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El gobierno no es de los jueces

OPINIÓN| Por: RAFAEL NIETO LOAIZA| Publicado: octubre 27, 2013 
La ciudadanía percibe que las sentencias se emiten al tenor de las simpatías ideológicas y políticas de los magistrados y no con base en el derecho.

Por eso ‘Teodora’ está libre y en cambio, con base en testimonios cuestionables, están privados de la libertad militares y políticos de centro derecha. La sensación de una deriva izquierdista del sistema judicial es creciente.
Aunque fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo, el Estado es un ente tan necesario como peligroso. Para poner límites a su poder, en el Estado moderno las funciones legislativas y judiciales están en cabeza de entes diferentes, autónomos e independientes al Ejecutivo. Al Leviatán feroz se opone la separación del poder público como única garantía real para el ciudadano. Como consecuencia, las decisiones judiciales, sea cual fuere su contenido, deben acatarse y cumplirse.
Dicho esto, no es menos cierto que el sistema judicial ha perdido la confianza ciudadana. En la última encuesta de Gallup la opinión favorable es apenas del 21% y la desfavorable del 74%. En la de Ipsos, el 78% no confía en la Justicia y el 70% no lo hace en las altas cortes.
Además de su exasperante lentitud, su prepotencia y su distancia del ciudadano de pie, y de la corrupción de la administración de justicia, también ayudan a la caída en picada dos hechos notables. El primero es su politización. La ciudadanía percibe que las sentencias se emiten al tenor de las simpatías ideológicas y políticas de los magistrados y no con base en el derecho. Por eso ‘Teodora’ está libre y en cambio, con base en testimonios cuestionables, están privados de la libertad militares y políticos de centro derecha. La sensación de una deriva izquierdista del sistema judicial es creciente.
El segundo es la usurpación que hace la Constitucional de las funciones propias del Congreso. Si no le gusta lo que el Congreso decide, lo borra de un plumazo y reescribe la norma. Y con el pretexto de las “columnas vertebrales” de la Constitución del 91, decide como se le antoja sobre el contenido de las modificaciones constitucionales.
Ahora una mayoría endeble tumbó la reforma del fuero militar por un supuesto vicio de forma, alegando que los debates en la Comisión Primera y en la Plenaria de la Cámara habían sido simultáneos. Pero en palabras de un magistrado de esa misma corte, sus colegas se “inventaron” un vicio que “la jurisprudencia nunca había reconocido”. Y agregó que el supuesto vicio nunca existió y que si hubiese existido sería subsanable.
Para rematar, hay prueba de que el debate duró seis horas e intervinieron 22 de los 29 representantes, el presidente de la Comisión dejó constancia antes de levantar la sesión de que “aunque ya se abrió el registro [de representantes] en la plenaria de la honorable Cámara, la sesión formalmente no se ha iniciado porque el Presidente no ha dado apertura a la misma” y hay videos que muestran que la votación en la Comisión se realizó antes de que empezara la plenaria de la Cámara. Así que sí, la mayoría se inventó un vicio de la simultaneidad para tumbar la reforma.
El mensaje contra la Fuerza Pública es desmoralizador y más en momentos en que el Gobierno pretende que los bandidos no paguen ni un día de cárcel por sus crímenes. Y contra el Congreso es quizás peor: tumbarán a cualquier costo la norma que nos les guste.
La independencia y la autonomía de la rama Judicial son fundamentales para la democracia. Pero su abuso la pone en serio peligro. Los jueces también tienen que ajustarse al derecho, incluso más que los otros porque su tarea constitucional es precisamente esa, la de defender el orden jurídico. Y no pueden comportarse como el todo poderoso capataz de la finca. En democracia el gobierno no es de los jueces, sino del pueblo.

Este es un espacio de opinión destinado a columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a este fin  y no siempre reflejan la opinión o posición de LA OTRA MITAD DE LAS VERDADES A MEDIAS.





¡A CONFESARSE!

1 de julio de 2012 |OPINIÓN| Por: RAFAEL NIETO LOAIZA

Los congresistas en privado no le perdonan a Santos que les hubiera echado toda el agua sucia de una reforma que fue iniciativa del gobierno y que éste empujó desoyendo las críticas durante ocho debates, y que el mismo gobierno transó con los magistrados de las Cortes y pidió votar positivamente después de conocida la conciliación.
La caída en la popularidad de Santos es brutal. Si venía mostrando una tendencia a la baja desde principios del 2011, ahora el desplome es de 16 puntos, según la encuesta de Gallup.
Aun es pronto para medir las consecuencias del tsunami de la reforma a la justicia y su hundimiento, pero es seguro que se enredaron el futuro de Santos y su gobierno.

