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Dic 10 de 1948
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Antanas Mockus y el Estado fallido

por:Eduardo Mackenzie

¿Si Antanas Mockus es elegido presidente llevará a Colombia, de nuevo, a ser un Estado fallido? Muy probablemente, pues Antanas ya hizo parte de eso, cuando era alcalde de Bogotá, y desde entonces no ha cambiado de ideas. 

Recordemos un episodio de junio de 2002 para ver esto con claridad.

El presidente Andrés Pastrana está en ese momento al final de su mandato. Colombia acaba de elegir un nuevo presidente de la República: Álvaro Uribe. Furiosas, las FARC redoblan sus ataques. Todos los alcaldes son amenazados. Ellos deben renunciar si no quieren ser asesinados.

A comienzos de ese mes las FARC habían ultimado a un alcalde y a ocho líderes cívicos. La ofensiva había comenzado meses atrás. El 22 de enero las FARC habían tratado de inundar a Bogotá. Dinamitan la gran válvula que regula los embalses de Chuza y Chingaza. La presa no cede y la tragedia es evitada.

El 20 de febrero, las FARC se apoderan de un avión de Aires, con 34 personas a bordo, y secuestran al senador Jorge Eduardo Gechen, presidente de la comisión de paz del Congreso.

Ante eso, Pastrana pone fin ese día a las negociaciones de paz con las FARC. El 22, las fuerzas militares ingresan a la zona desmilitarizada (42 000 km²). Al día siguiente, Ingrid Betancourt y Clara Rojas son secuestradas. En abril, las FARC anuncian que quieren apoderarse de la mitad sur del país. El 2 de mayo masacran a 119 personas en Bojayá.

El 15 de mayo Alfonso Cano le exige a Pastrana desmilitarizar los departamentos de Caquetá y Putumayo (115.755 km²), si quería abrir un nuevo “dialogo de paz”.

La situación es grave pero Andrés Pastrana rehúsa declarar el estado de conmoción interior. Anuncia otras medidas, como nombrar una comisión, hacer unas giras para ‘acompañar” a los alcaldes y pedir la “solidaridad internacional”. Los alcaldes protestan. “El gobierno tiene que tomar medidas más efectivas para que, al menos, se paralice el problema”, declara Luis Pérez Gutiérrez, alcalde de Medellín. El de Cali, John Mario Rodríguez,también pide hacer algo. La Fenacon (Federación nacional de concejos) denuncia que 4 000 concejales está amenazados de muerte por los violentos y que 2 500 fueron intimidados en los dos últimos días.

En vista de la parálisis del gobierno, el pánico cunde entre los alcaldes.

Veintitrés alcaldes de Antioquia renuncian. Lo mismo hacen tres de Caldas y 97 funcionarios de Arauca. (BBC News, 24 june 2002). Y el debate se acalora.

El sector uribista pide a Pastrana declarar la conmoción interior para contrarrestar la ofensiva terrorista.

El futuro ministro del Interior de Uribe, Fernando Londoño, y el senador liberal Luis Guillermo Vélez, piden que se dicten medidas especiales, “llámense cómos se llamen”. Antanas Mockus, quien dice no querer dejarse intimidar por las FARC, interviene para decir que “es evidente que hay que ensayar otros mecanismos”.

¿Pero cuáles? El no lo dice. Lo que propone es continuar la parálisis. Para él revivir la figura del estado de sitio significaría “restringir las libertades”. Mockus es hostil incluso a la conmoción interior que prevé la Constitución de 1991 para enfrentar ese tipo de amenazas. “Lo importante no es tomar medidas al amparo de la conmoción interior o de los estados de sitio que existieron en el pasado, reitera, sino el alcance que tengan para responder a la situación”.

Sobre la conmoción interior, Mockus insiste: “Hay que mirar con mucho cuidado esa herramienta”. (El Tiempo, Bogotá 24 de junio de 2002).

Las maniobras para paralizar a Pastrana tenía unos actores precisos y Mockus no hacía más que repetir lo que éstos habían exigido tres días antes.

En efecto, contra las medidas especiales se habían pronunciado en forma vehemente los jefes de la oposición: el ex magistrado Carlos Gaviria, Antonio Navarro Wolf y el comité central del partido comunista colombiano (Ver El Tiempo, 21 de junio de 2002).

Las FARC declaran, por su parte, que la idea de Álvaro Uribe de declarar el estado de sitio es una “declaración de guerra” (Ver inhuanet, 26 de junio de 2002).

Con esos antecedentes se llega al 7 de agosto de 2002. Durante la ceremonia de toma de posesión, las FARC intentan asesinar, una vez más, al presidente Uribe: lanzan 15 obuses contra el palacio de Nariño y el Capitolio, sede del Congreso. Algunos caen en esos lugares y otros en puntos diferentes de la capital. Uno de ellos estalla en la “calle del cartucho” y mata a 16 indigentes. Otras cinco personas mueren en diferentes lugares.

Tal catástrofe pudo haber sido evitada. Pero no lo fue.

Desde el 13 de junio de 2002 las autoridades sabían que las FARC preparaban varios atentados contra el nuevo presidente.

Nueve presuntos terroristas habían sido capturados en Bogotá, gracias a las revelaciones de un ex miembro de la “red urbana Antonio Nariño”, de las FARC. La policía encontró en varias casas lanzagranadas, explosivos, detonadores, pistolas, dinero, propaganda y mapas de la ciudad. Y, sobre todo, una rampa para lanzar cilindros de gas. (El Tiempo, 2 de agosto de 2002).

Ese 4 de agosto, el DAS descubre el plan exacto que tenían las FARC para atentar contra Álvaro Uribe. El helicóptero que él iba a utilizar para ir a la posesión sería derribado. Otro grupo lanzará morteros contra el sector del Capitolio. Otros seis “milicianos”, que disponían de fusiles con mira telescópica, 15 granadas y otras armas, son detenidos.

Pero eso no basta.

Otras células de las FARC en Bogotá siguen activas y harán posible la matanza del 7 de agosto.

¿Por qué? Porque las autoridades nacionales y el alcalde Mockus estimaban que las medidas especiales contra los terroristas en Bogotá no eran necesarias, que sólo bastaban las facultades ordinarias de la policía.


Esa manera angelista e irresponsable de ver las cosas siguió haciendo estragos.

El 26 de noviembre de 2002, la Corte Constitucional declaró nulas varias medidas de orden público dictadas por el presidente Uribe.

Entre ellas, las zonas de rehabilitación. Destinadas a facilitar la lucha contra las FARC, éstas son declaradas “inconstitucionales”, como lo pedía Carlos Gaviria.

Antanas Mockus no abrió la boca para oponerse a eso.

El 7 de febrero de 2003, el terror regresa a Bogotá: 37 civiles inocentes, entre ellos 6 niños, perecen en el atentado contra el club El Nogal. Otras 157 personas son heridas.

Los electores colombianos deben reflexionar sobre esos hechos del pasado.

Pues la historia, a veces, se repite.

¿Con esa actitud Antanas Mockus podrá defender a Colombia de la doble guerra, la de las FARC y la que dirige en estos momentos el tirano venezolano Hugo Chávez?

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