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Dic 10 de 1948
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Reforma inaplazable


Por: Rafael Nieto Loaiza
 
La existencia de los estados se justifica por la necesidad que tienen los individuos que viven en sociedad de contar con un ente que asegure el respeto de los derechos de cada uno y de todos, que tenga la fuerza para hacer cumplir las normas de convivencia que les son comunes, ...

y que dirima las controversias entre sus miembros. Seguridad y justicia son, pues, las razones primarias y finales de los estados.

Cuando no hay seguridad ni justicia, los estados son ‘fallidos’. Primero el Estado debe asegurar la vida, integridad física, libertad y bienes de todos sus habitantes. Después, garantizar que quienes vulneran esos derechos fundamentales sean capturados, procesados y condenados. Lo demás, todo lo demás, viene detrás.

En esas andábamos hace no muchos años, en el estado cuasi fallido, cuando el país iba a pasos agigantados hacia el colapso. Aunque aún falta largo trecho para llegar a las condiciones ideales de seguridad, mucho se ha avanzado en estos siete años. Es por corregir el rumbo y proporcionar la seguridad anhelada que la amplia mayoría de los ciudadanos está enamorada del presidente Uribe.

Pero en Justicia, en cambio, el panorama es desolador. ¿Habrá que recordar que un país sin Justicia es un país destinado al caos y, de nuevo, a la violencia? Si el sistema de administración de Justicia no funciona de manera pronta y cumplida se invita a los ciudadanos a tomarla por la propia mano. Si el sistema de administración de Justicia no retira a los delincuentes de las calles y los campos el ciudadano buscará los mecanismos individuales y colectivos que le permitan defenderse. Y tomará venganza contra quienes cree responsables de haberlo agredido.

Alguien dirá, con razón, que algo funciona bien cuando la Corte Suprema puede perseguir y poner en prisión a aquellos congresistas que terminaron vinculados a los paramilitares. Al fin de cuentas son muy pocos los estados en los cuales el aparato judicial se atreve a juzgar a los parlamentarios. Olvidan que, sin embargo, ya antes se había juzgado y condenado a los congresistas, procuradores y contralores que no habían tenido empacho para recibir plata de los narcos. Que al 8.000 le haya faltado la joya de la corona -todo a sus espaldas-, no desdice del esfuerzo.

De manera que no hay que hacer de los procesos de la parapolítica una excusa en virtud de la cual se justifican las falencias del sistema judicial. Que son muchas, como lo prueba la lista larga de casos aberrantes de estos días, desde la libertad inverosímil de un asesino confeso hasta la de los siete guerrilleros atrapados en flagrancia en una operación en el Sumapaz cundinamarqués.

Admito que el tema, como todo por estos días electorales, está altamente politizado. La eventual rerreelección, además, no ayuda al análisis objetivo de la situación. Como tampoco aportan la actitud defensiva del Fiscal y de la Suprema, que cuando se habla de reforma a la Justicia se erizan.

Pues bien, la verdad es que más allá de sensibilidades, y tomando las precauciones para preservar la competencia de la Corte en el juzgamiento de congresistas, aunque siguiendo las instrucciones de la Constitucional de diseñar una segunda instancia, la reforma a la Justicia es inaplazable. Descongestión, celeridad, eficacia, son urgentes. Y no sólo en materia penal, aunque habría que empezar por ahí.
 

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