03 de febrero
de 2012 | La Claridad | Por: Paloma Valencia Laserna
En Colombia cada vez son más los que se sienten inseguros ante la Rama Judicial. La confianza en sus fallos decrece. La politización de la Justicia se vio cuando los magistrados salían de sus cargos para adentrarse en campañas políticas, pero se hizo notoria cuando políticos pasan a ser magistrados.
Uno de los autores
del fallo contra el coronel Plazas Vega; Alberto Poveda Perdomo fue
representante a la Cámara por el Frente Social, de ideología izquierdista.
Al inicio
del gobierno Santos se dieron los primeros ataques de las Farc y se alzaron
voces de alarma; el Presidente las descalificó. Algunos todavía insisten en que
se trata de un ánimo revanchista de los uribistas. Lo cierto es que este ha
sido el peor enero de los últimos 8 años; y febrero se inició con la muerte de
18 compatriotas y más de 100 heridos. Son hechos que el Gobierno no puede
seguir ignorando. Está pasando; la violencia está reviviendo.
Hay quienes
somos muy sensibles ante la seguridad, pues consideramos aquel, el valor
fundamental de la sociedad organizada. Las teorías que intentan explicar la
existencia del Estado muestran un vínculo entre la necesidad de protección y la
existencia del Estado. La seguridad es el cimiento de la legitimidad estatal,
la base para la prosperidad. Aún si dejamos de lado la filosofía, se trata de
un mero sentimiento de afinidad con otros colombianos; que no por vivir en
zonas alejadas pueden ser olvidados. El país no puede concentrarse en mirar
cifras económicas y exaltarse por el crecimiento de la minería y deleitarse por
la inversión extranjera, cuando el terrorismo se lleva por delante la vida, las
viviendas y la tranquilidad de algunos colombianos. No se puede llamar nación a
aquella que es indiferente al dolor de unos ciudadanos.
El otro
pilar sobre el que se erige el Estado es la administración de Justicia. La
función de resolver los conflictos sociales a través del Estado se asienta en
la idea de que un tercero, neutral y poderoso, es capaz de juzgar los hechos y
resolver -de acuerdo a las normas- con un sentido de justicia. En Colombia cada
vez son más los que se sienten inseguros ante la Rama Judicial. La confianza en
sus fallos decrece. La politización de la Justicia se vio cuando los
magistrados salían de sus cargos para adentrarse en campañas políticas, pero se
hizo notoria cuando políticos pasan a ser magistrados. Es el caso de uno de los
autores del fallo contra el coronel Plazas Vega; Alberto Poveda Perdomo fue
representante a la Cámara por el Frente Social, de ideología izquierdista. Es
evidente que todos tenemos cargas políticas, es humano; pero no es aceptable
que quienes militan con beligerancia en las ideologías pretendan luego impartir
justicia.
Los juicios
políticos corresponden al Congreso, pues este es elegido democráticamente y por
ello se supone un reflejo representativo de la sociedad. En la jurisdicción no
hay representatividad democrática, y sus decisiones deberían ser neutrales o
pretender serlo. Colombia requiere una reforma judicial total que tome en serio
el problema de la politización; tribunales conformados teniendo en cuenta la
ideología política y la conformación democrática del país; jurados de
conciencia integrados por ciudadanos; en fin, mecanismos que reconozcan que las
fuerzas ideológicas están presentes y por ello es necesario integrar el sentir
nacional a la hora de decidir lo que es justo.
Colombia no
puede seguir de espalda a estos dos problemas; dos de los pilares fundamentales
del Estado están en crisis. Frente a la violencia el Estado tendrá que actuar,
y resolver la desmotivación de las FF.AA., ligada en algún sentido a la
politización judicial. Es difícil articular una estrategia para solventar la
cuestión de la justicia, pero debemos ser creativos. La reforma en trámite no
resuelve casi nada. No se trata de revanchismos ni de luchas ideológicas o
entre las ramas del poder; es un conflicto que surge de un pobre diseño
institucional que debe ser acoplado a las realidades fácticas del país.
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