La Unidad Nacional es la histórica oportunidad perdida. Ningún presidente había tenido mayor respaldo. Con todos los partidos adentro, excepto el Polo y Mira, y el control de casi el 95% del Congreso, la Unidad estaba llamada a asegurar el apoyo a las grandes transformaciones que el país necesita. Debería haber sido la base, para usar la expresión de Álvaro Gómez, del gran acuerdo sobre lo fundamental. Pero el espacio para la grandeza, para la magnanimidad, fue apenas una ilusión. Semejante consenso, semejante fuerza política, fueron desaprovechados. Terminaron de escenario para el cruce de favores, el contubernio entre magistrados, congresistas y Ejecutivo, para la más nauseabunda componenda institucional de la que tengamos noticia.

Las relaciones con el Congreso y los partidos, obsecuentes liberales incluidos, quedaron marcadas por el signo indeleble de la desconfianza. Los congresistas en privado no le perdonan a Santos que les hubiera echado toda el agua sucia de una reforma que fue iniciativa del gobierno y que éste empujó desoyendo las críticas durante ocho debates, y que el mismo gobierno transó con los magistrados de las Cortes y pidió votar positivamente después de conocida la conciliación. Si hubiera duda, se la aclararon al Ministro del Interior, al que esta semana chiflaron en la Cámara y le dieron la espalda, literalmente, en el Senado. ¿Alguien puede recordar semejante desplante a un ministro en nuestra historia parlamentaria? En fin, de aquí en adelante la "gobernabilidad" será espinosa. Al Gobierno le va a tocar remar duro para que el Congreso le apruebe su agenda legislativa. La discusión de la reforma tributaria va a ser un camino de piedra y llanto. Y los años que vienen serán, intuyo, de repartija burocrática, de clientelismo. Es lo único que le queda al Gobierno para alinear a sus congresistas, ahora ofendidos y traicionados.

Pero si por el Congreso llueve, en la opinión pública no escampa. La caída en la popularidad de Santos es brutal. Si venía mostrando una tendencia a la baja desde principios del 2011, ahora el desplome es de 16 puntos, según la encuesta de Gallup. En el trimestre cae de 64 a 48 puntos de favorabilidad y, aun peor, su desfavorable salta de 27 a 43. A pesar de que el discurso en televisión de Santos tranquilizó a algunos, resulta claro que al menos un sector importante de la gente no le creyó.

Y el problema no está en que algunos han reafirmado su percepción de que sacrifica a cualquiera en la búsqueda de sus propios intereses, sino en que un sector de la opinión ha quedado con la sensación de que el liderazgo es vacilante y que en su afán de no pelear con nadie, de dar gusto a todo el mundo y todo el tiempo, el Gobierno pierde el norte y en ese ánimo complaciente deja de hacer lo que es bueno para el país para apoyar los intereses particulares de aquellos con quienes negocia. Para rematar, el Presidente mostró otra vez que, cuando se ve bajo presión, cede. Ocurrió en el tema pensional, en el paro de transporte, en la reforma a la educación, en?

A estas alturas, el Presidente tiene la reelección, la maldita reelección, embolatada. Si aún la mitad del país tiene una imagen favorable, apenas un 30% apoyaría una nueva postulación. Es verdad que estamos en la mitad del período y las cosas podrían cambiar. Pero en materia de seguridad será difícil conseguir triunfos que fortalezcan su imagen, tanto porque los comandantes están en Venezuela como porque en esta materia se entró en rendimientos marginales decrecientes. Y la economía, aunque sigue bien, muestra signos de estar frenando (y si la crisis global revienta?). De manera que no queda sino "la paz". ¡Que Dios nos coja confesados!
Publicado: Julio 1, 2012

