24 de marzo de 2012 | COLUMNA | Por: RAFAEL NIETO LOAIZA

Cuando se quiere se puede y que la negativa a escoger de los candidatos que presentara Uribe sólo tenía el ánimo de bloquear, en una actitud prevaricadora.

En una democracia nadie puede estar por encima de la ley. Pero esos procesos deben estar fuera de toda sospecha. Y el de Restrepo no lo está.

Dos actos recientes nos reconcilian, así de manera parcial, con la administración de justicia. Uno, el nombramiento de Eduardo Montealegre como Fiscal General, de lejos el más calificado de la terna, y la rapidez con que la Corte eligió. Demuestra que cuando se quiere se puede y que la negativa a escoger de los candidatos que presentara Uribe sólo tenía el ánimo de bloquear, en una actitud prevaricadora, las funciones constitucionales del anterior Presidente. Como sea, es un paso fundamental elegir, por fin, al mejor de los ternados, y dejar de lado la interinidad en el ente acusador. Ningún país, y menos uno azotado por el crimen como Colombia, puede darse el lujo de no resolver los problemas que enfrenta el aparato encargado de investigar a los delincuentes.

El otro es la decisión de la Juez 54, Johana Rodríguez, que revocó la medida de aseguramiento contra Luis Carlos Restrepo. La resolución, además, revierte el proceso de emisión de una circular roja de captura internacional.

Está fuera de duda que todas las personas, incluso los funcionarios públicos, deben ser objeto de investigación y juzgamiento, si hay indicios serios de que puedan haber cometido un delito. En una democracia nadie puede estar por encima de la ley. Pero esos procesos deben estar fuera de toda sospecha. Y el de Restrepo no lo está. En su caso, todo parece indicar que es víctima de la combinación entre la manía persecutoria de un sector judicial empeñado en encarcelar a cuanto uribista pueda y la venganza de los jefes paramilitares extraditados por el ex Presidente.

De hecho, el regaño de la juez Rodríguez a la Fiscalía confirma la hipótesis. Por un lado, no dudó en afirmar que “el señor Salvatore Mancuso lo que está haciendo es una retaliación frente al Gobierno Nacional” y ordenó investigarlo por los delitos en que pueda haber incurrido por sus declaraciones mentirosas. Aunque sea tarde, reconforta que un juez de la República acepte que es perfectamente plausible que los jefes paras estén declarando contra los funcionarios de Uribe para vengar su extradición. Cualquier sensato lo hubiera pensado desde un principio. Darles toda credibilidad solo puede ser resultado del ánimo de desarrollar proceso políticos contra los uribistas. Como mínimo se debería tomar distancia de lo que los criminales dicen.

Por el otro, la decisión de la Juez demuestra que la Fiscalía no tenía fundamento para pedir la medida de aseguramiento y que hizo mal su tarea. De paso, da un respiro a quienes creemos que la privación de la libertad debe ser siempre una medida excepcional. Hay que poner fin a la verdad popular de que en Colombia una orden de captura y un carcelazo no se le niegan a nadie. Ojalá el ejemplo de la Juez lo aprendieran también en la sala penal de la Suprema, tan dada a privar de la libertad a cuanto congresista urbista está en sus manos.

La decisión de la Juez no pone fin al proceso por los delitos que se hayan cometido en la desmovilización del Cacica Gaitana. Si se comprueban, deberán producirse las condenas del caso. Pero al menos permite asegurar que en el entretanto no se someterá a Restrepo a una injusta y humillante privación de la libertad.

En esas nuevas condiciones, el ex Alto Comisionado debería regresar al país. Yo sigo convencido de que hay una persecución política contra él, pero la decisión de la Juez 54 da nuevas garantías para que se haga verdadera justicia.

EL PAÍS – Cali - Colombia