04 –feb-
2012 | El observador | Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal
El fallo es el uso deliberado del instrumento mediante el cual se expresa la Justicia para ignorar la esencia del asunto: la condena al M19 por el asalto a sangre y fuego a la Corte, financiado por el narcotráfico y comandado por la demencia de sus jefes.
Veintisiete
años de impunidad y confusión acerca del asalto al Palacio de Justicia es el
legado que los órganos encargados de investigar e impartir justicia han dejado
a la posteridad. Ahora, la actuación de dos magistrados del Tribunal Superior
de Bogotá sólo sirven para confirmar el propósito de hacer política con la
Justicia que anunció hace Augusto Ibáñez cuando fue Presidente de la Corte
Suprema.
El fallo de
segunda instancia sobre la vinculación del coronel Alfonso Plazas Vega a las
desapariciones ocurridas en la retoma del Palacio reafirma que es mucho lo que
anda mal. Todo da a entender que el propósito no es encontrar la verdad y
decidir en derecho sino producir un hecho, castigar a un militar por cumplir
con su deber antes que aceptar que las pruebas no son suficientes para condenar
a un ciudadano, como lo reconoció el magistrado ponente, Hermens Lara, quien se
apartó de la decisión.
Ese
propósito aparece de forma nítida cuando los magistrados Fernando Pareja y
Alberto Poveda exigen al Ejército Nacional que presenten excusas públicas en la
Plaza de Bolívar. Es una exigencia de claro contenido ideológico que se hace en
un juicio penal, donde sólo es pertinente resolver la situación del procesado.
Y se confirma cuando se refieren al expresidente Belisario Betancur, acusándolo
en un proceso en el que nada tiene que ver, y llamando a la Corte Penal
Internacional para que lo juzgue.
Es decir,
en su intención por convertir su fallo en un deplorable espectáculo político,
los autores del esperpento no tienen inconveniente en afirmar que la Justicia
no opera en Colombia, que ha fracasado y no es capaz de encontrar la verdad. Y
que renuncian a la soberanía consagrada en la Constitución, reconocida incluso
por uno de los autores de la politización de la rama jurisdiccional, Jaime
Arrubla.
Antes que
una demostración de ignorancia, el fallo es el uso deliberado del instrumento
mediante el cual se expresa la Justicia para ignorar la esencia del asunto: la
condena al M19 por el asalto a sangre y fuego a la Corte, financiado por el
narcotráfico y comandado por la demencia de sus jefes. Bajo ese propósito, definir
la suerte del coronel Plazas por hechos que aún no han sido plenamente
demostrados sirve para desconocer la verdad mientras se ignoran los alegatos
del acusado.
Y lanzar
acusaciones contra el presidente Betancur es un recurso para tratar de
desconocer que su actuación impidió consecuencias peores. Que no dejó que
triunfara el chantaje de los criminales que secuestraron y fusilaron a juristas
de la talla de Yesid Reyes. Quizás el que Belisario haya impedido el triunfo
del terror y el que toda Colombia le esté agradecida, es lo que no le gusta a
los magistrados Pareja y Poveda.
Comparto lo
expresado por Rafael Nieto en su columna del domingo pasado. A los abogados que
tenemos la posibilidad de escribir en un medio de comunicación se nos ha
convertido en obsesión el hablar de la Justicia en Colombia. Es que esta clase
de esperpentos le están haciendo un daño terrible y quizás irremediable a una
actividad intelectual que debe ser noble y debe estar alejada de los intereses
sectarios. Y destruyen la credibilidad en los jueces y la posibilidad de
resolver los conflictos de nuestro país por los métodos pacíficos que consagra
la Ley.
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