14 de octubre de 2011 | COLUMNA | Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal
Se produjo fue una negociación para “hacerse pasito”. Tal parece que las heridas de la parapolítica, las ambiciones políticas de algunos magistrados y el espionaje que los convirtió en mártires, están en el trasfondo del asunto.
Lo que pasó
en la comisión constitucional del Senado nos dio la pauta de lo que serán los
restantes debates: la Reforma a la Justicia será otro acuerdo más para resolver
la eterna pugna por el poder entre magistrados, legisladores y gobernantes.
El
presidente Juan Manuel Santos recibió aclamaciones cuando anunció su proyecto.
Con insinuar cambios en la tutela, el retiro de las Cortes de la elección de
funcionarios como el Fiscal General y el fin del malhadado Consejo Nacional de
la Judicatura, Santos había tocado puntos sensibles de la realidad colombiana.
Ni más ni menos que la vigilancia y administración de la Justicia y la
limitación a las ambiciones de poder de algunos magistrados de la Corte
Suprema.
Aunque
en el proyecto no tenía propuestas para acabar con los obstáculos que impiden a
los ciudadanos del común el acceso a una justicia cumplida, era un avance
lograr que se hablara de asuntos que parecían vedados. Esa sensación se aumentó
cuando los magistrados se negaron a aceptar el consenso, señal de que iba por
el camino correcto.
Otra
cosa es lo que salió del primer debate, cuando se produjo el consenso que pedía
el presidente Santos. Lo que no se supo fue cómo se logró. Y lo notorio fue la
forma en que los magistrados continuarán haciendo política mientras se jalan
las mechas en sus bochornosas peleas por la tutela. Además, fue evidente que la
Corte Suprema estaba negociando su poder con quienes pueden ser objeto de su
juicio.
Y
se notó el afán de mostrar que el consenso era posible para lograr un
resultado, fuera el que fuera. O, ¿cómo puede explicarse que la tutela no haya
sido tocada, ni siquiera para resolver el choque entre las Cortes que destruye
la estabilidad jurídica del país? ¿Y qué explicación tiene mantener el Consejo
Nacional de la Judicatura a pesar de las vergüenzas que protagoniza? Ni qué
decir de la propuesta para acabar la Comisión de Acusaciones mediante la
creación de una entelequia que nadie entiende, con la cual los magistrados
podrían elegir quién los investigue.
Llama
la atención que la morosidad crónica de la Justicia, la impunidad en materia
penal y la permanente duda en materia civil y administrativa, se haya usado
sólo para justificar el aumento del presupuesto y para reclamar una emergencia,
¡otra más!, que permita “descongestionar los juzgados”. Eso es buscar la
calentura en las sábanas. O sea, nada de encontrar las causas y corregirlas, o
de exigir resultados a los causantes. Ahora hay que negociar con ellos para
apaciguarlos.
Lo
que se produjo fue una negociación para “hacerse pasito”. Tal parece que las
heridas de la parapolítica, las ambiciones políticas de algunos magistrados y
el espionaje que los convirtió en mártires, están en el trasfondo del asunto.
No de otra manera se explica que juristas respetables como el ministro Juan
Carlos Esguerra acepten la aberración de convertir a litigantes y notarios en
jueces sin derecho a ordenar pruebas.
Se
dirá que quedan siete debates y un año para deshacer el entuerto. Eso podría
pensarse si en la Comisión Primera del Senado se hubiera escuchado el clamor de
la gente y los jueces aceptaran que su forma de actuar le hace daño a la
Justicia. Y si la reforma no se usara para resolver las disputas entre los
poderes públicos, una de las razones por las cuales el Estado no es capaz de
acabar con la violencia y la criminalidad en Colombia.
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