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Peláez y Gardeazábal agosto 1 de 2018
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La venganza del M-19

08 de febrero de 2012 | Zona franca | Por: José Obdulio Gaviria

¿Qué hacer contra el triunfante designio vengativo del M-19, materializado en la sentencia contra el Ejército -encarnado en el coronel Plazas- y contra el gobierno de Belisario?

El problema del M-19 es que la sociedad los perdonó pero ellos nunca se arrepintieron.

   El criminal asalto al Palacio de Justicia, su ideación, preparativos, y la acción misma, involucró a todo el M-19. Nadie fue ajeno al acto terrorista; ninguno podrá decir que nada sabía. Para ellos, los atacantes del Palacio son héroes a quienes envidian por haber alcanzado la palma del martirio; cantan loas a su valentía, enaltecen su memoria.
    ¿Por qué lo afirmo? Ellos mismos lo dijeron, altaneros, en declaración del 11 de noviembre de 1985, cuando aún no se apagaban las llamas infames que encendieron con su fanatismo: "Llegamos ante la Corte Suprema de Justicia para presentar las demandas de una nación que se desangra y se asfixia". En ese documento, el M-19 describió la batalla por el Palacio con tal detalle, que nadie puede dudar que también actuaba en la retaguardia: "Nuestra defensa estaba organizada con base en el enfrentamiento militar y no en la toma de rehenes (...) De parte nuestra, nunca hubo ultimátum ni amenazas al Gobierno ni a las personas retenidas (¡!)". Sus expresiones son soberbias: "En ningún momento planteamos la disposición a la rendición humillante y vergonzosa (...) la resistencia (mostró) el temple y el heroísmo de los oficiales de Bolívar en forma jamás vista en este país". Desde entonces, el 'M' ha dedicado su esfuerzo a construir un monumento moral a sus "héroes" caídos en esa batalla y, sobre todo, a vengarlos.
    Los demócratas somos respetuosos de las decisiones judiciales. Pero, ¿qué decir cuando el poder judicial obra como instrumento de una política? ¿Qué hacer cuando el juez es instrumento de una venganza? Los Estados Unidos vivieron esa experiencia, que se conoce como el caso Scott (1857). Taney, presidente de la CSJ, en clara contradicción con la filosofía de los Padres Fundadores, pretendió que los negros nunca podrían ser ciudadanos de los Estados Unidos, porque ellos eran equivalentes a una cosa, un objeto cuya propiedad era inalienable. El Partido Republicano y su líder, Abraham Lincoln, convirtieron la rebeldía contra semejante sentencia en su principal punto programático. Fueron necesarios el triunfo de Lincoln y una sangrienta guerra civil para derogar tamaño engendro jurisprudencial.
    ¿Qué hacer contra el triunfante designio vengativo del M-19, materializado en la sentencia contra el Ejército de Colombia -encarnado en el coronel Plazas- y, de contera, contra el gobierno de Belisario? Tanta sed de vindicta solo tiene parangón en el protagonista del cuento de Alan Poe El barril de amontillado. Cualquier rencoroso es un mero aprendiz al lado de ellos. ¡Lograron urdir con éxito una nueva versión de la Operación 'Antonio Nariño por los Derechos del Hombre' después de que la de 1985 les fracasó! Increíble. Ellos, en su manifiesto, habían anunciado que continuarían la toma, "pero no como demanda sino como sentencia por la decisión política y militar del Gobierno, que arrasó a quienes estaban ahí (...)". ¡Y vaya si lo están cumpliendo!
    La condena contra Plazas es un primer paso en el sendero del "desagravio" al que creen tener derecho. El magistrado (militante del Polo, es decir, conmilitón del M-19) ideó una forma de arruinar la moral del Ejército, que es su verdadero objetivo de enjuiciamiento. ¿Pueden creer que pretende obligar al Ejército a (celebrar) "acto público en la Plaza de Bolívar pidiendo perdón a la comunidad por los delitos ejecutados en noviembre de 1985"?
    El problema del M-19 es que la sociedad los perdonó pero ellos nunca se arrepintieron. Pues, ¡a ponerlos en cintura! Que reviva el fantasma del holocausto, pero para ellos, que lo ocasionaron. Por eso varios juristas preparan demanda contra la Ley 77 de 1989, la que les concedió amnistía e indulto.

Injusta justicia

06 de febrero de 2012 | COLUMNA | Por: Mauricio Vargas

El fallo sobre Plazas es el último eslabón de una cadena de equivocaciones que premia a los guerrilleros y castiga a los militares.

