hacer una reforma de la justicia que corrija el rumbo es convocar una constituyente. ¡Ya!
  Los constituyentes del 91 proclamaron que los viejos congresistas debían ser llevados a la hoguera; que las cortes, empoderadas por la Carta, entrarían a los feudos podridos de la politiquería -como las contralorías, la Procuraduría, la nueva Fiscalía- para desterrar las roscas, los viajes parlamentarios, el carrusel pensional, los auxilios, las alzas de salario autodecretadas y demás prebendas que succionan al erario.
    El pez-león es especie venenosa y depredadora oriunda de los mares de Asia. Cierto acuario del Caribe importó algunos ejemplares para mantener en cautiverio. Pero un huracán sin remilgos ambientalistas destruyó las barreras del acuario y liberó a esos leones de mar. La especie forastera se está reproduciendo en proporciones de catástrofe y amenaza con hacerse dueña del vasto mar Caribe. Las especies nativas parecen no tener esperanza frente al avance del veneno asiático. Pues bien, los políticos son especie expansiva. Como los peces leones en el desguarnecido mar Caribe, ellos abordaron desde un principio el Consejo Superior de la Judicatura. Controlado ese baluarte, siguen escalando su ambición de poder. Songo zorongo, las cortes irán quedando íntegras en su poder (mirar un caso concreto en la CSJ http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3698865).
    Después de 20 años de vigencia de la Constitución, la politiquería tiene semidesmantelada la rama judicial. Cada vez más vacantes son cubiertas por los validos y recomendados de directorios y las cortes y tribunales negocian con los nominados a contralorías y Fiscalía porcentajes de cupos en esos organismos ('roscograma' lo llamó 'El Espectador'). Créanme: a ese paso, en otros 20 años, Colombia no tendrá quién imparta justicia, sino que habrá un remedo de tribunales y un tráfico impúdico de sentencias.
    La Constitución del 91 nos dio el sistema judicial más inoperante de Occidente (lo certifica un estudio del Banco Mundial). Resolver una controversia sobre contratos dura lo que la vida probable de las partes. Un juicio electoral, en ningún caso se resuelve dentro del período del cargo en cuestión. Las dos instancias de procesos de nulidad de actos administrativos puede tardar 10 años o más. Los particulares ni intentan iniciar las pequeñas causas...
    ¿Por qué tanta mora? Dicen que los jueces son insuficientes y piden más plata para nombrar burocracia en la rama. No hay tal. Nueva York, con 20 millones de habitantes, tiene 350 jueces que resuelven pronta y cumplidamente desde la suerte de quien robó un celular hasta un contradictorio que les planteen por 100 mil millones de dólares. Bogotá, en cambio, tiene 534 jueces. Nada o poco resuelven -y nunca prontamente-.
    En junio del 2005, Juan Manuel Santos escribió, refiriéndose a las decisiones de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que le daba "mucha pena, pero (...) son una vergüenza las demoras (...) Ya se habla hasta de plata de por medio, y lo peor es que, por unos pocos, todo el Consejo (y la justicia en general) está siendo salpicado". ¿Hubo autocrítica?¿Investigaciones? ¿Expresión de un propósito de enmienda? ¡Nada! Una denuncia penal fue lo que le zamparon a Santos por metiche y 'disociador'.
    Una justicia politizada, como la que estructuró la Carta de 1991, se irá integrando con magistrados que cada vez tendrán un nivel profesional e intelectual más bajo. Por eso es tan normal que protagonicen hechos mucho más bochornosos que los de los parlamentarios de aquel congreso al que alegremente le revocaron el mandato en 1990. Las faltas de ellos eran pecados veniales comparadas con las francachelas y amistades de algunos magistrados de hoy.
    Entonces el único camino para hacer una reforma de la justicia que corrija el rumbo es convocar una Constituyente. ¡Ya!
@JOSEOBDULIO

Se necesita el fuero militar


11 de octubre de 2011 | OPINIÓN | Por: SAÚL HERNÁNDEZ BOLÍVAR

No se trata de cerrar los ojos y dejar pasar errores (u horrores), sino de entender que, aunque la Fuerza Pública cumple protocolos, reglas y formalidades, nunca es posible reducir los errores a cero.

