Veinticuatro años, siete meses y dos días después de que encabezó, con tanques blindados, la irrupción definitiva de las tropas del Ejército que recuperaron el Palacio de Justicia -asaltado por un comando del M-19 un día antes, 6 de noviembre de 1985- el coronel Alfonso Plazas Vega se convirtió en el primer militar condenado por ese caso.
La jueza María Stella Jara lo sentenció a 30 años de prisión -de los que completa tres privado de la libertad-, no por la operación de la retoma, sino por lo que pasó con 11 personas que salieron vivas del Palacio el 7 de noviembre y que siguen desaparecidas.
Eran diez empleados de la cafetería y la guerrillera Irma Franco.
Ellos, dice la sentencia de 302 páginas conocida por EL TIEMPO, formaron parte del "grupo de varias personas que fueron remitidas a diversas guarniciones, siendo sujetas a interrogatorios y malos tratos".
"Algunos, después de un tiempo considerable, lograron salir y regresar a sus vidas normales -agrega el fallo-, suerte que no corrieron las 11 personas de quienes, hasta hoy, no se conoce su paradero".
Por lo menos dos de esas personas, el administrador de la cafetería Carlos Rodríguez y la guerrillera Irma Franco, fueron llevadas a un lugar secreto en la Escuela de Caballería, comandada por Plazas.
Allí, según el suboficial Édgar Villamizar, testigo clave de la Fiscalía, fueron sometidos a torturas y luego asesinados.
La condena, que fue recibida con aplausos por decenas de familiares de los desaparecidos y activistas de derechos humanos, fue rechazada por el presidente Álvaro Uribe y por militares retirados, que cuestionaron que los asaltantes del Palacio hayan recibido perdón judicial y político mientras los miembros de la Fuerza Pública terminan en el banquillo de los acusados.
Todos los miembros del comando del M-19 murieron, entre ellos los jefes de la operación, Andrés Almarales y Luis Otero. La cúpula del grupo fue enjuiciada por la toma, pero al firmar la paz con el Gobierno Barco vino el cierre del caso. De hecho, antiguos jefes del grupo guerrillero recibieron el fallo con reservas.
La jueza considera que la Fiscalía -que reabrió el caso hace cinco años, tras cuatro lustros en los que el caso estuvo archivado- probó plenamente que el coronel Plazas formó parte de un grupo de militares que no solo estuvieron al tanto de cada detalle de la operación, incluyendo los interrogatorios de los sobrevivientes, sino que sabían de la toma guerrillera y no la evitaron.
Dos militares de la época dijeron que les ordenaron alistarse para una situación de orden público en Bogotá horas antes del ataque del M-19.
Por eso, la jueza ordenó que se investigue a toda la cúpula militar y policial de la época y pidió, como lo había hecho la fiscal del caso, que la Comisión de Acusación de la Cámara reexamine el papel del presidente Belisario Betancur (1982-1986).
El mismo caso se precluyó (archivó) hace más de 20 años, pero tanto la Fiscalía como la Comisión de la Verdad que investigaron los hechos del Palacio de Justicia hablan de una suerte de vacío de poder que pudo haber facilitado el uso de fuerza excesiva en la recuperación del Palacio.
Plazas, que recibió la condena en una habitación del Hospital Militar -de donde podría pasar a una cárcel porque Medicina Legal dice que no requiere mayores cuidados médicos- apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Él y su abogado, Jaime Granados, insisten en que no hay pruebas que lo relacionen con las desapariciones y sostienen que su proceso fue resultado de una persecución política.
Las pruebas de la sentencia
Para la condena, la jueza tuvo en cuenta que tanto el coronel Edilberto Sánchez como el general Iván Ramírez, ambos presos por el mismo caso, aseguraron que el coronel Plazas sí manejó interrogatorios.
Ramírez dijo que Plazas "fue el que mandó ahí", debido a su relación familiar con el ministro de Defensa de la época, el general Miguel Vega Uribe.
Además, desempolvó una grabación de 1985 en la que varios militares dijeron que llevaron a unas doce personas a la Escuela de Caballería.
A ellos, según ese testimonio que la justicia embolató por más de 20 años, los detuvieron o porque "eran terroristas" o porque permitieron la entrada "de parte del armamento que usó el grupo terrorista".
"Uno de ellos respondió con un madrazo y fue ahogado en un bebedero", dice la declaración.
Corte Suprema recibe con respeto la sentencia
En entrevista con 'Caracol Radio' en la mañana de este jueves, el presidente (e) de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, se prounició con respecto a la sentencia
"Recibimos esta sentencia con el mayor respeto. Con el mayor respeto por la independencia de los jueces, con el mayor respeto por el procesado, y con el mayor respeto por las víctimas", dijo el magistrado.
Arrubla agregó además que la Corte lamenta el episodio que está pronto a cumplir 25 años y destacó la labor que ha realizado la comisión de la verdad designada para el caso.
REDACCIÓN JUSTICIA
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