El poder enfrentado

La elección del Fiscal General de la Nación ha incitado a nuestros periodistas a tratar de convencernos de que presenciamos un enfrentamiento de poderes

La elección del Fiscal General de la Nación ha incitado a nuestros periodistas a tratar de convencernos de que estamos presenciando un enfrentamiento de poderes. Pero nadie se ha detenido a estudiar los intereses personales de los protagonistas. Detrás de ellos se oculta un establecimiento político casi monolítico.
La política ha sido a veces un mecanismo válido de movilidad social y, en las últimas décadas, el narcotráfico y la corrupción han dinamizado el acceso al control de la burocracia estatal y de los recursos públicos. En los últimos años acaso ningún político ha entendido mejor nuestro establecimiento que Javier Cáceres, actual presidente del Congreso. Durante la presidencia del Senado de Fabio Valencia, actual Ministro del Interior, Cáceres se hizo conocer a nivel nacional cuando participó en un debate sobre corrupción en el que enlodó a tecnócratas y contratistas del Ministerio de Transporte sin inculpar a quienes estaban involucrados en el tráfico de influencias.
Más recientemente, la prensa nos recordó su sorprendente historia cuando los políticos violaron el pacto para las presidencias y vicepresidencias de Senado y Cámara. Recapitulemos: el Sr. Cáceres participó en el último gobierno conservador como liberal con Pastrana, fue fundador del Polo Democrático Alternativo y posteriormente entró a Cambio Radical arrastrando una de las más altas votaciones del país.
Desde que llegó Álvaro Uribe al poder, Cáceres ha sido uribista y esa condición le ha representado cuotas burocráticas. Su elección como cabeza del Legislativo, evitó que Luis Alfredo Ramos, el principal contendor político de Fabio Valencia en Antioquia, se quedara con la presidencia del Senado, a través de Gabriel Zapata. Al Sr. Cáceres podemos reconocerle una capacidad excepcional para adaptar su persona y su discurso a los vaivenes políticos colombianos.
Los medios de comunicación han asegurado que Guillermo Mendoza, fiscal general de la Nación (e), es de la misma corriente política del senador Cáceres, y que su hermano Jorge Mendoza fue nombrado por el Gobierno Nacional como gobernador (e) del departamento de Bolívar, por la suspensión del elegido Sr. Berrío. El Fiscal General de la Nación (e) fue nombrado por este Gobierno y en múltiples ocasiones reemplazó a Mario Iguarán. Muchos colombianos, incluyendo la mayor parte de los congresistas, confían en su buen criterio jurídico.
Augusto Ibáñez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, participó y no fue elegido en una lista al Congreso por el partido Cambio Radical, antes de ser cooptado para su actual puesto. La Corte Suprema de Justicia insiste en que quiere nombrar a un penalista como Fiscal General de la Nación. Los recientes argumentos que han presentado los magistrados, a través de su presidente, parecen tácticas de dilación y de política más que argumentos jurídicos. Periodistas y magistrados han olvidado que, en la corta historia de dicha institución, quienes han sabido de derecho penal han sido los vicefiscales. Uno de los más destacados fue Adolfo Salamanca, por su participación en el manejo del proceso 8.000. Acaso la Corte no quiere nombrar un penalista sino simplemente alargar la interinidad del Sr. Mendoza hasta después de las elecciones parlamentarias de marzo.
La política colombiana es más monolítica que lo que piensan los periodistas. Es más fácil imaginar choque de trenes, o riñas fantasmas entre imaginarias facciones, que pensar en las razones o intereses que se esconden detrás de las supuestas discrepancias. El presidente del Congreso, el presidente de la Corte y el Fiscal (e) son afines al partido Cambio Radical, que, por dividido que esté, sigue participando en la burocracia estatal.
En un país excluyente, el narcotráfico, la corrupción y el control de las burocracias estatales han permitido un repentino acceso a sectores excluidos de la política hace unas décadas. Hoy hay en Colombia personas que representan clases emergentes con intereses distintos a los de los individuos que tradicionalmente manejaban el poder en Bogotá, pero esto no quiere decir que haya enfrentamiento de poderes. Quizás ahora más que nunca se haya consolidado el poder en un solo frente.

Alicia Eugenia Silva

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