#ConstituyenteYa

26 de junio de 2012 |Zona franca| Por: JOSÉ OBDULIO GAVIRIA

Hoy miércoles, el Ejecutivo y el Congreso, de consuno, suplantarán a la Corte para tumbar un acto legislativo ya aprobado legítimamente.
Santos le ha pedido al Congreso que den entrambos un golpe de Estado a la Corte Constitucional.
Hoy, miércoles 27 de junio, el gobierno de la U (Unasur chavista) consumará un delito de lesa Constitución. Y el régimen, a la manera de Goebbels, se empeñará en que todo se vea al revés. Querrán que Santos, el transgresor, aparezca como "padre y defensor de la Constitución".
Dudo de que lo logren. A los Goebbels nunca les tocó lidiar contra el Twitter.
Santos le ha pedido al Congreso que den entrambos un golpe de Estado a la Corte Constitucional.
Según cierta jerarquía de normas aprobadas por el Congreso, hay un tratamiento distinto para establecer su inconstitucionalidad. 1) Es función de la Corte Constitucional "decidir sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales". 2) La Corte debe "decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución".
Subrayemos: 1) proyectos de ley objetados por el Gobierno; 2) reformas constitucionales demandadas por ciudadanos.
Santos ha propuesto al Congreso pasarse por la galleta a la Corte Constitucional; que el Ejecutivo y el Legislativo se arroguen la facultad de decidir si una reforma constitucional aprobada en ocho debates es exequible o inexequible. Mejor dicho, que simulen que la reforma de la justicia es una ley ordinaria. El presidente del Congreso ya mandó a decir que sí, que no hay problema. Los parlamentarios no son rencorosos; después de que Santos los llamó chanchulleros y tramposos, van a concurrir a sesiones extras ilegales y se comportarán como sus 'sacamicas' para que no los vuelva a llamar saca micos.
Hoy miércoles, el Ejecutivo y el Congreso, de consuno, suplantarán a la Corte para tumbar un acto legislativo ya aprobado legítimamente.
A pesar de aparentar lo contrario, Santos estará feliz con el Congreso. ¡Esos sí son amigos! Juntos matarán a la criatura legislativa en el propio vientre congresional (harán una sadomasoquista combinación de aborto con haraquiri).
A Santos le redactaron un proyecto de sentencia de inexequibilidad e inconveniencia del bodrio conocido como reforma de la justicia y él lo presentó en el Congreso como "objeción de inconstitucionalidad". Es decir, Santos hizo las veces de demandante de inconstitucionalidad, y el Congreso hará hoy las veces de Corte. "Sentenciará" que sí, que el Gobierno tiene razón. Y ¡parte sin novedad!
¡Qué fiasco la reforma de la justicia! ¡Qué fiasco Santos y Vargas Lleras, sus promotores! ¡Qué fiasco los magistrados aferrados a prebendas! ¡Qué fiasco los parlamentarios que no saben lo que aprueban, o que, sabiéndolo, no son capaces de defender sus decisiones!
Todavía resuenan los ecos del inicial coro de aduladores de Santos.
¡Él sí tiene genuino respeto por los principios del Estado de derecho!
¡Santos sí respeta a las cortes!, decían. Estaban confundiendo contubernio con respeto. Ya todo el mundo quedó notificado de que a Gobierno y cortes les importa un comino una justicia pronta y cumplida. Las únicas sentencias que valoran son encuestas y sinecuras.
Como un niño caprichoso y veleidoso con un juguete, el Gobierno celebró jubiloso la aprobación cuasi unánime de la reforma y al día siguiente la tiró a la basura.
Santos es 'listo'. Les quitó la materia prima a los del referendo revocatorio. No habrá nada que revocar. En materia de legislación sobre justicia pasaron dos años y estamos peor que antes. Pero, como la reforma sí es necesaria, porque hoy somos como una sociedad primitiva, en la que rige la ley del más fuerte, la única vía que nos queda a los colombianos para recuperar el derecho a una justicia pronta y cumplida será #ConstituyenteYa.
Publicado: Junio 27, 2012

Twitter: @JOSEOBDULIO

Caos institucional

24 de junio de 2012 |OPINIÓN| Por: Óscar Iván Zuluaga

La falta de acción gubernamental ha desencadenado un caos que solo podrá resolverse en manos de la Corte Constitucional.
No publicar el acto legislativo de reforma de la justicia sería una violación del orden constitucional y un precedente nefasto en lo que respecta al equilibrio de poderes.
Lo ocurrido esta semana con la reforma de la justicia es un hecho muy grave para la institucionalidad del país. Difícil encontrar desde el funcionamiento de la Constitución del 91 una reforma constitucional que haya generado tanta indignación en la opinión ciudadana y haya desnudado hasta tal punto la lucha de poderes entre las tres ramas del poder público: el Gobierno, el Congreso y la Justicia.
El acto legislativo de reforma de la justicia fue una propuesta de origen gubernamental, planteada desde el inicio del mandato del presidente Santos. Fue el Gobierno mismo, con su insistencia en el tema, quien hizo de ella una de las prioridades de la agenda legislativa. Desde el comienzo, la propuesta no le ofrecía nada concreto al ciudadano para avanzar en el principio misional de una justicia pronta y eficaz. La reforma terminó convertida en un pulso burocrático entre congresistas y magistrados y en una discusión sobre las instancias de juzgamiento de los aforados. El Gobierno insistió en la reforma contra viento y marea: a pesar de la cantidad apreciable de juristas que se pronunciaron en su contra, a pesar de la oposición rotunda del Consejo de Estado, a pesar del silencio público de la Corte Suprema de Justicia (que delataba cierta inconformidad privada). El Gobierno fue, hasta el final, líder de esta iniciativa y promovió su aprobación, con resultados desastrosos.
Aprobada la reforma, estalló la crisis. El senador liberal Luis Fernando Velasco, en RCN Radio, dijo que en su larga carrera como congresista no había visto nunca un lobby como el que hicieron magistrados para su aprobación. El presidente de la Cámara y director del Partido Liberal, Simón Gaviria, afirmó en la W no haber leído la conciliación y que la votó afirmativamente porque el Ministro de Justicia había dado su conformidad. El entonces Ministro de Justicia dijo que no lo dejaron participar en la conciliación el pasado martes, hecho que genera profundas dudas sobre las intenciones de los parlamentarios que integraron la comisión de conciliación. Pero el Gobierno no protestó sino hasta el jueves por la noche, cuando la presión ciudadana se tornó insostenible y el presidente Santos hizo públicas sus objeciones, queriendo descargarle toda la culpa al Congreso. Pero la realidad es que este nunca hubiera aprobado la conciliación por encima de la voluntad del Gobierno (de hecho, según Simón Gaviria, sin la activa solicitud del Gobierno).
El daño, por ahora, está hecho. Los actos legislativos son de vigencia inmediata, no los puede objetar el gobierno, no se pueden votar en sesiones extraordinarias y solo se pueden tramitar en dos vigencias ordinarias, que expiraron el 20 de junio. Esto quiere decir que no publicarlo sería una violación del orden constitucional y un precedente nefasto en lo que respecta al equilibrio de poderes. Lo último que le puede pasar al país en estas circunstancias es que el Gobierno, por haber actuado tarde, pretenda ahora contener al monstruo con instrumentos de dudosa constitucionalidad.
El presidente Santos no puede negar la paternidad y padrinazgo de la reforma. Tampoco pueden lavarse las manos los magistrados que la impulsaron y los congresistas que la respaldaron. La falta de acción gubernamental ha desencadenado un caos que solo podrá resolverse en manos de la Corte Constitucional. Mientras tanto, la vigencia de la reforma va a producir hechos jurídicos y políticos de muy delicadas consecuencias para nuestras instituciones.
Lo más triste es que este episodio es una frustración más para todos los colombianos, que queremos una justicia más eficaz, pronta y cercana al ciudadano. Para la opinión pública es claro que la puerta del Congreso está cerrada para una verdadera reforma de la justicia.