 

Eso sí, hay que insistir en la formación en derechos humanos para erradicar las violaciones.

Fue un error creer que limitando la Justicia Penal Militar y acabando con el fuero, como ha ocurrido en la práctica, se atacaría la impunidad y se reducirían las violaciones de los derechos humanos y al DIH. En realidad, lo que se logró fue criminalizar los errores no intencionados cometidos en el servicio sin considerar que todo ser humano es imperfecto y que no es justo caerles a quienes en suerte les tocó semejante responsabilidad sin tener una formación óptima ni recibir a cambio una remuneración acorde con los riesgos que conlleva la misma.
    El resultado final ha sido un garrote jurídico con el que las guerrillas y cualquier otra organización criminal amedrentan a la Fuerza Pública y le ganan batallas sin disparar tiros, lo que constituye una grave amenaza para la seguridad de todos los colombianos, bien sea que padezcamos un desafío terrorista, un conflicto armado o un problema de delincuencia desbordada, y más aún cuando se busca un marco especial para la paz.
    ¿Por qué a los integrantes de la Fuerza Pública los debe cobijar un fuero especial? La mayoría de nosotros tiene la fortuna de poderse equivocar y enmendar, sin tener que lamentarse de las consecuencias. Muchos otros, en cambio, desempeñan oficios potencialmente riesgosos. Y, en esos casos, cuando un civil comete un error, se presume su buena fe, incluso en ocasiones en que se observa una conducta negligente que raya con lo criminal. ¿Por qué, entonces, no hay la misma indulgencia con los uniformados?
    Los errores médicos, por ejemplo, suelen taparse con tierra pero, salvo casos excepcionales, prevalece el criterio de que mal podría tildarse de asesino a quien intenta preservar la vida de los demás. Luego, como su intención es bondadosa, hasta se les excusan probables omisiones. Y, a menos que haya una falta clara, no se considera lógico ni justo llevarlos a un estrado judicial.
    Asimismo, no sería sensato que el conductor de la recicladora de asfalto que les ocasionó la muerte a 21 niños del colegio Agustiniano fuera visto como un asesino múltiple o un sicópata comparable con Luis Alfredo Garavito.
    Es obvio que nadie tenía la intención de provocar semejante accidente, y un accidente es tal aunque se rompan muchas normas y se salten todos los controles. Una desgracia como esa tiene que ser producto de una cadena de errores y de sucesos fortuitos que difícilmente se podrían repetir.
    Con los militares y policías pasa lo mismo: se equivocan; y, como su actividad es de alto riesgo, se producen consecuencias lamentables. Por eso, lo más justo sería distinguir no solo si se trató de un acto del servicio, sino cuál era la intención del acto, si hubo dolo, si hubo mala fe.
    Violar a una niña y asesinarla junto a sus dos hermanitos no es un acto del servicio ni es un error de 'buena fe'. Tampoco lo es el asesinar civiles y hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate para mostrar resultados sin arriesgar el pellejo. Ni siquiera el miedo justifica tan deshonrosa cobardía.
    Pero el DIH establece claramente que hay actos excusables a pesar de que sus efectos sean espantosos. No se trata de cerrar los ojos y dejar pasar todos los errores (u horrores), sino de entender que a pesar de que la Fuerza Pública cumple protocolos, reglas y formalidades, nunca es posible reducir los errores a cero. Eso sí, hay que insistir en la formación en derechos humanos para erradicar las violaciones e incrementar la legitimidad de las instituciones.
    Muchas faltas cometidas por miembros de organismos de seguridad del Estado son imperdonables no solo por su gravedad intrínseca, sino por constituir una traición al honor militar, a la memoria de los compañeros caídos y al pueblo que deben defender, pero la ausencia del fuero no puede seguir actuando como una espada de Damocles que les impida cumplir su deber.
@SaulHernandezB

Justicia penal militar

09 de octubre de 2011 | OPINIÓN | Por: RAFAEL NIETO LOAIZA

Militares y policías están completamente desprotegidos y en manos de fiscales y jueces que, como los de Arias Cabrales, Uscátegui y Plazas Vega, se ensañan contra ellos como si se tratara de criminales de la peor calaña, violando sus derechos más fundamentales.
No tengo duda de que militares y policías deben ajustar su comportamiento de manera estricta a los derechos humanos, cuando se trata de situaciones cotidianas y ordinarias, y al derecho internacional humanitario, cuando entran en combate. Digo también que las violaciones a los derechos humanos y al DIH son intolerables y que deben ser sancionadas con firmeza. Y reafirmo que sólo con respeto de los derechos humanos y el DIH se obtiene la legitimidad indispensable para triunfar en el conflicto que sufrimos.