La duda favorece a Piedad Córdoba, pero condena a Plazas.

Hace bien el presidente Juan Manuel Santos en renegar de su promesa de inicios de mandato -durante la engañosa luna de miel con las altas cortes- cuando aseguró que nunca criticaría un fallo judicial, y proceder ahora a cuestionar el del Tribunal Superior de Bogotá que condena a 30 años de prisión al coronel Alfonso Plazas Vega por su actuación en la toma del Palacio de Justicia. Fallo que, además, demanda que el presidente de entonces, Belisario Betancur, sea juzgado por la Corte Penal Internacional, y ordena al Ejército pedir perdón por los hechos.
Aunque los magistrados se molesten, todos los colombianos, incluido el Primer Mandatario, tenemos derecho a opinar sobre las decisiones de los tribunales. Otra cosa es que estemos obligados a acatarlas. Santos registra la misma molestia que millones de colombianos frente a la evolución de los procesos judiciales sobre las horas de terror vividas entre el 5 y el 6 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia.
Para las nuevas generaciones -y para los olvidadizos-, recordemos los hechos. Decenas de guerrilleros del M-19 se tomaron a sangre y fuego el Palacio, asesinaron a guardias y custodios, tomaron como rehenes a magistrados de las altas cortes, quemaron expedientes para ayudar a grandes capos de la mafia, y pusieron al país al borde del colapso absoluto. Pretendían hacerse fuertes, negociar un alto el fuego en el edificio y obligar al presidente Belisario Betancur, que tanto se excedió en generosidad e ingenuidad en su fallido proceso de paz, a hacerse presente para ser juzgado por los guerrilleros.
La reacción de los militares no se hizo esperar. Sin preparación alguna en este tipo de operaciones, pasaron una veintena de horas tratando de recuperar el edificio, algo que sólo lograron con su virtual destrucción y la muerte de decenas de empleados y magistrados, muchos de ellos asesinados a sangre fría por los asaltantes. Aunque es verdad que los militares salvaron la vida de muchos, también lo es que, en la paranoia antisubversiva de entonces, cometieron excesos y, sin duda, barbaridades, al detener a algunos de ellos, llevarlos sin orden judicial a instalaciones militares y, según testimonios, torturarlos y desaparecerlos.
De eso último ha sido acusado el entonces coronel Plazas, convertido en leyenda al responder en esas horas a un periodista que le preguntaba qué estaba haciendo: "Defendiendo la democracia", dijo sin titubeos. Ese protagonismo le granjeó odios que hoy le pasan la cuenta. Lo menos que se puede decir del fallo que lo condenó es que está lleno de vacíos y contradicciones, como lo demostró ayer en su columna de este diario mi colega María Isabel Rueda.
El quid del asunto es que millones de colombianos se niegan a entender que mientras algunos de los líderes del grupo asaltante hoy gobiernan a Bogotá por el favor de la misma democracia que Plazas decía defender, el militar retirado vaya a pasar el resto de sus días en prisión. En conclusión, lo que a muchos indigna es que la sociedad aplique el máximo castigo a los militares que defendieron a las instituciones (imperfectas, pero en todo caso más legítimas que los terroristas), mientras perdonó y ahora premia con honores democráticos a los líderes del grupo terrorista asaltante.
En eso, el fallo de la justicia contra Plazas es, en esencia, injusto. Y perfila una constante: durísimas -y merecidas- condenas a los políticos aliados con los paramilitares, y la vista gorda de la Corte Suprema frente a los políticos dedicados a hacerles mandados a las Farc, a esas mismas Farc que siguen matando civiles. La duda favorece a Piedad Córdoba, pero condena a Plazas. Y la reacción de Santos, que tanto molestó a las cortes, recoge esa honda indignación de millones de colombianos.

Delírium trémens


02 de febrero de 2012 | OPINIÓN | Por: Plinio Apuleyo Mendoza

Los magistrados Pareja y Poveda quieren poner de rodillas no sólo al coronel Luis Alfonso Plazas, sino a todo el Ejército colombiano.

¿Estaremos asistiendo al derrumbe total de nuestra Justicia?