Óscar Iván Zuluaga
Publicado: Junio 25, 2012

Twitter: @oizuluaga

Los Pilatos

23 de junio de 2012 |OPINIÓN| Por: RAFAEL NIETO LOAIZA

La reforma se convirtió en el más impudoroso intercambio de favores del que tengamos noticia. Los togados mantuvieron un silencio cómplice para que a cambio se les aumentara la edad de retiro a los 70 y el período de 8 a 12 años.
El Gobierno jugó a complacer a todos, como acostumbra. En plan reeleccionista, ni se iba a pelear con las Cortes ni con los congresistas.
No tengo memoria de un episodio tan deshonroso para la institucionalidad colombiana. No hay quien se salve. O muy pocos, para ser justos. Y merecen ser nombrados. Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado, mientras sus colegas se regodeaban con los beneficios que recibirían, sostuvo que la reforma a la Justicia era “un acto vulgar” y “vergonzoso”. Y un número ínfimo de parlamentarios que votó en contra (26 de 268) y no se dejó atrapar por la aplanadora insensata de la Unidad Nacional: los del Polo y los del Mira, y Carlos Ferro, Juan Lozano, Juan Carlos Vélez y Miguel Gómez Martínez, Camilo Sánchez y Juan Manuel Galán, y John Sudarski y Gilma Jiménez. Los goditos, disciplinados, votaron en bloque.
Pero salirse del redil era un deber. Cuando empezaba el cuatrienio, afirmamos que la Unidad Nacional debía servir no sólo para la gobernabilidad, sino para hacer los grandes cambios que necesita el país. La reforma a la Justicia, no lo dudo, es uno de ellos. Es la gran reforma pendiente. Pero si el texto aprobado en los debates era ya un espanto, lo que salió de la conciliación es un engendro horroroso.
Por un lado, no ataca los problemas fundamentales de la administración de Justicia: la morosidad, la inseguridad jurídica y la corrupción y politización de la Rama Judicial. Las Cortes, por ejemplo, hundieron la propuesta de los precedentes judiciales obligatorios, para poder cambiar su jurisprudencia a su antojo y arbitrariamente.
Por el otro, se convirtió en el más impudoroso intercambio de favores del que tengamos noticia. Los togados mantuvieron un silencio cómplice para que a cambio se les aumentara la edad de retiro a los 70 y el período de 8 a 12 años. Y quedaron cobijados con un juicio político, como el Presidente de la República. Si no bastara, podrán elegirse por cooptación. Si los magistrados fuesen los de antaño, vaya y venga. Pero con los actuales, la cooptación sólo asegura que los muy malos de hoy elijan otros de su misma condición. A pesar de la críticas, conservaron sus facultades de participar en la elección de otros funcionarios públicos. Además, les entregaron un presupuesto enorme, del IPC más dos puntos por diez años, y doce billones de pesos adicionales en los próximos seis. ¡Y ni una palabra sobre eficiencia en el gasto y en la función pública!
Los congresistas, que luchaban con justeza por la doble instancia y la separación de las funciones de investigación y juzgamiento, convirtieron el proyecto en una contrarreforma para asegurar su impunidad. Los parlamentarios deben tener un régimen especial para su privación de libertad, en tanto cumplen una tarea fundamental de representación popular, pero… la pérdida de investidura quedará en el papel, se aforó a los secretarios del Congreso, se prohibieron las denuncias anónimas, liquidaron la ‘muerte política’.
A todas estas, el Gobierno jugó a complacer a todos, como acostumbra. En plan reeleccionista, ni se iba a pelear con las Cortes ni con los congresistas. Hasta que lo abrumó la indignada reacción pública. Y entonces se atribuyó un derecho que no tiene: el de objetar por inconveniencia y constitucionalidad una reforma constitucional. Yo no dudo de que el resultado de la reforma es inmundo, pero el precedente es pésimo y sólo contribuye a lo nauseabundo. ¡El Estado de Derecho se ha ido al demonio! Y ahora todos se lavan las manos. Estamos llenos de Pilatos.
Publicado: Junio 24, 2012

¡PERDIÓ EL JUICIO!

