6 de mayo de 2012 | La Claridad | Por:
Paloma Valencia Laserna
La seguridad en el país ha venido desmejorando; es alarmante y preocupa, y por eso conviene buscar las posibles causas. Esta semana se han dejado ver un par de paradojas que afectan la seguridad y la justicia, y conviene denunciarlas.
Al Gobierno Nacional no le gusta la crítica política y la
oposición está condenada a epítetos para descalificarla como los de ‘mano
negra’ o ‘idiotas útiles’
En el Congreso se
tramita el fuero militar y se discuten los mecanismos para evitar que los
delitos de lesa humanidad y los crímenes atroces de los militares sean juzgados
por la Justicia Penal Militar -pues según la Comisión de expertos, eso daría
lugar a la impunidad; y al mismo tiempo, se avanza en la aprobación del Marco
Jurídico para la Paz que otorga beneficios a los miembros de grupos armados al
margen de la ley y consagra la impunidad para ellos. La contradicción es
evidente: los guerrilleros dedicados al narcoterrorismo y que han sembrado el
dolor en tantos pueblos y ciudades colombianas, tienen en Roy Barreras y la
Unidad Nacional la garantía para obtener mecanismos para su reinserción en
condiciones de impunidad. Esto contrasta con la situación de militares: para
ellos no hay rebajas y concesiones; se busca endurecer sus juicios a pesar de
que ellos están dedicados a la defensa de la democracia y la protección de la
ciudadanía.
Sobre el mismo Marco
Jurídico para la Paz muchos colombianos venimos haciendo la advertencia de que
se trata de un proyecto que no debe ser aprobado, pues consagra elementos que
darán lugar a la impunidad. El texto dice que la Justicia Transicional tendrá criterios
de priorización y selección; y corresponderá a la Fiscalía determinar contra
quienes suspenderán la ejecución de la pena y contra quienes cesarán la
persecución judicial. Y además establece el terrible principio de que sólo se
procesará a los máximos responsables de delitos que adquieran la connotación de
crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. No hay que ser un estudioso
del derecho para entender que el castigo de estos crímenes será sólo para
algunos cabecillas; o incluso los cabecillas podrán responsabilizar a mandos
medios para salir libres.
En ese mismo
sentido, se expresó el expresidente Uribe y, además, recalcó la necesidad de
que los derechos políticos de los reinsertados fueran limitados para evitar que
la violencia sea -otra vez- un vehículo político. Sin embargo, aquellos
comentarios fueron ignorados; no le merecieron al Gobierno ninguna respuesta.
Paradójicamente apareció Human Rights Watch y opinó lo mismo; pero la voz de
Vivanco removió al Gobierno, lo que ha dado lugar a nutridas respuestas y
justificaciones del proyecto.
El hecho es
desconcertante; corrobora que al Gobierno Nacional no le gusta la crítica
política y que la oposición está condenada a epítetos para descalificarla como
los de ‘mano negra’ o ‘idiotas útiles’, y muestra esa tendencia a prestar más
importancia a los organismos internacionales que a los propios nacionales.
Sobre la ausencia de oposición y la necesidad de que este Gobierno oiga a sus
críticos se ha dicho mucho, así que conviene adentrarlos en el análisis de la
internacionalización de nuestros problemas.
La idea, ya muy
arraigada entre nosotros, de que la comunidad internacional vive pendiente de
lo que sucede en Colombia es falsa, y confunde esa comunidad con la sociedad
global. Lo cierto es que los colombianos somos los únicos llamados a solucionar
nuestro conflicto, pues nos afecta a nosotros. Se trata de la construcción de
nuestra sociedad y nuestra nación. Las colaboraciones internacionales son bien
recibidas, pero no pueden marcar la pauta de nuestro debate y nuestras
decisiones.
Fecha: Mayo 4, 2012
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1 comentarios:
Buena aportacion a la red, suelo visitar tu blog con frecuencia
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