Dicho esto, sostengo que en las condiciones actuales de inseguridad jurídica y de amenazas a la libertad y a las carreras profesionales de los miembros de nuestra fuerza pública, no sólo se comete una injusticia atroz contra nuestros soldados y policías, sino que no será posible ponerle fin a la violencia que sufrimos.

De los varios riesgos que se ciernen sobre las cabezas de los uniformados, dos son quizás los más importantes. La ausencia de reglas claras para evaluar su conducta es el primero. Lo lógico sería que cuando de combates se trate, las acciones militares y policiales sean regidas por el DIH, creado y construido en forma específica para regular la guerra. Es lo que ocurre en todo el mundo cuando se viven conflictos armados. Pero en Colombia las cortes, en su espléndida ignorancia del derecho internacional, han hecho un menjurje espantoso de normas internas e interpretaciones descabelladas de las internacionales. El resultado es que en realidad en nuestro país no se aplica el DIH.

Así que aunque se diga y se repita que estamos en un conflicto armado, la conducta en combate de nuestros militares y policías se está juzgando a la luz de los derechos humanos, creado para tiempos de paz y pensado para controlar al delincuente común y nunca para enfrentar los grupos armados que nos asuelan. El resultado es maniatar a la Fuerza Pública y darle una ventaja inconmensurable a los violentos. ¿La última joya? La decisión de la Sala Penal de no aceptar los juiciosos argumentos del Procurador sobre los computadores de Reyes, dizque porque esa operación tenía que regirse sólo por las normas procesales internas y no por el DIH. Que ese "argumento" sea estúpido y traiga como consecuencia que la fuente más importante de información sobre las Farc que haya estado nunca en manos del Estado no sirva sino para botar a la basura, ha dejado sin cuidado a los flamantes magistrados.

El otro peligro es el colapso de la justicia penal militar. En un conflicto armado, la conducta de los militares y policías debe ser investigada y juzgada por jueces especiales, conocedores de los avatares de la guerra y con formación y experiencia suficientes para poder evaluar a quienes participan en el conflicto. En Colombia, como fruto de decisiones políticas equivocadas, de presiones de las oenegés y de la infiltración comunista en el sistema judicial, la justicia penal militar ha dejado de existir.

Al final, militares y policías están completamente desprotegidos y en manos de fiscales y jueces que, como los de Arias Cabrales, Uscátegui y Plazas Vega, se ensañan contra ellos como si se tratara de criminales de la peor calaña, violando sus derechos más fundamentales. En esas condiciones no hay Ejército que opere. Exactamente lo que nos está pasando. Recuperar y fortalecer la justicia penal militar no admite más demora.

Otro horror

30 de sep. 2011 | COLUMNA| Por: PLINIO APULEYO MENDOZA

¿De dónde salen entonces las imputaciones que han servido de base para condenar a Jorge Noguera a 25 años de cárcel?

¿Es imparcial el magistrado Iván Velásquez?

6 de septiembre de 2011 | COLUMNA | Por: JUAN PAZ
“Hay magistrados que han renunciado por cosas menores”. Inclusive se referían a la declaratoria de nulidad que tomó la Corte de las pruebas incautadas en la famosa “Operación Fénix” en la cual se dio de baja al máximo cabecilla de las Farc, el terrorista Raúl Reyes, “por haberse obtenido violando el debido proceso”.

Alarmistas y escandalosos

7 de agosto de 2011 | OPINIÓN | Por: RAFAEL NIETO LOAIZA

Las Cortes perderían su capacidad de cruzarse favores con los otros órganos de control. Y los magistrados la posibilidad de saltar a la política con las sentencias en la mano...

