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Papas calientes

24 de marzo de 2012 | OPINIÓN | Por: MARÍA ISABEL RUEDA

Estamos empezando una nueva etapa de la justicia. Por un lado, con una Corte renovada, menos politizada. Y por el otro, con un Fiscal elegido en propiedad y con vocación de permanencia.

Doctor Montealegre, lo considero. No lo esperan solamente papas calientes.

A juzgar por la rapidez y la seriedad como designó Fiscal al penalista Eduardo Montealegre, en una elección a prueba de sospechas, esta no es la misma Corte que tuvo al país en vilo por razones políticas al negarse a elegir Fiscal.
Pueda ser entonces que estemos empezando una nueva etapa de la justicia. Por un lado, con una Corte renovada, menos politizada. Y por el otro, con un Fiscal elegido en propiedad y con vocación de permanencia, que recibe en sus manos las siguientes papas calientes.
PAPA CALIENTE de los exfuncionarios del gobierno Uribe. "Seré, ante todo, un juez que no tendrá agenda política", prometió Montealegre apenas supo de su elección. Si lo dice con sinceridad, por fin habrá la tranquilidad de que los exministros y demás exfuncionarios del gobierno Uribe con procesos abiertos serán condenados por cohecho solo si lo cometieron. Y ya no habrá disculpas para la búsqueda de los asilos diplomáticos del uribismo.
PAPA CALIENTE de la reforma de la justicia. Montealegre fue asesor de cabecera del proyecto de reforma que el Gobierno presentó ante el Congreso. No debe suceder ahora que, con gratitud por su elección con la Corte, el nuevo Fiscal se distraiga de su deber de atender los aspectos criminales de su cargo y se ponga de mediador político entre la Corte, el Gobierno y el Congreso, para que no le quiten las dañinas facultades políticas de elegir funcionarios, o para que no le impongan un cuerpo de vigilancia que reemplace la inocua Comisión de Acusación de la Cámara. La Corte denuncia a gritos que le quieren quitar "poder". El único "poder" legítimo de la Corte Suprema de Justicia es el que le permita dictar sus fallos y sentencias de manera independiente y oportuna.
PAPA CALIENTE de la ley de justicia y paz: esa ley no está funcionando. Hay 3 mil procesos parados. Solo 4 o 5 de ellos han finalizado con condena de cabecillas de las autodefensas.
PAPA CALIENTE del 'carrusel' de la contratación. Le recomendaría al nuevo Fiscal que revise todos los preacuerdos que hizo y también los que no hizo la anterior Fiscalía, porque sobre ellos recaen delicadas sospechas de interferencias interesadas. El 'carrusel' de la contratación en Bogotá es un proceso emblemático, y debido a ello exige gran eficiencia de la Fiscalía: por primera vez un caso de corrupción alcanza cabezas tan altas de la administración y permite detectar la triangulación vía contratistas y concejales, que sirvieron de motores y de cómplices.
PAPA CALIENTE de las bacrim: es el verdadero desafío de esta etapa de la Fiscalía. Porque la acción de la policía al capturar es inútil si no va acompañada de una efectiva judicialización. Hay una cifra escandalosa: el año pasado, de 57.900 capturas de la policía en virtud de la ley 1453 de convivencia ciudadana, ¡cerca de 45.900 personas fueron devueltas a la calle por diferentes factores de ineficiencia judicial! A ese ritmo, doctor Montealegre, vamos a perder la guerra contra la delincuencia común.
PAPA CALIENTE de la corrupción interna. La Fiscalía no ha estado exenta de ese fenómeno. Los grandes procesos toca traerlos al búnker de Bogotá por la falta de confianza en la tarea que se desarrolla territorialmente.
PAPA CALIENTE de la extinción de dominio. Los escasos procesos que se mueven son sobre garajes u otras propiedades insignificantes, y no sobre los grandes patrimonios de la delincuencia.
PAPA CALIENTE de las detenciones alegres. La pérdida de la libertad debe ser una rigurosa excepción para la gente que está procesada, y no un deporte-vitrina de la Fiscalía. En Colombia debe recuperarse la presunción de inocencia.
Doctor Montealegre, lo considero. No lo esperan solamente papas calientes. Lo esperan papas explosivas. Mire a ver cómo evita que le estallen en las manos.
Había una vez... Cuando se sabía en Colombia cuánto iba a durar un Fiscal. Por increíble que parezca, el período del que empieza todavía es un misterio.

