29 de Julio de 2011 | Sirirí | Por: Mario Fernando Prado
Frotándose las manos de la dicha están por estos días los antiuribistas. No esconden su felicidad, bien en lo que escriben o en lo que dicen. Hay un alborozo general en esas toldas, que no corresponde al sentir popular.
Si bien es cierto que “dura lex, sed lex”, no lo es menos que hay un tufillo político en esta decisión que ya ha cobrado como víctima a uno de los principales alfiles de Álvaro Uribe y que es —para ellos— la punta del iceberg.
Que vaya poniendo las barbas en remojo le han vociferado al expresidente, protagonizándose con ello un nuevo capítulo de la guerra —esta vez política— que ningún resultado positivo va a dejar.
Por el contrario, el clima de entendimiento que ha prometido la unidad nacional podría resquebrajarse y se podría incubar una nueva etapa de violencia partidista como en las épocas de Laureano Gómez y sus seguidores.
Y no es que Arias sea inocente o no: el problema es el escarnio público a que ha sido sometido con decisiones, aunque respetables, francamente subjetivas y producto más de venganzas intestinas que del sano ejercicio de la interpretación de las leyes.
Mandar a La Picota al exministro sin ser juzgado y menos condenado, es medida extrema con la que el país no está de acuerdo. Ya lo verán en las encuestas. Eso de meterlo tras las rejas no por ser un peligro para la sociedad, pero sí para obstruir y colocarle un palo en la rueda a la justicia, es tan ignominioso como debatible y más que eso, un campanazo de alerta por lo que se puede venir pierna arriba.
Hay que dejar que la justicia actúe y no anticiparse a emitir conceptos que riñan con la sapiencia de los códigos y de los jueces.
Igual sucede con la Fiscalía, merecedora de todo el respeto y acatamiento, pero ojo: Podría haber infiltradas las manos negras y demás luciferes y maquiavelos dándole pedal al asunto.
El problema es de interpretaciones y ojalá no de cargos. De ser así, estaríamos en una sin salida a merced de los vientos que soplan para un lado o para otro…
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