   ¿Cómo llamarlo de otra manera? Me refiero, claro está, al delirante fallo de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá Fernando Pareja y Alberto Perdomo; fallo que no sólo ratifica, sin una sola prueba, la condena a treinta años de prisión al coronel Plazas Vega, sino que ordena al Ejército de Colombia, en un acto público que tendría lugar en la Plaza de Bolívar, pedir perdón por delitos en la retoma del Palacio de Justicia. Para estos dos adelantados apóstoles del Socialismo del siglo XXI, el Ejército es el verdadero culpable de lo sucedido allí.
    Veamos el espectáculo que nos han diseñado. Desde los balcones de la Alcaldía que miran hacia la Plaza de Bolívar, dos antiguos dirigentes del M-19, el alcalde Gustavo Petro y su Secretario de Gobierno Antonio Navarro, miran complacidos este acto de pública contrición militar, tal vez en compañía de Hollman Morris. En cambio, el coronel Mejía Gutiérrez, que cuando era subteniente recibió tres tiros en la retoma del Palacio, debe pedir perdón. Los buenos, los héroes de ayer, son los malos de hoy. Y a la inversa.
    Pero el delirio de los dos magistrados va más lejos. Ahora el expresidente Belisario Betancur y ministros de su gobierno, como Jaime Castro y Noemí Sanín, deben prepararse para rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional, seguramente por delitos de lesa humanidad. No importa que la CPI sólo pueda intervenir en hechos ocurridos en Colombia a partir del año 2002. Los dos magistrados ignoran estos detalles.
    Ignoran también, o pasan por alto, que desde el mes de junio del año pasado no quedó en pie una sola prueba válida contra el coronel Plazas Vega. ¿Quién lo dice? ¿Su abogado, Jaime Granados? ¿Fernando Londoño, Salud Hernández, yo mismo? No, alguien más incontrovertible: el magistrado Hermens Darío Lara, a quien se le confió el estudio del caso Plazas. Sin prejuicio alguno, este magistrado se zambulló durante un año y cuatro meses en los 42.465 folios del expediente, y al final de tan encarnizado trabajo presentó una sentencia absolutoria de 541 páginas. Pudo comprobar que los testimonios de Gámez Mazuera y de Tirso Sáenz, dos personajes con un nutrido prontuario de delitos, eran falsos y que Édgar Villamizar nunca firmó la declaración que con el nombre de Édgar Villarreal había servido de base para la condena de Plazas. En efecto, Villamizar declaró ante el Procurador lo que ya sabíamos: que durante los sucesos del Palacio de Justicia se encontraba en Granada (Meta). Lara pudo comprobar también que en la real desaparición de la guerrillera Irma Franco, Plazas no tuvo vinculación alguna. Comprometido en una acción militar, nada tuvo que ver con quienes eran conducidos a la Casa del Florero.
    Todo se imaginaba el magistrado Lara, menos que los dos colegas que debían suscribir el estudio adelantado por él le negaran su voto y aparecieran con una sentencia condenando a Plazas como "coautor mediato de un concurso homogéneo de delitos de desaparición forzada" (ya no de once personas sino de dos). De modo que con lágrimas en los ojos, según me han contado, Lara no tuvo más remedio que poner su conciencia a salvo de tan feroz atropello con un salvamento de voto.
    Igual escrúpulo movió al Procurador Alejandro Ordóñez a interponer de inmediato un recurso de casación contra el fallo. ¿Estaremos asistiendo al derrumbe total de nuestra Justicia? Espero que no. Figuras honestas en la Corte Suprema de Justicia acabarán midiendo ese delírium trémens de los magistrados Pareja y Poveda, que hoy quieren poner de rodillas no sólo al coronel Luis Alfonso Plazas, sino a todo el Ejército colombiano.

La gran estafa

16 de Junio de 2011 | OPINIÓN | Por: FERNANDO LONDOÑO HOYOS
Sepultada quedó en el polvo toda la farsa del Palacio de Justicia.

Una carta innoble que llegó de Alemania

26 de Noviembre del 2010 | Por Eduardo Mackenzie

Las críticas que está recibiendo la sentencia que condenó, en primera instancia, al coronel Alfonso Plazas Vega a 30 años de cárcel están aumentando y ganando en amplitud y calidad.

Colombia: ¿Cómo vamos a creer en esta justicia?

por Víctor Hugo Malagón* August 27, 2010

¿Cómo vamos a creer en una Justicia que violenta los derechos fundamentales del ciudadano; cómo vamos  a creer en una Justicia que condena sin pruebas y absuelve con ellas? 


