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Injusta justicia

06 de febrero de 2012 | COLUMNA | Por: Mauricio Vargas

El fallo sobre Plazas es el último eslabón de una cadena de equivocaciones que premia a los guerrilleros y castiga a los militares.

La duda favorece a Piedad Córdoba, pero condena a Plazas.

Hace bien el presidente Juan Manuel Santos en renegar de su promesa de inicios de mandato -durante la engañosa luna de miel con las altas cortes- cuando aseguró que nunca criticaría un fallo judicial, y proceder ahora a cuestionar el del Tribunal Superior de Bogotá que condena a 30 años de prisión al coronel Alfonso Plazas Vega por su actuación en la toma del Palacio de Justicia. Fallo que, además, demanda que el presidente de entonces, Belisario Betancur, sea juzgado por la Corte Penal Internacional, y ordena al Ejército pedir perdón por los hechos.
Aunque los magistrados se molesten, todos los colombianos, incluido el Primer Mandatario, tenemos derecho a opinar sobre las decisiones de los tribunales. Otra cosa es que estemos obligados a acatarlas. Santos registra la misma molestia que millones de colombianos frente a la evolución de los procesos judiciales sobre las horas de terror vividas entre el 5 y el 6 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia.
Para las nuevas generaciones -y para los olvidadizos-, recordemos los hechos. Decenas de guerrilleros del M-19 se tomaron a sangre y fuego el Palacio, asesinaron a guardias y custodios, tomaron como rehenes a magistrados de las altas cortes, quemaron expedientes para ayudar a grandes capos de la mafia, y pusieron al país al borde del colapso absoluto. Pretendían hacerse fuertes, negociar un alto el fuego en el edificio y obligar al presidente Belisario Betancur, que tanto se excedió en generosidad e ingenuidad en su fallido proceso de paz, a hacerse presente para ser juzgado por los guerrilleros.
La reacción de los militares no se hizo esperar. Sin preparación alguna en este tipo de operaciones, pasaron una veintena de horas tratando de recuperar el edificio, algo que sólo lograron con su virtual destrucción y la muerte de decenas de empleados y magistrados, muchos de ellos asesinados a sangre fría por los asaltantes. Aunque es verdad que los militares salvaron la vida de muchos, también lo es que, en la paranoia antisubversiva de entonces, cometieron excesos y, sin duda, barbaridades, al detener a algunos de ellos, llevarlos sin orden judicial a instalaciones militares y, según testimonios, torturarlos y desaparecerlos.
De eso último ha sido acusado el entonces coronel Plazas, convertido en leyenda al responder en esas horas a un periodista que le preguntaba qué estaba haciendo: "Defendiendo la democracia", dijo sin titubeos. Ese protagonismo le granjeó odios que hoy le pasan la cuenta. Lo menos que se puede decir del fallo que lo condenó es que está lleno de vacíos y contradicciones, como lo demostró ayer en su columna de este diario mi colega María Isabel Rueda.
El quid del asunto es que millones de colombianos se niegan a entender que mientras algunos de los líderes del grupo asaltante hoy gobiernan a Bogotá por el favor de la misma democracia que Plazas decía defender, el militar retirado vaya a pasar el resto de sus días en prisión. En conclusión, lo que a muchos indigna es que la sociedad aplique el máximo castigo a los militares que defendieron a las instituciones (imperfectas, pero en todo caso más legítimas que los terroristas), mientras perdonó y ahora premia con honores democráticos a los líderes del grupo terrorista asaltante.
En eso, el fallo de la justicia contra Plazas es, en esencia, injusto. Y perfila una constante: durísimas -y merecidas- condenas a los políticos aliados con los paramilitares, y la vista gorda de la Corte Suprema frente a los políticos dedicados a hacerles mandados a las Farc, a esas mismas Farc que siguen matando civiles. La duda favorece a Piedad Córdoba, pero condena a Plazas. Y la reacción de Santos, que tanto molestó a las cortes, recoge esa honda indignación de millones de colombianos.

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