Reconforta

24 de marzo de 2012 | COLUMNA | Por: RAFAEL NIETO LOAIZA

Cuando se quiere se puede y que la negativa a escoger de los candidatos que presentara Uribe sólo tenía el ánimo de bloquear, en una actitud prevaricadora.
En una democracia nadie puede estar por encima de la ley. Pero esos procesos deben estar fuera de toda sospecha. Y el de Restrepo no lo está.
Dos actos recientes nos reconcilian, así de manera parcial, con la administración de justicia. Uno, el nombramiento de Eduardo Montealegre como Fiscal General, de lejos el más calificado de la terna, y la rapidez con que la Corte eligió. Demuestra que cuando se quiere se puede y que la negativa a escoger de los candidatos que presentara Uribe sólo tenía el ánimo de bloquear, en una actitud prevaricadora, las funciones constitucionales del anterior Presidente. Como sea, es un paso fundamental elegir, por fin, al mejor de los ternados, y dejar de lado la interinidad en el ente acusador. Ningún país, y menos uno azotado por el crimen como Colombia, puede darse el lujo de no resolver los problemas que enfrenta el aparato encargado de investigar a los delincuentes.
El otro es la decisión de la Juez 54, Johana Rodríguez, que revocó la medida de aseguramiento contra Luis Carlos Restrepo. La resolución, además, revierte el proceso de emisión de una circular roja de captura internacional.
Está fuera de duda que todas las personas, incluso los funcionarios públicos, deben ser objeto de investigación y juzgamiento, si hay indicios serios de que puedan haber cometido un delito. En una democracia nadie puede estar por encima de la ley. Pero esos procesos deben estar fuera de toda sospecha. Y el de Restrepo no lo está. En su caso, todo parece indicar que es víctima de la combinación entre la manía persecutoria de un sector judicial empeñado en encarcelar a cuanto uribista pueda y la venganza de los jefes paramilitares extraditados por el ex Presidente.
De hecho, el regaño de la juez Rodríguez a la Fiscalía confirma la hipótesis. Por un lado, no dudó en afirmar que “el señor Salvatore Mancuso lo que está haciendo es una retaliación frente al Gobierno Nacional” y ordenó investigarlo por los delitos en que pueda haber incurrido por sus declaraciones mentirosas. Aunque sea tarde, reconforta que un juez de la República acepte que es perfectamente plausible que los jefes paras estén declarando contra los funcionarios de Uribe para vengar su extradición. Cualquier sensato lo hubiera pensado desde un principio. Darles toda credibilidad solo puede ser resultado del ánimo de desarrollar proceso políticos contra los uribistas. Como mínimo se debería tomar distancia de lo que los criminales dicen.
Por el otro, la decisión de la Juez demuestra que la Fiscalía no tenía fundamento para pedir la medida de aseguramiento y que hizo mal su tarea. De paso, da un respiro a quienes creemos que la privación de la libertad debe ser siempre una medida excepcional. Hay que poner fin a la verdad popular de que en Colombia una orden de captura y un carcelazo no se le niegan a nadie. Ojalá el ejemplo de la Juez lo aprendieran también en la sala penal de la Suprema, tan dada a privar de la libertad a cuanto congresista urbista está en sus manos.
La decisión de la Juez no pone fin al proceso por los delitos que se hayan cometido en la desmovilización del Cacica Gaitana. Si se comprueban, deberán producirse las condenas del caso. Pero al menos permite asegurar que en el entretanto no se someterá a Restrepo a una injusta y humillante privación de la libertad.
En esas nuevas condiciones, el ex Alto Comisionado debería regresar al país. Yo sigo convencido de que hay una persecución política contra él, pero la decisión de la Juez 54 da nuevas garantías para que se haga verdadera justicia.