19 de febrero de 2012 | COLUMNA | Por: Cristina De Toro R.

En este mismo instante, más de un togado está temblando de susto y cruzando los dedos para que el mafioso Giorgio Sale no se vaya a desafinar al dar el do de pecho en la fiscalía.
Los colombianos debemos  repudiar la manera como esos togados están administrando la justicia de este país.

Con la misma vehemencia con la que el presidente del Consejo Superior de la Judicatura y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (y otras 13 organizaciones de la Rama Judicial), están rechazando la andanada de críticas que les caen por cuenta del aberrante fallo del Tribunal Superior de Bogotá, en el cual se ratificó la condena de 30 años de cárcel contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega , debemos los colombianos repudiar la manera como ellos están administrando la justicia de este país.

Cuánta osadía la de estos orondos togados, al reclamar a voces "acato y respeto" para sus arbitrarios, sesgados y politiqueros fallos, después de que por una mezquina venganza política contra el expresidente Álvaro Uribe, fueron capaces de privar al país por más de año y medio, de tener Fiscal General de la Nación (en propiedad), sin reparar en que con ello sumían al país en el más grande desbarajuste judicial.

Desde el momento mismo en el que convirtieron esos cargos, antes reservados para individuos íntegros, para eruditos que llegaban a esa instancia como colofón de brillantes y pulquérrimas carreras profesionales, en trampolines políticos, el país perdió de lleno la confianza en ese órgano de poder.

Sí, la autoridad moral de la Justicia colombiana quedó en veremos, como ya lo he dicho en otras ocasiones, cuando muchos de los togados se extraviaron de la senda de la probidad y el decoro, ese día aciago en que los jueces, tal como los describe Hesíodo en su libro Los trabajos y los días, se convirtieron en insaciables tragones de regalos: botines, relojes, viajes, bacanales, coimas, apoyos políticos, puestos, etc.

Por esta razón, es muy probable que en este mismo instante, más de un togado y uno que otro de los que ya se encuentran disfrutando de sus jugosísimas pensiones de jubilación, estén temblando de susto y cruzando los dedos para que el mafioso Giorgio Sale , ahora que está cantando en la Fiscalía, no se vaya a desafinar al dar el do de pecho.

Y, a propósito de jugosas pensiones, siempre es bueno que sepan que los colombianos estamos muy pendientes de los graves hallazgos hechos por la Contraloría General de la República, sobre 70 nombramientos en el Consejo Superior de la Judicatura, que fueron suficientes para abrir juicio fiscal a 21 magistrados y exmagistrados de ese alto tribunal, que le habrían costado al erario unos 13.000 millones de pesos y que seguiremos atentos sus procesos, a ver si algún día reciben su merecido.

Resulta paradójico que, precisamente, en la entidad llamada a dar ejemplo de honestidad, se encontrara ese inmenso nido de corrupción, otro carrusel para defraudar al Estado.

También es importante que estos engreídos togados entiendan que tenemos la capacidad suficiente, como para darnos cuenta de todo lo que están tramando, que el absurdo juicio y la abusiva condena en contra del Coronel (r) Plazas Vega, no son más que un vulgar pretexto para poder enjuiciar al Ejército y al Estado colombianos.

Que detrás de la humillación a la que pretenden someter a nuestro valiente Ejército y del emplazamiento al expresidente Belisario Betancur , para que responda en la Corte Penal Internacional (CPI), tienen una silla reservada para el expresidente Uribe Vélez.

Ahora sí, la Justicia ¡perdió el juicio!

Instrumento de guerra

17 de febrero de 2012 | OPINIÓN | Por: Plinio Apuleyo Mendoza

Después de fallos tan aberrantes, entiende uno que Luis Carlos Restrepo no quiera ser víctima de un atropello parecido y busque asilo político.

Muchos nos negamos a considerar a Luis Carlos Restrepo como un vulgar prófugo de la justicia.