Guarín y noches de humo


Por: José Obdulio Gaviria

El principal representante de las víctimas del Palacio de Justicia era un miembro del grupo victimario

La preparación de la toma del Palacio de Justicia, los comportamientos de los sujetos que la protagonizaron y hasta las circunstancias dramáticas vividas dentro del Palacio están ampliamente documentadas. ¿Quién lo hizo? Los propios terroristas del M-19.

La prueba reina

Plinio Apuleyo Mendoza

Surgen nuevas luces sobre la atrocidad del fallo que ahora condena al coronel Luis Alfonso Plazas Vega a 30 años de prisión. Es un compromiso de conciencia señalarlas

Lo peor que puede ocurrir frente a una injusticia monumental es dejar que el país la olvide.

“Talibanismo judicial” (caso coronel Luis Alfonso Plazas)

Junio 14, 2010 Por: Martha Colmenares 

Un fallo “prevaricador”. Un hecho que consideran enloda la historia de Colombia.

Imposible despejar la duda

María Isabel Rueda

 
¿Pueden juzgarse con ojos de hoy unos hechos ocurridos hace 25 años? 

Esta columnista fue ponente en el Congreso de la Ley de Desaparición Forzada, que sirvió de marco precisamente para la condena del coronel

Las heridas abiertas

Por Alfredo Rangel
Sábado 12 Junio 2010

La condena al coronel Plazas ha vuelto a abrir las heridas del Palacio de Justicia después de 25 años de sucedidos los hechos.

Chivo expiatorio

Junio 13 de 2010

La condena al coronel Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia merece una reflexión crítica que, por ahora, no se centrará en las consecuencias del trato asimétrico dado a los militares en comparación con el recibido por los guerrilleros. 

Para empezar, toda persona tiene derecho a que se le juzgue sólo de acuerdo con la ley vigente cuando ocurrieron los hechos que se le imputan. Además, la ley penal no puede ser retroactiva sino en los aspectos favorables al reo.(*)

Primero por Plazas

Por: Andrés Felipe Arias | Medellín | Publicado el 12 de junio de 2010

30 años de prisión para el Coronel Plazas Vega por su actuación durante el Holocausto del Palacio de Justicia en 1985. La juez, además, compulsó copias para que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigue al Presidente Betancur y la Fiscalía haga lo propio con varios mandos militares de la época.

Según la juez, quienes defendieron a Colombia en medio del Holocausto perpetrado por el grupo

UnoAmérica llama a luchar por la libertad del Coronel Plazas Vega


Politica La Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, condenó la sentencia de 30 años de cárcel en contra del Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien fuera uno de los protagonistas de la recuperación del Palacio de Justicia, asaltado en 1985 por terroristas del M-19. Los hechos son los siguientes...

Jueves, 10 de Junio de 2010

La Unión de Organizaciones Democráticas de América, unoAmérica, condenó la sentencia de 30 años de cárcel en contra del Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien fuera uno de los protagonistas de la recuperación del Palacio de Justicia, asaltado en 1985 por terroristas del M-19. 

Uribe convoca a los altos mando militares a analizar condena a Plazas Vega

Judicial |10 Jun 2010 - 10:08 am


Voceros del Ministerio de Defensa indicaron que la agenda del ministro Silva Luján y de los comandantes de las fuerzas fue suspendida ante un llamado extraordinario por parte del Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Presidente Uribe pide blindar a Fuerzas Armadas ante casos como el del Palacio de Justicia

Bogotá, 10 jun (SP). Durante una entrevista concedida este jueves al Noticiero Popular de la emisora La Voz de Bogotá, de Todelar Radio, el Presidente Álvaro Uribe Vélez expresó su dolor por la “desmotivación” que para las Fuerzas Armadas de Colombia significa la sentencia condenatoria a 30 años de prisión del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, por los hechos del atentado contra el Palacio de Justicia en 1985.

¿La justicia no existe para nuestros héroes militares?


En el famoso libro mediático de Ana Carrigan, la fiscal Buitrago que llevó el caso del Cr. Plazas Vega dijo que "el ejército me tiene miedo".

COLOMBIA DE LUTO: Sistema judicial colombiano premia al delincuente y castiga a quien bien le sirve


Veinticuatro años, siete meses y dos días después de que encabezó, con tanques blindados, la irrupción definitiva de las tropas del Ejército que recuperaron el Palacio de Justicia -asaltado por un comando del M-19 un día antes, 6 de noviembre de 1985- el coronel Alfonso Plazas Vega se convirtió en el primer militar condenado por ese caso.