28 de abril de 2012 | La Claridad | Por: Paloma Valencia Laserna
Las 100 mil casas gratuitas que anunció el presidente Santos no cayeron tan bien como él esperaba.
Todos los analistas coinciden en señalar que se trata de un
programa improvisado, surgido de un intento por frenar el deterioro de la
imagen de Santos, que muestra una tendencia a la baja en las encuestas que
recogen la opinión nacional.
Sobre la
improvisación del asunto no hay duda; por un lado sale Vargas Lleras y anuncia
que serán 100 mil viviendas al año, y por el otro, aparece Echeverri, ministro
de Hacienda, indicando que las 100 mil viviendas se construirán en los
siguientes 6 años. La discusión puso de presente varias cuestiones
primordiales. El proyecto necesita financiación de 3 ó 4 billones de pesos que
no fueron aprobados en el presupuesto nacional de este año. No sabemos de dónde
saldrán, entonces, los 600 mil millones disponibles que anunció Echeverri.
Muchos se preguntan si el nuevo programa implica la cesación del proyecto de
vivienda subsidiada. Este establecía más de 500 mil subsidios, y aunque el
rezago en este programa es mayúsculo -en 2011 el Gobierno había entregado 18
mil subsidios: tan sólo al 10% de lo que debía entregar ese año- hay muchas
expectativas puestas ahí.
Ante las críticas
que calificaron el intento gubernamental como populista, Santos admitió que
pese a ello, lo hará. Sin embargo, olvida o pretende hacerlo, que la
Constitución limitó los apetitos demagógicos de los políticos mediante el
artículo 355 donde se prohíben las donaciones del Estado. Se trata de una norma
diseñada por el constituyente para contener los ánimos de regalar el
presupuesto nacional; pues ya son bien conocidos los resultados de este tipo de
políticas. El Presidente pretenderá burlar esta limitación constitucional y
regalar esos $4 billones; aunque sea con buenas intenciones, esto denota no
sólo improvisación sino irrespeto por la Carta. Eso aunado a que el proyecto
tampoco ha tenido el trámite que corresponde a estos asuntos, como su inclusión
en el Plan Nacional de Desarrollo.
Pero la semana tuvo
además otro incidente, tal vez con peores y más graves consecuencias para el
país. Luego del fracaso de la Cumbre de las Américas donde el ambiente fue tan
poco productivo que no hubo ánimo ni para firmar un inocuo documento final
(como se acostumbra en esos eventos); la Canciller acaba de cometer la torpeza
diplomática más grande que hayamos visto. Dijo que Colombia debe esperar un
fallo salomónico de la Corte Internacional de Justicia que evalúa la
reclamación de Nicaragua sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, y que seguramente por eso perderemos un ‘pedacito’. Los diarios
nicaragüenses celebraron la declaración, interpretada como el reconocimiento de
la causa de ese país; aquello es un insulto a los intereses nacionales y a los
argumentos de hecho y derecho que tiene nuestra Nación. Al mismo tiempo, con su
comentario la Canciller descalificó a los magistrados de la CIJ, pues sostuvo
que sus fallos no obedecen a razones de derecho sino al burdo principio de
partir por la mitad. Incluso hay quienes especulan que se trata de una maniobra
más de la Canciller para mantener las difíciles relaciones con el Alba.
La Canciller
comprometió gravemente los intereses de Colombia; el Presidente debe rectificar
esa declaración y el Congreso iniciar una moción de censura, pues su
declaración es inadmisible. Colombia tiene los argumentos para ganar este
proceso; una decisión contraria no es aceptable para el país, ni para el pueblo
y el territorio del archipiélago que es y debe seguir siendo colombiano.
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