    A propósito de la orden de captura contra el excomisionado Luis Carlos Restrepo, altos funcionarios, magistrados, dirigentes políticos y editorialistas repiten frente a cámaras y micrófonos verdades incontrovertibles. La primera de todas: que todo requerimiento de la justicia debe ser atendido. Y luego otra, igualmente obvia: que no tiene por qué eludirlo quien está seguro de su inocencia. Si en vez de ello, huye del país, es un prófugo de la justicia. Pues bien, con base en tan universales principios, es el rótulo que ahora se le endilga al excomisionado de Paz.
    El único reparo a estas declaraciones es el de no ver la distancia que existe hoy entre estos sagrados y universales principios y la realidad de nuestra justicia. Para demostrarlo, bastaría recordar por enésima vez el fallo contra el coronel Plazas Vega acompañado de una conminación al Ejército para que pida perdón y al ex presidente Betancur para que comparezca ante la Corte Penal Internacional. Falsos testigos acompañan detenciones o condenas a los generales Arias Cabrales, Jaime Uscátegui, Rito Alejo del Río, al coronel Mejía Gutiérrez y dos mil militares más, fuera de la mayoría de los recluidos en el pabellón Ere de la Picota, empezando por Mario Uribe. Todos han tenido su 'Pitirri'.
    Los medios de comunicación se limitan generalmente a servir de correas de transmisión de inculpaciones y sentencias, sin que la opinión pública disponga de otro elemento de juicio. Quienes por cuenta propia nos hemos ocupado de expresar algunos reparos a tales decisiones judiciales alimentamos la sospecha de que muchas de ellas eran producto de la guerra desencadenada por la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Uribe y sus amigos. Pero me temo que el problema tenga raíces más profundas y peligrosas. En efecto, todo indica que una extrema izquierda, todavía débil en el campo electoral y sin reales opciones de llegar al poder por la vía armada, se ha hecho muy fuerte en el campo de la educación y en el de la justicia, hasta convertir a esta última en un instrumento de guerra.
    Hasta ayer no más, quienes se consideraban inculpados sin fundamento confiaban en sus abogados y pruebas demostrables de inocencia. Plazas Vega y los generales Arias Cabrales y Uscátegui jamás imaginaron que contra toda evidencia iban a ser condenados a 30 o 40 años de prisión. Y ahora, después de fallos tan aberrantes, entiende uno que Restrepo no quiera ser víctima de un atropello parecido y busque asilo político antes de ser condenado como autor de una empresa criminal y traficante de armas.
    En su origen, no fue falsa la desmovilización de la unidad móvil 'Cacica Gaitana'. He escrito en este diario la historia de Felipe Salazar (alias 'Biófilo'). Desengañado, buscó desmovilizarse con 20 guerrilleros, a quienes se sumaron posteriormente diez más. Auténticos también. Los veinte falsos desmovilizados aparecieron a última hora como milicianos bolivarianos remitidos por 'Olivo Saldaña'. Y de ello nada supo Restrepo. Si hubo algún trámite corrupto para hacer pasar como reales desmovilizados a quienes no lo eran, ese delito (o error) debería ser imputable a los militares que cumplían la misión verificadora.
    Ahora bien, muchos de cuantos nos negamos a considerar a Luis Carlos Restrepo como un vulgar prófugo de la justicia y lo vemos como un hombre de trayectoria respetable, no entendemos qué sentido tiene ahora su propuesta de abrir una campaña contra la reelección del presidente Santos, como si los alarmantes desvíos de la justicia fueran endosables al Gobierno. En vez de hundir al país en una discordia política, conviene unir a todas sus sanas corrientes en el empeño de imponer una reforma a fondo de una justicia hoy viciada.

¿PREVARICAN?

12 de febrero de 2012 | OPINIÓN | Por: Rafael Nieto Loaiza

Trabajan para a futuro llevar a Álvaro Uribe a la Corte. Por eso se vienen en contra el sistema de investigación que establece la Constitución para juzgar al Presidente de la República.
Hay que ir a la CPI para que “impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al presidente de la República en el ámbito interno colombiano”.
¿Los magistrados Pareja y Poveda son ignorantes o de mala fe? En la sentencia contra Plazas Vega sostienen que las eventuales desapariciones son crímenes de lesa humanidad y de competencia de la Corte Penal Internacional (CPI).
Plazas Vega fue primero condenado por once desapariciones, aunque la única que aparece probada en el expediente es la de la guerrillera Irma Franco. En otros nueve casos la ausencia de pruebas es tan evidente que ahora sólo pudieron condenarlo por dos, incluido el administrador de la cafetería. Pero sobre éste último también hay dudas. Ni siquiera su padre pudo identificarlo en los videos de la época. Por eso el magistrado ponente, Hermens Lara, merecedor de todo respeto y reconocimiento, no duda en afirmar que “no se encontró prueba alguna de la desaparición de diez personas”.
Pero supongamos que hayan sido dos los desaparecidos. ¿Habría un crimen de lesa humanidad? ¿Y si lo fuera, sería de competencia de la CPI? Para quien lea el Estatuto de Roma, definitivamente no.
Dice el tratado que “la competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto” y que de lesa humanidad es, entre otros, la desaparición forzada, siempre que “se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Si no fuera claro, agrega que “por ‘ataque contra una población civil’ se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de [los] actos mencionados contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado […] de cometer esos actos”. Por sí mismas unas desapariciones no configuran un crimen de lesa humanidad. Se requiere que se cumplan los requisitos del ataque generalizado y sistemático contra la población civil, la comisión múltiple de esos actos y la política del Estado de cometerlos.
Ninguna de esas condiciones se da en el caso del Palacio de Justicia.
Aún si hubiera un crimen de lesa humanidad, “la Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor” del tratado, es decir, después del 1 de julio de 2002. Y sólo tendrá competencia complementaria, cuando la jurisdicción nacional no juzga porque colapsó o quiere “sustraer al acusado de su responsabilidad penal”. Nada ocurre en Colombia.
¿Por qué entonces la petición de que se lleve Belisario Betancur a la CPI? Estoy seguro de que Poveda y Pareja no tienen ni idea de que es un crimen de lesa humanidad pero también que sí conocen el ámbito de competencia de la CPI. Estoy convencido de que nada quieren con Belisario.
Trabajan para a futuro llevar a Álvaro Uribe a la Corte. Por eso se vienen en contra el sistema de investigación que establece la Constitución para juzgar al Presidente de la República. Buscan deslegitimarlo. Según ellos, hay que ir a la CPI para que “impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al presidente de la República en el ámbito interno colombiano”. Por supuesto, esta sentencia ratifica la necesidad del fuero. Hay que impedir que la Presidencia de la República quede en manos de jueces como éstos.
"En un sistema democrático, el poder judicial se legitima por la aplicación de la ley a la que está sujeto, y no por la simple imposición de sus potestades. De manera que el Estado de Derecho se vulnera cuando el juez, con el pretexto de aplicación de la ley, actúa solo [por] su propia subjetividad concretada en una forma particular de entender la cuestión a resolver, y prescindiendo de todos los métodos de interpretación admisibles en derecho, acoge un significado irracional de la norma, sustituyendo así el imperio de la ley por un acto contrario de mero voluntarismo”. Lo dice el Tribunal Supremo español para condenar por prevaricato a Baltasar Garzón. En este caso puede decirse lo mismo.