Momento final. La última decisión

5 de agosto de 2011 | OPINIÓN | Por: JORGE MONROY
El presidente Santos no tiene el efecto teflón de la del presidente Uribe, y todas las encuestas independientes ya dan cuenta de ello. El fantasma de la inseguridad empieza inquietar la mente de los inversionistas, de los empresarios y de los ciudadanos, lo cual evidentemente implicara un costo político que se pagará con popularidad.

Un circo romano

28 de Julio de 2011 | EDITORIAL | Por: EL COLOMBIANO
El exministro Arias es una persona decente que obró de buena fe y logró importantes avances en el agro colombiano. No robó. ¿Cómo afirman, la Fiscal Morales y el juez Ferro, basados en condicionales, que Arias es un peligro para la sociedad? La audiencia del martes 26 terminó con aplausos. Fue una escena que nos recordó el circo romano. ¿Dónde está la majestad de la justicia?

Ministerio y reforma a la Justicia

18 de Julio de 2011 | Registro | Por: Rafael Nieto Loaiza
Los problemas de la rama judicial son de la rama judicial, autónoma por definición constitucional. Y la rama judicial ni se quiere reformar ni, por supuesto, acepta que la reformen.

Sobre falsos testigos y acusaciones

19 de Junio de 2011 | Registro | Por: Rafael Nieto Loaiza

¿El delito de Nancy Patricia Gutiérrez? Ni idea. O sí: haber indagado sobre las actividades de ‘Teodora’ o haber sido cercana al ex presidente Uribe. En los tiempos que corren esas son actividades criminales.

Santos debe explicar qué es la extrema derecha: Enrique Gómez

19 de Junio de 2011 | NOTICIA | Por: Caracol Radio

Es apresurada la tesis del presidente Juan Manuel Santos señalando a la extrema derecha como autora del petardo del jueves en la noche, sobre la estatua de Laureano Gómez.

La defensa de Uribe se oirá

19 de Junio de 2011 | EDITORIAL | Por: EL COLOMBIANO


Lo que debió haber sido una diligencia de versión libre, pública por solicitud del interesado, se volvió un inmanejable enredo en manos de los inexpertos miembros de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Los contradictores del ex Presidente combinarán los atajos procesales con la artillería ideológica, en su búsqueda de criminalizar las ejecutorias del Gobierno anterior.

Ahora el turno es para Arias

18 de Junio de 2011 | EDITORIAL | Por: EL COLOMBIANO.COM
Estamos seguros de que, si la Justicia es proba, Arias y los compañeros del Ministerio de Agricultura saldrán libres. Pero tememos a un poder que se ha ido politizando y que muchas veces ha sorprendido con sus fallos. Tememos también que se esté obrando para evitar la llamada "revancha de Macaco". 

La gran estafa

16 de Junio de 2011 | OPINIÓN | Por: FERNANDO LONDOÑO HOYOS
Sepultada quedó en el polvo toda la farsa del Palacio de Justicia.

La "justicia" que sufrimos

5 de Junio de 2011 | OPINIÓN | Por: Rafael Nieto Loaiza

Son condenados (…) con base en una interpretación amañada de una doctrina penal que lleva a concluir que las Fuerzas Militares son una organización criminal y no el aparato legítimo para usar la fuerza del Estado.

Los privilegiados

5 de Junio de 2011 | OPINIÓN | Por Salud Hernández-Mora

Vestir la toga de juez de alta corte debería ser la culminación de una respetable carrera.

La élite judicial se integra a la categoría de jubilados de mejor raza y condición.

¿Triunfó el M19?

15 de mayo de 2011 | Opinión | Por: Carlos Lleras de la Fuente

Este sanguinario movimiento nació, según sus integrantes, para protestar matando magistrados, líderes sindicales y campesinos, por el supuesto fraude cometido por el gobierno Lleras Restrepo al acatar el resultado electoral de 1970 en favor de Misael Pastrana,

La reforma que nunca llega

24 de abril de 2011 | REGISTRO | Por: Rafael Nieto Loaiza

Muy mal anda una administración de justicia que, en abierta violación de los tratados de derechos humanos, condena de por vida al coronel Plazas por un delito inexistente en la época de los hechos y con aplicación retroactiva la ley penal en lo desfavorable