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¿Estamos pactando con el diablo?

 De sur a sur | Por: NATALIA  SPRINGER | Publicado: sep. 24, 2012 
Mienten las Farc cuando, torciendo las palabras, se niegan a aceptar que fueron ellos los que se inventaron el secuestro, los que convirtieron en ley propia una obscena forma de esclavitud y tráfico de personas.
¿Qué legitimidad, si alguna ostenta, tiene una negociación con enemigos de los más básicos principios de la dignidad humana…?
Mienten las Farc cuando, torciendo las palabras, se niegan a aceptar que fueron ellos los que se inventaron el secuestro, los que convirtieron en ley propia una obscena forma de esclavitud y tráfico de personas. Mienten cuando se resisten a aceptar que hicieron del Caguán un campo de concentración. Esa es una imagen angustiosamente inolvidable: la cochera con paredes de alambre de púas en la que permanecían decenas de víctimas encadenadas al cuello. Mienten cuando aseguran que nada tienen que ver con el narcotráfico, que no reclutan niños y niñas, que no hay esclavitud sexual en sus filas, que no han causado dolor y que nada les deben a sus víctimas, porque las víctimas son ellos.
Y entonces es aquí donde hay que preguntarse: ¿qué y con quién estamos negociando? ¿Qué legitimidad, si alguna ostenta, tiene una negociación con enemigos de los más básicos principios de la dignidad humana, en cuya defensa hemos justificado el uso de la fuerza?
La admisión de fondo de este proceso de paz consiste en aceptar que las Farc no son un capricho ideológico, nacido de la imaginación de un megalómano, como sí sucedió con Sendero Luminoso en el Perú, ni representan el trasnochado sueño comunista, ni son la versión criolla de Al Qaeda. Las Farc representan, lamentablemente, el último lastre histórico, la gran deuda pendiente de la institucionalidad colombiana con la agenda política de los movimientos de los 60. Hay que resolver el pacto inconcluso con el liberalismo campesino deliberante y la agenda agraria, que terminaron sacrificados por la cúpula que negoció el Frente Nacional. Esa es una deuda que aún hoy nos sitúa como una de las naciones más desiguales del planeta.
Esta negociación le da al Estado colombiano la excepcional oportunidad de poner en marcha mecanismos que permitan erradicar esas grandes desigualdades que empiezan (no terminan) en el campo y que no podrían abordarse por los medios actuales sin desatar una (otra) guerra civil. Es la oportunidad de saldar la deuda de integración regional.
¿Cómo desandar tanta barbarie? De aquí se deriva nuestra primera obligación. Como sociedad, es nuestro deber exigir que el primer objetivo de esta negociación no sea el cese del fuego. A las Farc no hay que creerles, hay que exigirles la adherencia a los principios del Derecho Internacional Humanitario bajo estrictos parámetros de verificación, como en su momento sucedió con el Frente Sandinista en Nicaragua, el FMLN en El Salvador y la URNG en Guatemala.
Ya en ese camino, tal vez tengamos la oportunidad de empezar a enfrentar la agenda del siglo XXI. El diagnóstico es sombrío. Tenemos un estado de barbarie bien gerenciado, aspiracional, enmarcado por leyes magníficas, transitado por millones de víctimas, señalado como la peor crisis de desplazamiento en el planeta, amenazado por cientos de bandas criminales. Nuestra paz está en la transición, en la reformulación de un pacto de civilidad que no tenemos, en el que quepamos todos, en el que "cada colombiano deje de ser un enemigo".
En ese sentido, hace falta y es correcto trazar como meta una comisión de la verdad como instrumento de diagnóstico, como catarsis, como estación indispensable hacia la reconciliación. Nos permitirá mirarnos al espejo y, sobre todo, revisar el pacto de civilidad que tanto necesitamos para repensar esa cultura maldita que sustancia todos nuestros problemas: la pobreza como sinónimo de invisibilidad, la exclusión, el ejercicio de la política y las formas de representación, etc.
Y, por supuesto, debe posicionarnos en la agenda global: ¿es sostenible la actual alianza en la fallida guerra contra las drogas, una guerra cuyas consecuencias amenazan la estabilidad y la viabilidad del Estado, no solo en Colombia, sino en toda la región? Es largo el camino, pero hay que empezar a soñarlo.
Natalia Springer

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