De sentencias inicuas

09 de febrero de 2012 | Reflector | Por: Fernando Londoño Hoyos

Cuando la política se disfraza de justicia, esto es lo que pasa.

El Ejército y la Policía fueron condenados a sufrir el más detestable de los tratamientos.

   Puestos en la empresa de dictar una sentencia inicua, los dos magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que condenaron al coronel Alfonso Plazas Vega pasaron de largo a dictar varias, que compiten en torpeza y perversidad.
    Las sentencias no pueden tener efecto sino respecto a quienes han sido juzgados. Es la garantía fundamental del debido proceso.
    Las sentencias no pueden contener penas que no estén previstas en la Ley. Es parte esencial del principio de reserva, que informa todo el Derecho de Occidente: nulla poena sine lege.
    Las sentencias no pueden suponer tratos crueles, inhumanos o degradantes. Derecho fundamental que contiene el artículo 12 de la Constitución.
    Las sentencias no pueden fundarse en normas posteriores al hecho que se imputa. Las leyes penales no son de aplicación retroactiva, sino a favor del reo.
    Nadie puede ser juzgado más que por tribunal competente para conocer su causa. Es un derecho fundamental.
    Nadie puede ser condenado sino por hechos plenamente demostrados en el proceso, y que le sean atribuibles a título de culpa o dolo.
    En proposiciones tan simples está contenido todo el Derecho que nació de las cenizas humeantes del Antiguo Régimen. Todas las revoluciones que para derrocarlo costaron tanta fatiga, tanto dolor y tanta sangre se resumen en estos principios que patearon los magistrados Pareja y Poveda, para vergüenza suya, de la Justicia y de Colombia.
    Ni las Fuerzas Militares ni la Policía fueron juzgadas con el coronel Plazas. Ni se las citó, ni las oyeron, ni se produjo en su contra prueba alguna, ni se hizo respecto a su conducta estimación de ninguna naturaleza. Y las condenaron.
    Y no solo las condenaron en proceso ajeno. Las condenaron a una pena que no está prevista en la ley colombiana. La humillación pública no forma parte de nuestro sistema punitivo. Aquello fue cosa de otros tiempos. El sambenito de la inquisición; la cabeza exhibida al público por el verdugo después del hachazo o de la guillotina; el cuerpo sangriento expuesto al odio o al terror del pueblo; la cabeza paseada en escarpas o guardada en jaulas; los azotes ante espectadores repugnados o entusiastas; las retractaciones arrancadas en el tormento o las confesiones humillantes, como en los juicios estalinianos, todo es parte de una Historia vencida, que no se puede dejar resucitar.
    El Ejército y la Policía fueron condenados a penas inexistentes y a sufrir el más detestable de los tratamientos, de las degradaciones, de las crueldades. Pedir público perdón por cumplir el deber, por defender los más preciados valores de la Democracia, por arriesgar la vida para salvar la de otros es la peor ofensa irrogada nunca a hombres y mujeres de honor. Esa sentencia no es solo antijurídica, es un detestable acto de terror contra las instituciones más amadas por el pueblo colombiano.
    El Estado también se llevó su parte. Cuando el Tribunal decidió acudir a la Corte Penal Internacional no solo cometió un disparate, sino que nos condenó sin juicio a todos los colombianos. A exhibirnos ante el mundo como un pueblo de salvajes donde no hay jueces, ni garantías para ellos, ni rastros de Estado de Derecho. Esa ignominia la cometieron en apariencia contra un hombre benemérito, cargado de años y merecimientos, el presidente Betancur y contra todos sus ministros. Y no es una compulsa de copias. Porque Pareja y Poveda no pueden ser ignorantes a tal extremo. Ellos saben que la Corte no aceptará competencia por hechos desfasados 27 años respecto a sus atribuciones. Pero no se trataba de juzgar. Se trataba de meter una tarascada, de satisfacer odios, de gozar un triunfo político, a costa de la majestad de la justicia y del honor de Colombia. La de Plazas tendrá tiempo. No hay espacio ni prisa.

