09 de octubre de 2011 | OPINIÓN | Por: RAFAEL NIETO LOAIZA
Militares y policías están completamente desprotegidos y en manos de fiscales y jueces que, como los de Arias Cabrales, Uscátegui y Plazas Vega, se ensañan contra ellos como si se tratara de criminales de la peor calaña, violando sus derechos más fundamentales.
No tengo duda de que militares y policías deben ajustar
su comportamiento de manera estricta a los derechos humanos, cuando se trata de
situaciones cotidianas y ordinarias, y al derecho internacional humanitario,
cuando entran en combate. Digo también que las violaciones a los derechos
humanos y al DIH son intolerables y que deben ser sancionadas con firmeza. Y
reafirmo que sólo con respeto de los derechos humanos y el DIH se obtiene la
legitimidad indispensable para triunfar en el conflicto que sufrimos.
Dicho esto, sostengo que en las condiciones actuales de inseguridad jurídica y de amenazas a la libertad y a las carreras profesionales de los miembros de nuestra fuerza pública, no sólo se comete una injusticia atroz contra nuestros soldados y policías, sino que no será posible ponerle fin a la violencia que sufrimos.
De los varios riesgos que se ciernen sobre las cabezas de los uniformados, dos son quizás los más importantes. La ausencia de reglas claras para evaluar su conducta es el primero. Lo lógico sería que cuando de combates se trate, las acciones militares y policiales sean regidas por el DIH, creado y construido en forma específica para regular la guerra. Es lo que ocurre en todo el mundo cuando se viven conflictos armados. Pero en Colombia las cortes, en su espléndida ignorancia del derecho internacional, han hecho un menjurje espantoso de normas internas e interpretaciones descabelladas de las internacionales. El resultado es que en realidad en nuestro país no se aplica el DIH.
Así que aunque se diga y se repita que estamos en un conflicto armado, la conducta en combate de nuestros militares y policías se está juzgando a la luz de los derechos humanos, creado para tiempos de paz y pensado para controlar al delincuente común y nunca para enfrentar los grupos armados que nos asuelan. El resultado es maniatar a la Fuerza Pública y darle una ventaja inconmensurable a los violentos. ¿La última joya? La decisión de la Sala Penal de no aceptar los juiciosos argumentos del Procurador sobre los computadores de Reyes, dizque porque esa operación tenía que regirse sólo por las normas procesales internas y no por el DIH. Que ese "argumento" sea estúpido y traiga como consecuencia que la fuente más importante de información sobre las Farc que haya estado nunca en manos del Estado no sirva sino para botar a la basura, ha dejado sin cuidado a los flamantes magistrados.
El otro peligro es el colapso de la justicia penal militar. En un conflicto armado, la conducta de los militares y policías debe ser investigada y juzgada por jueces especiales, conocedores de los avatares de la guerra y con formación y experiencia suficientes para poder evaluar a quienes participan en el conflicto. En Colombia, como fruto de decisiones políticas equivocadas, de presiones de las oenegés y de la infiltración comunista en el sistema judicial, la justicia penal militar ha dejado de existir.
Al final, militares y policías están completamente desprotegidos y en manos de fiscales y jueces que, como los de Arias Cabrales, Uscátegui y Plazas Vega, se ensañan contra ellos como si se tratara de criminales de la peor calaña, violando sus derechos más fundamentales. En esas condiciones no hay Ejército que opere. Exactamente lo que nos está pasando. Recuperar y fortalecer la justicia penal militar no admite más demora.
Dicho esto, sostengo que en las condiciones actuales de inseguridad jurídica y de amenazas a la libertad y a las carreras profesionales de los miembros de nuestra fuerza pública, no sólo se comete una injusticia atroz contra nuestros soldados y policías, sino que no será posible ponerle fin a la violencia que sufrimos.
De los varios riesgos que se ciernen sobre las cabezas de los uniformados, dos son quizás los más importantes. La ausencia de reglas claras para evaluar su conducta es el primero. Lo lógico sería que cuando de combates se trate, las acciones militares y policiales sean regidas por el DIH, creado y construido en forma específica para regular la guerra. Es lo que ocurre en todo el mundo cuando se viven conflictos armados. Pero en Colombia las cortes, en su espléndida ignorancia del derecho internacional, han hecho un menjurje espantoso de normas internas e interpretaciones descabelladas de las internacionales. El resultado es que en realidad en nuestro país no se aplica el DIH.
Así que aunque se diga y se repita que estamos en un conflicto armado, la conducta en combate de nuestros militares y policías se está juzgando a la luz de los derechos humanos, creado para tiempos de paz y pensado para controlar al delincuente común y nunca para enfrentar los grupos armados que nos asuelan. El resultado es maniatar a la Fuerza Pública y darle una ventaja inconmensurable a los violentos. ¿La última joya? La decisión de la Sala Penal de no aceptar los juiciosos argumentos del Procurador sobre los computadores de Reyes, dizque porque esa operación tenía que regirse sólo por las normas procesales internas y no por el DIH. Que ese "argumento" sea estúpido y traiga como consecuencia que la fuente más importante de información sobre las Farc que haya estado nunca en manos del Estado no sirva sino para botar a la basura, ha dejado sin cuidado a los flamantes magistrados.
El otro peligro es el colapso de la justicia penal militar. En un conflicto armado, la conducta de los militares y policías debe ser investigada y juzgada por jueces especiales, conocedores de los avatares de la guerra y con formación y experiencia suficientes para poder evaluar a quienes participan en el conflicto. En Colombia, como fruto de decisiones políticas equivocadas, de presiones de las oenegés y de la infiltración comunista en el sistema judicial, la justicia penal militar ha dejado de existir.
Al final, militares y policías están completamente desprotegidos y en manos de fiscales y jueces que, como los de Arias Cabrales, Uscátegui y Plazas Vega, se ensañan contra ellos como si se tratara de criminales de la peor calaña, violando sus derechos más fundamentales. En esas condiciones no hay Ejército que opere. Exactamente lo que nos está pasando. Recuperar y fortalecer la justicia penal militar no admite más demora.
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