El fuero militar

Miércoles, 09 de Junio de 2010 00:02

• Debate pendiente en un país en guerra

• Del caso Plazas a los falsos positivos

EL  inminente fallo de la justicia ordinaria en el caso del coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por los hechos ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, tras el criminal ataque a sangre y fuego por parte de guerrilleros del M-19, se produce en momentos en que el país debate a fondo sobre las implicaciones de los procesos penales contra los integrantes de las Fuerzas Militares.

Prueba de ello es que uno de los temas centrales de la campaña presidencial ha sido el del fuero militar.

La mayoría de los candidatos admitieron que la creciente judicialización de uniformados estaba afectando la moral de la Fuerza Pública y creando un temor que podría incidir en el propio rendimiento operacional.

Ese clima de incertidumbre fue alimentado por los continuos pronunciamientos del Jefe de Estado en torno de que existía una “guerra jurídica” contra el estamento castrense impulsada por sectores radicales que querían atravesarse en los resultados de la Política de Seguridad Democrática.

Todo este escenario se confirmó abiertamente tras una carta pública firmada por varios generales retirados en la que no sólo exigieron más claridad sobre la propuesta en materia de orden público de cada aspirante a la Casa de Nariño, sino que admitieron su preocupación por el efecto del desmonte gradual del fuero militar.

“Hoy, cualquier operación con resultados es catalogada como falso positivo mientras que no se demuestre lo contrario. ¿Con qué moral se puede trabajar, si en lo que se está pensando es en que se los va a juzgar injustamente?”, reclamaron los altos mandos en situación de retiro.


Por otra parte, asociaciones de víctimas, organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y hasta Naciones Unidas lanzaron en las últimas semanas nuevas alertas sobre la demora en la investigación y castigo a los uniformados que resultaron involucrados en el mal llamado escándalo de los falsos positivos.

Incluso, un informe del Relator Especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias llegó a advertir que las “investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales  en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”.

A todo ello hay que sumarle la controversia de la semana pasada, cuando un error de una funcionaria en un proceso sobre falsos positivos dio lugar a creer que la Fiscalía estaba llamando a una especie de indagatoria al comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León.

Antes de que el ente acusador aclarara que no había tal citación, el presidente Uribe había criticado duramente la medida afirmando que las acusaciones contra el militar de más alto rango en Colombia eran  realizadas por “tinterillos de todas las clases y los idiotas útiles e inútiles del terrorismo que tienen como meta destruir la seguridad democrática”.


Igual clima de polémica y contradicción ha rodeado el caso de Plazas Vega, pues mientras algunos sectores recriminan el hecho de que el alto oficial retirado esté siendo juzgado por la justicia ordinaria pese a que las acciones criminales que se le imputan  habrían tenido lugar durante el operativo castrense de retoma del Palacio, las asociaciones de víctimas recalcan que si el proceso hubiera quedado en la justicia penal militar la impunidad seguiría  reinando.


Más allá de lo que pase en el proceso a Plazas Vega -cuyo fallo se conocerá hoy- y en caso de ser condenatorio seguramente irá a apelación, o del desenlace de los procesos sobre falsos positivos y cuán alto lleguen las responsabilidades directas o indirectas, lo cierto es que tanto en situaciones ocurridas hace dos décadas y media como en aquellas que datan de uno, dos o tres años apenas, la controversia sobre los alcances del fuero militar sigue sin resolverse.


Es indudable que en un país que afronta una confrontación armada la Fuerza Pública requiere un marco jurisdiccional especializado, que en el momento de juzgar tal o cual comportamiento de los uniformados lo haga con el conocimiento y experticia característicos del accionar castrense.

Nada más peligroso para el país y su seguridad que unas Fuerzas Militares actuando desmoralizadas o, en casos extremos, prefiriendo la inacción por temor a denuncias penales y disciplinarias peregrinas y abiertamente malintencionadas.


Es claro que los hombres que portan las armas de la Patria son los primeros llamados a respetar los derechos humanos y todas las garantías legales y constitucionales.

Sobre ese punto no hay discusión y nadie está planteando una flexibilización de esa obligatoriedad o mucho menos disminuir la drasticidad del castigo a los uniformados que incurran en delitos.

De lo que se trata aquí es de llamar la atención sobre la urgencia de volver a debatir a fondo el tema del fuero militar, de manera objetiva, desapasionada, sin dejarse llevar por la coyuntura ni por posiciones pétreas y radicales.

Posted in: Ejercito Nacional,Elecciones Presidenciales 2010-1014,Fuero militar

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