La venganza del M-19

08 de febrero de 2012 | Zona franca | Por: José Obdulio Gaviria

¿Qué hacer contra el triunfante designio vengativo del M-19, materializado en la sentencia contra el Ejército -encarnado en el coronel Plazas- y contra el gobierno de Belisario?

El problema del M-19 es que la sociedad los perdonó pero ellos nunca se arrepintieron.

   El criminal asalto al Palacio de Justicia, su ideación, preparativos, y la acción misma, involucró a todo el M-19. Nadie fue ajeno al acto terrorista; ninguno podrá decir que nada sabía. Para ellos, los atacantes del Palacio son héroes a quienes envidian por haber alcanzado la palma del martirio; cantan loas a su valentía, enaltecen su memoria.
    ¿Por qué lo afirmo? Ellos mismos lo dijeron, altaneros, en declaración del 11 de noviembre de 1985, cuando aún no se apagaban las llamas infames que encendieron con su fanatismo: "Llegamos ante la Corte Suprema de Justicia para presentar las demandas de una nación que se desangra y se asfixia". En ese documento, el M-19 describió la batalla por el Palacio con tal detalle, que nadie puede dudar que también actuaba en la retaguardia: "Nuestra defensa estaba organizada con base en el enfrentamiento militar y no en la toma de rehenes (...) De parte nuestra, nunca hubo ultimátum ni amenazas al Gobierno ni a las personas retenidas (¡!)". Sus expresiones son soberbias: "En ningún momento planteamos la disposición a la rendición humillante y vergonzosa (...) la resistencia (mostró) el temple y el heroísmo de los oficiales de Bolívar en forma jamás vista en este país". Desde entonces, el 'M' ha dedicado su esfuerzo a construir un monumento moral a sus "héroes" caídos en esa batalla y, sobre todo, a vengarlos.
    Los demócratas somos respetuosos de las decisiones judiciales. Pero, ¿qué decir cuando el poder judicial obra como instrumento de una política? ¿Qué hacer cuando el juez es instrumento de una venganza? Los Estados Unidos vivieron esa experiencia, que se conoce como el caso Scott (1857). Taney, presidente de la CSJ, en clara contradicción con la filosofía de los Padres Fundadores, pretendió que los negros nunca podrían ser ciudadanos de los Estados Unidos, porque ellos eran equivalentes a una cosa, un objeto cuya propiedad era inalienable. El Partido Republicano y su líder, Abraham Lincoln, convirtieron la rebeldía contra semejante sentencia en su principal punto programático. Fueron necesarios el triunfo de Lincoln y una sangrienta guerra civil para derogar tamaño engendro jurisprudencial.
    ¿Qué hacer contra el triunfante designio vengativo del M-19, materializado en la sentencia contra el Ejército de Colombia -encarnado en el coronel Plazas- y, de contera, contra el gobierno de Belisario? Tanta sed de vindicta solo tiene parangón en el protagonista del cuento de Alan Poe El barril de amontillado. Cualquier rencoroso es un mero aprendiz al lado de ellos. ¡Lograron urdir con éxito una nueva versión de la Operación 'Antonio Nariño por los Derechos del Hombre' después de que la de 1985 les fracasó! Increíble. Ellos, en su manifiesto, habían anunciado que continuarían la toma, "pero no como demanda sino como sentencia por la decisión política y militar del Gobierno, que arrasó a quienes estaban ahí (...)". ¡Y vaya si lo están cumpliendo!
    La condena contra Plazas es un primer paso en el sendero del "desagravio" al que creen tener derecho. El magistrado (militante del Polo, es decir, conmilitón del M-19) ideó una forma de arruinar la moral del Ejército, que es su verdadero objetivo de enjuiciamiento. ¿Pueden creer que pretende obligar al Ejército a (celebrar) "acto público en la Plaza de Bolívar pidiendo perdón a la comunidad por los delitos ejecutados en noviembre de 1985"?
    El problema del M-19 es que la sociedad los perdonó pero ellos nunca se arrepintieron. Pues, ¡a ponerlos en cintura! Que reviva el fantasma del holocausto, pero para ellos, que lo ocasionaron. Por eso varios juristas preparan demanda contra la Ley 77 de 1989, la que les concedió amnistía e indulto.